Comunidades enteras desplazadas, pobladores durmiendo en cambuches improvisados a las orillas de los ríos, familias confinadas que temen salir de sus casas por miedo a represalias, enfermos que no pueden movilizarse a ningún centro de salud, niños que no pueden llegar al colegio. Zozobra e incertidumbre.
Esta es la situación que viven desde el domingo los habitantes del sur de Chocó por cuenta de un nuevo paro armado, ordenado por el Frente de Guerra Occidental Ómar Gómez, del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El grupo guerrillero dictó esta medida de carácter indefinido en los ríos San Juan, Sipí y Cajón, y la carretera Novita-Torra, argumentando que se vienen presentando “fuertes combates” con el Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC).
De acuerdo con la gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba, el paro tiene confinadas alrededor de 50.000 personas, “recrudeciendo la crisis humanitaria en la que se ha mantenido Chocó por la disputa del territorio”.
Ese planteamiento es clave para entender la exigencia de soluciones de raíz por parte de estas comunidades, pues no se trata de un hecho aislado, sino que se suma a decenas de vulneraciones a los derechos humanos que enfrentan los chocoanos desde hace décadas.
“El paro armado agrava la situación, pero esas restricciones siempre existen. Acá hace mucho tiempo desapareció la libertad de movilizarse. La gente está cansada de vivir en medio de estas acciones de los distintos grupos, porque hoy es el ELN, pero mañana puede ser el Clan del Golfo”, asegura un defensor de derechos humanos.
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Los reportes del Comité Internacional de la Cruz Roja evidencian lo que expone el líder: solo entre enero y mayo de 2025, al menos 12.504 chocoanos se enfrentaron a confinamientos, lo que deja a este departamento como el más afectado por estos hechos en todo el país. En distintas visitas a terreno, Colombia+20 ha evidenciado los controles del ELN y el Clan del Golfo en ríos y centros poblados.
El anuncio de paro armado del ELN en Chocó se conoció apenas nueve días después del fin del cese al fuego bilateral con esta guerrilla. Desde varios sectores se criticó el retorno a acciones de violencia y restricciones a la libertad de la población civil, y se cuestionó la voluntad de paz del grupo insurgente.
Las exigencias al Gobierno y al ELN
De acuerdo con el obispo de Chocó, monseñor Mario de Jesús Álvarez, urge que el Gobierno “se detenga a mirar la situación” del departamento.
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“Esto viene de mucho tiempo atrás. Ha habido momentos de aparente calma, pero luego vuelve la crispación y la zozobra. Ahora mismo hay muchos desplazamientos, confinamientos, nadie se mueve por cuenta del paro, y desde que acabó el cese al fuego con el ELN (el pasado 3 de agosto) la situación se volvió más difícil. El pueblo del Pacífico sigue esperando que el presidente Petro atienda estas urgencias”, le dijo el obispo a Colombia+20.
Además, la población critica que el grupo guerrillero decrete un paro armado en pleno proceso de paz con el Gobierno Nacional, pues, aunque la mesa de diálogos está congelada desde hace casi seis meses, el ELN se había comprometido a disminuir las acciones violentas en el territorio.
“El llamado que le hacemos al actor armado, tanto a quienes están en la mesa como a quienes están en el territorio, es que se comprometan con un cese al fuego multilateral, para que las comunidades no se vean sometidas por este conflicto y podamos hacer goce efectivo de nuestros derechos”, dice la lideresa Elizabeth Moreno Barco, coordinadora del Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH).
Y agrega: “Necesitamos que se adopte el acuerdo humanitario para el Chocó, así como la implementación de propuestas de la población para los alivios humanitarios. El Chocó fue priorizado como zona crítica en la negociación, pero no vemos acciones. A diario lo que vemos es que, en vez de terminar el conflicto, este se va agudizando, tenemos más amenazas, más violaciones a nuestros derechos, los de nuestros territorios y nuestra juventud.
Por ahora la delegación de Gobierno en esos diálogos no se ha pronunciado sobre el paro indefinido que se anunció casi al tiempo de la “propuesta confidencial” que el gobierno Petro le dio al ELN para descongelar los diálogos.
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Aunque en Chocó están a la espera de que el paro armado no se extienda y se levanten las restricciones a la movilidad, el anhelo es que el Estado deje de reaccionar ante situaciones de este tipo y empiece a generar soluciones estructurales para detener la espiral de violencia que sufre el departamento hace décadas
