“La protección en Colombia es un negocio enorme”: director de la UNP

“La protección en Colombia se volvió un negocio”, sentenció Augusto Rodríguez durante un evento de Colombia+20 de El Espectador frente a otras cabezas de las entidades ligadas a la paz en Colombia: Gloria Cuartas, de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz; Franklin Castañeda, director de Derechos Humanos del Ministerio de Interior y Patricia Tobón, de la Unidad para las Víctimas.

Rodríguez, exmilitante del M-19 y una de las personas más cercanas a Gustavo Petro, es desde agosto el director de la Unidad Nacional de Protección, la entidad encargada de asignar los esquemas de protección a las personas y colectividades en riesgo en el país. Desde su ingreso a la entidad se ha encontrado con varias sorpresas: entre ellas, protestas por parte de los escoltas reclamando mejores condiciones laborales a la entidad y, recientemente, incumplimientos a los contratos por parte de una empresa rentadora de carros de protección que quiere presionar al Estado a adjudicarle nuevamente la contratación.

En entrevista con Colombia+20, Rodríguez, habló sobre estos dos temas, pero también del desordden técnico en que encontró la entidad, las denuncias de corrupción y la reestruturación que planea hacer para que los esquemas de seguridad sean más efectivos para las personas en riesgo. Además, habla de los retos que traerá la ‘paz total’.

En contexto: Víctimas piden que se asegure su atención en el Plan Nacional de Desarrollo

¿Por qué dice que la protección se volvió un negocio?

Porque hemos descubierto que hay muchas personas y empresas que se lucran del riesgo. El presupuesto de la Unidad Nacional de Protección para este año, junto con las adiciones hasta diciembre, nos da aproximadamente 1 billón 644 mil millones de pesos. De ahí, la entidad les paga a empresas tercerizadoras de personal un total de 648 mil millones y para el tema de vehículos paga 445 mil millones. Es decir, el 70 % del presupuesto va a tercerizadoras del servicio de protección. Entonces la protección es un negocio enorme.

Más si se tiene en cuenta que, por ejemplo, por cada escolta tercerizado, la entidad paga alrededor de 7 millones de pesos mensuales, de los que el escolta recibe un poco más de 3 millones de pesos. O sea, más de la mitad o una cifra similar se queda en los bolsillos de los tercerizadores.

La semana pasada se conoció que la empresa Neorentig SAS está apagando remotamente los vehículos de protección como método de presión para ser los adjudicatarios de esos contratos, ¿este es uno de los ejemplos de los intereses que genera ese negocio?

Sí, estamos en los días finales de un proceso de selección abreviada para los dos últimos meses del año. En esta oportunidad hemos decidido hacer algunas variaciones para democratizar el proceso. Lo que hicimos fue evitar que las empresas que rentan los vehículos cubrieran más de dos grupos de los 12 en que se dividió la geografía del país. Eso hizo que esas empresas que están acostumbradas a cubrir el 70 % se vieran afectadas.

De la misma manera, evitamos que se recogieran las tarjetas de propiedad de las placas de los vehículos como un requisito previo porque se que estaba generando un mercado negro con esto. Para ponerle un poco de orden, decidimos no exigirla, sino solamente después de que las empresas fueran seleccionadas. Eso molestó e hizo que la empresa del señor Alan Perlman Katz, de Neoentings (carros convencionales) y Neostar (carros blindados), emitiera comunicados en los que dice que a partir del momento proceden a “suspender inmediatamente el servicio de los vehículos de este tipo”. Y al día siguiente publicó una carta anunciando que apagaría los vehículos de otros de los grupos en los que estaba prestando protección hasta que finalizaran los procesos.

Lo hace de una manera abusiva porque ellos tienen unas cláusulas que garantizan que, mientras se da el reemplazo de los nuevos rentadores, ellos deben prestar el vehículo y luego la entidad les pagará a través del nuevo rentador. Pero en esta oportunidad decidieron apagar los vehículos en el momento en que ellos estaban todavía vigentes y lo hicieron por lo menos en el caso de cuatro personas: dos expresidentes de la República y dos líderes sociales.

¿Cómo piensan resolver este tema mientras logra adjudicar de nuevo esos carros?

Nosotros tenemos unos contratos que siguen vigentes porque tuvieron una prórroga y esos contratos en este momento estás cubriendo a los protegidos. Solamente finalizaran hasta que la nueva empresa llegue a suplir el servicio que está dando la primera.

Continuando con la situación en que encontró la entidad, las personas protegidas han denunciado en múltiples ocasiones que los esquemas no son los adecuados o que, cuando los tienen, la entidad no les envía la asignación económica necesaria, por ejemplo, para la gasolina de los vehículos o para el sostenimiento de los escoltas, ¿qué le hace falta a la entidad para que los esquemas funcionen integralmente?

En la entidad encontramos cosas buenas y cosas malas. En cosas buenas encontramos fundamentalmente el personal. Si bien hay algunas excepciones, la gran mayoría de personal es muy calificado está trabajando por cumplir la misionalidad de la UNP.

Pero, indudablemente, hay un desorden técnico que estamos trabajando muy duro por corregir. Estamos en un proceso muy riguroso de reingeniería que se requiere inmediatamente. Esos procesos van a superar ineficiencias como las que señalas.

Además: “Se requieren $154 billones para la implementación del Acuerdo”: Gloria Cuartas

¿Qué cambios va a tener esa reestructuración?

El primero tiene que ver con los tiempos que se demoran los procesos de análisis del riesgo y la implementación de las medidas de protección. Eso lo estamos trabajando muy duro porque sabemos que entre más tiempo se demore ese proceso, más riesgos tenemos de que nos asesinen a los protegidos. Estamos tratando de acabar el tema de la cola y del enfrascamiento que se da en las diligencias. Y estamos tratando de hacer que la entidad, de manera integral, quede informada desde el día 1 en que la persona necesita protección, para que todas las dependencias se pongan en modo de análisis e implementación de medidas de protección. Desde la portería hasta la dirección.

Y para evitar los gastos de la tercerización ¿dentro de la reestructuración está contemplado hacer las contrataciones directamente?

Pues... a mí me hicieron un paro que yo digo que es muy curioso porque siempre que se dan paros es cuando hay pliegos en discusión de diferencias entre patrono y trabajadores. Al mes y medio de haber llegado a la entidad, me recibieron con un bloqueo total. En la primera semana, yo cité a los 18 sindicatos de la entidad a una asamblea de juntas, e inclusive traje al director de la Función Pública, el doctor César Manrique.

Me reuní con ellos y les avancé algunos cambios de los que proponemos hacer. Entre ellos, les hablamos precisamente de eso, de la formalización de la planta, para evitar que los tercerizadores se queden con los recursos de la entidad y los recursos del trabajo de los escoltas. También les anuncié la posibilidad de que, una vez formalizado el personal como parte de la planta, pudiéramos hablar de una profesionalización para generar estudios superiores de los escoltas. Y también hablé de la posibilidad de adquirir una flota de vehículos para evitar todos estos líos que hoy estamos viendo en la contratación con vehículos. Todo eso se habló en esa reunión. La mayoría aplaudió la propuesta, pero hubo unos pocos que se pronunciaron en contra y dijeron que por qué creíamos nosotros que a ellos les interesaba la formalización.

Lo importante es que la gran mayoría de los sindicatos y de los trabajadores y funcionarios de la entidad han recibido con muy buena vista este proceso y estamos trabajando aquí comunalmente con ellos y buscando la construcción de una nueva forma de protección que es la que describimos con el doctor Gustavo Petro como la seguridad humana, que genera una protección humana.

Lea también: Acceso a vivienda: una de las peticiones de víctimas para el Plan de Desarrollo

También hemos recibido denuncias de corrupción sobre peticiones (de dinero o favores políticos) que hacen los técnicos de la entidad para asignar un puntaje alto de riesgo alto a los solicitantes y en esa medida un mejor esquema, ¿qué ha encontrado usted de esto y cómo se podría resolver?

Yo no puedo decir que eso no existe, lamentablemente. Pero sí puedo decir con certeza que son muy pocos los casos en que se da. Lo malo es que esos pocos casos son muy dañinos. Estamos trabajando por en la concientización, aprovechando el saber de quienes llevan muchos años en la entidad y han acumulado una experiencia muy importante y lo estamos juntando con analistas provenientes de las diferentes facultades de criminalística del país. Hemos encontrado unos resultados muy interesantes en la proyección y en los estudios que se están haciendo junto con los analistas que tenemos en la actualidad.

Toda esta reestructuración se da en medio de la reconfiguración del conflicto y agudización de los riesgos en los territorios, ¿Cree usted que la entidad puede dar abasto para resolverlos?

Pues tenemos una situación bastante compleja. Hay dos cosas que van en sentido contrario: de un lado tenemos que la pandemia dejó una crisis en la producción de vehículos, relacionada con la producción de chips para los computadores de los vehículos convencionales; y en lo que tiene que ver con vehículos blindados, los aceros antibalísticos se han ido en el mercado que los lleva hacia la guerra de Ucrania y Rusia. Y otra negativa es que los procesos y avances del diálogo de Paz Total han sido afectados por situaciones difíciles como la conocida al final de la semana pasada en la que ‘Antonio Medina’ de las disidencias de las Farc en medio de un combate, anunció que va a generar la cifra de 300 asesinatos entre los líderes sociales cercanos al Eln en Arauca. Allá teníamos 18 personas sin protección porque la misma empresa ‘Neostar’ los tenía en el taller y no los había reemplazado por otros, situación por la que debemos revisar los procesos sancionatorios.

Pero nosotros estamos trabajando de una manera muy intensa para poner a tono a la entidad no solo con esas dificultades, sino con los nuevos desafíos. Se vienen nuevos procesos de paz y van a venir nuevos actores que, una vez dejen las armas, tienen que ser protegidos. Nos estamos preparando para ello. No nos pueden decir de aquí a mañana que es falta de planeación porque lo tenemos en la mira.

La solución en este país debe ser la ‘paz total’, el entendimiento entre seres humanos y evitar que el país se toyotice circulando miles de vehículos blindados protegiendo a las personas que reclaman seguridad. Hay que cambiar el chip, hay que avanzar en el entendimiento y estamos a tono con los diálogos y buenos oficios que está desarrollando Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz.

“La protección en Colombia se volvió un negocio”, sentenció Augusto Rodríguez durante un evento de Colombia+20 de El Espectador frente a otras cabezas de las entidades ligadas a la paz en Colombia: Gloria Cuartas, de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz; Franklin Castañeda, director de Derechos Humanos del Ministerio de Interior y Patricia Tobón, de la Unidad para las Víctimas.

Rodríguez, exmilitante del M-19 y una de las personas más cercanas a Gustavo Petro, es desde agosto el director de la Unidad Nacional de Protección, la entidad encargada de asignar los esquemas de protección a las personas y colectividades en riesgo en el país. Desde su ingreso a la entidad se ha encontrado con varias sorpresas: entre ellas, protestas por parte de los escoltas reclamando mejores condiciones laborales a la entidad y, recientemente, incumplimientos a los contratos por parte de una empresa rentadora de carros de protección que quiere presionar al Estado a adjudicarle nuevamente la contratación.

En entrevista con Colombia+20, Rodríguez, habló sobre estos dos temas, pero también del desordden técnico en que encontró la entidad, las denuncias de corrupción y la reestruturación que planea hacer para que los esquemas de seguridad sean más efectivos para las personas en riesgo. Además, habla de los retos que traerá la ‘paz total’.

En contexto: Víctimas piden que se asegure su atención en el Plan Nacional de Desarrollo

¿Por qué dice que la protección se volvió un negocio?

Porque hemos descubierto que hay muchas personas y empresas que se lucran del riesgo. El presupuesto de la Unidad Nacional de Protección para este año, junto con las adiciones hasta diciembre, nos da aproximadamente 1 billón 644 mil millones de pesos. De ahí, la entidad les paga a empresas tercerizadoras de personal un total de 648 mil millones y para el tema de vehículos paga 445 mil millones. Es decir, el 70 % del presupuesto va a tercerizadoras del servicio de protección. Entonces la protección es un negocio enorme.

Más si se tiene en cuenta que, por ejemplo, por cada escolta tercerizado, la entidad paga alrededor de 7 millones de pesos mensuales, de los que el escolta recibe un poco más de 3 millones de pesos. O sea, más de la mitad o una cifra similar se queda en los bolsillos de los tercerizadores.

La semana pasada se conoció que la empresa Neorentig SAS está apagando remotamente los vehículos de protección como método de presión para ser los adjudicatarios de esos contratos, ¿este es uno de los ejemplos de los intereses que genera ese negocio?

Sí, estamos en los días finales de un proceso de selección abreviada para los dos últimos meses del año. En esta oportunidad hemos decidido hacer algunas variaciones para democratizar el proceso. Lo que hicimos fue evitar que las empresas que rentan los vehículos cubrieran más de dos grupos de los 12 en que se dividió la geografía del país. Eso hizo que esas empresas que están acostumbradas a cubrir el 70 % se vieran afectadas.

De la misma manera, evitamos que se recogieran las tarjetas de propiedad de las placas de los vehículos como un requisito previo porque se que estaba generando un mercado negro con esto. Para ponerle un poco de orden, decidimos no exigirla, sino solamente después de que las empresas fueran seleccionadas. Eso molestó e hizo que la empresa del señor Alan Perlman Katz, de Neoentings (carros convencionales) y Neostar (carros blindados), emitiera comunicados en los que dice que a partir del momento proceden a “suspender inmediatamente el servicio de los vehículos de este tipo”. Y al día siguiente publicó una carta anunciando que apagaría los vehículos de otros de los grupos en los que estaba prestando protección hasta que finalizaran los procesos.

Lo hace de una manera abusiva porque ellos tienen unas cláusulas que garantizan que, mientras se da el reemplazo de los nuevos rentadores, ellos deben prestar el vehículo y luego la entidad les pagará a través del nuevo rentador. Pero en esta oportunidad decidieron apagar los vehículos en el momento en que ellos estaban todavía vigentes y lo hicieron por lo menos en el caso de cuatro personas: dos expresidentes de la República y dos líderes sociales.

¿Cómo piensan resolver este tema mientras logra adjudicar de nuevo esos carros?

Nosotros tenemos unos contratos que siguen vigentes porque tuvieron una prórroga y esos contratos en este momento estás cubriendo a los protegidos. Solamente finalizaran hasta que la nueva empresa llegue a suplir el servicio que está dando la primera.

Continuando con la situación en que encontró la entidad, las personas protegidas han denunciado en múltiples ocasiones que los esquemas no son los adecuados o que, cuando los tienen, la entidad no les envía la asignación económica necesaria, por ejemplo, para la gasolina de los vehículos o para el sostenimiento de los escoltas, ¿qué le hace falta a la entidad para que los esquemas funcionen integralmente?

En la entidad encontramos cosas buenas y cosas malas. En cosas buenas encontramos fundamentalmente el personal. Si bien hay algunas excepciones, la gran mayoría de personal es muy calificado está trabajando por cumplir la misionalidad de la UNP.

Pero, indudablemente, hay un desorden técnico que estamos trabajando muy duro por corregir. Estamos en un proceso muy riguroso de reingeniería que se requiere inmediatamente. Esos procesos van a superar ineficiencias como las que señalas.

Además: “Se requieren $154 billones para la implementación del Acuerdo”: Gloria Cuartas

¿Qué cambios va a tener esa reestructuración?

El primero tiene que ver con los tiempos que se demoran los procesos de análisis del riesgo y la implementación de las medidas de protección. Eso lo estamos trabajando muy duro porque sabemos que entre más tiempo se demore ese proceso, más riesgos tenemos de que nos asesinen a los protegidos. Estamos tratando de acabar el tema de la cola y del enfrascamiento que se da en las diligencias. Y estamos tratando de hacer que la entidad, de manera integral, quede informada desde el día 1 en que la persona necesita protección, para que todas las dependencias se pongan en modo de análisis e implementación de medidas de protección. Desde la portería hasta la dirección.

Y para evitar los gastos de la tercerización ¿dentro de la reestructuración está contemplado hacer las contrataciones directamente?

Pues... a mí me hicieron un paro que yo digo que es muy curioso porque siempre que se dan paros es cuando hay pliegos en discusión de diferencias entre patrono y trabajadores. Al mes y medio de haber llegado a la entidad, me recibieron con un bloqueo total. En la primera semana, yo cité a los 18 sindicatos de la entidad a una asamblea de juntas, e inclusive traje al director de la Función Pública, el doctor César Manrique.

Me reuní con ellos y les avancé algunos cambios de los que proponemos hacer. Entre ellos, les hablamos precisamente de eso, de la formalización de la planta, para evitar que los tercerizadores se queden con los recursos de la entidad y los recursos del trabajo de los escoltas. También les anuncié la posibilidad de que, una vez formalizado el personal como parte de la planta, pudiéramos hablar de una profesionalización para generar estudios superiores de los escoltas. Y también hablé de la posibilidad de adquirir una flota de vehículos para evitar todos estos líos que hoy estamos viendo en la contratación con vehículos. Todo eso se habló en esa reunión. La mayoría aplaudió la propuesta, pero hubo unos pocos que se pronunciaron en contra y dijeron que por qué creíamos nosotros que a ellos les interesaba la formalización.

Lo importante es que la gran mayoría de los sindicatos y de los trabajadores y funcionarios de la entidad han recibido con muy buena vista este proceso y estamos trabajando aquí comunalmente con ellos y buscando la construcción de una nueva forma de protección que es la que describimos con el doctor Gustavo Petro como la seguridad humana, que genera una protección humana.

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También hemos recibido denuncias de corrupción sobre peticiones (de dinero o favores políticos) que hacen los técnicos de la entidad para asignar un puntaje alto de riesgo alto a los solicitantes y en esa medida un mejor esquema, ¿qué ha encontrado usted de esto y cómo se podría resolver?

Yo no puedo decir que eso no existe, lamentablemente. Pero sí puedo decir con certeza que son muy pocos los casos en que se da. Lo malo es que esos pocos casos son muy dañinos. Estamos trabajando por en la concientización, aprovechando el saber de quienes llevan muchos años en la entidad y han acumulado una experiencia muy importante y lo estamos juntando con analistas provenientes de las diferentes facultades de criminalística del país. Hemos encontrado unos resultados muy interesantes en la proyección y en los estudios que se están haciendo junto con los analistas que tenemos en la actualidad.

Toda esta reestructuración se da en medio de la reconfiguración del conflicto y agudización de los riesgos en los territorios, ¿Cree usted que la entidad puede dar abasto para resolverlos?

Pues tenemos una situación bastante compleja. Hay dos cosas que van en sentido contrario: de un lado tenemos que la pandemia dejó una crisis en la producción de vehículos, relacionada con la producción de chips para los computadores de los vehículos convencionales; y en lo que tiene que ver con vehículos blindados, los aceros antibalísticos se han ido en el mercado que los lleva hacia la guerra de Ucrania y Rusia. Y otra negativa es que los procesos y avances del diálogo de Paz Total han sido afectados por situaciones difíciles como la conocida al final de la semana pasada en la que ‘Antonio Medina’ de las disidencias de las Farc en medio de un combate, anunció que va a generar la cifra de 300 asesinatos entre los líderes sociales cercanos al Eln en Arauca. Allá teníamos 18 personas sin protección porque la misma empresa ‘Neostar’ los tenía en el taller y no los había reemplazado por otros, situación por la que debemos revisar los procesos sancionatorios.

Pero nosotros estamos trabajando de una manera muy intensa para poner a tono a la entidad no solo con esas dificultades, sino con los nuevos desafíos. Se vienen nuevos procesos de paz y van a venir nuevos actores que, una vez dejen las armas, tienen que ser protegidos. Nos estamos preparando para ello. No nos pueden decir de aquí a mañana que es falta de planeación porque lo tenemos en la mira.

La solución en este país debe ser la ‘paz total’, el entendimiento entre seres humanos y evitar que el país se toyotice circulando miles de vehículos blindados protegiendo a las personas que reclaman seguridad. Hay que cambiar el chip, hay que avanzar en el entendimiento y estamos a tono con los diálogos y buenos oficios que está desarrollando Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz.