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Al menos tres aspectos atraviesan la relación de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) con el petróleo y su industria. Por una parte, el sector petrolero ha sido una de sus principales fuentes de financiacións de ese grupo armado, y su renta -a través de las extorsiones- le ha significado presencia y control en zonas como Arauca.
El segundo aspecto es que esa guerrilla ha pedido la nacionalización de los recursos naturales, entre ellos la explotación del petróleo.
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Justamente el segundo aspecto está contenido en uno de los seis puntos de la agenda de negociación en los diálogos que reinició el Gobierno con la guerrilla del Eln el pasado 21 de noviembre. El punto, que en la agenda se ubica en el tercer lugar, contempla la perspectiva ambiental y las transformaciones para la paz e incluye “programas transformadores para superar la pobreza, la exclusión social, la corrupción y la degradación ambiental, en búsqueda de la equidad”.
Este punto integra una gama amplia de reivindicaciones de esa guerrilla, pues cada estructura regional tiene sus propios reclamos, pero el único que es transversal a esa insurgencia es el de la nacionalización de los recursos naturales. El objetivo máximo es la nacionalización de los recursos naturales.
Para investigadores como Andrés Aponte, coordinador y autor del libro ¿Por qué es tan difícil negociar con el Eln?, el discurso del Eln contiene muchos contrastes en su relación con el petróleo, por ejemplo, con la política, dando cuenta de las grandes diferencias entre la organización nacional y territorial de esta guerrilla. “El petróleo fue un vínculo del Eln con la vida política, siendo que decía que no se metía en la política, y eso se dio con el direccionamiento de las regalías”, resaltó Aponte.
Para otros, no hay una agenda sustancial en tema de hidrocarburos en la mesa de diálogo recientemente instalada, la cual debe ser revisada para tener avances en esta materia. Jorge Mantilla, director de conflicto y violencia organizada de la FIP, se suma a este llamado, especialmente, en la necesidad de integrar a un vocero del sector petrolero en la mesa de diálogo junto a los mecanismos de participación de la sociedad civil para avanzar en este punto específico de la negociación.
La masacre de Machuca y los atentados a Caño Limón Covenas y el oleoducto Trasandino
Parodójicamante, el tercer aspecto de esa relación de Eln y petróleo es que ese grupo armado ha sido uno de los mayores perpetradores de atentados a las infraestructuras petroleras, dejando a su paso afectaciones no solo ambientales, sino también sociales y psicológicas en las poblaciones.
Una de las más acciones más cruentas fue la masacre de Machuca, en el corregimiento del municipio de Segovia (Antioquia), a la que varios investigadores han calificado como uno de los “más grandes fiascos humanitarios del Eln”.
En la madrugada del 18 de octubre de 1998, esa guerrilla atentó contra un oleoducto propiedad de la empresa Oleoductos Centrales de Colombia-Ocensa. La carga explosiva contra la infraestructura generó un gran derrame de crudo que afectó el río del que se abastecía la comunidad y generó un incendio que causó la muerte de 84 personas de este corregimiento.
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Sin embargo, el oleoducto con más acciones armadas por parte del Eln fue el Caño Limón-Coveñas, ubicado en la frontera con Venezuela que atraviesa toda la zona norte hasta la salida al mar Caribe por el departamento de Sucre.
Al menos 1.339 acciones armadas se perpetraron contra esa infraestructura entre 1986 y 2015, de acuerdo con el informe “Verdad y afectaciones a la infraestructura petrolera en Colombia en el marco del conflicto armado” de la FIP, realizado con el apoyo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y entregado en 2020 a la Comisión de la Verdad.
“Fue un episodio muy dramático porque uno bajaba de las playas donde estaban los caseríos y todo estaba untado de crudo; la gente que extraía agua del río Arauca ya no podía estar porque estaba contaminada”, afirma en ese informe Andrés Rodríguez* un afrodescendiente y gestor cultural de esa área de influencia.
Junto a Caño Limón-Coveñas, el otro blanco de atentados fue el oleoducto Trasandino, ubicado en la frontera con Ecuador por Putumayo y Nariño, contra el que hubo 448 acciones armadas.
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En total, entre ambos oleoductos, se perpetraton 1.787 acciones armadas, que corresponden casi al 50% de las acciones contra infraestructuras petroleras del país, según un el informe de la FIP que abarca los hechos perpetrados entre el 1 de mayo de 1986 y el 24 de noviembre de 2016.
“No era solamente volar el oleoducto por volarlo sino que detrás de eso había una economía, porque era una manera de presionar, sabotear pero también de conseguirle trabajo a las comunidades en la reparación del oleoducto”, explicó a Colombia+20, el investigador Aponte.
Aunque las Farc también perpetraron acciones contra infraestructuras petroleras, principalmente hacia Nariño y Putumayo, el accionar del Eln estuvo focalizado en la zona de influencia de Caño Limón-Coveñas, justamente ubicado en los departamentos con más presencia de esta guerrilla: Arauca, Boyacá, Norte de Santander, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre.
Para Mantilla, esa coincidencia geográfica fue la que posibilitó el auge de acciones guerrilleras en contra de la infraestructura petrolera. “Las áreas donde el Eln nace y se consolida tiene coincidencia con la geografía petrolera del país. Por ejemplo, el nacimiento del Frente Domingo está asociado a la industria petrolera porque comenzó a hacer extorsiones y financiarse de cobros a las empresas petroleras a cambio de no hacer voladuras de la infraestructura”, señaló.
Esta racionalidad económica del Eln se alimentó no solo de extorsiones sino también de secuestros. “Empleados y contratistas eran secuestrados por el Eln y de esta forma terminaron financiándose”, resaltó Mantilla. De esta forma, fue que el Eln se posicionó no solo en el territorio fronterizo de Arauca y Norte de Santander, sino también en el panorama del accionar militar de los grupos armados ilegales.
¿Cuáles fueron las afectaciones?
Caño Limón-Coveñas y Trasandino atraviesan cada uno, siete y dos departamentos, respectivamente. Los más afectados fueron Putumayo, Arauca, Norte de Santander, Nariño y Santander. Dentro de ellos, los municipios de Orito, Valle del Guamuez, Puerto Caicedo y San Miguel (Putumayo); Arauquita y Saravena (Arauca); Tibú y Teorama (Norte de Santander) fueron los que recibieron los mayores impactos, ya sea porque allí se perpetraron las acciones o porque los efectos de contaminación con crudo llegaron a los ríos o fuentes de agua.
“Daba tristeza uno mirar peces, bagres de 20, 30 kilos muertos a la orilla, muriéndose contaminados del crudo ... cachama, palometa, miles y millones de peces que bajaban muertos … eso ha llevado a que en el río Arauca la población de peces se haya reducido en tamaño”, explicó Rodríguez* en su relato consignado en el informe de la FIP.
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Esta investigación también identificó cuatro impactos negativos a la población civil, a raíz de estos atentados. “Rupturas en la relación de las comunidades con su entorno, y con los recursos naturales; rupturas en las dinámicas sociales; alteraciones psicológicas en las personas afectadas; y afectaciones a la integridad física y seguridad de las personas”, se lee en el informe.
Uno de los relatos que dan cuenta de estas afectaciones, más allá de lo ambiental, es el de Ricardo Martínez*, consignado en dicho informe. Este hombre era jefe de departamento de una empresa de hidrocarburo al suroccidente del país y tuvo que recibir tratamiento psiquiátrico junto a un compañero a raíz del accionar de un explosivo.
*Los nombres de estas personas son ficticios y fueron cambiados en el informe consultado por seguridad.