Autodefensas no, franquicias de matones

Los paramilitares nunca fueron una organización confederada, como Carlos Castaño y compañía intentaron hacérselo creer a Colombia. Aquel mito fundacional que las identificó en comunicados públicos y amenazas a la población civil como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fue un invento. Los “paras” fueron, para decirlo sin anestesia, franquicias de matones con intereses propios y dinámicas distintas que jamás obedecieron al Estado Mayor Conjunto. Esta es la contundente conclusión de un Tribunal de Justicia y Paz que documentó 26 guerras entre diferentes grupos de autodefensa entre 1993 y 2005, muchas de las cuales se atizaron en tiempos de la desmovilización de más de 32 mil paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe. El Espectador tuvo acceso a esta inédita sentencia.

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En un fallo de 268 páginas, cuyo ponente fue el magistrado Eduardo Castellanos, el tribunal revisó la historia de este grupo armado a fin de esclarecer “la verdad histórica y judicial”. En ese examen crítico estableció que esta organización ha tratado de imponer una narrativa oficial que pretendió mostrarla como una federación de grupos armados ilegales con vocación contrainsurgente, con un mando nacional responsable y con directrices políticas dictaminadas a lo largo de cinco conferencias. No obstante, los hechos demostraron otra cosa. La historia del paramilitarismo en Colombia estuvo plagada de disputas internas y permanentes por el mando, los territorios, las poblaciones, los recursos económicos y los aliados estatales.

En resumen, su enemigo también estuvo adentro. En ese contexto, tras revisar 44 fallos de tribunales de Justicia y Paz se determinó que había que derrumbar de una buena vez aquel mito extendido sobre las AUC. En el libro Colombia siglo XXI, las autodefensas y la paz el comandante paramilitar Carlos Castaño Gil sostuvo que el 18 de abril de 1997 en la región de Urabá se llevó a cabo la primera conferencia nacional de organizaciones antisubversivas regionales, donde se aprobó el acta de constitución de las AUC, se les atribuyó ser una confederación y se dictaminó un estatuto de régimen interno. En mayo de 1998, según Castaño, se realizó la Segunda Conferencia y se “revalidó la idea de disciplina y subordinación jerárquica”. Y luego vinieron las otras tres. Al final, pura letra muerta. Cada bloque, frente o estructura hizo lo que le dio la gana.

“La visión de las AUC como una confederación nacional de contrainsurgencia irregular puede ser problemática, ya que desconoce las numerosas situaciones en las que hubo insubordinaciones, desacatos a la autoridad de Carlos y Vicente Castaño y conflictos entre los miembros del Estado Mayor”, señaló el fallo. Estas guerras intestinas revelaron que jamás hubo una unidad de mando ni un movimiento nacional coordinado. Según el tribunal, 8 de las 26 disputas entre los “cacaos” de la violencia paramilitar se presentaron por reprimir eventos de resistencia e insubordinación, donde la llamada Casa Castaño y sus aliados se enfrentaron a las autodefensas de Martín Llanos en Casanare, a las de Hernán Giraldo en Magdalena y La Guajira, a las de Camilo Morantes en Barrancabermeja, al Bloque Metro de alias Doble Cero o a los matones de alias Cadena en los Montes de María.

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Según la Real Academia de la Lengua, “confederación” traduce una unión estable de Estados en la que la relación entre los miembros se ordena bajo los principios de unidad, autonomía, jerarquía y participación. Es decir, todo lo contrario a lo ocurrido en las AUC. “Si las confederaciones se rigen por principios de autonomía, no se entiende por qué se presentaron 14 conflictos violentos por motivos como invasiones de territorios o búsqueda de rentas por fuera de las delimitaciones geográficas acordadas. Por ejemplo, la invasión del Bloque Tolima en las áreas del Frente Ómar Isaza de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio; el intento del Bloque Centauros de Miguel Arroyave por apoderarse de las autodefensas de los Buitrago en el Casanare y coparle sus territorios, o la injerencia del Bloque Central Bolívar sobre los corredores de movilidad que eran controlados por las autodefensas de Juan Francisco Prada en el sur del Cesar”.

Hechos que mostraron las ideas expansionistas y de irrespeto a la autonomía de mando que caracterizó el comportamiento de unos bloques paramilitares con respecto a otros. Un escenario que revela que las AUC, más que una agrupación coordinada, lo que representó siempre fue unos “feudos de poder”. En el fallo, por ejemplo, se relatan intimidades del conflicto entre dos pesos pesados de la guerra y la virulencia paramilitar: Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán, y Hébert Veloza, alias H.H. Todo empezó porque este último como comandante del sangriento bloque Bananero le “decomisó” a el Alemán un camión que transportaba insumos para el procesamiento de cocaína. Veloza se indignó porque no se le había consultado esa “vuelta” ni tampoco pagado “el impuesto al gramaje” respectivo.

El Alemán lo increpó diciéndole que “todos eran de la misma organización”. Sin embargo, H.H. no creyó ese discurso, se quedó con la mercancía y amenazó al comandante del bloque Élmer Cárdenas con asesinarlo. En sus confesiones a la justicia, Fredy Rendón relató esta historia y concluyó que el conflicto no escaló más porque él no quiso, ya que “H.H. era muy belicoso”. Para el tribunal, los asesinatos de Carlos Castaño, de Doble Cero, de Miguel Arroyave, de Rodrigo Mercado, alias Cadena, así como otro largo etcétera de crímenes de mandos medios evidencian las pugnas de poder al interior de una organización edificada a retazos. El fallo es elocuente en este punto: “La forma prevalente de ascender en la estructura criminal no era mediante méritos y años de servicio como se planteó supuestamente en los estatutos internos de las AUC, sino mediante conspiraciones y asesinatos”.

El documento también ilustra la cadena de guerras sucesivas en el Urabá, los Llanos Orientales y la Costa Norte por cuenta del control de las rentas ilegales –narcotráfico, minería y extorsión, por ejemplo–. En su momento, el comandante del Bloque Norte Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40 –extraditado a los Estados Unidos–, tildó de ladrón al jefe del Bloque Bananero Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito. Incluso lo amenazó de muerte por haber acaparado rentas provenientes de multinacionales y comercializadoras nacionales de banano. Todo lo cual “es una prueba de la ausencia de criterios rectores a nivel de la cúpula de las llamadas AUC para repartir los recursos financieros. Cada comandante en su zona hizo lo que quiso hacer con absoluta autonomía y declaró guerras de manera unilateral cuando quería expandirse territorialmente, a pesar de los intentos (fallidos) de confederación por parte de la casa Castaño”.

El manejo del dinero en las filas y las alianzas o patrocinios a congresistas, gobernadores, alcaldes y ediles provocaron otras luchas, pues cada franquicia quería que su “ungido político” fuera el ganador en el ajedrez electoral. Eso, para no hablar de las insubordinaciones. En junio de 2002, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, declaró en un comunicado que el Bloque Central Bolívar se retiraba definitivamente de las AUC. De hecho, a pesar de que estuvo presente en Santa Fe de Ralito (Córdoba) durante el proceso de paz, hubo necesidad de instalar mesas separadas con el gobierno Uribe para finalizar la desmovilización de sus hombres. A finales de ese 2002, también, alias Rafa Putumayo se rehusó a seguirle enviando dinero a Carlos Castaño y para evitar una guerra negoció un protectorado con Macaco.

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Y los ejemplos siguen. En 2003, Carlos Castaño echó de las autodefensas a Arnubio Triana, alias Botalón, jefe de los “paras” en el Magdalena Medio. La respuesta de Botalón fue tan sencilla como ilustrativa: “Respeté el mando de Castaño, pero nunca seguí sus órdenes”. El ala “narca” que terminó colándose en el proceso –léase lo ocurrido con dos capos como Francisco Javier Zuluaga, alias Gordolindo, o Juan Carlos el Tuso Sierra– también provocó ajustes de cuentas, crímenes y reorganización de poderes. Empezando, claro, por el asesinato el 16 de abril de 2004 de Carlos Castaño por órdenes –ni más ni menos– que de otro narco: su hermano, Vicente Castaño Gil. En síntesis, las AUC nunca fueron unidas ni representaron un grupo nacional, y tampoco existió un control efectivo sobre la tropa, y aquello explica una desmovilización tan caótica que tardó 32 meses en finalizarse.

En este sentido, la conclusión del fallo resulta muy pertinente en la coyuntura de tropiezos y tiempos de desmovilización y entrega de armas de la guerrilla de las Farc. “Mientras que las guerrillas y las autodefensas que en décadas anteriores firmaron un acuerdo de paz con el Gobierno nacional tardaron un día en desmovilizarse, las denominadas AUC, por el contrario, demoraron aproximadamente 960 días desde la primera desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en diciembre de 2003 hasta la última del Bloque Élmer Cárdenas en agosto de 2006. Inclusive este tiempo es cinco veces mayor al preestablecido por el Gobierno y las Farc, quienes en los Acuerdos Finales firmados en el teatro Colón de Bogotá, establecieron que el plazo máximo para la dejación definitiva de armas sería de 180 días”.

Queda claro, entonces, que las AUC fueron un sancocho entre interesados señores de la guerra, narcotraficantes y matones locales que desangraron a Colombia y desplegaron su barbarie, sin mandos ni jerarquías respetadas, y mucho menos sin un proyecto similar de lucha contrainsurgente como hasta hoy la narrativa de la violencia nos lo ha hecho creer.

Los paramilitares nunca fueron una organización confederada, como Carlos Castaño y compañía intentaron hacérselo creer a Colombia. Aquel mito fundacional que las identificó en comunicados públicos y amenazas a la población civil como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fue un invento. Los “paras” fueron, para decirlo sin anestesia, franquicias de matones con intereses propios y dinámicas distintas que jamás obedecieron al Estado Mayor Conjunto. Esta es la contundente conclusión de un Tribunal de Justicia y Paz que documentó 26 guerras entre diferentes grupos de autodefensa entre 1993 y 2005, muchas de las cuales se atizaron en tiempos de la desmovilización de más de 32 mil paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe. El Espectador tuvo acceso a esta inédita sentencia.

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En un fallo de 268 páginas, cuyo ponente fue el magistrado Eduardo Castellanos, el tribunal revisó la historia de este grupo armado a fin de esclarecer “la verdad histórica y judicial”. En ese examen crítico estableció que esta organización ha tratado de imponer una narrativa oficial que pretendió mostrarla como una federación de grupos armados ilegales con vocación contrainsurgente, con un mando nacional responsable y con directrices políticas dictaminadas a lo largo de cinco conferencias. No obstante, los hechos demostraron otra cosa. La historia del paramilitarismo en Colombia estuvo plagada de disputas internas y permanentes por el mando, los territorios, las poblaciones, los recursos económicos y los aliados estatales.

En resumen, su enemigo también estuvo adentro. En ese contexto, tras revisar 44 fallos de tribunales de Justicia y Paz se determinó que había que derrumbar de una buena vez aquel mito extendido sobre las AUC. En el libro Colombia siglo XXI, las autodefensas y la paz el comandante paramilitar Carlos Castaño Gil sostuvo que el 18 de abril de 1997 en la región de Urabá se llevó a cabo la primera conferencia nacional de organizaciones antisubversivas regionales, donde se aprobó el acta de constitución de las AUC, se les atribuyó ser una confederación y se dictaminó un estatuto de régimen interno. En mayo de 1998, según Castaño, se realizó la Segunda Conferencia y se “revalidó la idea de disciplina y subordinación jerárquica”. Y luego vinieron las otras tres. Al final, pura letra muerta. Cada bloque, frente o estructura hizo lo que le dio la gana.

“La visión de las AUC como una confederación nacional de contrainsurgencia irregular puede ser problemática, ya que desconoce las numerosas situaciones en las que hubo insubordinaciones, desacatos a la autoridad de Carlos y Vicente Castaño y conflictos entre los miembros del Estado Mayor”, señaló el fallo. Estas guerras intestinas revelaron que jamás hubo una unidad de mando ni un movimiento nacional coordinado. Según el tribunal, 8 de las 26 disputas entre los “cacaos” de la violencia paramilitar se presentaron por reprimir eventos de resistencia e insubordinación, donde la llamada Casa Castaño y sus aliados se enfrentaron a las autodefensas de Martín Llanos en Casanare, a las de Hernán Giraldo en Magdalena y La Guajira, a las de Camilo Morantes en Barrancabermeja, al Bloque Metro de alias Doble Cero o a los matones de alias Cadena en los Montes de María.

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Según la Real Academia de la Lengua, “confederación” traduce una unión estable de Estados en la que la relación entre los miembros se ordena bajo los principios de unidad, autonomía, jerarquía y participación. Es decir, todo lo contrario a lo ocurrido en las AUC. “Si las confederaciones se rigen por principios de autonomía, no se entiende por qué se presentaron 14 conflictos violentos por motivos como invasiones de territorios o búsqueda de rentas por fuera de las delimitaciones geográficas acordadas. Por ejemplo, la invasión del Bloque Tolima en las áreas del Frente Ómar Isaza de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio; el intento del Bloque Centauros de Miguel Arroyave por apoderarse de las autodefensas de los Buitrago en el Casanare y coparle sus territorios, o la injerencia del Bloque Central Bolívar sobre los corredores de movilidad que eran controlados por las autodefensas de Juan Francisco Prada en el sur del Cesar”.

Hechos que mostraron las ideas expansionistas y de irrespeto a la autonomía de mando que caracterizó el comportamiento de unos bloques paramilitares con respecto a otros. Un escenario que revela que las AUC, más que una agrupación coordinada, lo que representó siempre fue unos “feudos de poder”. En el fallo, por ejemplo, se relatan intimidades del conflicto entre dos pesos pesados de la guerra y la virulencia paramilitar: Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán, y Hébert Veloza, alias H.H. Todo empezó porque este último como comandante del sangriento bloque Bananero le “decomisó” a el Alemán un camión que transportaba insumos para el procesamiento de cocaína. Veloza se indignó porque no se le había consultado esa “vuelta” ni tampoco pagado “el impuesto al gramaje” respectivo.

El Alemán lo increpó diciéndole que “todos eran de la misma organización”. Sin embargo, H.H. no creyó ese discurso, se quedó con la mercancía y amenazó al comandante del bloque Élmer Cárdenas con asesinarlo. En sus confesiones a la justicia, Fredy Rendón relató esta historia y concluyó que el conflicto no escaló más porque él no quiso, ya que “H.H. era muy belicoso”. Para el tribunal, los asesinatos de Carlos Castaño, de Doble Cero, de Miguel Arroyave, de Rodrigo Mercado, alias Cadena, así como otro largo etcétera de crímenes de mandos medios evidencian las pugnas de poder al interior de una organización edificada a retazos. El fallo es elocuente en este punto: “La forma prevalente de ascender en la estructura criminal no era mediante méritos y años de servicio como se planteó supuestamente en los estatutos internos de las AUC, sino mediante conspiraciones y asesinatos”.

El documento también ilustra la cadena de guerras sucesivas en el Urabá, los Llanos Orientales y la Costa Norte por cuenta del control de las rentas ilegales –narcotráfico, minería y extorsión, por ejemplo–. En su momento, el comandante del Bloque Norte Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40 –extraditado a los Estados Unidos–, tildó de ladrón al jefe del Bloque Bananero Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito. Incluso lo amenazó de muerte por haber acaparado rentas provenientes de multinacionales y comercializadoras nacionales de banano. Todo lo cual “es una prueba de la ausencia de criterios rectores a nivel de la cúpula de las llamadas AUC para repartir los recursos financieros. Cada comandante en su zona hizo lo que quiso hacer con absoluta autonomía y declaró guerras de manera unilateral cuando quería expandirse territorialmente, a pesar de los intentos (fallidos) de confederación por parte de la casa Castaño”.

El manejo del dinero en las filas y las alianzas o patrocinios a congresistas, gobernadores, alcaldes y ediles provocaron otras luchas, pues cada franquicia quería que su “ungido político” fuera el ganador en el ajedrez electoral. Eso, para no hablar de las insubordinaciones. En junio de 2002, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, declaró en un comunicado que el Bloque Central Bolívar se retiraba definitivamente de las AUC. De hecho, a pesar de que estuvo presente en Santa Fe de Ralito (Córdoba) durante el proceso de paz, hubo necesidad de instalar mesas separadas con el gobierno Uribe para finalizar la desmovilización de sus hombres. A finales de ese 2002, también, alias Rafa Putumayo se rehusó a seguirle enviando dinero a Carlos Castaño y para evitar una guerra negoció un protectorado con Macaco.

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Y los ejemplos siguen. En 2003, Carlos Castaño echó de las autodefensas a Arnubio Triana, alias Botalón, jefe de los “paras” en el Magdalena Medio. La respuesta de Botalón fue tan sencilla como ilustrativa: “Respeté el mando de Castaño, pero nunca seguí sus órdenes”. El ala “narca” que terminó colándose en el proceso –léase lo ocurrido con dos capos como Francisco Javier Zuluaga, alias Gordolindo, o Juan Carlos el Tuso Sierra– también provocó ajustes de cuentas, crímenes y reorganización de poderes. Empezando, claro, por el asesinato el 16 de abril de 2004 de Carlos Castaño por órdenes –ni más ni menos– que de otro narco: su hermano, Vicente Castaño Gil. En síntesis, las AUC nunca fueron unidas ni representaron un grupo nacional, y tampoco existió un control efectivo sobre la tropa, y aquello explica una desmovilización tan caótica que tardó 32 meses en finalizarse.

En este sentido, la conclusión del fallo resulta muy pertinente en la coyuntura de tropiezos y tiempos de desmovilización y entrega de armas de la guerrilla de las Farc. “Mientras que las guerrillas y las autodefensas que en décadas anteriores firmaron un acuerdo de paz con el Gobierno nacional tardaron un día en desmovilizarse, las denominadas AUC, por el contrario, demoraron aproximadamente 960 días desde la primera desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en diciembre de 2003 hasta la última del Bloque Élmer Cárdenas en agosto de 2006. Inclusive este tiempo es cinco veces mayor al preestablecido por el Gobierno y las Farc, quienes en los Acuerdos Finales firmados en el teatro Colón de Bogotá, establecieron que el plazo máximo para la dejación definitiva de armas sería de 180 días”.

Queda claro, entonces, que las AUC fueron un sancocho entre interesados señores de la guerra, narcotraficantes y matones locales que desangraron a Colombia y desplegaron su barbarie, sin mandos ni jerarquías respetadas, y mucho menos sin un proyecto similar de lucha contrainsurgente como hasta hoy la narrativa de la violencia nos lo ha hecho creer.