Asesinato de dos disidentes de Farc aterroriza a Magüí Payán

Esta semana, en los grupos de WhatsApp de los habitantes del municipio de Magüí Payán, en Nariño, circuló un video de cómo la estructura Cordillera Sur de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) asesinó y descuartizó a dos guerrilleros de las disidencias de la columna Franco Benavides del frente 29 de las Farc.

En las imágenes, que este diario se abstiene de publicar por su alto contenido de violencia, aparecen dos hombres arrodillados, quienes, al parecer, no fueron asesinados para que llevaran los cuerpos de sus compañeros asesinados y transmitieran el mensaje a las disidencias. El video generó pánico a la población y obligó a las autoridades locales a indagar en la veracidad de este hecho.

(Puede interesarle: Más de 20.000 personas en Nariño están en riesgo por presencia de grupos armados)

Tanto el comando de la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules y el gobernador de Nariño, Jhon Alexánder Rojas Cabrera, confirmaron los asesinatos que, para él, tienen un nivel de sevicia que busca infundir terror en la comunidad. El Ejército, en un comunicado publicado este sábado, aseguró que los hechos sí ocurrieron y la grabación presuntamente se habría realizado en la vereda Tortuga del municipio de Magüí Payan.

“En la narración, los sujetos de la estructura “Cordillera Sur” afirman estar realizando la grabación como retaliación por un video que habría sido publicado por el Grupo Armado Organizado residual E-30 comisión “Franco Benavides” el pasado 1 de julio de 2020 y que presuntamente habría sido realizado en la Vereda Ricaurte de Magüí Payan”, explican los militares.

Sobre el hecho, el gobernador Jhon Alexánder Rojas Cabrera rechazó los actos de barbarie que se están ejecutando en el departamento y solicitó el apoyo urgente al Gobierno Nacional para que “efectivamente se consolide la paz y la tranquilidad en los territorios”. Insistió en que Nariño es un departamento que defiende la paz, pero necesita de inversiones sociales.

“Necesitamos del acompañamiento, de una verdadera inversión social para el campo, mejoramiento de las vías, un programa de sustitución alternativa de los cultivos de uso ilícito. Estamos dispuestos a trabajar de la mano para superar estas dificultades. Queremos vivir en paz, en tranquilidad. Hoy no está atacando la pandemia y está llegando el conflicto armado a la región”, señaló el mandatario.

El Ejército también rechazó el actuar de los GAOS que “persisten en la violación a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH)” y enfatizó en que las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules “se encuentra en el sector realizando operaciones ofensivas y de control territorial en contra de estas estructuras armadas, con el fin de neutralizar su accionar delictivo”.

Sin embargo, fuentes en la zona consultadas por El Espectador, aseguraron que si bien el Ejército dice que tiene el control, realmente no es así. El territorio está cooptado por los grupos armados y el narcotráfico.

“Magui Payán está en el piedemonte costero. Es el corredor por donde los grupos armados mueven insumos y tienen sus laboratorios de coca y los sacan hacia el Pacífico. Hace parte del triángulo de Telembí. Tradicionalmente, es un territorio abandonado por el Estado. Hay pueblos que aún no tienen energía eléctrica y el acceso es fluvial. Salen las embarcaciones de Barbacoas hasta esos municipios. Pero el control de los ríos es de los grupos armados. En un trayecto puede haber entre ocho y nueve retenes ilegales”, cuenta un habitante que prefiere no identificarse por seguridad.

(Lea también: Asesinan a dos estudiantes de bachillerato en Leiva, Nariño)

La fuente agregó que la población vive de la coca y de los lineamientos de los grupos armados. La gran mayoría tiene cultivos ilícitos en vista de que el Estado no ha promovido otras alternativas de subsistencia ni garantizado las necesidades básicas, como el agua, la energía o la salud.

Este panorama, denunció otro habitante, se presenta en varios municipios de Nariño y por eso la violencia siempre ha encontrado asidero allí. Nariño ha sido un territorio de varias masacres u homicidios selectivos, pero en los últimos meses, según la fuente, han incrementado: “Van en aumento los asesinatos de los líderes sociales, los desplazamientos de las comunidades étnicas, los cultivos. No es raro escuchar que asesinaron a varios en un hecho. Y el Estado, históricamente, ha sido incapaz de controlar la zona. Por eso estos hechos siguen ocurriendo, a pesar de que haya un acuerdo de paz”.

De hecho, en el video de los asesinatos de la vereda Tortuga del municipio de Magüí Payan, los Agc advierten que los asesinatos son en retaliación de un hecho similar cometido por las disidencias.

Y siguen sucediendo porque los espacios que dejaron las extintas Farc han sido ocupados, rápidamente, por otros actores. Hace tan solo dos días, la Defensoría del Pueblo advirtió a través de la alerta temprana 36 de 2020, que la población de los municipios de El Rosario, Leiva y el Consejo Menor de Sachamates, en el departamento de Nariño, están en riesgo. Al menos 20.000 personas estarían en peligro por la presencia de actores armados en la zona.

Según la Defensoría, en algunos corregimientos y veredas de los municipios mencionados hay presencia de las disidencias de las Farc Columna Móvil Jaime Martínez y Frente Carlos Patiño “en un territorio que era de control hegemónico del grupo sucesor del paramilitarismo autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, estructura Héroes de Cordillera”.

El pasado 9 de agosto asesinaron a dos estudiantes del colegio municipal, uno de ellos menor de edad, en el corregimiento de Santa Lucía, municipio de Leiva. “Cristián Caicedo y Maicol Ibarra, de 12 y 17 años, fueron a dejar su tarea al colegio y los paramilitares los asesinaron en límites entre Cauca y Nariño”, expresó Martha Peralta Epieyú, presidenta del movimiento político MAIS.

Amenazas individuales y colectivas, homicidios selectivos, confinamiento o restricciones a la movilidad, ataques indiscriminados con artefactos explosivos improvisados, desapariciones y desplazamientos forzados individuales, reclutamiento forzado y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes e incluso violencia sexual hacen parte de la larga lista de delitos que, en los últimos dos años, han cometido estos grupos delincuenciales y que hasta hoy no cesan.

Esta semana, en los grupos de WhatsApp de los habitantes del municipio de Magüí Payán, en Nariño, circuló un video de cómo la estructura Cordillera Sur de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) asesinó y descuartizó a dos guerrilleros de las disidencias de la columna Franco Benavides del frente 29 de las Farc.

En las imágenes, que este diario se abstiene de publicar por su alto contenido de violencia, aparecen dos hombres arrodillados, quienes, al parecer, no fueron asesinados para que llevaran los cuerpos de sus compañeros asesinados y transmitieran el mensaje a las disidencias. El video generó pánico a la población y obligó a las autoridades locales a indagar en la veracidad de este hecho.

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Tanto el comando de la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules y el gobernador de Nariño, Jhon Alexánder Rojas Cabrera, confirmaron los asesinatos que, para él, tienen un nivel de sevicia que busca infundir terror en la comunidad. El Ejército, en un comunicado publicado este sábado, aseguró que los hechos sí ocurrieron y la grabación presuntamente se habría realizado en la vereda Tortuga del municipio de Magüí Payan.

“En la narración, los sujetos de la estructura “Cordillera Sur” afirman estar realizando la grabación como retaliación por un video que habría sido publicado por el Grupo Armado Organizado residual E-30 comisión “Franco Benavides” el pasado 1 de julio de 2020 y que presuntamente habría sido realizado en la Vereda Ricaurte de Magüí Payan”, explican los militares.

Sobre el hecho, el gobernador Jhon Alexánder Rojas Cabrera rechazó los actos de barbarie que se están ejecutando en el departamento y solicitó el apoyo urgente al Gobierno Nacional para que “efectivamente se consolide la paz y la tranquilidad en los territorios”. Insistió en que Nariño es un departamento que defiende la paz, pero necesita de inversiones sociales.

“Necesitamos del acompañamiento, de una verdadera inversión social para el campo, mejoramiento de las vías, un programa de sustitución alternativa de los cultivos de uso ilícito. Estamos dispuestos a trabajar de la mano para superar estas dificultades. Queremos vivir en paz, en tranquilidad. Hoy no está atacando la pandemia y está llegando el conflicto armado a la región”, señaló el mandatario.

El Ejército también rechazó el actuar de los GAOS que “persisten en la violación a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH)” y enfatizó en que las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules “se encuentra en el sector realizando operaciones ofensivas y de control territorial en contra de estas estructuras armadas, con el fin de neutralizar su accionar delictivo”.

Sin embargo, fuentes en la zona consultadas por El Espectador, aseguraron que si bien el Ejército dice que tiene el control, realmente no es así. El territorio está cooptado por los grupos armados y el narcotráfico.

“Magui Payán está en el piedemonte costero. Es el corredor por donde los grupos armados mueven insumos y tienen sus laboratorios de coca y los sacan hacia el Pacífico. Hace parte del triángulo de Telembí. Tradicionalmente, es un territorio abandonado por el Estado. Hay pueblos que aún no tienen energía eléctrica y el acceso es fluvial. Salen las embarcaciones de Barbacoas hasta esos municipios. Pero el control de los ríos es de los grupos armados. En un trayecto puede haber entre ocho y nueve retenes ilegales”, cuenta un habitante que prefiere no identificarse por seguridad.

(Lea también: Asesinan a dos estudiantes de bachillerato en Leiva, Nariño)

La fuente agregó que la población vive de la coca y de los lineamientos de los grupos armados. La gran mayoría tiene cultivos ilícitos en vista de que el Estado no ha promovido otras alternativas de subsistencia ni garantizado las necesidades básicas, como el agua, la energía o la salud.

Este panorama, denunció otro habitante, se presenta en varios municipios de Nariño y por eso la violencia siempre ha encontrado asidero allí. Nariño ha sido un territorio de varias masacres u homicidios selectivos, pero en los últimos meses, según la fuente, han incrementado: “Van en aumento los asesinatos de los líderes sociales, los desplazamientos de las comunidades étnicas, los cultivos. No es raro escuchar que asesinaron a varios en un hecho. Y el Estado, históricamente, ha sido incapaz de controlar la zona. Por eso estos hechos siguen ocurriendo, a pesar de que haya un acuerdo de paz”.

De hecho, en el video de los asesinatos de la vereda Tortuga del municipio de Magüí Payan, los Agc advierten que los asesinatos son en retaliación de un hecho similar cometido por las disidencias.

Y siguen sucediendo porque los espacios que dejaron las extintas Farc han sido ocupados, rápidamente, por otros actores. Hace tan solo dos días, la Defensoría del Pueblo advirtió a través de la alerta temprana 36 de 2020, que la población de los municipios de El Rosario, Leiva y el Consejo Menor de Sachamates, en el departamento de Nariño, están en riesgo. Al menos 20.000 personas estarían en peligro por la presencia de actores armados en la zona.

Según la Defensoría, en algunos corregimientos y veredas de los municipios mencionados hay presencia de las disidencias de las Farc Columna Móvil Jaime Martínez y Frente Carlos Patiño “en un territorio que era de control hegemónico del grupo sucesor del paramilitarismo autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, estructura Héroes de Cordillera”.

El pasado 9 de agosto asesinaron a dos estudiantes del colegio municipal, uno de ellos menor de edad, en el corregimiento de Santa Lucía, municipio de Leiva. “Cristián Caicedo y Maicol Ibarra, de 12 y 17 años, fueron a dejar su tarea al colegio y los paramilitares los asesinaron en límites entre Cauca y Nariño”, expresó Martha Peralta Epieyú, presidenta del movimiento político MAIS.

Amenazas individuales y colectivas, homicidios selectivos, confinamiento o restricciones a la movilidad, ataques indiscriminados con artefactos explosivos improvisados, desapariciones y desplazamientos forzados individuales, reclutamiento forzado y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes e incluso violencia sexual hacen parte de la larga lista de delitos que, en los últimos dos años, han cometido estos grupos delincuenciales y que hasta hoy no cesan.