Al menos 12.481 menores de edad fueron víctimas de grupos armados en 2020

Hoy se conmemora el Día Internacional de las Manos Rojas, en contra del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados. En Colombia, a pesar de las alertas y recomendaciones de entidades y organizaciones sociales para evitar que la niñez sea afectada por la violencia, los crímenes hacia ellos siguen ocurriendo.

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En diversos territorios del país, en su mayoría rurales o con presencia de comunidades étnicas, la niñez es más vulnerable al reclutamiento por circunstancias agravadas durante la pandemia: la falta de clases y con ello la ausencia de un entorno protector, las dificultades socioeconómicas, que en muchos casos les obligan, a trabajar o la violencia sexual e intrafamiliar.

Por ejemplo, en diciembre de 2020, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el reclutamiento de menores de edad durante la pandemia. Entre el 17 de marzo y el 30 de septiembre documentaron 83 casos en 15 departamentos, entre ellos Caquetá, Cauca, Putumayo, Antioquia, Arauca y Chocó.

Este año, en la alerta temprana del 7 de enero, la entidad señaló que en los municipios de Puerto Guzmán (Putumayo), Piamonte (Cauca) y San José del Fragua (Caquetá) la consolidación de las disidencias de las Farc, como el Frente 1 o el Frente Carolina Ramírez, se apoya en la vinculación de niños, niñas y adolescentes.

Visitan escuelas, internados o van hasta las casas a ofrecerles un “salario”, los persuaden con una vida de opulencia y poder a través de las armas o aplican tácticas de “enamoramiento” con las niñas y jóvenes. También las y los amenazan directamente para que se integren a sus filas, lo que ha llevado al desplazamiento forzado de las familias para protegerlos.

“El niño y la niña termina siendo un ser muy disciplinado. Además permite algo gravísimo y es la herencia generacional de las estructuras armadas”, explica Julia Castellanos, investigadora de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), y agrega que “una de las dinámicas de reclutamiento que estamos evidenciando desde 2018 es que en zonas urbanas el niño y la niña duerme en su casa, va la escuela, está en su casa, pero su vida es totalmente controlada por el actor armado y los ponen a cobrar extorsiones, al tráfico de armas y de drogas o a ser informantes”.

La niñez indígena es la más amenazada. En Puerto Guzmán, la Defensoría recogió las denuncias de intentos de reclutamiento alrededor del Cabildo Juan Tama y el Resguardo Porvenir la Barrialosa. En Dabeiba, la Organización Indígena de Antioquia (OIA) denunció a inicios de febrero que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) amenazaron a 26 resguardos de la zona rural. Además de instalar minas antipersonal en los lugares recorridos por los niños y niñas, los están reclutando.

“Cuando iban a clases, el riesgo de pisar explosivos era muy alto, pero ahora que están confinados por la pandemia y por el conflicto los están utilizando como mensajeros entre las comunidades. Si un niño se niega a hacer lo que le piden, los amenazan de muerte”, denunció en ese momento una lideresa de la zona.

La niñez también es víctima de otros delitos como desplazamiento forzado, confinamiento, amenazas, violencia sexual o lesiones personales. Coalico documentó en 2020 al menos 12.481 casos de menores de edad víctimas de acciones armadas. De estos, 5.742 fueron afectados por desplazamientos forzados, 5.441 por bloqueos de grupos armados a suministros y servicios básicos y al menos 222 fueron víctimas de reclutamiento.

Lea también: Las dificultades del caso de reclutamiento forzado en la JEP

“Hay apuestas por parte del gobierno de movilizar redes, de establecer que el internet sea un servicio básico, dar ayudas en algunas zonas, pero son insuficientes. Por ejemplo, con la alternancia para las clases hay una dinámica compleja porque no hay la infraestructura en muchos sitios para que los niños y niñas vuelvan a la escuela. La pandemia por el coronavirus lo que ha hecho es agudizar las falencias históricas”, sostiene Julia Castellanos.

Estas son algunas de las cifras de menores de edad víctimas del conflicto en Colombia:

Hoy se conmemora el Día Internacional de las Manos Rojas, en contra del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados. En Colombia, a pesar de las alertas y recomendaciones de entidades y organizaciones sociales para evitar que la niñez sea afectada por la violencia, los crímenes hacia ellos siguen ocurriendo.

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En diversos territorios del país, en su mayoría rurales o con presencia de comunidades étnicas, la niñez es más vulnerable al reclutamiento por circunstancias agravadas durante la pandemia: la falta de clases y con ello la ausencia de un entorno protector, las dificultades socioeconómicas, que en muchos casos les obligan, a trabajar o la violencia sexual e intrafamiliar.

Por ejemplo, en diciembre de 2020, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el reclutamiento de menores de edad durante la pandemia. Entre el 17 de marzo y el 30 de septiembre documentaron 83 casos en 15 departamentos, entre ellos Caquetá, Cauca, Putumayo, Antioquia, Arauca y Chocó.

Este año, en la alerta temprana del 7 de enero, la entidad señaló que en los municipios de Puerto Guzmán (Putumayo), Piamonte (Cauca) y San José del Fragua (Caquetá) la consolidación de las disidencias de las Farc, como el Frente 1 o el Frente Carolina Ramírez, se apoya en la vinculación de niños, niñas y adolescentes.

Visitan escuelas, internados o van hasta las casas a ofrecerles un “salario”, los persuaden con una vida de opulencia y poder a través de las armas o aplican tácticas de “enamoramiento” con las niñas y jóvenes. También las y los amenazan directamente para que se integren a sus filas, lo que ha llevado al desplazamiento forzado de las familias para protegerlos.

“El niño y la niña termina siendo un ser muy disciplinado. Además permite algo gravísimo y es la herencia generacional de las estructuras armadas”, explica Julia Castellanos, investigadora de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), y agrega que “una de las dinámicas de reclutamiento que estamos evidenciando desde 2018 es que en zonas urbanas el niño y la niña duerme en su casa, va la escuela, está en su casa, pero su vida es totalmente controlada por el actor armado y los ponen a cobrar extorsiones, al tráfico de armas y de drogas o a ser informantes”.

La niñez indígena es la más amenazada. En Puerto Guzmán, la Defensoría recogió las denuncias de intentos de reclutamiento alrededor del Cabildo Juan Tama y el Resguardo Porvenir la Barrialosa. En Dabeiba, la Organización Indígena de Antioquia (OIA) denunció a inicios de febrero que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) amenazaron a 26 resguardos de la zona rural. Además de instalar minas antipersonal en los lugares recorridos por los niños y niñas, los están reclutando.

“Cuando iban a clases, el riesgo de pisar explosivos era muy alto, pero ahora que están confinados por la pandemia y por el conflicto los están utilizando como mensajeros entre las comunidades. Si un niño se niega a hacer lo que le piden, los amenazan de muerte”, denunció en ese momento una lideresa de la zona.

La niñez también es víctima de otros delitos como desplazamiento forzado, confinamiento, amenazas, violencia sexual o lesiones personales. Coalico documentó en 2020 al menos 12.481 casos de menores de edad víctimas de acciones armadas. De estos, 5.742 fueron afectados por desplazamientos forzados, 5.441 por bloqueos de grupos armados a suministros y servicios básicos y al menos 222 fueron víctimas de reclutamiento.

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“Hay apuestas por parte del gobierno de movilizar redes, de establecer que el internet sea un servicio básico, dar ayudas en algunas zonas, pero son insuficientes. Por ejemplo, con la alternancia para las clases hay una dinámica compleja porque no hay la infraestructura en muchos sitios para que los niños y niñas vuelvan a la escuela. La pandemia por el coronavirus lo que ha hecho es agudizar las falencias históricas”, sostiene Julia Castellanos.

Estas son algunas de las cifras de menores de edad víctimas del conflicto en Colombia: