“Aún no sabemos toda la relación entre narcotráfico, conflicto y poder regional”

Estefanía Ciro, Doctora en sociología, investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonia Colombiana A la Orilla Del Río.

Estefanía Ciro es economista y durante años ha recorrido las trochas del piedemonte amazónico en el Caquetá, la tierra donde nació, conversando y conociendo las historias de las cocaleras y cocaleros. Con este ejercicio ha publicado varios libros y por el que ganó el Premio UNESCO/Juan Bosch para la Promoción de la Investigación en Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe. Ciro es autora del libro “Levantados de la selva: vidas y legitimidades en los territorios cocaleros del Caquetá”, también fue fundadora del Centro de Pensamiento de la Amazonía Colombiana “A la orilla del río” y ha trabajado con la Comisión de la Verdad en sus investigaciones sobre narcotráfico. Ciro habló con Colombia+20 sobre glifosato, aspersiones aéreas y resolver el problema del narcotráfico como un elemento clave de la transición a la paz en Colombia.

Hace unos días Colombia+20 registró que a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) podría llegar el primer caso de afectación por glifosato, ¿cuáles serían las implicaciones de que la JEP juzgara ese tipo de casos?

Estos tres elementos: narcotráfico, política de drogas y economías regionales de la cocaína, no han sido asumidos en los análisis como parte del conflicto armado. Un ejemplo es lo que pasa con la verdad del narcotráfico: la JEP excluye a todas las personas que tienen que ver con narcotráfico, y el Estado y la sociedad colombiana se están perdiendo ahí la oportunidad de conocer la verdad sobre esta práctica. Creo que los traficantes tienen mucho que decir en este país sobre sus relaciones con el poder y con el conflicto armado.

Habría que explicar cómo entendemos que ciertos sectores económicos, que son quienes más se han beneficiado del narcotráfico para mantener su poder regional y nacional, son quienes más promueven la aspersión, la prohibición y la política antidrogas. Cómo se consolidó y se enquistó ese poder político, que es el que más se beneficia del narcotráfico y a la vez el que más insiste en la lucha contra las drogas. Es una reflexión que debe abrirse en la JEP y en la Comisión de la Verdad.

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La Corte Constitucional se pronunció recientemente en contra de las aspersiones aéreas y el gobierno de Joe Biden ya iba también en esa misma línea, ¿Cómo interpreta esa decisión del tribunal?

Lo primero es felicitar a todas las organizaciones que disputaron eso con todos los mecanismos legales, el trabajo del Colectivo Fals Borda y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo fueron fundamentales. Creo que en la era de Iván Duque ya va a ser muy difícil volver a la aspersión aérea. A la hora de analizar este tema yo hago un llamado a la larga duración. No se trata de decir que todo ha sido decisión de los Estados Unidos, tampoco obviar su rol, ni decir que todo fue una decisión de las élites locales solamente. Es una convergencia de la influencia de Estados Unidos sobre las élites locales, ambas tienen responsabilidad.

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Pero que ahora pueda haber un rechazo generalizado no quiere decir que en un futuro esas aspersiones con glifosato no vayan a reactivarse, eso depende de un tercer actor que es la soberanía colombiana. La soberanía colombiana debe sentar un precedente de nunca más al envenenamiento masivo por aspersión aérea con glifosato y creo que aquí la justicia transicional tiene en sus manos la posibilidad de cerrar esa discusión. Por eso sería tan importante que la JEP abriera un caso del impacto de la política antidrogas en el conflicto armado, reconocer que la aspersión fue un arma de guerra, que las erradicaciones fueron operaciones militares y que esas víctimas tienen derecho a reparación.

Hay pruebas y debe haber una reflexión profunda. Hay mucho miedo a hablar de reparación porque todo mundo lo cuantifica en dinero. Lo primero que van a decir los abogados es que no hay plata para tanta gente, pero yo creo que este país sí puede crear estrategias restaurativas de territorios, que sean producto de lo que dicen los Acuerdos de Paz: recuperación y restauración de territorios que han sido afectados por los cultivos y las aspersiones. No hay que caer en el chantaje de los abogados de que el país no tiene plata y se va a quebrar. Las organizaciones deben superar la idea de que sea sólo dinero y buscar formas diferentes de entender esto. En síntesis, creo que se trata de tres ejes: decirle nunca más al glifosato, entender las erradicaciones como operativos militares y reparar territorios y personas afectadas.

Eso nos pone en un dilema muy complejo: ¿Quién sería responsable y quién debe reparar? ¿Estados Unidos?

Lo mínimo es que hagan transparentes sus procesos y sus roles en el país. Nosotros no sabemos qué hace la DEA en Colombia, no sabemos qué hacen con la presencia militar, quiénes fueron los pilotos que asperjaron. Segundo, que abran los archivos, en algún momento se decía que al comienzo de las aspersiones era Estados Unidos el que tenía toda la información y sabían dónde se asperjaba, eso no llegaba ni siquiera a las Fuerzas Militares en Colombia.

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El primer paso es que la JEP tendría que juzgar el asunto y aún no sabemos si acepta o no hacerlo.

Si, debe haber una presión y clarificar qué está pensando la JEP sobre el narcotráfico y la política de drogas. Este año [el magistrado y presidente de la JEP, Eduardo] Cifuentes habló de medios ilícitos de los actores armados, no habló específicamente de narcotráfico. No sé qué se discuta sobre este tema, pero sí eso no se toca no va a pasar nada en este país, no habrá cambios reales en torno a la verdad del narcotráfico, a la reparación y en torno a ponerle candado a una política prohibicionista que ha alimentado el conflicto armado.

Y además la decisión de la Corte Constitucional es parcial porque el glifosato se sigue asperjando manualmente…

A veces peco por pesimista, no confío en que estas decisiones hagan el “nunca más”. Claro, el glifosato sigue ahí, pero hay preguntas que nos dan pistas sobre por qué sigue ahí. ¿A quién beneficia el glifosato en Colombia y en Estados Unidos? Ya sabemos que se pusieron muy bravos cuando se intentó comprar el glifosato chino. ¿A quién beneficia tener todas esas avionetas moviéndose y esas pistas en todo el país? El control de pistas es muy importante, no es sólo el químico y quién compra el químico, sino que hay todo un aparato militar e industrial en torno a eso, monitorear, saber dónde está y dónde no está la coca, es una estrategia de presencia militar de Estados Unidos, que se mueven libremente, y que en términos de guerra no la van a soltar tan fácil.

¿El glifosato se usó y se usa como un arma química? ¿Por qué no se da esa discusión?

De esto ha venido hablando Indepaz desde hace dos décadas. No es novedoso, es una idea que viene rondando. Es necesario desacralizar muchos temas en la idea del conflicto armado, que gira entre tres actores que se pelean: se entiende que todo fueron las Farc, los paramilitares y el Estado, pero el lugar de Estados Unidos siempre suena como un tema muy mamerto. En otros países, como México, sí se analiza el rol de la DEA. Hay archivos, como el National Security Archive, que tiene documentos desclasificados sobre esa presencia. Se deben abrir archivos y nuevas preguntas, eso es parte de la discusión, cuál fue el lugar de los Estados Unidos en la guerra. Todo eso para decir que cuando se habla de la aspersión y la política de drogas caemos en la misma retórica: los que están a favor y en contra del narcotráfico, los buenos y los malos. Otro elemento es que esta política aparece cuando desde Estados Unidos se constituye la idea del actor narcoterrorista, cuando ellos mismos dicen que no se puede atacar el narcotráfico en ciertas regiones porque está la guerrilla.

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El Congreso de los Estados Unidos debatió en su momento y autorizó que los dineros del Plan Colombia se usaran en ambas vías.

Ellos hacen el entronque y constituyen eso como una estrategia contrainsurgente con el Plan Colombia, pero los documentos están desde los ochenta. Ahí estuvieron Dick Cheney y Joe Biden, en el gobierno de Reagan, discutiendo eso en el 86, en el 87. Dijeron que se necesitaban las aspersiones porque era una guerra contra la narcoguerrilla. La política antinarcóticos no se hizo por allá en una oficina lejana que pensó acabar con el narcotráfico, fueron operaciones militares con el argumento de luchar contra el actor narco-guerrillero. Hay sospecha de que se asperjaba con glifosato sólo en los territorios con presencia de las Farc, pero donde había presencia paramilitar se asperjaba con agua, por ejemplo. Eso está en los relatos.

Antes de los ‘Pepes’ ya Rodríguez Gacha, “El Mexicano”, financiaba grupos paramilitares en el Magdalena Medio, desde entonces el narcotráfico está metido en el conflicto…

Los Castaño traficaron desde los 70 y tenían nexos con Pablo Escobar desde esa época. Esa conexión entre paramilitarismo y narcotráfico hay que traerla desde esa época porque hay una reconfiguración de las formas de riqueza del país. La riqueza ya no se hacía como antes, con el café, por ejemplo, ni siquiera con el contrabando en las economías ilícitas. Ese mundo de las economías lícitas e ilícitas sufre una transformación muy seria en los 70, eso empieza a detonar compra de tierras y dinámicas de transformación de la propiedad rural y urbana. La guerra detona ya en los ochenta, en un escenario de disputa insurgente. La pregunta es ¿a esta gente por qué le interesaba ponerse un ropaje contrainsurgente? ¿De qué le sirvió y cómo fueron los procesos para que unos narcotraficantes se vistieran como Autodefensas? Esa es la degradación de la guerra en los 90. Lo que antes eran ejércitos privados entrenados por israelitas y británicos, en los 90 se piensan como ejércitos. Hay preguntas que el país se debe hacer.

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Juan Manuel Santos ha insistido en la legalización y regularización de las drogas como salida al problema, ¿cómo valora esto?

Soy una convencida de la regulación para la paz. Lo que pasa es que la manera en que están siendo reguladas actualmente es solo en beneficio de unos privados. La gran pelea aquí es cómo hacemos que esa regulación saque esos fondos, que van a los privados, para que vayan hacia lo público. Eso es lo que nos enseña la ley de marihuana medicinal: cuando ciertos sectores encuentran una fuente de negocios, se hace la regulación. El problema central ahora es convencer a quienes se benefician de ese tránsito. Eso implica hablar con los traficantes de cocaína. Es muy polémico, pero pasa por ahí, porque no se puede regular un mercado sin tener en cuenta a los protagonistas de ese mercado. Hay que tener en cuenta a los cultivadores, al consumidor, pero también a los traficantes. Aunque muchos dicen que se conoce el mundo de los traficantes, en realidad no se conoce. Ahí hay unos nudos muy poderosos. Por supuesto que debe forzarse la regulación, pero no pensando en una regulación por qué sí. ¿Cómo vamos a hacerla? Yo sé que es muy polémico, pero es el momento de decirle a los narcotraficantes: usted cuánto gasta en seguridad o en peleas por el laboratorio, por el cristalizadero, o la corrupción que usted paga en candidatos políticos… pues eso podría pagarla por otros medios. Pero ese es un debate dificilísimo en un país donde estos temas no se pueden tocar abiertamente.