Asesinaron a dos excombatientes de Farc en Cauca y Caquetá

Este 24 de octubre, mientras la peregrinación de los miembros del partido FARC avanzaba en el Meta para exigirle al Gobierno garantías de seguridad para los excombatientes, se reportó el homicidio de dos firmantes del Acuerdo de Paz: Marcial Macías Alvarado, asesinado en Balboa (Cauca) y Libardo Becerra, en San Vicente del Caguán (Caquetá). Con ellos ya son 236 los excombatientes de las Farc asesinados desde lo pactado en La Habana (Cuba), en 2016.

Marcial Macías Alvarado tenía 61 años y, según familiares, se encontraba en el barrio La Pampa almorzando cuando dos hombres se le acercaron le dieron tres disparos. Su familia dice que no había recibido amenazas. Macías perteneció al Frente 29 de las Farc, que operaba en Cauca y Nariño, y se había reincorporado a la sociedad civil en 2016.

Por otro lado, el cuerpo de Libardo Becerra Valencia fue encontrado en Ciudad Yarí, en San Vicente del Caguán por miembros de la comunidad, quienes alertaron a la Policía Nacional.

“Lamentamos profundamente el asesinato de nuestros compañeros, quienes pusieron sus sueños, trabajo y vida en la construcción de la Nueva Colombia. Nos solidarizamos con su familia y les garantizamos que acá estamos y seguiremos luchando hasta lograrla, por la paz para todos”, dijo el partido FARC en sus redes sociales.

(Le puede interesar: Duque le había prometido a excombatiente asesinado en Meta que lo protegería)

Hace poco más de una semana, también fue asesinado Juan de Jesús Monroy, conocido como Albeiro Suárez, y su escolta, el también exguerrillero Luis Alexander Largo, en La Julia, vereda de Uribe (Meta). Suárez era líder de la reincorporación de más de 40 excombatientes en esta zona y participaba en el Consejo Territorial de Paz del departamento. Desde 2018, había pedido protección al presidente Iván Duque, quien se había comprometido a acompañarlo en una transición exitosa a la vida civil. Tras su asesinato, el partido FARC convocó a una movilización que avanza hacia Bogotá para protestar por estos crímenes, exigir garantías de seguridad y la implementación del Acuerdo de Paz que, según ellos, agoniza.

A propósito de este tema, el 25 de noviembre de 2020, entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizará una audiencia pública a la que están citados nueve altos funcionarios del Gobierno Nacional. Entre ellos están Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz, y Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación. El objetivo de la diligencia: verificar cómo estas entidades han cumplido las órdenes que dio la Sección de Ausencia de Reconocimiento para garantizar la seguridad de los excombatientes.

Entre las cuestiones que abordará la JEP en dicha audiencia están las garantías de seguridad para la reincorporación, con enfoque territorial, de género y étnico. “También se revisará lo realizado para prevenir y superar la estigmatización, en el marco de las garantías de no repetición y el proceso de reconciliación”, dijo la JEP. Por último, se “verificarán los planes de lucha contra la impunidad y política de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales en los territorios”.

Este 24 de octubre, mientras la peregrinación de los miembros del partido FARC avanzaba en el Meta para exigirle al Gobierno garantías de seguridad para los excombatientes, se reportó el homicidio de dos firmantes del Acuerdo de Paz: Marcial Macías Alvarado, asesinado en Balboa (Cauca) y Libardo Becerra, en San Vicente del Caguán (Caquetá). Con ellos ya son 236 los excombatientes de las Farc asesinados desde lo pactado en La Habana (Cuba), en 2016.

Marcial Macías Alvarado tenía 61 años y, según familiares, se encontraba en el barrio La Pampa almorzando cuando dos hombres se le acercaron le dieron tres disparos. Su familia dice que no había recibido amenazas. Macías perteneció al Frente 29 de las Farc, que operaba en Cauca y Nariño, y se había reincorporado a la sociedad civil en 2016.

Por otro lado, el cuerpo de Libardo Becerra Valencia fue encontrado en Ciudad Yarí, en San Vicente del Caguán por miembros de la comunidad, quienes alertaron a la Policía Nacional.

“Lamentamos profundamente el asesinato de nuestros compañeros, quienes pusieron sus sueños, trabajo y vida en la construcción de la Nueva Colombia. Nos solidarizamos con su familia y les garantizamos que acá estamos y seguiremos luchando hasta lograrla, por la paz para todos”, dijo el partido FARC en sus redes sociales.

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Hace poco más de una semana, también fue asesinado Juan de Jesús Monroy, conocido como Albeiro Suárez, y su escolta, el también exguerrillero Luis Alexander Largo, en La Julia, vereda de Uribe (Meta). Suárez era líder de la reincorporación de más de 40 excombatientes en esta zona y participaba en el Consejo Territorial de Paz del departamento. Desde 2018, había pedido protección al presidente Iván Duque, quien se había comprometido a acompañarlo en una transición exitosa a la vida civil. Tras su asesinato, el partido FARC convocó a una movilización que avanza hacia Bogotá para protestar por estos crímenes, exigir garantías de seguridad y la implementación del Acuerdo de Paz que, según ellos, agoniza.

A propósito de este tema, el 25 de noviembre de 2020, entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizará una audiencia pública a la que están citados nueve altos funcionarios del Gobierno Nacional. Entre ellos están Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz, y Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación. El objetivo de la diligencia: verificar cómo estas entidades han cumplido las órdenes que dio la Sección de Ausencia de Reconocimiento para garantizar la seguridad de los excombatientes.

Entre las cuestiones que abordará la JEP en dicha audiencia están las garantías de seguridad para la reincorporación, con enfoque territorial, de género y étnico. “También se revisará lo realizado para prevenir y superar la estigmatización, en el marco de las garantías de no repetición y el proceso de reconciliación”, dijo la JEP. Por último, se “verificarán los planes de lucha contra la impunidad y política de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales en los territorios”.