“Al predio La Europa (Sucre) se lo van a tomar a sangre y fuego”: líderes sociales

El 21 de mayo de 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió suspender el esquema de protección que tenían Andrés Manuel Narváez y Gilberto Manuel Pérez, dos líderes sociales de los Montes de María que han dedicado su vida al proceso de restitución de tierras de la finca La Europa, un predio de 1.321 hectáreas en las que viven más de cien familias, en el municipio de Ovejas (Sucre). La JEP, que se había encargado del esquema desde agosto de 2020, emitió una resolución en la que explican que la protección de los hombres compete a la Unidad Nacional de Protección (UNP) por tratarse de proceso de reclamación de tierras que no es competencia de la justicia transicional.

El predio La Europa, como dice Jeisson Paba, abogado de Derechos Humanos, es una puerta de entrada y salida estratégica en la región, pues conecta varios municipios de Sucre y Bolívar, y es un corredor estratégico en los Montes de María para los grupos armados. Esa es una de las razones por las que, desde 1994, según los líderes, no ha habido un día de tranquilidad en la finca. En ese año, los primeros en hacer control territorial fueron el Frente 34 de las extintas Farc-EP; luego, en el 2000, la guerrilla del Eln se disputó la zona, y después llegaron los grupos paramilitares con el Bloque Montes de María de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que desplazaron a familias hacia los cascos urbanos.

Inicialmente, en 1969, La Europa fue una hacienda que el entonces presidente Carlos Lleras Restrepo entregó a 114 familias de campesinas y campesinos en épocas en las que no se hablaba ni siquiera de una ley de restitución de tierras. Es un territorio colectivo, es decir, ninguno de ellos es dueño de las parcelas y es administrado por la Asociación de Campesinas y Campesinos Finca La Europa que, actualmente, preside Andrés Narváez. Sin embargo, con el recrudecimiento de la guerra, 39 familias tuvieron que desplazarse del territorio por temor a los grupos armados y, en 2008, cuando gran parte de las personas habían sido despojadas, un empresario llegó hasta el predio con la intención de comprar “parcelas” de quienes habían abandonado sus casas.

“Decían que se venían de la empresa Arepas Don Juancho, pero nunca supimos nada sobre esa empresa”, cuenta Narváez. Hasta ahora, ni siquiera ha habido claridad de quiénes son los dueños, pero lo cierto es que en 2011 la Fiscalía anunció que investigarían presuntas compras irregulares de predios en los Montes de María, específicamente en La Europa. Desde entonces, para el presidente de la Asociación, los riesgos fueron más latentes. En 2014, sobrevivió a un atentado cometido por Héctor San Martín, condenado por intento de homicidio y quien aparecía como uno de los representantes de Arepas Don Juancho. Un año antes de ese hecho, en 2013, Narváez había presentado el caso de la finca ante la Unidad de Restitución de Tierras. Hasta ahora, ocho años después de la solicitud, el Tribunal de Tierras de Bolívar no se ha pronunciado por ese caso.

A partir de ese momento, comenzó una segunda batalla para proteger su vida, esta vez para que la UNP evaluara su riesgo y le concedieran seguridad. La petición fue una realidad hasta 2018, cuando a los dos líderes les asignaron un esquema colectivo compuesto por dos escoltas, un vehículo blindado, un chaleco antibalas y un celular. Con eso lograron frustrar un atentado, en 2019, contra Argemiro Lara, otro líder de restitución y varias intimidaciones que han hecho contra Narváez.

(Lea también: “Me pueden matar en cualquier momento”: Andrés Narváez, líder social de Sucre)

Pero cuando los tres líderes decidieron acreditarse como víctimas ante la JEP en el Caso 06 Victimización de miembros de la Unión Patriótica, luego de haber perdido compañeros miembros de ese partido, la UNP trasladó la responsabilidad de protegerlos a la justicia transicional, argumentando que ahora era responsabilidad de esta cartera.

Aunque la JEP asumió la protección colectiva por nueve meses, en mayo de este año determinó que las amenazas firmadas por las Agc o Clan del Golfo, que se han recrudecido desde marzo de este año, tienen relación con el proceso de reclamación de tierras, más no por su comparecencia ante la JEP. Este diario consultó a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, entidad que explicó que “al señor Narváez se le dieron en principio medidas de protección atendiendo a la evaluación del nivel de riesgo, advirtiéndose que, por su condición de líder social y reclamante de tierras, la competencia para otorgarle medidas de protección es de la UNP”.

El peligro es que, más allá de las intimidaciones a través de mensajes de Whatsapp, panfletos o “mandados” de otras personas, el riesgo es cada vez más inminente. El pasado 3 de octubre, a las 7:47 a. m., dos sujetos que se identificaron como miembros de las Agc ingresaron al predio y le dijeron a la comunidad que estaban “explorando caminos y que estaban haciendo una ruta que les permitiría tener presencia permanente en la finca La Europa”, como se lee en la denuncia instaurada por la Asociación de Campesinas y Campesinos ante la Fiscalía.

Algo similar ya había ocurrido desde el 20 de septiembre, sobre las 5:00 p. m., cuando otros hombres armados, también identificados como integrantes de las Agc, llegaron para advertirle a la población que iban a estar más “presentes en la zona” porque necesitaban retomar el control de la ruta. Dos días después, el 22 de septiembre, sobre las 6:50 a. m., dos hombres en motocicleta ingresaron al sector bajo del predio y advirtieron que seguirían haciendo esa ruta “porque necesitaban hacer presencia en la zona”, como también se lee en el documento entregado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) a la Fiscalía.

Tres días después, el 26 de septiembre, otros dos sujetos volvieron a ingresar al territorio, esta vez en compañía de un perro grande y volvieron a identificarse ante la población como las Agc. El 27 de septiembre la comunidad volvió a ver a otro hombre, quien les manifestó que estaba en labores de “inteligencia” en el predio. Para los pobladores, ya no quedan dudas de las intenciones del grupo paramilitar en su finca: “Es claro que lo que quieren es volver a despojarnos de la tierra, sacarnos a quienes sobrevivimos hace 20 años las intimidaciones de las exAuc, pero la zozobra que se siente ahora es aún mayor”, dice Andrés.

Ese documento sería la segunda denuncia formal que han interpuesto los campesinos de La Europa alertando a las autoridades del riesgo que viven con la presencia de paramilitares que los intimidan constantemente, antes a través de panfletos, ahora presencialmente. La primera vez que denunciaron fue el 4 de febrero de este año, cuando Narváez fue hasta el casco urbano en Sincelejo para avisar al Ejército, la Policía y la Fiscalía que el riesgo de despojo de tierras para las familias que quedan en La Europa era alto. “Esa vez avisamos a todas las autoridades y pedimos que abrieran una investigación para identificar quiénes estaban detrás de nosotros nuevamente, pero en las oficinas nos dijeron que eso no era paramilitarismo, que no era conflicto armado, que era pura ‘politiquería’. Entonces yo les dije que si era lo que ellos decían y estaban tan seguros de eso por qué no los habían capturado, pero no me respondieron”, cuenta el líder.

Para Jeisson Paba, representante legal de los líderes, el daño será irreversible si el Estado no asume la protección del lugar y de los habitantes. “Lo que quieren hacer nuevamente es despojar a la gente de La Europa para quedarse ellos asentados y tener ese corredor estratégico para seguir operando. Este fue el mismo modus operandi del paramilitarismo en la época: llegar a las tierras, decir que de ahora en adelante el control territorial es de ellos y someter a la población. (...) Lo que es seguro es que quieren volver a apoderarse de esa zona”.

(Vea: Las advertencias que nadie escuchó en el caso de la comisión de restitución asesinada)

Sobre las denuncias, por ejemplo, también menciona que el 25 de mayo de este año, cuatro días después de que la JEP suspendiera la protección a los tres líderes por falta de competencia, el Movice envió una solicitud urgente de evaluación de riesgo para que volvieran a asignarles los escoltas que tenían; sin embargo, la UNP no ha determinado todavía el estudio de riesgo de los demandantes.

La respuesta más reciente que recibieron fue el pasado 9 de junio, cuando explicaron que los casos habían sido trasladados a la Coordinación Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información (CTRAI), para que se adelantara la reevaluación de riesgo. El Espectador se comunicó con la jefatura de prensa de la UNP para conocer el estado del trámite, pero hasta la publicación de este artículo no habían dado respuesta. Mientras tanto, los líderes siguen recibiendo amenazas a través de panfletos.

Para el abogado Paba, “si las autoridades no le prestan atención a lo que está pasando ahora mismo allá, se van a tomar el predio a sangre y fuego, van a asesinar a los reclamantes de tierra y a los campesinos, y vamos a vivir otra ola de desplazamiento en los Montes de María no vista desde hace más de 20 años. Hasta que en La Europa no maten a alguien, la institucionalidad no va proteger a los líderes”.

Mientras los riesgos se elevan, los históricos líderes que han representado al centenar de familias no han podido retornar a sus hogares desde junio, entre otras cosas, por la falta de garantías de seguridad y por la suspensión de su esquema. Los tres viven en tres cascos urbanos distintos de Sucre y Bolívar, que no son mencionados por seguridad. “Pero no tenemos garantías ni siquiera para estar pendiente de los nuestros, que sí llevan casi un mes viviendo las intimidaciones de los hombres armados”, narra Andrés. Su liderazgo, por ahora, es virtual y telefónico con las familias que quedan en el predio.

Por ahora, aunque para los campesinos los escoltas no son la salida más segura ni viable al conflicto armado en la región, saben que para retornar al territorio ya no lo pueden hacer solos ni sin seguridad que los proteja de algún ataque armado. Andrés Narváez estuvo los primeros días de octubre en Bogotá, entre otras cosas, buscando reunirse con abogados y organizaciones de Derechos Humanos que le ayuden a visibilizar la situación que se vive en los Montes de María. Aunque sabe que poner su nombre de manifiesto para hacer todas las denuncias de la situación humanitaria es un riesgo todavía mayor, dice: “Quiero que además de poner mi nombre, ponga una foto mía en el artículo para que sepan quién soy, que no me estoy escondiendo y que estamos visibilizando la situación hasta que alguien haga algo por nosotros”.

El 21 de mayo de 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió suspender el esquema de protección que tenían Andrés Manuel Narváez y Gilberto Manuel Pérez, dos líderes sociales de los Montes de María que han dedicado su vida al proceso de restitución de tierras de la finca La Europa, un predio de 1.321 hectáreas en las que viven más de cien familias, en el municipio de Ovejas (Sucre). La JEP, que se había encargado del esquema desde agosto de 2020, emitió una resolución en la que explican que la protección de los hombres compete a la Unidad Nacional de Protección (UNP) por tratarse de proceso de reclamación de tierras que no es competencia de la justicia transicional.

El predio La Europa, como dice Jeisson Paba, abogado de Derechos Humanos, es una puerta de entrada y salida estratégica en la región, pues conecta varios municipios de Sucre y Bolívar, y es un corredor estratégico en los Montes de María para los grupos armados. Esa es una de las razones por las que, desde 1994, según los líderes, no ha habido un día de tranquilidad en la finca. En ese año, los primeros en hacer control territorial fueron el Frente 34 de las extintas Farc-EP; luego, en el 2000, la guerrilla del Eln se disputó la zona, y después llegaron los grupos paramilitares con el Bloque Montes de María de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que desplazaron a familias hacia los cascos urbanos.

Inicialmente, en 1969, La Europa fue una hacienda que el entonces presidente Carlos Lleras Restrepo entregó a 114 familias de campesinas y campesinos en épocas en las que no se hablaba ni siquiera de una ley de restitución de tierras. Es un territorio colectivo, es decir, ninguno de ellos es dueño de las parcelas y es administrado por la Asociación de Campesinas y Campesinos Finca La Europa que, actualmente, preside Andrés Narváez. Sin embargo, con el recrudecimiento de la guerra, 39 familias tuvieron que desplazarse del territorio por temor a los grupos armados y, en 2008, cuando gran parte de las personas habían sido despojadas, un empresario llegó hasta el predio con la intención de comprar “parcelas” de quienes habían abandonado sus casas.

“Decían que se venían de la empresa Arepas Don Juancho, pero nunca supimos nada sobre esa empresa”, cuenta Narváez. Hasta ahora, ni siquiera ha habido claridad de quiénes son los dueños, pero lo cierto es que en 2011 la Fiscalía anunció que investigarían presuntas compras irregulares de predios en los Montes de María, específicamente en La Europa. Desde entonces, para el presidente de la Asociación, los riesgos fueron más latentes. En 2014, sobrevivió a un atentado cometido por Héctor San Martín, condenado por intento de homicidio y quien aparecía como uno de los representantes de Arepas Don Juancho. Un año antes de ese hecho, en 2013, Narváez había presentado el caso de la finca ante la Unidad de Restitución de Tierras. Hasta ahora, ocho años después de la solicitud, el Tribunal de Tierras de Bolívar no se ha pronunciado por ese caso.

A partir de ese momento, comenzó una segunda batalla para proteger su vida, esta vez para que la UNP evaluara su riesgo y le concedieran seguridad. La petición fue una realidad hasta 2018, cuando a los dos líderes les asignaron un esquema colectivo compuesto por dos escoltas, un vehículo blindado, un chaleco antibalas y un celular. Con eso lograron frustrar un atentado, en 2019, contra Argemiro Lara, otro líder de restitución y varias intimidaciones que han hecho contra Narváez.

(Lea también: “Me pueden matar en cualquier momento”: Andrés Narváez, líder social de Sucre)

Pero cuando los tres líderes decidieron acreditarse como víctimas ante la JEP en el Caso 06 Victimización de miembros de la Unión Patriótica, luego de haber perdido compañeros miembros de ese partido, la UNP trasladó la responsabilidad de protegerlos a la justicia transicional, argumentando que ahora era responsabilidad de esta cartera.

Aunque la JEP asumió la protección colectiva por nueve meses, en mayo de este año determinó que las amenazas firmadas por las Agc o Clan del Golfo, que se han recrudecido desde marzo de este año, tienen relación con el proceso de reclamación de tierras, más no por su comparecencia ante la JEP. Este diario consultó a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, entidad que explicó que “al señor Narváez se le dieron en principio medidas de protección atendiendo a la evaluación del nivel de riesgo, advirtiéndose que, por su condición de líder social y reclamante de tierras, la competencia para otorgarle medidas de protección es de la UNP”.

El peligro es que, más allá de las intimidaciones a través de mensajes de Whatsapp, panfletos o “mandados” de otras personas, el riesgo es cada vez más inminente. El pasado 3 de octubre, a las 7:47 a. m., dos sujetos que se identificaron como miembros de las Agc ingresaron al predio y le dijeron a la comunidad que estaban “explorando caminos y que estaban haciendo una ruta que les permitiría tener presencia permanente en la finca La Europa”, como se lee en la denuncia instaurada por la Asociación de Campesinas y Campesinos ante la Fiscalía.

Algo similar ya había ocurrido desde el 20 de septiembre, sobre las 5:00 p. m., cuando otros hombres armados, también identificados como integrantes de las Agc, llegaron para advertirle a la población que iban a estar más “presentes en la zona” porque necesitaban retomar el control de la ruta. Dos días después, el 22 de septiembre, sobre las 6:50 a. m., dos hombres en motocicleta ingresaron al sector bajo del predio y advirtieron que seguirían haciendo esa ruta “porque necesitaban hacer presencia en la zona”, como también se lee en el documento entregado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) a la Fiscalía.

Tres días después, el 26 de septiembre, otros dos sujetos volvieron a ingresar al territorio, esta vez en compañía de un perro grande y volvieron a identificarse ante la población como las Agc. El 27 de septiembre la comunidad volvió a ver a otro hombre, quien les manifestó que estaba en labores de “inteligencia” en el predio. Para los pobladores, ya no quedan dudas de las intenciones del grupo paramilitar en su finca: “Es claro que lo que quieren es volver a despojarnos de la tierra, sacarnos a quienes sobrevivimos hace 20 años las intimidaciones de las exAuc, pero la zozobra que se siente ahora es aún mayor”, dice Andrés.

Ese documento sería la segunda denuncia formal que han interpuesto los campesinos de La Europa alertando a las autoridades del riesgo que viven con la presencia de paramilitares que los intimidan constantemente, antes a través de panfletos, ahora presencialmente. La primera vez que denunciaron fue el 4 de febrero de este año, cuando Narváez fue hasta el casco urbano en Sincelejo para avisar al Ejército, la Policía y la Fiscalía que el riesgo de despojo de tierras para las familias que quedan en La Europa era alto. “Esa vez avisamos a todas las autoridades y pedimos que abrieran una investigación para identificar quiénes estaban detrás de nosotros nuevamente, pero en las oficinas nos dijeron que eso no era paramilitarismo, que no era conflicto armado, que era pura ‘politiquería’. Entonces yo les dije que si era lo que ellos decían y estaban tan seguros de eso por qué no los habían capturado, pero no me respondieron”, cuenta el líder.

Para Jeisson Paba, representante legal de los líderes, el daño será irreversible si el Estado no asume la protección del lugar y de los habitantes. “Lo que quieren hacer nuevamente es despojar a la gente de La Europa para quedarse ellos asentados y tener ese corredor estratégico para seguir operando. Este fue el mismo modus operandi del paramilitarismo en la época: llegar a las tierras, decir que de ahora en adelante el control territorial es de ellos y someter a la población. (...) Lo que es seguro es que quieren volver a apoderarse de esa zona”.

(Vea: Las advertencias que nadie escuchó en el caso de la comisión de restitución asesinada)

Sobre las denuncias, por ejemplo, también menciona que el 25 de mayo de este año, cuatro días después de que la JEP suspendiera la protección a los tres líderes por falta de competencia, el Movice envió una solicitud urgente de evaluación de riesgo para que volvieran a asignarles los escoltas que tenían; sin embargo, la UNP no ha determinado todavía el estudio de riesgo de los demandantes.

La respuesta más reciente que recibieron fue el pasado 9 de junio, cuando explicaron que los casos habían sido trasladados a la Coordinación Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información (CTRAI), para que se adelantara la reevaluación de riesgo. El Espectador se comunicó con la jefatura de prensa de la UNP para conocer el estado del trámite, pero hasta la publicación de este artículo no habían dado respuesta. Mientras tanto, los líderes siguen recibiendo amenazas a través de panfletos.

Para el abogado Paba, “si las autoridades no le prestan atención a lo que está pasando ahora mismo allá, se van a tomar el predio a sangre y fuego, van a asesinar a los reclamantes de tierra y a los campesinos, y vamos a vivir otra ola de desplazamiento en los Montes de María no vista desde hace más de 20 años. Hasta que en La Europa no maten a alguien, la institucionalidad no va proteger a los líderes”.

Mientras los riesgos se elevan, los históricos líderes que han representado al centenar de familias no han podido retornar a sus hogares desde junio, entre otras cosas, por la falta de garantías de seguridad y por la suspensión de su esquema. Los tres viven en tres cascos urbanos distintos de Sucre y Bolívar, que no son mencionados por seguridad. “Pero no tenemos garantías ni siquiera para estar pendiente de los nuestros, que sí llevan casi un mes viviendo las intimidaciones de los hombres armados”, narra Andrés. Su liderazgo, por ahora, es virtual y telefónico con las familias que quedan en el predio.

Por ahora, aunque para los campesinos los escoltas no son la salida más segura ni viable al conflicto armado en la región, saben que para retornar al territorio ya no lo pueden hacer solos ni sin seguridad que los proteja de algún ataque armado. Andrés Narváez estuvo los primeros días de octubre en Bogotá, entre otras cosas, buscando reunirse con abogados y organizaciones de Derechos Humanos que le ayuden a visibilizar la situación que se vive en los Montes de María. Aunque sabe que poner su nombre de manifiesto para hacer todas las denuncias de la situación humanitaria es un riesgo todavía mayor, dice: “Quiero que además de poner mi nombre, ponga una foto mía en el artículo para que sepan quién soy, que no me estoy escondiendo y que estamos visibilizando la situación hasta que alguien haga algo por nosotros”.