Los policías que falta investigar por asesinato de tres jóvenes de Chochó, Sucre

De los 11 uniformados de la Policía que ya fueron identificados por la Fiscalía como los presuntos responsables del triple asesinato de tres jóvenes en Chochó (Sucre), el pasado 25 de julio, hay 10 que ya están en la cárcel y uno prófugo de la justicia. Pero hay dos policías involucrados que, por ahora, han pasado de agache del radar de las autoridades.

Se trata del mayor Cristian Alberto Betancur Salamanca y del capitán Rafael Antonio Cordero Álvarez, quienes son señalados por un patrullero de haber participado de presuntos hechos de tortura y de manipulación de documentos públicos, en un crimen que ya fue calificado por la Fiscalía como: brutal, arbitrario y mezquino.

En contexto: Las contradicciones en el caso de los tres jóvenes asesinados en Chochó (Sucre)

El Espectador tuvo acceso al testimonio que entregó uno de los uniformados que estuvo presente en el operativo en el que fueron asesinados Carlos Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz y José Carlos Arévalo, así como a piezas documentales del caso, que dejan entrever que la Fiscalía todavía tiene tela por cortar en este caso. Según su versión, él fue quien detuvo a los jóvenes heridos en el retén en la vía que conduce de Chochó a Sincelejo y recibió órdenes de “modificar” los informes de la Policía.

El relato del patrullero, de quien omitimos su nombre por seguridad, detalla cómo el mayor Cristian Alberto Betancur habría sido uno de los uniformados que golpeó a los jóvenes con un “objeto contundente”, como explica la necropsia, mientras estaban con vida. Su relato coincide con los documentos forenses en poder de este diario, en los que se concluye que los hechos de tortura contra los jóvenes se habrían cometido entre las 6:00 p.m. y las 6:17 p.m.

De acuerdo con él, después de la detención habrían arribado unos 30 uniformados al retén. “Veo que mi mayor Betancurt iba de civil y chaleco negro. Él se acerca de rapidez. Se subió a una llanta de la camioneta (de la subteniente Buriticá) y se sube a la llanta trasera y le hace así (señala cómo golpeó el uniformado a una de las víctimas), le pega en la cabeza (...) Enseguida arranca el vehículo. Vi que lo golpeó con un objeto negro en la cabeza pero no alcancé a ver si era una pistola o era otro objeto”, asegura un patrullero en declaración juramentada.

Ese mayor todavía no está vinculado a la investigación en la que ya se emitieron 11 órdenes de captura a uniformados por el caso de los tres jóvenes asesinados. Diez de ellos fueron enviados ayer a la cárcel, pero hay un hombre prófugo: el coronel Benjamín Núñez, quien habría disparado.

Lea: Falsos positivos en Sucre: juez envía a prisión a diez policías vinculados

En su declaración, el patrullero mencionó que ese día recibió orden de detener a los jóvenes en el retén de la vía que comunica a Chochó con Sincelejo y que llegó hasta el lugar de los hechos en una patrulla de Infancia y Adolescencia junto a Uber Guillermo Mieles Arroyo, Bernardo Pontón Mercado, Diana Marcela Puerta Rodríguez y Leila Carolina Ávila Pestana. Los cuatro uniformados ya recibieron medida de aseguramiento carcelaria.

Según su versión, los jóvenes salieron del retén con vida y sin heridas de gravedad. Ese 25 de julio, después de que la patrulla los dejara en la Fundación Clínica María Reina a las 6:17 p.m., los patrulleros fueron convocados a una reunión con el coronel Núñez.

“El J3 (Núñez) nos cita a los cuatro patrulleros de Infancia y Adolescencia que estuvimos en la zona de los hechos. Nos dice: ‘Muchachos, él los va asesorar para hacer el informe (señalando al capitán Rafael Antonio Cordero Álvarez). Acuérdense que tienen que colocar que ellos venían gravemente heridos. No se les olvide: Gravemente heridos. Yo estaba en shock porque yo mismo los vi, yo detuve al que tenía una herida en la pierna y de eso nadie se muere. Ni uno solo más venía herido”, asegura”.

El equipo del senador Álex Flórez, que ha denunciado ante el Congreso los hechos que ocurrieron hace un mes en Chochó, asegura que el capitán Cordero, quien según esos señalamientos habría incitado a la manipulación del informe policial que indicaba que los jóvenes venían heridos, no está vinculado formalmente a la investigación todavía. Uno de los policías que tomó la declaración por este caso le preguntó al patrullero quién había elaborado el informe, a lo que respondió: “Ellos, desde jurídica, hicieron el informe y nos dicen: ‘Muchachos, acá está el informe de ustedes’, luego nosotros lo leemos y lo único que hacemos es pedir que ingresen (añadan) el nombre de la teniente Camila (Buriticá)”.

El Espectador conoció las necropsias y las reconstrucciones balísticas del caso en las que se evidencia el tipo de heridas que tenían las víctimas. Los documentos son concluyentes: “Se evidencian otras lesiones por trauma contundente (…) lo cual se interpreta como varios tipos de mecanismos de lesión, que no es lo esperado en el contexto de una intervención legal por agentes del Estado”. Según los documentos, los tres jóvenes recibieron impactos de bala en el tórax a menos de 60 centímetros de distancia. Carlos Ibáñez, de 26 años, incluso, recibió dos disparos en esa zona del cuerpo y, según la necropsia, ambos habrían sido a menos de 30 centímetros. El perito también concluyó que los tres tenían lesiones con armas blancas y otros objetos “contundentes” que se causaron con el fin de “generar dolor” más no de ocasionarles la muerte.

Mientras la Fiscalía avanza en sus pesquisas y determina qué otros uniformados deben ser vinculados al proceso por el homicidio de Carlos Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz y José Carlos Arévalo, el fiscal del caso ya dejó constancia de la gravedad de los sucedido. No solo calificó los hechos como brutales y crueles, sino que lo dijo sin rodeos: “(los uniformados) son funcionarios públicos que están en capacitados para trabajar en respeto de la comunidad. En este caso, se dejaron llevar por la venganza y terminaron matando a tres jóvenes que tenían sus proyecciones de vida. Su intención (la de los policías) fue acabar con la vida de las víctimas”.

De los 11 uniformados de la Policía que ya fueron identificados por la Fiscalía como los presuntos responsables del triple asesinato de tres jóvenes en Chochó (Sucre), el pasado 25 de julio, hay 10 que ya están en la cárcel y uno prófugo de la justicia. Pero hay dos policías involucrados que, por ahora, han pasado de agache del radar de las autoridades.

Se trata del mayor Cristian Alberto Betancur Salamanca y del capitán Rafael Antonio Cordero Álvarez, quienes son señalados por un patrullero de haber participado de presuntos hechos de tortura y de manipulación de documentos públicos, en un crimen que ya fue calificado por la Fiscalía como: brutal, arbitrario y mezquino.

En contexto: Las contradicciones en el caso de los tres jóvenes asesinados en Chochó (Sucre)

El Espectador tuvo acceso al testimonio que entregó uno de los uniformados que estuvo presente en el operativo en el que fueron asesinados Carlos Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz y José Carlos Arévalo, así como a piezas documentales del caso, que dejan entrever que la Fiscalía todavía tiene tela por cortar en este caso. Según su versión, él fue quien detuvo a los jóvenes heridos en el retén en la vía que conduce de Chochó a Sincelejo y recibió órdenes de “modificar” los informes de la Policía.

El relato del patrullero, de quien omitimos su nombre por seguridad, detalla cómo el mayor Cristian Alberto Betancur habría sido uno de los uniformados que golpeó a los jóvenes con un “objeto contundente”, como explica la necropsia, mientras estaban con vida. Su relato coincide con los documentos forenses en poder de este diario, en los que se concluye que los hechos de tortura contra los jóvenes se habrían cometido entre las 6:00 p.m. y las 6:17 p.m.

De acuerdo con él, después de la detención habrían arribado unos 30 uniformados al retén. “Veo que mi mayor Betancurt iba de civil y chaleco negro. Él se acerca de rapidez. Se subió a una llanta de la camioneta (de la subteniente Buriticá) y se sube a la llanta trasera y le hace así (señala cómo golpeó el uniformado a una de las víctimas), le pega en la cabeza (...) Enseguida arranca el vehículo. Vi que lo golpeó con un objeto negro en la cabeza pero no alcancé a ver si era una pistola o era otro objeto”, asegura un patrullero en declaración juramentada.

Ese mayor todavía no está vinculado a la investigación en la que ya se emitieron 11 órdenes de captura a uniformados por el caso de los tres jóvenes asesinados. Diez de ellos fueron enviados ayer a la cárcel, pero hay un hombre prófugo: el coronel Benjamín Núñez, quien habría disparado.

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En su declaración, el patrullero mencionó que ese día recibió orden de detener a los jóvenes en el retén de la vía que comunica a Chochó con Sincelejo y que llegó hasta el lugar de los hechos en una patrulla de Infancia y Adolescencia junto a Uber Guillermo Mieles Arroyo, Bernardo Pontón Mercado, Diana Marcela Puerta Rodríguez y Leila Carolina Ávila Pestana. Los cuatro uniformados ya recibieron medida de aseguramiento carcelaria.

Según su versión, los jóvenes salieron del retén con vida y sin heridas de gravedad. Ese 25 de julio, después de que la patrulla los dejara en la Fundación Clínica María Reina a las 6:17 p.m., los patrulleros fueron convocados a una reunión con el coronel Núñez.

“El J3 (Núñez) nos cita a los cuatro patrulleros de Infancia y Adolescencia que estuvimos en la zona de los hechos. Nos dice: ‘Muchachos, él los va asesorar para hacer el informe (señalando al capitán Rafael Antonio Cordero Álvarez). Acuérdense que tienen que colocar que ellos venían gravemente heridos. No se les olvide: Gravemente heridos. Yo estaba en shock porque yo mismo los vi, yo detuve al que tenía una herida en la pierna y de eso nadie se muere. Ni uno solo más venía herido”, asegura”.

El equipo del senador Álex Flórez, que ha denunciado ante el Congreso los hechos que ocurrieron hace un mes en Chochó, asegura que el capitán Cordero, quien según esos señalamientos habría incitado a la manipulación del informe policial que indicaba que los jóvenes venían heridos, no está vinculado formalmente a la investigación todavía. Uno de los policías que tomó la declaración por este caso le preguntó al patrullero quién había elaborado el informe, a lo que respondió: “Ellos, desde jurídica, hicieron el informe y nos dicen: ‘Muchachos, acá está el informe de ustedes’, luego nosotros lo leemos y lo único que hacemos es pedir que ingresen (añadan) el nombre de la teniente Camila (Buriticá)”.

El Espectador conoció las necropsias y las reconstrucciones balísticas del caso en las que se evidencia el tipo de heridas que tenían las víctimas. Los documentos son concluyentes: “Se evidencian otras lesiones por trauma contundente (…) lo cual se interpreta como varios tipos de mecanismos de lesión, que no es lo esperado en el contexto de una intervención legal por agentes del Estado”. Según los documentos, los tres jóvenes recibieron impactos de bala en el tórax a menos de 60 centímetros de distancia. Carlos Ibáñez, de 26 años, incluso, recibió dos disparos en esa zona del cuerpo y, según la necropsia, ambos habrían sido a menos de 30 centímetros. El perito también concluyó que los tres tenían lesiones con armas blancas y otros objetos “contundentes” que se causaron con el fin de “generar dolor” más no de ocasionarles la muerte.

Mientras la Fiscalía avanza en sus pesquisas y determina qué otros uniformados deben ser vinculados al proceso por el homicidio de Carlos Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz y José Carlos Arévalo, el fiscal del caso ya dejó constancia de la gravedad de los sucedido. No solo calificó los hechos como brutales y crueles, sino que lo dijo sin rodeos: “(los uniformados) son funcionarios públicos que están en capacitados para trabajar en respeto de la comunidad. En este caso, se dejaron llevar por la venganza y terminaron matando a tres jóvenes que tenían sus proyecciones de vida. Su intención (la de los policías) fue acabar con la vida de las víctimas”.