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Una alerta de inminencia de graves violaciones a los derechos humanos. Comunidades confinadas y desplazadas, amenazas, asesinatos y el miedo que transpiran sus habitantes. Una pobreza propia de la Edad Media: sin luz, sin agua, sin salud, sin educación. Una región donde los armados ilegales mandan, con la connivencia de algunas autoridades civiles y militares. Un pedazo de país dejado a su suerte, a su mala suerte. Eso fue lo que encontró El Espectador y el defensor del Pueblo, Carlos Negret, en un recorrido de siete días desde Quibdó hasta Unguía, por el río Atrato chocoano. A lado y lado, de vez en cuando, se pueden ver las vallas y los afiches de uno que otro candidato al Congreso, con sus promesas de siempre, buscando pescar votos en esta tierra del olvido.
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No se trata de ningún descubrimiento. Chocó es el departamento más pobre de Colombia. Pero una cosa es decirlo desde Bogotá, apelando a las frías cifras, y otra muy distinta ver en persona la cara del hambre o del miedo. Y lo más grave, sin duda, es que a la pobreza extrema, a la falta de institucionalidad e infraestructura para satisfacer las necesidades básicas de sus pobladores se suma hoy una disputa cruenta por el control del territorio. Eln y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) se pelean a muerte cada rincón del Atrato, y en su disputa por el oro, la coca y los corredores del narcotráfico entre Colombia y Panamá, indígenas, afros y mestizos parecen estar reviviendo los peores días de la guerra entre las Farc y los paramilitares.
Aquellos años que se vivieron desde 1997, cuando la operación Génesis, desarrollada entre la Brigada 17 del Ejército y el bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), bajo al mando de Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán, sembró esta tierra de masacres y dolor. Un capítulo que se selló el 2 de mayo de 2002 con la masacre de Bojayá, en la que 119 personas fueron asesinadas en Bella Vista, cabecera del municipio, cuando, en medio de un enfrentamiento con los paramilitares, un cilindro lanzado por las Farc cayó sobre el techo de la iglesia donde se refugiaba la gente.
De esos días, entre 1996 y 2004, el calendario está marcado con sangre. Se cuentan por lo menos una docena de masacres y fueron los tiempos de mayor desplazamiento. Según estiman algunas organizaciones sociales, unas 6.500 personas de 60 comunidades ubicadas en la cuenca del Atrato —de Truandó, Salaquí, Murindó y Domingodó— se vieron obligadas a abandonar sus hogares para huir de la violencia. La zozobra de esos días parece estar regresando. La salida de las Farc de los territorios ha jalonado un reacomodo del Eln y los Gaitanistas, que se disputan el control del territorio, de las comunidades y, sobre todo, de las rentas ilegales.
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El balance de la Defensoría
“Con esta visita que cubrió casi el 80 % del río Atrato encontramos unas comunidades que afrontan la misma crisis humanitaria, social y económica del pasado, pero que en esta ocasión ven cómo en esta fase, que debería ser de construcción de paz, se expanden los grupos armados ilegales, reproduciendo violencia y dolor sobre afros, indígenas y mestizos, que reclaman la presencia del Estado sin una respuesta efectiva. Encontramos, sobre todo, grandes vacíos para la protección de estas comunidades en el escenario de disputa que libran en los territorios las AGC y el Eln. Tanto es el control social que están ejerciendo que hay temor en reunirse con los servidores públicos. Esta crisis está marcada, además, por un rezago profundo en materia social, pues aún tienen que vivir con limitaciones en el acceso a educación, salud e infraestructura básica”, anotó Negret tras su recorrido por el Bajo Atrato.
Y a la pregunta sobre cuáles son los principales problemas que identificó, contestó: “Primero, frente a la oferta institucional de los servicios sociales que debe ofrecer el Estado, los cuales no están llegando o por lo menos transformando la vida de estas personas. La educación, la salud, el saneamiento básico es absolutamente precario, limitando así el ejercicio de sus derechos esenciales y sobre todo a una vida digna. Hay una brecha inmensa entre lo que prometen las normas, como las que crean los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), o las decisiones judiciales, como la tutela que protege el río Atrato. En segundo lugar, el posicionamiento de los grupos armados ilegales, que constituyen una amenaza cierta y vigente, especialmente para los líderes sociales, reclamantes de tierras y organizaciones, pues hay un riesgo alto de retaliaciones contra ellos por el ejercicio de sus actividades. El desplazamiento, el confinamiento, el uso de minas antipersonal, el reclutamiento no cesa. Lo más lamentable es que estas dos circunstancias están llevando a las nuevas generaciones a que la guerra y el consumo de droga sean su único camino”.
Y concluyó: “La apuesta de la Defensoría está dirigida a fortalecer nuestro acompañamiento efectivo y afectivo a estas comunidades en los territorios y darles todo el respaldo institucional. Seguiremos advirtiendo los riesgos a través de las alertas tempranas y acompañándolas en las rutas de acceso al ejercicio de sus derechos. Por otro lado, queremos posicionar y visibilizar ante todas las autoridades del Estado la gravedad de los hechos que hoy ocurren en toda esta región. Este escenario de construcción de paz que debe atravesar el país ha hecho desviar los esfuerzos y la atención, e incluso de la cooperación internacional, para atender esta crisis humanitaria; pero a ellos tengo que decirles que esa ilusión es pésima consejera, porque mientras perseguimos ese anhelo, en el Atrato, a sus pobladores los están desplazando, matando, confinando y reclutando para perpetuar la violencia”.
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Beté y Vidrí
“De aquí para allá ustedes van a encontrar lo mismo que los primeros españoles que navegaron el Atrato. Aquí la gente tiene las mismas condiciones que hace 400 años, o antes peor, porque hoy, además de la pobreza, los acorrala nuevamente la guerra”, sostuvo en Quibdó un líder social señalando el río. Un río al que la Corona española le tenía pavor, pues las misiones que lo embarcaban nunca regresaban. Por eso se convirtió en el refugio de esclavos cimarrones que escapaban de las minas de Antioquia o las haciendas del Valle del Cauca y la costa Caribe. Es el río más caudaloso del país, y entre Quibdó y Unguía hay apenas cerca de 800 kilómetros. El poder de la selva, de los torrenciales aguaceros que caen 25 días al mes, también asustaba a los colonizadores, a tal punto que, argumentando el riesgo de que por allí ingresaran piratas ingleses y holandeses, en 1791 se prohibió su navegación.
“En los territorios del municipio del Medio Atrato hacia el San Juan, la guerra entre paras y Eln es por la minería ilegal. La guerrilla ha querido ocupar la base social dejada por las Farc, porque ese vacío de poder se siente de formas terribles. Ha empezado a haber robo a los mineros. Imagínese usted que le asalten una producción de $1.000 millones, que es lo que recoge una draga en una semana”, anota Antonio, un afro que no duda en afirmar que en esta región del país, frontera con Panamá y con salida a los dos mares, Pacífico y Caribe, la única autoridad que han conocido es la de los grupos armados ilegales y que, sin duda, la firma del Acuerdo de Paz se ha ido convirtiendo en la razón de sus temores, pues antes que el Estado llegaron nuevos actores violentos reclamando la supremacía.
Los reclamos no sólo son de los pobladores comunes y corrientes, o de los líderes sociales. Las mismas autoridades municipales piden ayuda a gritos: “Estamos al borde de una nueva tragedia. Necesitamos urgentes medidas efectivas del Gobierno. La gente todos los días me dice que se va a desplazar. Y es que no resistimos más la convivencia con los actores violentos. Estuvimos 25 años con las Farc. Firmaron un Acuerdo de Paz y creímos que había acabado la guerra. Pero no, al contrario, se empeoró, y los que ahora llegan vienen maldiciendo y atropellando”, apuntó el alcalde de uno de los municipios a los que ha llegado el Eln, pidiendo la reserva de su nombre por temor a represalias. Lo secundó un gobernador indígena: “En nuestras comunidades la cosa se está complicando mucho con la siembra de minas. Eso nos impide ir a trabajar en la chagra o salir a pescar. Estamos confinados por el miedo. La gente se está alistando para desplazarse”.
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Río abajo del Atrato desemboca el Arquía. Es cristalino y corrientoso. Su lecho de piedras redondas hace imposible la navegación de embarcaciones grandes. Sólo unas pequeñas lanchas guiadas por un motorista y en la punta un ayudante con un palo permiten llegar al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Vidrí. Allí se concentraron el frente 34 y el bloque Efraín Guzmán de las Farc. Cerca de 320 combatientes sellaron en este rincón chocoano su “nunca más” a la guerra. Hoy se encuentran unos 70 excombatientes y 15 niños, liderados por Pedro Baracutao.
Es un hombre de unos 40 años, recio, de pelo largo y talla alta. “Están amenazando a los excombatientes, destruyendo el proceso social que las Farc ayudamos a construir. Nos han matado un amnistiado y hace dos días atracaron la sede política de nuestro partido. Sin embargo, no le puedo decir que aquí en el Espacio haya habido problemas de seguridad. Lo que sí le podemos decir es que no hemos recibido la capacitación adecuada, que a la gente, a la comunidad que ayudó a construir la zona veredal, le quedaron debiendo plata, que tenemos algunos de nuestros líderes sin protección. Uno de los muchachos asesinados en Peque era de aquí y no pudimos acompañar a su familia en el duelo porque no tenemos motor para salir. El médico estuvo hasta el 31 de diciembre y no se cumplió con la construcción de los espacios de recreación”, contó Baracutao.
Del Espacio Territorial al Atrato se demora cerca de tres horas. El motor no puede ser muy potente y a la vera del río se observan cultivos de plátano y cacao. En la pobreza y el abandono, la coca ha prosperado. El negocio es redondo: se cultiva, se procesa y la “mercacía” queda a un paso de ser sacada de Colombia por las rutas hacia Panamá. “Uno de los temas críticos es lo de la sustitución. La gente tiene miedo de una arremetida de los erradicadores, porque los choques pueden ser violentos. Las comunidades están dispuestas a sustituir, pero temen que el Gobierno no les cumpla cuando estén jugados; además, el problema es que quienes compran la hoja no permiten que la gente deje eso”, agrega el excomandante guerrillero. En este pedazo del Arquía, la coca no lleva mucho tiempo. El problema, concluye Baracutao, es que las Farc ya no son autoridad aquí, tan sólo unos ciudadanos más.