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Mientras el proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla del ELN pareciera haberse quedado congelado indefinidamente en una de sus mayores crisis, ese grupo armado ha intensificado los ataques, especialmente en Arauca.
Desde que se venció el ultimátum que le dio el ELN al Gobierno el pasado 23 de agosto para sacarlo a través de un decreto de la lista de los Grupos Armados Organizados (GAO), en esa guerrilla ha perpetrado atentados contra oleoductos en Arauca y bases militares en varias zonas en Cauca y Norte de Santander.
Aunque el cese al fuego se suspendió desde el pasado 3 de agosto en todo el país, el grupo armado aseguró que no atacaría a la fuerza pública por un plazo de 20 días para salir de esa lista. Sin embargo, al término de ese tiempo, el 23 de agosto, no hubo pronunciamiento del Ejecutivo, y los ataques no se hicieron esperar.
El atentado más reciente contra una base militar se produjo este martes, en la base militar de Puerto Jordán, un centro poblado de Arauquita y uno de los municipios más golpeados por la violencia en el departamento de Arauca.
Si bien el grupo armado no se ha atribuido el hecho, las Fuerzas Militares señalaron que el ELN estaría detrás del ataque que dejó 27 uniformados heridos, siete de ellos con pronóstico grave y dos muertos.
Según la información preliminar, el grupo armado habría lanzado desde una volqueta explosivos tipo “tatucos” que detonaron al interior de la base militar. Asimismo, el Ejército denunció que el ELN utilizó artefactos improvisados a tan solo 900 metros de una escuela con más de 300 menores de edad, lo que catalogaron como una clara violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
Tras el hecho, el Almirante Francisco Hernando Cubides Granados, Comandante de las Fuerzas Militares, se pronunció sobre las intenciones de ese grupo armado.
“El ELN está buscando de alguna forma llamar la atención para que el gobierno acceda a sus peticiones en el marco de la mesa de paz. Esta acción delictiva usa artefactos no permitidos. Estamos reforzando nuestra presencia en el sector de Arauca para mantener la ofensiva hacia ese grupo y logremos devolverle la tranquilidad a los arauqueños”, dijo el Almirante Cubides.
Para atender la situación, el Ministerio de Defensa le dio instrucciones al General Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército Nacional, para desplazarse hasta Arauca y liderar una respuesta a los ataques contra la base militar.
“Rechazo el cobarde ataque en Puerto Jordán, Arauca, donde terroristas utilizaron artefactos explosivos artesanales lanzados desde una volqueta, en una flagrante violación a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario contra nuestras tropas y la comunidad. Me dirijo al lugar de los hechos para asumir el control de la situación, brindar apoyo a los mandos regionales y verificar el estado de nuestros soldados afectados”, señaló.
Desde la Consejería Comisionada de Paz también repudiaron el atentado. “Asesinar soldados no es un camino que conduzca a la paz. Los soldados y oficiales de la Fuerza Pública son hermanos colombianos. Quien atente contra ellos, atenta contra la patria”.
Este ataque se suma a cinco atentados contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas y el Bicentenario; un ataque contra un CAI de la Policía en Arauca; y hostigamientos contra la fuerza pública en por lo menos tres departamentos del país como Cauca y Norte de Santander.
Los efectos en la mesa de negociación en medio de una crisis
Aunque el gobierno de Gustavo Petro se había mantenido en su posición de no levantarse de la mesa y hacer constantes llamados a esa guerrilla para que se sienten a dialogar y se prorrogue el cese a la mayor brevedad, incluso en medio de los ataques, tras el atentado a la base militar en Arauca, el mandatario señaló que “prácticamente se cierra el proceso con sangre”. Por lo tanto, habrá que esperar una decisión de fondo sobre la continuidad de esa mesa. La delegación de Gobierno espera emitir un pronunciamiento.
El consejero comisionado de paz, Otty Patiño, ha reiterado que la mesa con ese grupo armado está agotada. Justo la semana pasada, el 6 de septiembre, el comisionado señaló que “el proceso con el ELN está agonizando” y que solo la guerrilla podría oxigenar la negociación y que no sería por medio de bombas a oleoductos y asesinatos. Eso sí, el consejero comisionado ha reiterado que el Ejecutivo mantiene su intención de buscar una salida negociada al conflicto. “El Gobierno nunca desistirá de ningún camino hacia la paz, pero desde luego, si la otra parte desiste de eso, el Gobierno no puede hacer nada más”.
En ese contexto, la respuesta del ELN a las invitaciones para reanudar las conversaciones ha sido negativa y en declaraciones y columnas de opinión de su máximo comandante, Antonio García, insisten en que el Gobierno ha incumplido acuerdos y ha promovido fracturas internas en la guerrilla.
Esto por el diálogo independiente que el Ejecutivo inició con Comuneros del Sur, otrora frente del ELN que se separó del grupo armado en mayo pasado, adelanta negociaciones en Nariño y ha sido una de las razones principales de la crisis que mantiene el proceso con esa guerrilla sumido en una crisis desde febrero.
Si bien durante los 12 meses que duró el cese al fuego bilateral (del 3 de agosto de 2023 a la misma fecha de este año) hubo una disminución del actuar violento, ante el vencimiento de esa medida y la falta de un acuerdo para una prórroga, se hicieron más evidentes las dudas del comportamiento de la guerrilla.
A eso se le suma que en anteriores negociaciones se ha visto el uso de violencia terrorista del ELN. Precisamente, durante el gobierno de Iván Duque, ese proceso quedó suspendido tras el atentado con un carro bomba a la Escuela de Cadetes General Santander, el 17 de enero de 2019, que dejó 23 muertos y 87 heridos.
La pregunta que queda abierta es si el diálogo entre el Gobierno y la guerrilla del ELN debería seguir, o no, a raíz de los ataques que han cobrado la vida de militares.
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