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El pasado 21 de noviembre, el mismo día que se instaló la mesa de negociación del gobierno de Gustavo Petro con el Eln, el nombre de Sonia López —presidenta de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, en Arauca— apareció en un comunicado del Comando Conjunto de Oriente de las extintas Farc, más conocidas por ser las disidencias de los frentes 28, 45 y 10. En el papel la señalaban de ser “miembro orgánica” del Eln y aseguraron que la fundación que ella preside y está presente en todos los municipios del departamento se dedica al trabajo de “espionaje y empadronamiento de la población civil para después asesinarlos”.
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Los señalamientos fueron tan graves que llevaron a varias organizaciones de derechos humanos del departamento a emitir comunicados rechazando la estigmatización y a que, de nuevo, hicieran un llamado pidiendo al Gobierno que tome medidas para bajar el riesgo de los líderes en ese departamento.
La última aparición pública de la lideresa antes de que su nombre apareciera en el panfleto fue en una audiencia del Senado a la que asistió para denunciar que en Arauca se han cometido 30 atentados contra líderes (entre amenazas, señalamientos y ataques con artefactos explosivos) en lo que va del año, y que 12 líderes han sido asesinados este año. Allí también habló del actuar de las disidencias de las Farc: “Son una reorganización del paramilitarismo”. Desde entonces, asegura, ha empeorado su situación de seguridad. “Vivimos en una permanente amenaza contra nuestras vidas e integridad, pero nuestro trabajo es un compromiso ético y político con las comunidades”.
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López califica el 2022 como uno de los años más violentos contra los liderazgos sociales en Arauca y es enfática en que desde comienzo de los 2000 han sufrido estigmatización de diversos sectores. “No solo ha sido aparecer en panfletos, tuvimos el episodio del carro-bomba a comienzos de enero en Saravena, pero también nos han lanzado artefactos explosivos a nuestras casas y negocios”.
Uno de los casos más recientes es el de Bernardo Argüello, presidente de la Federación de Juntas de Acción Comunal del departamento y presidente de la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Gas de Saravena, quien sobrevivió a un atentado que hicieron las disidencias de las Farc a la sede de su empresa comunitaria el 24 de octubre pasado. “Después de esa fecha empieza una escalada terrorista de artefactos explosivos a otras empresas y cooperativas sociales”, afirma.
El último atentado con explosivos se perpetró el pasado 27 de noviembre contra la cooperativa de transportadores de campesinos Cootransarare. “Ante estos ataques ha sido imposible crear medidas de autoprotección más allá de continuar la asociatividad en el departamento y salir del territorio por épocas para proteger nuestra vida, porque nos quieren exterminar”.
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Argüello afirma que la situación que viven los defensores de derechos humanos en Arauca en los últimos meses de este año es similar a la oleada de violencia que se vivió en esa zona del país con la presencia de grupos paramilitares en los años 2002 y 2003, y asegura que los objetivos militares de esa época son los mismos de ahora.
Desde septiembre de este año Argüello solicitó una medida de protección colectiva para su empresa comunitaria, pero su petición todavía está en estudio de riesgo en la Unidad Nacional de Protección. La Fundación de Joel Sierra hizo la misma solicitud y también está en evaluación.
Hasta el 20 de noviembre de este año, 837 personas en Arauca y dos solicitudes colectivas —la de Argüello y la de Fundación Joel Sierra— habían llegado a la UNP pidiendo medidas de protección por considerar que su vida y seguridad estaban en riesgo. De esas peticiones, 406 son de líderes sociales. Esa entidad le confirmó a Colombia+20 que de esas 839 solicitudes —las colectivas y las individuales— han logrado la protección de 252 de esas personas, de las cuales 126 son líderes.
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Los líderes de Arauca coinciden en que el anuncio de la instalación de la mesa de negociación con el Eln es un “saludo a la bandera” en el departamento. Así también lo ve Eduardo Simón Cedeño, politólogo e investigador en Arauca. “La tranquilidad en este departamento se va a dar el día que el Gobierno se siente con Antonio Medina (jefe de las disidencias). El hecho de que ellos pidan pista en la paz total es un síntoma de que se han dado cuenta de que no pueden ganar esta guerra. De las disidencias va a depender el éxito o el fracaso de la paz en Arauca”, explica.
Sonia López señala que no considera que grupos como las disidencias de las Farc deban entrar a un proceso de negociación similar al que se tiene con el Eln. “Le hemos exigido al Estado el desmantelamiento de esos grupos porque ellos no tienen ningún criterio político. Respaldamos y valoramos los esfuerzos del Gobierno para sentarse a dialogar, pero el tratamiento debe ser acorde al carácter de esas estructuras armadas. A ellos no se les puede reconocer estatus político”.
El reclutamiento contra menores no cesa
Otra de las denuncias de la Fundación Joel Sierra es la utilización de niños y niñas por grupos armados. El 22 de noviembre, dos menores fueron capturados portando una granada y han documentado varios casos de “raptos”, como los denomina López.
De hecho, la Asociación Amanecer de Mujeres por Arauca sacó un comunicado advirtiendo que el pasado 30 de noviembre el Eln confirmó tener en su poder a dos menores de edad, quienes dijeron que “los amenazaron con asesinarlos a ellos o a sus familias si no lanzaban unas granadas a Cootransarare y a la ferretería comunitaria La Campana. Uno de los jóvenes denunció que antes había sido vinculado a labores de inteligencia por un miembro de la Sijín en Yopal, Casanare”.
Ante esos hechos, varias organizaciones interpusieron una acción de tutela que falló el 1.° de diciembre. Colombia+20 conoció el documento que ordena al Ministerio de Defensa y al comandante del Ejército suspender de manera inmediata acciones cívico-militares donde se registre la participación de niños y adolescentes, además de “abstenerse de manera inmediata de implicar a niños en actividades militares, como las visitas escolares a bases militares o los actos militares en las escuelas en Arauca”.
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Ese documento también convoca a entidades como la Alcaldía a que inicien labores de vigilancia y garantía a esa orden. “En caso contrario, deberá informar lo pertinente a la autoridad, para que se inicien las acciones penales y disciplinarias correspondientes”. López calificó ese fallo de tutela como un precedente histórico para la protección de los derechos de los menores de edad y aseguró que esa ha sido una de las luchas que más les ha costado. “Pelear por la niñez y en contra del reclutamiento siempre incomoda. Y sabemos que esto va tener consecuencias, pero las vamos a asumir”.
