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“La implementación del Acuerdo de Paz no llegó al Bajo Cauca”, reclamó Humberto, un líder social de Cáceres, Antioquia, que prefiere que su nombre real no sea conocido. Es alto, canoso, de unos 60 años.
De pie ante unos 20 espectadores, pidió que no lo grabaran ni le tomaran fotos, por la gravedad de las denuncias que iba a hacer:
“Estamos en medio de la disputa entre el Eln y el Clan del Golfo, que se agudizó desde la salida de Los Caparros del sur del territorio. En Cáceres ya hemos empezado a recoger los cuerpos que se consideran ajusticiamiento de un lado y de otro. Han minado el territorio nuevamente, con miras a que no avance el enemigo. También han llegado las disidencias (de las Farc) a pedir que se carnetice la gente para que cada quien permanezca en su vereda. Nos controlan el transporte y la comunicación. Las instituciones nos han dejado solos, les faltan pantalones para ir a una zona en conflicto”, sentenció.
Los reclamos se hicieron los pasados 5 y 6 de noviembre en el encuentro “SOS por la no continuidad del conflicto armado en el Bajo Cauca”, organizado por la Comisión de la Verdad (CEV) para que organizaciones sociales y ambientales, empresarios e instituciones de esta subregión de Antioquia identificaran las acciones urgentes para frenar la confrontación armada y los efectos del recrudecimiento del conflicto, que no ha cesado en la zona.
En un auditorio de techo alto y ventanales abiertos para contrarrestar los 33 grados de temperatura, se encontraron el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux y la comisionada Lucía González con líderes afro, campesinos e indígenas, la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca, el Instituto Popular de Capacitación y la Ruta Pacífica de las Mujeres; representantes de entidades públicas como la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Caucasia, EPM y el Comité Universidad Empresa Estado Sociedad (CUEES); y misiones internacionales de seguimiento al Acuerdo de Paz como la Misión de Verificación de la ONU, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP - OEA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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El encuentro se dio en Caucasia (Antioquia), a dos horas en carro de Montería, y surgió como una extensión de los 11 Diálogos para la No Repetición realizados en la subregión por la Comisión en 2020, que el área de Antioquia y Eje Cafetero consideró necesaria al darse cuenta de que era necesario plantear medidas urgentes ante la grave situación que vive el territorio.
Además de Cáceres y Caucasia, el Bajo Cauca está conformado por los municipios de Nechí, Tarazá, El Bagre y Zaragoza, en un valle extenso bañado por los ríos Cauca y Nechí, y cuyos paisajes se parecen más a los del sur de Córdoba que al resto de Antioquia.
La persistencia de economías ilegales como la coca y la minería ha generado que el control territorial de estos seis municipios permanezca en disputa entre el Clan del Golfo, el Eln, las disidencias de las Farc y Los Caparros o Caparrapos, cuyo fin había sido anunciado en junio por el ministro de Defensa, Diego Molano, pero que es muy cuestionado en la zona.
De acuerdo con la Comisión, tanto esa disputa como la falta de una solución efectiva al problema del uso y la tenencia de la tierra, y la presencia del Estado únicamente a través del control militar, son factores que han permitido la continuidad del conflicto armado.
A ello se suman una supuesta connivencia entre la Fuerza Pública y el Clan del Golfo y las amenazas de las que son sujetos los pobladores cuando el Ejército se retira de la zona.
Durante este último encuentro, la petición y los llamados de urgencia estuvieron encaminados la presencia integral del Estado y que se resuelven estas problemáticas, casi todas derivadas de la falta de implementación del Acuerdo de Paz.
Presencia integral del Estado
Los líderes sociales y las organizaciones civiles fueron los primeros en lanzar un grito de auxilio.
Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), fue enfático en señalar que hay un falso triunfalismo por parte del Gobierno y que tiene efectos graves en la región: “ese triunfalismo se expresa en comentarios del propio ministro de Defensa, quien ha dicho que el Bloque Virgilio Peralta Arenas, conocidos como Los Caparrapos, ha sido derrotado. Eso es falso. Todavía hay células y reductos que buscan hacer alianzas con otros grupos armados. Y ese triunfalismo les ha permitido voltear la mirada hacia otro lado”, explicó.
Lo que hay, según el IPC, organización que ha tomado la vocería sobre temas de conflicto para evitar mayores riesgos para los líderes, es un reacomodo de grupos armados y el reciclaje de una confrontación “a la vieja usanza”: otra vez entre paramilitares y guerrilleros.
El padre Francisco de Roux, presidente de la CEV, dijo que este es un problema de gran magnitud que requiere cuestionar a profundidad la forma en que se piensa la seguridad: “en Colombia ha sido así: seguridad para la propiedad y más seguridad para más propiedad, y máxima seguridad para la máxima propiedad, pero no seguridad para la gente y para la naturaleza. Esto se debe replantear”.
Katerín Orozco, representante para el Bajo Cauca de PNUD, señaló que, si bien es cierto que esta estrategia suele justificarse en aumentar la seguridad para las poblaciones, “el enfoque debería estar centrado en la seguridad humana real”. Orozco recomendó un mecanismo denominado Protección por Presencia. “Esto quiere decir que entre más instituciones haya en los territorios, garantizando el cumplimiento de derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales, hay mayor protección para la comunidad. Si los armados ven una institucionalidad efectiva que satisfaga las necesidades básicas, encuentran menos posibilidades de entrar”, explicó.
Cumplimiento del PNIS y los PDET
Esa presencia integral, según coincidieron los líderes sociales y los representantes del Comité Universidad Empresa Estado Sociedad (CUEES), se había iniciado con el desarrollo de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), estrategias creadas por los puntos 1 y 4 del Acuerdo de Paz, para resolver de manera concertada el problema de los cultivos de uso ilícito y disminuir la brecha de desarrollo entre las grandes ciudades y las zonas rurales, respectivamente. Pero ambos han generado reparos.
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Margarita Palacio, representante de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca, los tiene muy claros: “se supone que la principal inversión que estaban haciendo con los PDET en los territorios era en las vías rurales, pero el paso por estas está imposible. Han hecho unos pedacitos de trayecto y para usted llegar a ese trayecto tiene que ‘voliar pata’, pasar por partes en las que el barro le cubre más de la mitad de la bota y casi que cargar la moto pasándola por una tablita para llegar al pedacito de placa huella que construyeron”, explica.
De los diálogos locales, municipales y regionales para construir los planes de acción para promover el desarrollo de la región, salieron 901 iniciativas para el Bajo Cauca. Pero Palacio considera que aunque la inversión se está haciendo, se está haciendo mal y la mayor razón es la falta de concertación con los pobladores.
“No se construye territorio si la comunidad no está ahí explicando cómo se debe construir. Las instituciones van un momentico y luego se devuelven a sus escritorios, pero quien queda ahí es la comunidad”, añade.
José Luis Cardona, líder del pilar 8 de Reconciliación, Convivencia y Construcción de Paz del PDET del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño admitió el error. “Eso es responsabilidad nuestra. El PDET no puede ser de la Agencia de Renovación del Territorio, ni puede ser del Consejero para la Estabilización, Emilio Archila. Debe tomar un rol más protagónico la acción de las comunidades”, aceptó.
Con el PNIS pasó igual. “Una cosa se le vendió a la comunidad, se les ilusionó, y otra fue la que se hizo”, aseguró Palacio. Según contó, la mayoría de las familias que firmaron los compromisos de sustitución cumplieron con arrancar sus matas, pero “el Gobierno no les ha cumplido a los campesinos”.
Diálogo con grupos armados
Otro llamado que sorprendió, porque fue un consenso entre instituciones, misiones internacionales de seguimiento al Acuerdo y organizaciones, fue el de buscar una salida negociada con los grupos armados de la zona. La Misión de Verificación de la ONU insistió en que se retomen los diálogos con el Eln. Sin embargo, las organizaciones sociales insistieron en añadir a los grupos armados posdemovilización, principalmente el Clan del Golfo. “El Gobierno habla de desmantelamiento, pero nosotros sabemos que eso no va a pasar.”, aseguró un líder de El Bagre que prefirió proteger su identidad.
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Las peticiones son múltiples
Pese a que el evento buscaba enfocarse en las acciones urgentes, resultó muy difícil para organizaciones e instituciones priorizar, en un escenario de crisis, cuáles de todas las acciones debían calificarse con carácter de urgencia.
Por eso, además de las anteriores, todos llamaron la atención sobre la protección especial para niñas, niños y jóvenes mediante garantías de educación y empleo en la región y medidas para detener el reclutamiento forzado y su utilización para acciones del conflicto armado. También, hicieron un llamado por el reconocimiento y la especial protección de los más de 46 comunidades indígenas y 66 consejos comunitarios que están en el Bajo Cauca y se han visto afectados en mayor medida por las dinámicas del conflicto armado.
Además, insistieron en la solicitud de creación de un documento Conpes para que se atiendan los problemas de resorte del Gobierno nacional, como seguridad, protección del medio ambiente, protección de niños, niñas y adolescentes, titulación de tierras, vías y conectividad entre otros; petición que se había hecho desde 2020 por la Alerta Temprana 045 de la Defensoría y una reunión de la Comisión de Paz del Senado.
Una gerencia en la Gobernación para el Bajo Cauca
Francisco de Roux, presidente de la CEV, también anunció que el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, le confirmó la creación de una gerencia para el Bajo Cauca, a cargo de Luis Fernando Suárez.
Tras el anuncio, Luz Patricia Correa, representante de la Gobernación en el encuentro, se comprometió a entregarle a Suárez una hoja de ruta basada en las recomendaciones urgentes de organizaciones y entidades.
Andrés Jaramillo, representante del Comité Universidad Empresa Estado Sociedad, confirmó que Suárez asistirá al territorio el próximo 24 de noviembre para iniciar esta coordinación. “Hay que mostrarle al gobierno departamental que aquí en el Bajo Cauca hay un piloto de paz integral y de no violencia muy valioso”, les dijo la comisionada Lucía González, a los líderes y afirmó que son ellos quienes deben apropiarse de la veeduría a esa gerencia, porque “muy pocos territorios tienen una agenda tan clara como este”.