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Hace 22 años, en El Guamo, los rigores más estrictos de la guerra estaban a cargo del Bloque Tolima, facción de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El mando lo tenía el comandante paramilitar Urabá, uno de los hombres clave de la casa Castaño en el centro y suroriente del país, que logró ganar una alta influencia en el territorio y también supo vencer a las Farc decenas de confrontaciones en Ataco, Rioblanco y Chaparral.
La desmovilización de las Auc y de las mismas Farc no fue sinónimo de la salida completa de los herederos de estos grupos en zona rural de El Guamo. La percepción de distintos líderes en la zona, consultados por Colombia+20, es que, si bien los hostigamientos y demás delitos propios del conflicto no están en la misma dimensión que en décadas pasadas, la zozobra pervive y sus actividades sociales que encabezan no las pueden realizar con total tranquilidad.
“Desde hace semanas están circulando panfletos en algunas veredas de El Guamo que con nombres propios se dirigen a personas u organizaciones sociales que difunden temas de paz y reconciliación. Algunos sindicalistas y maestros de la región, blancos de amenazas, piensan que son estructuras paramilitares, pero hay confusión entre ellos porque en otros casos se han denunciado hostigamientos con autoría de las disidencias de las Farc”, denunció Sara*, una lideresa social y ambientalista del municipio.
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De acuerdo con Johan*, líder sindical en el sur del Tolima, estas amenazas son producto de las movilizaciones sociales de 2021, hito desde el cual distintos miembros de sectores educativos, sociales y culturales “quedaron perfilados” como personas que pueden interferir en los intereses de los grupos armados.
“De conocimiento público se sabe que a varios profesores, de escuelas y centros de educación superior, les han llegado intimidaciones en las que los señalan de participar en actividades ilegales. Sin fundamento ni desparpajo hacen esas afirmaciones. Las oficinas locales de entidades de Veeduría y Defensoría conocen estos riesgos y no se ha hecho mucho para ayudarles. Hay que darles un respaldo especial, porque no son delincuentes, sino hombres y mujeres que solo buscan el desarrollo de nuestra tierra, con la participación activa de los jóvenes.”, agregó.
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El calvario de los maestros y los indígenas
No todas las denuncias involucran grupos armados y este es el caso de la “profe” Dora.
Dora Sánchez le ha dedicado su vida a la docencia en escuelas primarias de El Guamo. No se ve fuera de la vereda Cerro Gordo Peñones porque todo lo que es como mujer y profesional lo ha construido allí.
Sus vecinos la admiran, la asimilan como una lideresa genuina en favor de los temas de paz y reconciliación en su municipio y nadie se llegó a imaginar que pudiera ser en algún momento blanco de amenazas, luego de protestar pacíficamente desde 2021 por un proyecto avícola en su vereda.
“La profe Dora es una mujer valiente, se la juega por los niños y le interesa el desarrollo de las actividades campesinas que puedan favorecer a toda la comunidad. Cuando muchos la pasan mal, ya sea por amenazas o por otros problemas, suelen callar. Ella no y por eso estamos de su lado”, sostuvo un conocido suyo en Cerro Gordo.
De acuerdo con la profesora Sánchez, las amenazas en su contra dieron lugar cuando comenzó a denunciar las malas condiciones de un negocio avícola en su vereda. “Desde 2020 nos pusieron una granja de pollos en inmediación a nuestras casas. Hay distintos grupos económicos de la región metidos en el negocio y por estas tierras siempre han hecho su voluntad aquí. No hay higiene en los galpones, la situación de salubridad se volvió delicada y cuando reclamamos por las condiciones del lugar desde finales del año pasado, para que no afectara la calidad de vida nuestra, la única respuesta de ellos fue tildarnos de sapos y recriminarnos por nuestras labores en defensa de los derechos de las personas. Estas intimidaciones son ajenas a mi trabajo como docente y como lideresa, pero no dejan de asustarme”, comentó la profesora Dora a Colombia+20.
Agregando, vía chat, que: “El riesgo en mi comunidad de la vereda Cerro Gordo Peñones es por la protesta pacífica q mantenemos desde junio del año 2021 para que no nos afecten más con la producción avícola en nuestra vereda. De ahí se derivan los riesgos de seguridad para nosotros”.
Juan Manuel Flórez es avicultor, dueño de la finca Chicalá y del proyecto de pollos La Victoria, al que hizo referencia la profesora Dora.
En diálogo con El Espectador, Flórez dijo que desde el inicio la profesora estuvo el contra de su negocio avícola, pero eso nunca fue causal de amenazas hacia ella. “Tanto la señora Dora, como otro muchacho de la vereda que se llama Sergio Torres, estuvieron en contra de La Victoria desde el inicio… eso no lo supe a su momento o si no hubiera hablado con ella. Nuestros galpones apenas funcionaron cuatro meses y tengo pruebas documentadas de autoridades competentes que señalan que aquí nunca hubo problemas de salubridad, higiene u olores fétidos”, agregó Flórez.
A su vez, consternado por las acusaciones en su contra, Juan Manuel Flórez dijo que las protestas en contra de su actividad avícola no fueron pacíficas, al haber vías de hecho. “Atravesaron un tronco para interrumpir paso y me tocó contratar seguridad para el cuidado de la tierra. Si alguien amenazó aquí, ese no fui yo”.
Con respaldo del ICA, de la Secretaría de Salud y de una tutela fallada en su favor, Flórez pudo demostrar que las condiciones de limpieza (incluyendo los olores que acusó la profesora Dora) no afectaron la calidad de vida de sus vecinos ni incitó un mal ambiente dentro de la comunidad.
“No soy un hombre de pelear, es más, no tengo nada en contra de la profesora Dora. Me siento amenazado, me inquieta la presencia de algunos desmovilizados que viven en la región; y por distintos factores he tomado la decisión de salir de allí. No me interesa causar problemas. Eso sí, defiendo mi nombre y el de los productores avícolas, que no ejercen actividades ilegales ni mucho menos”, concluyó Juan Manuel Flórez.
Por el lado de las amenazas producidas, aparentemente, desde facciones de grupos armados, un colectivo de maestros le comentaron a este diario que están en riesgo. “Defendemos la paz y nos quieren callar”, dijo la profe Hermilda Muñoz*. En este momento, ella y otros miembros de su comunidad en el sur de Tolima están siendo amenazados mediante mensajes y llamadas a nombre de miembros de las disidencias de las Farc, con un mensaje en común: “por sapos, por defender el Acuerdo de Paz y por inculcarles a los niños desobediencia y desorden les vamos a hacer daño” (sic.).
Estos casos ya están en revisión por parte de de la organizaciones de Derechos Humanos en el Tolima, que han reportado constantemente denuncias públicas por la persecución y estigmatización a líderes, maestros e indígenas en esta región del departamento del Tolima.
De acuerdo con un correo electrónico enviado a este diario por la Fiscalía seccional de El Guamo en respuesta a preguntas hechas por Colombia+20 sobre esa situación, solo le limitaron a decir lo siguiente: “estas intimidaciones están siendo analizadas al detalle para medir el nivel del riesgo de los denunciantes y sus familias”.
Otros casos que inquietan en El Guamo y Chaparral son los de los líderes indígenas Carlos Gualtero y Oliver Tombé. El primero, activista político, docente y defensor medioambiental, hizo denuncias recientes en las que dijo que por sus actividades comunitarias ha recibido amenazas de disidencias y grupos identificados como “neoparamilitares”.
“En las regiones de Colombia siguen ocurriendo horrores que no podemos callar más. Salir a la calle ya se volvió algo de alto riesgo para nosotros, para los que preferimos una paz imperfecta a una guerra perfecta. Otra cosa aparte, que también me aterra, es que me quieran hacer daño por mi inclinación política. He dicho abiertamente que me identifico con la campaña de Gustavo Petro y eso también me ha traído problemas”, aseguró en el medio local Alerta Tolima.
Tombé ha sido señalado, mediante llamadas y panfletos, de involucrarse en asuntos “que no son suyos”, al denunciar grupos al margen de la ley que operan en la región.
“Al narcotráfico toca denunciarlo porque nos hace daño. Temo por mi vida, pero aún más por seguir viviendo de la manera en la que nos quieren imponer los violentos”, concluyó.
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*Cambio en el nombre de la fuente para proteger su identidad.
Nota de la editora: El señor Rafael Monroy Guzmán, alcalde de El Guamo (Tolima), se comunicó con Colombia+20 el 11 de abril de 2022. A través de un correo electrónico afirmó que la Administración Municipal no sabía de las amenazas que se describieron en este artículo periodístico. “Hasta el momento no tiene conocimiento de las supuestas amenazas e intimidaciones a profesores y voceros indígenas”, dijo.
Como se puede ver en el documento que se adjunta y que fue enviado por la Alcaldía, esa administración invita a las víctimas a interponer sus denuncias ante autoridades competentes, como la Fiscalía General de la Nación.
Por lo pronto, este medio seguirá respetando el anonimato de aquellas personas que no quisieron revelar su identidad para la elaboración de la presente nota.