Asesinan a otro excomandante de las Farc en el sur de Bolívar

En la tarde de este sábado 29 de agosto fue asesinado Jorge Iván Ramos Camacho, conocido en la guerra como Mario Morales, quien se desempeñaba como integrante de la dirección nacional del Partido FARC y era el encargado de implementar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en el país. Aunque su labor era a nivel nacional, lideraba varios procesos relacionados con la implementación del Acuerdo Final de Paz en Bolívar, donde residía.

El homicidio ocurrió en la vereda Palmachica, municipio de Santa Rosa, al sur del departamento. Según información extraoficial, el levantamiento del cadáver lo estaría haciendo su escolta. Según integrantes del partido Farc, todavía no hay una versión clara sobre los hechos, pero el excombatiente estaba adelantando trabajos de sustitución de cultivos ilícitos en las comunidades de Bolívar.

(Lea también: Primer excomandante de las Farc asesinado después del proceso de paz)

Ramos, quien fue el comandante del frente 37, que operó en los Montes de María, es el segundo alto mando de la extinta guerrilla asesinado después del Acuerdo. El primero fue Wilson Saavedra, excomandante del frente 21 y de la columna Víctor Saavedra Ramos, quien fue víctima de un atentado sicarial el 14 de mayo del 2019, en el barrio Estambul del municipio de Tuluá (Valle del Cauca).

Desde la firma del Acuerdo de Paz, han sido asesinados 225 excombatientes. La Misión de Verificación de la ONU ha alertado en distintos momentos sobre la grave situación de seguridad en la que están los firmantes de la paz. Además de los homicidios, el organismo internacional llamó la atención al Gobierno Nacional por la falta de medidas integrales y eficaces de protección para la vida de los exguerrilleros.

Además, recordó la situación de desplazamiento en Ituango (Antioquia) en julio de este año. Los excombatientes asentados en el municipio exigieron ser trasladados ante la crítica situación de seguridad y la imposibilidad de adquirir tierras. Junto con el Gobierno decidieron trasladarse hacia Mutatá, también en Antioquia.

Al menos 176 excombatientes han interpuesto denuncias por amenazas, intimidaciones o por acciones que podrían estar poniendo en riesgo su vida y su integridad ante la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, ante el recrudecimiento de la violencia contra los firmantes del acuerdo, el partido Farc decidió elevar su denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en mayo de este año. En cabeza de Rodrigo Londoño o Timocheko, acudieron al organismo internacional para solicitar medidas cautelares y así obligar al gobierno colombiano a garantizar su protección y seguridad.

(Vea: Exguerrilleros le dicen a la JEP que sólo estarán a salvo si se implementa el Acuerdo de Paz)

Lo mismo hicieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde el partido alertó sobre la situación de los excombatientes que comparecen ante estos tribunales, lo que pondría en riesgo la verdad y los derechos de los comparecientes y las víctimas. Luego de dos audiencias realizadas con los excombatientes de Ituango y Mesetas, donde se han presentado asesinatos.

Después de estas diligencias y un estudio de los casos, la JEP le ordenó al Gobierno proteger a los exguerrilleros en riesgo. Puntualmente, le pidió a la oficina del Alto Comisionado para la Paz que reglamentara y pusiera en funcionamiento el programa de protección integral para los firmantes del Acuerdo, con el fin de detener los homicidios sistemáticos.

También le ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que impulse y comience a implementar un Plan Estratégico de Seguridad y Protección en un lapso no mayor a 20 días. Sin embargo, la UNP respondió que no tiene recursos suficientes para garantizar la orden del tribunal transicional porque, según el documento judicial, necesitarían al menos unos $ 13.000 millones para salvaguardar a los firmantes del Acuerdo.

En la tarde de este sábado 29 de agosto fue asesinado Jorge Iván Ramos Camacho, conocido en la guerra como Mario Morales, quien se desempeñaba como integrante de la dirección nacional del Partido FARC y era el encargado de implementar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en el país. Aunque su labor era a nivel nacional, lideraba varios procesos relacionados con la implementación del Acuerdo Final de Paz en Bolívar, donde residía.

El homicidio ocurrió en la vereda Palmachica, municipio de Santa Rosa, al sur del departamento. Según información extraoficial, el levantamiento del cadáver lo estaría haciendo su escolta. Según integrantes del partido Farc, todavía no hay una versión clara sobre los hechos, pero el excombatiente estaba adelantando trabajos de sustitución de cultivos ilícitos en las comunidades de Bolívar.

(Lea también: Primer excomandante de las Farc asesinado después del proceso de paz)

Ramos, quien fue el comandante del frente 37, que operó en los Montes de María, es el segundo alto mando de la extinta guerrilla asesinado después del Acuerdo. El primero fue Wilson Saavedra, excomandante del frente 21 y de la columna Víctor Saavedra Ramos, quien fue víctima de un atentado sicarial el 14 de mayo del 2019, en el barrio Estambul del municipio de Tuluá (Valle del Cauca).

Desde la firma del Acuerdo de Paz, han sido asesinados 225 excombatientes. La Misión de Verificación de la ONU ha alertado en distintos momentos sobre la grave situación de seguridad en la que están los firmantes de la paz. Además de los homicidios, el organismo internacional llamó la atención al Gobierno Nacional por la falta de medidas integrales y eficaces de protección para la vida de los exguerrilleros.

Además, recordó la situación de desplazamiento en Ituango (Antioquia) en julio de este año. Los excombatientes asentados en el municipio exigieron ser trasladados ante la crítica situación de seguridad y la imposibilidad de adquirir tierras. Junto con el Gobierno decidieron trasladarse hacia Mutatá, también en Antioquia.

Al menos 176 excombatientes han interpuesto denuncias por amenazas, intimidaciones o por acciones que podrían estar poniendo en riesgo su vida y su integridad ante la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, ante el recrudecimiento de la violencia contra los firmantes del acuerdo, el partido Farc decidió elevar su denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en mayo de este año. En cabeza de Rodrigo Londoño o Timocheko, acudieron al organismo internacional para solicitar medidas cautelares y así obligar al gobierno colombiano a garantizar su protección y seguridad.

(Vea: Exguerrilleros le dicen a la JEP que sólo estarán a salvo si se implementa el Acuerdo de Paz)

Lo mismo hicieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde el partido alertó sobre la situación de los excombatientes que comparecen ante estos tribunales, lo que pondría en riesgo la verdad y los derechos de los comparecientes y las víctimas. Luego de dos audiencias realizadas con los excombatientes de Ituango y Mesetas, donde se han presentado asesinatos.

Después de estas diligencias y un estudio de los casos, la JEP le ordenó al Gobierno proteger a los exguerrilleros en riesgo. Puntualmente, le pidió a la oficina del Alto Comisionado para la Paz que reglamentara y pusiera en funcionamiento el programa de protección integral para los firmantes del Acuerdo, con el fin de detener los homicidios sistemáticos.

También le ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que impulse y comience a implementar un Plan Estratégico de Seguridad y Protección en un lapso no mayor a 20 días. Sin embargo, la UNP respondió que no tiene recursos suficientes para garantizar la orden del tribunal transicional porque, según el documento judicial, necesitarían al menos unos $ 13.000 millones para salvaguardar a los firmantes del Acuerdo.