Así van los homicidios contra los líderes de zonas de reserva campesina

Uno de los principales retos que tiene el gobierno en materia de seguridad es garantizar la vida de los líderes y lideresas sociales. No obstante, en lo que va corrido de 2018 en el país han sido asesinados 14 integrantes de la Asociación Nacional de Zonas Reserva Campesinas (Anzorc). De mantenerse esta trágica tendencia, este será el año más violento desde el 2012. Estos son algunos de los datos que se presentan en el diagnóstico en materia de seguridad y prevención realizado por el proyecto Tramo a tramo, financiado por la Unión Europea y ejecutado por las organizaciones Anzorc, Forum Syd y We Effect.  

Lo mismo está sucediendo en Honduras. Cuentan de forma sencilla los lencas de la comunidad de Río Blanco, que la lucha por defender el río Gualcarque empezó a la sombra del viejo roble a orillas de la carretera destapada donde inicia la colina sagrada. Para esta comunidad indígena que se asienta en Honduras los espíritus femeninos viven en los ríos y por eso las mujeres son sus guardianas.

También lea: La lucha de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina

Eso nos enseñó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) por medio de un ritual Maya–Lenca a cargo de Pascualita Vásquez, consejera espiritual de la comunidad. Ella, con la voz adolorida y añeja, agradece al fuego, al aire, al agua y a la tierra dirigiendo oraciones a los cuatro puntos cardinales. De esa forma, inician la conversación recordando a “Bertica” y dejando en claro que la sabiduría de las abuelas se transmite a través de la palabra sencilla que da sentido a la vida: “Luchar, defender el territorio y morir si es necesario”. De esta forma lo hizo Berta Cáceres en el roble y así lo puso en práctica antes de ser desaparecido entre las aguas del río Sinú, Kimi Pernia Domicó, líder indígena del Alto Sinú. Igualmente lo han hecho muchas personas campesinas colombianas y hondureñas que han sido asesinadas y desaparecidas.  

Una historia de amor por el territorio y por la defensa de la vida hasta la vida misma, fue el principal motivo de conversación entre cinco campesinas y campesinos colombianos que hacen parte de la Anzorc y representantes de las organizaciones hondureñas Copinh, Central Nacional de Trabajadores del Campo (Cntc) y el Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (Codimca). Durante ocho días, tras realizar visitas en tres departamentos del noroccidente hondureño y cinco comunidades campesinas, se llevó a cabo la pasantía internacional en el marco de la escuela de formación Erley Monroy y la implementación del proyecto “Tramo a tramo”.

Durante el viaje fue posible establecer identidades y similitudes en los contextos sociales y políticos. En Colombia y Honduras la represión, la violencia y la criminalización contra el movimiento campesino son realidades cotidianas. De acuerdo con el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), los dos países comparten altos niveles de desigualdad social. El proceso de concentración de la tierra en el caso de Honduras se ha desarrollado en torno a la palma africana y la caña de azúcar, dejando como resultado alrededor del 74% de la población en la pobreza. De acuerdo con los datos de Codimca, más de 2 millones de mujeres viven en el área rural, de ellas el 8% (alrededor de 176 mil mujeres), poseen títulos de tierra y 1,3 millones padecen hambre, lo que significa que de cada 10 mujeres rurales 7 viven en condiciones de pobreza. Esta es una de las principales razones para que el movimiento campesino en ese país defienda con ahínco los bienes naturales, poniendo en riesgo la vida.   

También lea: Un nuevo aire en el cañón de Las Hermosas

Las campesinas y los campesinos sin tierra, obligados a desplazarse de sus territorios para sobrevivir en la ciudad entre la miseria y la mendicidad, suelen regresar al campo colonizando parcelas de grandes terratenientes o baldíos del estado y con otras familias se juntan para cultivar semillas criollas. Viven en precarias casas de bareque o madera, sin saneamiento básico y en una permanente zozobra. Cualquier día llega el ejército, la policía o civiles armados a desalojarlos. Estas comunidades de sobrevivientes que ellos llaman “bases” están esparcidas por el país y conforman la CNTC. Ellos nos confirman que la criminalización del movimiento campesino ha dejado como resultado desalojos violentos y alrededor de 5000 encarcelados, de las cuales 1700 son mujeres.

¿Legalizaciones del despojo o leyes para el desarrollo rural?   

Los gobiernos de los dos países comparten políticas sociales; Colombia exporta a Honduras a través de consultores públicos y privados sus modelos de protección social y seguridad física. Allá nos cuentan que el sistema de salud es una réplica de nuestra Ley 100 y las camionetas blindadas como esquemas de protección empiezan a ser utilizadas en las calles empinadas de Tegucigalpa.

Según las organizaciones campesinas de uno y otro país, leyes regresivas en materia de reforma agraria se aplican allá y acá. Las tres organizaciones hondureñas confirman que una de las formas técnicas para legalizar el despojo allá se denomina Zona de Empleo y Desarrollo Económico (Zede). Según la página web de la Secretaría de Desarrollo Económico de Honduras, “estas son áreas del país sujetas a un ’régimen especial’ en las que los inversionistas estarían a cargo de la política fiscal, de seguridad y de resolución de conflictos, entre otras competencias”. Para Rafael Alegría, coordinador de la Vía Campesina, en estas zonas se entrega todo un territorio a la empresa privada y son ellos los que se quedan administrando los bienes comunes.

Es evidente las similitudes entre la figura de Zede y las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres) o las nuevas Zonas Estratégicas de Interés Agropecuario, propuestas en el proyecto de reforma a Ley 160 de 1994. Pareciera que el tiempo es regresivo y que en los dos países volvemos a las épocas de los enclaves bananeros. Todas estas similitudes las resume Ricardo Quiros, coordinador del Programa de Desarrollo Rural de We Effect, como un juego de tiempos. Por un lado, algunos aspectos del pasado colombiano en la actualidad se repiten en el presente violento a causa del narcotráfico en Centroamérica, especialmente en Honduras y El Salvador. Por otro, en el presente colombiano hay aspectos semejantes de los fallidos proceso de paz del pasado centroamericano.

(Puede leer: Agua Bonita, tierra para no volver a las armas)

Las cosas que pasan.  

Durante los días que estuvimos en Honduras, fue rutinario iniciar el día haciendo el recuento de cuál compañero había sido asesinado en Colombia, a quién le había llegado un nuevo panfleto, cómo se encontraba la población campesina en medio de los enfrentamientos entre el EPL y ELN en el Catatumbo. La noticia de la desaparición forzada de Ibes Trujillo llegó a nuestros celulares el sábado 11 de julio en Tegucigalpa, mientras tomábamos el desayuno. Supimos que se activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente y de nuevo no dio resultado. A la semana siguiente su cuerpo apareció sobre las riberas del río Marilopez en el Cauca.

Esta situación de amenaza permanente y muerte a cuenta gotas en la que ha estado el movimiento campesino en los últimos años, ha generado al interior de las organizaciones capacidades técnicas para realizar estadísticas sobre el conteo de sus integrantes asesinados y amenazados.

Carmenza Gómez, presidenta de Anzorc, repite una y otra vez con voz entrecortada y ojos aguados, que a las personas que integran la Asociación las están matando por defender el acuerdo de paz, por asumir el punto de Reforma Rural Integral y por apoyar al gobierno anterior a llevar a cabo la sustitución de cultivos. Sabe que no es suficiente el testimonio, por eso al regreso de Honduras las organizaciones que implementamos el proyecto “Tramo a tramo”, decidimos sistematizar los diagnósticos de la situación de seguridad de la Asociación y presentar los casos con más altos niveles de riesgo ante la Unión Europea y Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas para la situación de los defensores de Derechos Humanos.

Número de asesinato por Zona de Reserva Campesina: 

Aires de Paz (Arauca) - 3      

Nudo de Paramillo - 0

Sur y Oriente del Tolima - 2 

Valle del Cauca - 0    

Nariño - 2      

Catatumbo - 4

Cordillera Occidental (Cauca) - 0    

Naya Occidental - 0  

Norte (Cauca) - 2      

Pato Balsillas - 0       

Perla Amazónica - 0  

Valle del Río Cimitarra - 0   

*El autor es oficial de programa, proyecto “Tramo a tramo”

Uno de los principales retos que tiene el gobierno en materia de seguridad es garantizar la vida de los líderes y lideresas sociales. No obstante, en lo que va corrido de 2018 en el país han sido asesinados 14 integrantes de la Asociación Nacional de Zonas Reserva Campesinas (Anzorc). De mantenerse esta trágica tendencia, este será el año más violento desde el 2012. Estos son algunos de los datos que se presentan en el diagnóstico en materia de seguridad y prevención realizado por el proyecto Tramo a tramo, financiado por la Unión Europea y ejecutado por las organizaciones Anzorc, Forum Syd y We Effect.  

Lo mismo está sucediendo en Honduras. Cuentan de forma sencilla los lencas de la comunidad de Río Blanco, que la lucha por defender el río Gualcarque empezó a la sombra del viejo roble a orillas de la carretera destapada donde inicia la colina sagrada. Para esta comunidad indígena que se asienta en Honduras los espíritus femeninos viven en los ríos y por eso las mujeres son sus guardianas.

También lea: La lucha de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina

Eso nos enseñó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) por medio de un ritual Maya–Lenca a cargo de Pascualita Vásquez, consejera espiritual de la comunidad. Ella, con la voz adolorida y añeja, agradece al fuego, al aire, al agua y a la tierra dirigiendo oraciones a los cuatro puntos cardinales. De esa forma, inician la conversación recordando a “Bertica” y dejando en claro que la sabiduría de las abuelas se transmite a través de la palabra sencilla que da sentido a la vida: “Luchar, defender el territorio y morir si es necesario”. De esta forma lo hizo Berta Cáceres en el roble y así lo puso en práctica antes de ser desaparecido entre las aguas del río Sinú, Kimi Pernia Domicó, líder indígena del Alto Sinú. Igualmente lo han hecho muchas personas campesinas colombianas y hondureñas que han sido asesinadas y desaparecidas.  

Una historia de amor por el territorio y por la defensa de la vida hasta la vida misma, fue el principal motivo de conversación entre cinco campesinas y campesinos colombianos que hacen parte de la Anzorc y representantes de las organizaciones hondureñas Copinh, Central Nacional de Trabajadores del Campo (Cntc) y el Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (Codimca). Durante ocho días, tras realizar visitas en tres departamentos del noroccidente hondureño y cinco comunidades campesinas, se llevó a cabo la pasantía internacional en el marco de la escuela de formación Erley Monroy y la implementación del proyecto “Tramo a tramo”.

Durante el viaje fue posible establecer identidades y similitudes en los contextos sociales y políticos. En Colombia y Honduras la represión, la violencia y la criminalización contra el movimiento campesino son realidades cotidianas. De acuerdo con el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), los dos países comparten altos niveles de desigualdad social. El proceso de concentración de la tierra en el caso de Honduras se ha desarrollado en torno a la palma africana y la caña de azúcar, dejando como resultado alrededor del 74% de la población en la pobreza. De acuerdo con los datos de Codimca, más de 2 millones de mujeres viven en el área rural, de ellas el 8% (alrededor de 176 mil mujeres), poseen títulos de tierra y 1,3 millones padecen hambre, lo que significa que de cada 10 mujeres rurales 7 viven en condiciones de pobreza. Esta es una de las principales razones para que el movimiento campesino en ese país defienda con ahínco los bienes naturales, poniendo en riesgo la vida.   

También lea: Un nuevo aire en el cañón de Las Hermosas

Las campesinas y los campesinos sin tierra, obligados a desplazarse de sus territorios para sobrevivir en la ciudad entre la miseria y la mendicidad, suelen regresar al campo colonizando parcelas de grandes terratenientes o baldíos del estado y con otras familias se juntan para cultivar semillas criollas. Viven en precarias casas de bareque o madera, sin saneamiento básico y en una permanente zozobra. Cualquier día llega el ejército, la policía o civiles armados a desalojarlos. Estas comunidades de sobrevivientes que ellos llaman “bases” están esparcidas por el país y conforman la CNTC. Ellos nos confirman que la criminalización del movimiento campesino ha dejado como resultado desalojos violentos y alrededor de 5000 encarcelados, de las cuales 1700 son mujeres.

¿Legalizaciones del despojo o leyes para el desarrollo rural?   

Los gobiernos de los dos países comparten políticas sociales; Colombia exporta a Honduras a través de consultores públicos y privados sus modelos de protección social y seguridad física. Allá nos cuentan que el sistema de salud es una réplica de nuestra Ley 100 y las camionetas blindadas como esquemas de protección empiezan a ser utilizadas en las calles empinadas de Tegucigalpa.

Según las organizaciones campesinas de uno y otro país, leyes regresivas en materia de reforma agraria se aplican allá y acá. Las tres organizaciones hondureñas confirman que una de las formas técnicas para legalizar el despojo allá se denomina Zona de Empleo y Desarrollo Económico (Zede). Según la página web de la Secretaría de Desarrollo Económico de Honduras, “estas son áreas del país sujetas a un ’régimen especial’ en las que los inversionistas estarían a cargo de la política fiscal, de seguridad y de resolución de conflictos, entre otras competencias”. Para Rafael Alegría, coordinador de la Vía Campesina, en estas zonas se entrega todo un territorio a la empresa privada y son ellos los que se quedan administrando los bienes comunes.

Es evidente las similitudes entre la figura de Zede y las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres) o las nuevas Zonas Estratégicas de Interés Agropecuario, propuestas en el proyecto de reforma a Ley 160 de 1994. Pareciera que el tiempo es regresivo y que en los dos países volvemos a las épocas de los enclaves bananeros. Todas estas similitudes las resume Ricardo Quiros, coordinador del Programa de Desarrollo Rural de We Effect, como un juego de tiempos. Por un lado, algunos aspectos del pasado colombiano en la actualidad se repiten en el presente violento a causa del narcotráfico en Centroamérica, especialmente en Honduras y El Salvador. Por otro, en el presente colombiano hay aspectos semejantes de los fallidos proceso de paz del pasado centroamericano.

(Puede leer: Agua Bonita, tierra para no volver a las armas)

Las cosas que pasan.  

Durante los días que estuvimos en Honduras, fue rutinario iniciar el día haciendo el recuento de cuál compañero había sido asesinado en Colombia, a quién le había llegado un nuevo panfleto, cómo se encontraba la población campesina en medio de los enfrentamientos entre el EPL y ELN en el Catatumbo. La noticia de la desaparición forzada de Ibes Trujillo llegó a nuestros celulares el sábado 11 de julio en Tegucigalpa, mientras tomábamos el desayuno. Supimos que se activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente y de nuevo no dio resultado. A la semana siguiente su cuerpo apareció sobre las riberas del río Marilopez en el Cauca.

Esta situación de amenaza permanente y muerte a cuenta gotas en la que ha estado el movimiento campesino en los últimos años, ha generado al interior de las organizaciones capacidades técnicas para realizar estadísticas sobre el conteo de sus integrantes asesinados y amenazados.

Carmenza Gómez, presidenta de Anzorc, repite una y otra vez con voz entrecortada y ojos aguados, que a las personas que integran la Asociación las están matando por defender el acuerdo de paz, por asumir el punto de Reforma Rural Integral y por apoyar al gobierno anterior a llevar a cabo la sustitución de cultivos. Sabe que no es suficiente el testimonio, por eso al regreso de Honduras las organizaciones que implementamos el proyecto “Tramo a tramo”, decidimos sistematizar los diagnósticos de la situación de seguridad de la Asociación y presentar los casos con más altos niveles de riesgo ante la Unión Europea y Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas para la situación de los defensores de Derechos Humanos.

Número de asesinato por Zona de Reserva Campesina: 

Aires de Paz (Arauca) - 3      

Nudo de Paramillo - 0

Sur y Oriente del Tolima - 2 

Valle del Cauca - 0    

Nariño - 2      

Catatumbo - 4

Cordillera Occidental (Cauca) - 0    

Naya Occidental - 0  

Norte (Cauca) - 2      

Pato Balsillas - 0       

Perla Amazónica - 0  

Valle del Río Cimitarra - 0   

*El autor es oficial de programa, proyecto “Tramo a tramo”