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Distinto a la lectura que se ha dado durante años del conflicto armado, ahora las estructuras criminales no solo buscan consolidar su presencia en zonas rurales, sino que cada vez con más fuerza intentan llegar y conquistar ciudades principales, en especial mediante las rentas ilegales.
El Clan del Golfo, las disidencias de las extintas FARC y la guerrilla del ELN hace rato están en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cúcuta, entre otras, pero sus estrategias apuntan ahora a reforzar su control cooptando bandas criminales emergentes a quienes les “alquilan” las economías ilícitas como la extorsión y el microtráfico de drogas.
Estas son algunas de las conclusiones que se desprenden del más reciente informe que la la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) presentó sobre la “urbanización del conflicto”,. Uno de los principales hallazgos del documento es que los grupos armados de origen guerrillero como el ELN y las disidencias de las antiguas FARC, además de su presencia en la ruralidad, han logrado mantener actividad en ciudades capitales, pero con un accionar diferente para atender las dinámicas específicas.
En el caso del Clan del Golfo —autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)—, el informe afirma que una de las estrategias del grupo —la mayor estructura criminal en Colombia— es establecer relaciones directas con pequeñas bandas criminales ya establecidas en el territorio, al tiempo que ejerce presión y recurre a la violencia cuando se amenazan sus intereses. “Ha desarrollado un sistema de tercerización, subcontratando bandas o grupos menores para fomentar el microtráfico y la extorsión, extendiendo así su influencia territorial”, señala el informe.
Un claro ejemplo de esa dinámica es lo que ocurre en zonas urbanas como Quibdó, donde han denunciado una avanzada militar del Clan del Golfo que ha desplazado de varios barrios a las bandas urbanas que están en ese territorio como Locos Yam, Mexicanos y RPS —todos en un proceso de diálogo con el Gobierno—, con el fin de expandir su control territorial y catapultar las rentas ilegales.
El informe indica que “los centros urbanos ofrecen oportunidades para actividades como el lavado de activos y la integración de rentas ilícitas en economías legales. La alta rentabilidad de la extorsión, en sus distintas modalidades, ha llevado a estos grupos a emplear este método de forma recurrente en la periferia de las ciudades”.
Y agrega: “Hay grupos que están acampando más en los centros urbanos porque la guerra insurgente y contrainsurgente no ha ido más. Ese es un ciclo que relativamente cerramos con el proceso de paz con las FARC. De esa generación, el ELN tiene presencia urbana, pero son muy distintas. Lo que hay es un Ejército Gaitanista que teje redes y empieza a adaptarse mutando a la ciudad controlando la extorsión y el cobro de economías como alternativas para continuar su existencia y seguir con el control, mientras que en los mejores años del narcotráfico alcanzaba para todo”, explicó a Colombia+20 Laura Bonilla, directora de Pares.
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Y ese tipo de escenarios son aprovechados, principalmente por el EGC, que a grandes rasgos se comporta como una especie de “holding criminal” que gestiona y coordina a diversos grupos delincuenciales. “El EGC/Clan del Golfo es el grupo armado con mayor incidencia en el ámbito delincuencial urbano del país. Su presencia se caracteriza por la subcontratación para controlar economías ilícitas y eliminar competidores”, dice Pares.
Por otro lado, la presencia indirecta de los grupos armados explica en parte porque los riesgos de enfrentarse a la Fuerza Pública o a los grupos locales son mayores a los beneficios que pudieran obtener en términos económicos. Por lo tanto, los grupos armados prefieren mantener un control indirecto sobre las dinámicas de los centros urbanos y optan por establecerse en lo rural.
Sin embargo, la mera incidencia de las estructuras armadas, aunque sea indirecta, tiene repercusiones para las comunidades como el reclutamiento de menores, control poblacional y aumento de la extorsión. “Si bien las confrontaciones armadas y las vulneraciones a los derechos humanos siguen concentrándose en áreas rurales, la transformación del conflicto en el país obliga a advertir sobre la creciente incidencia de estos grupos en las ciudades y los riesgos asociados a este fenómeno”, concluye Pares.
Bogotá, en la mira de los armados
Bogotá es uno de los escenarios de confrontación entre actores armados y bandas criminales. La reorganización del mapa criminal en la capital exacerbó la violencia, la extorsión y los homicidios selectivos por la disputa territorial tras la llegada del Tren de Aragua, grupo criminal que busca consolidarse en esta ciudad.
Las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo señalan que la presencia del Clan del Golfo se ha consolidado a través de la subcontratación de bandas criminales emergentes, como La Oficina de San Andresito, Los Boyacos, Los Paisas, Los Costeños, Los Camilos y Los Pereiranos. El objetivo es aliarse para enfrentar al Tren de Aragua y sus socios y consolidar el control territorial sobre localidades donde pueden expandir la renta ilegal.
“En esta nueva disputa territorial se han registrado homicidios con un alto grado de violencia, incluyendo la exposición pública de cuerpos y el marcaje del territorio con pintas alusivas a dicho grupo”, advierte el informe de Pares.
En una reciente reunión entre líderes sociales, Colombia+20 recibió testimonios donde la comunidad alertaba por la presencia del Clan del Golfo en sus barrios y los constantes grafitis con las letras AGC y EGC en relación con esa estructura criminal.
“En Bogotá nos preocupa el avance del paramilitarismo, que además es una problemática nacional, los grafitis de AGC en los barrios son más comunes porque se están copando la ciudad.”, detalló un líder social que prefirió reservar su nombre por seguridad.
Según datos oficiales, entre enero y octubre de este año se han reportado 988 casos de homicidios en Bogotá, un 11,63 % más que en 2023. Se espera que 2024 termine con más de 1.100 homicidios en Bogotá, lo que sería una de las cifras más altas de los últimos años.
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El informe de Pares indica que se han identificado al menos 85 organizaciones operando en la capital del país y su región metropolitana, entre ellas el ELN, la Segunda Marquetalia (disidencia de Iván Márquez), el Clan del Golfo y bandas como La Oficina de San Andresito y el Tren de Aragua.
“El EGC-Clan del Golfo parece estar extendiéndose con mucha rapidez y violencia, pues han logrado disputar los núcleos que el Tren de Aragua ya había consolidado en la zona centro de la ciudad entre la localidad de Santa Fé y Los Mártires, además de estar intentando asegurarse los grandes corredores del oriente y el occidente de la ciudad, buscando ser el grupo hegemónico del tráfico de drogas en la ciudad”, concluye el documento.
Qué pasa en Medellín y Cali
Por su parte, en Medellín y Valle de Aburrá, donde el mayor control territorial lo tienen las bandas criminales con sus principales cabecillas sentados en una mesa de paz urbana con el Gobierno desde la cárcel de Itagüí, el informe alerta que, de nuevo, el único grupo armado organizado que ha podido tener incidencia en este territorio es el Clan del Golfo. “Ningún otro grupo ha intentado entrar. Las estructuras tienen todo el control territorial en la ciudad”, dijo, en reciente entrevista con Colombia+20, Sebastián Murillo (alias Lindolfo), cabecilla de la Oficina de Envigado.
La principal disputa del Clan es con La Oficina, confrontación que no se ha traducido en asesinatos ni actos de violencia directa porque esa banda criminal sigue siendo hegemónica en la ciudad y se mantienen en la posición de regular la conflictividad en tiempos de diálogos de paz total. Aun así, el informe advierte que la violencia podría explotar en las periferias.
Esta semana, el anuncio de las bandas de Medellín del Valle de Aburrá de “frenar” temporalmente las extorsiones abre expectativas, pero también dudas sobre si esto sería aprovechado por otros grupos armados.
En el caso de Cali, el mapeo que realizó Pares identificó que en este territorio hay, sobre todo, una proliferación de las rentas ilegales a raíz de la presencia de tres grupos armados organizados que buscan cooptar y consolidar las rutas del narcotráfico hacia el interior del país que pasan por el puerto de Buenaventura. Por una parte, la presencia del EGC se ha consolidado en esa ciudad con el Bloque Jairo de Jesús Arango, principalmente en Buenaventura, Dagua, Jamundí y la Comuna 10 de Cali.
En ese espacio urbano también está el Estado Mayor Central (EMC), disidencia bajo el mando de Iván Mordisco. Según el informe, el Frente Jaime Martínez ha consolidado su actividad en el corredor Cali-Jamundí y ha ejecutado actos violentos allí.
“Según datos de la Policía Nacional, de enero a octubre de este año se han presentado 100 homicidios en el municipio de Jamundí, una cifra 6,3 % más alta que la del mismo período de 2023. Llama la atención que el 82 % de los casos ha sido cometido con arma de fuego. Por su parte, las amenazas registran un aumento del 78,2 % de los casos”, destaca el informe, sumando los dos atentados a estaciones de Policía y detonaciones de artefactos explosivos entre mayo y junio.
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En Cali también se ha reportado la modalidad de tercerización, pues La Oficina de Jamundí estableció alianzas con el Frente Jaime Martínez en barrios como El Rodeo, Terranova y Bonanza, de Jamundí, con homicidios, extorsión e instrumentalización de menores.
El principal escenario de riesgo en esta ciudad es el posible desbordamiento de acciones armadas tanto por la presencia de disidencias y grupos delincuenciales. “Lo que hemos hecho en Colombia es desmovilizar y luego alguien más llega a hacer ese control estatal en el territorio. Es posible que exista una reedición de los conflictos en las ciudades”, concluyó Bonilla.
Santa Marta, las disputas del Clan con Autodefensas de la Sierra
El informe de Pares indica que el Clan y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), estructuras sucesoras del paramilitarismo, se disputan el control de las rentas ilícitas urbanas, en particular el control del puerto y los corredores estratégicos para la ciudad.
“En el sector urbano de Santa Marta los enfrentamientos entre EGC-Clan del Golfo y ACSN se han traducido en una confrontación violenta entre brazos armados de estas organizaciones que operan a nivel local. Estos grupos funcionan a partir de alianzas o de la tercerización de actividades criminales”, registra el informe.
Según la Policía, las ACSN controlan el 70 % de la cocaína que se consume en la ciudad, mientras que la extorsión (especialmente a comerciantes) no solo es su principal renta, sino que se ha convertido en el factor común para el fortalecimiento de la gobernanza criminal de estos grupos armados, ambos en diálogos de paz con el Gobierno Petro.
Nariño: narcotráfico y grupos delincuenciales transnacionales
De acuerdo con Pares, la ubicación geográfica de Nariño ha convertido al departamento en un “nodo central para dinámicas criminales”, pues su cercanía en la frontera con Ecuador y sus salidas al océano lo hacen punto de encuentro para el narcotráfico.
En ciudades como Pasto e Ipiales, dice el documento, se puede evidenciar una multiplicidad de grupos de delincuencia común, asociados a extorsión y microtráfico
“A partir del monitoreo realizado en los municipios de Pasto, Ipiales y Tumaco, se ha identifican 26 grupos que hacen presencia y tienen influencia, de los cuales 21 son grupos de delincuencia común oorganizados (GDCO) de nivel bajo y con capacidades más locales”.
En ese departamento se llevan a cabo dos procesos de paz: uno con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano —grupo que se separó de Iván Márquez— y otro —el más avanzado— con Comuneros del Sur (frente separado del ELN).
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