Buenaventura: entre el confinamiento y el reclutamiento forzado

Los 500.000 habitantes de Buenaventura, el puerto marítimo más importante del Pacífico colombiano, afrontan la pandemia de COVID-19 en medio de los enfrentamientos entre bandas y grupos delincuenciales que cada vez se agudizan más. “Las calles están disputadas por los actores armados ilegales y la comunidad no puede decir nada. Desde las 4 o 5 de la tarde tienen que estar cerradas las puertas de las casas. Esa es la realidad que hoy se está viviendo”, asegura Orlando Castillo, líder y defensor de derechos humanos, cofundador del Espacio Humanitario Puente Nayero en Buenaventura.

Para no ir más lejos, el pasado 30 de diciembre hubo siete asesinatos casi simultáneos que se suman a los casi treinta que van en lo corrido de 2021. La violencia en Buenaventura, municipio ubicado a 116 kilómetros de Cali, no es novedad para sus habitantes, pues durante años han tenido que vivir los embates del conflicto armado. Sin embargo, la agudización ha prendido las alarmas. Aún así el silencio reina en el puerto.

Algunas familias han tomado la decisión de huir de los barrios, corriendo el riesgo de sufrir retaliaciones. De acuerdo con Edwin Patiño, personero de Buenaventura, solo en las últimas semanas ha habido más de 300 personas desplazadas, y a diario llegan nuevas víctimas a declarar.

“Se han registrado hasta dobles desplazamientos porque una familia se desplaza de un barrio a otro, pero cuando llegan a ese barrio también deben salir porque hay confrontaciones. Adicionalmente a eso tengo denuncias de confinamientos y restricción de la movilidad. A raíz de que las familias están saliendo de los sectores, estos grupos al margen de la ley ven que se están quedando solos, se sienten vulnerables y lo que hacen es prohibir a las familias volver a entrar o no dejar sacar las cosas. Muchos lo que hacían era ir en las noches y tratar de sacar las pertenencias, exponiéndose a la muerte”, detalla Patiño.

El aumento de la violencia en el municipio, que tiene en riesgo a cerca de 170.500 personas de las comunas 7, 10, 11, 12 y el corregimiento 8, se explica en una ruptura interna del grupo conocido como La Local. Según documentó la Defensoría del Pueblo en una alerta de inminencia emitida el pasado 29 de enero, esta disputa se expresa “en la división de dos estructuras ilegales: Los Shotas y Los Espartanos (...) En paralelo se conoce que las dos estructuras, una vez escindidas de La Local, han incrementado sus presiones para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes se unan a alguno de los bandos”.

La Defensoría sostiene que el escenario de riesgo también se extiende a la zona suburbana de la cabecera municipal, pero por la acción de otros actores armados ilegales que buscan expandirse y controlar dicho territorio: “Allí la población viene siendo asediada tanto por el Eln como facciones disidentes de las ex-Farc, sector que cuenta con poca vigilancia, y facilita movilizarse hacia el vecino municipio de Dagua y conectar con la carretera Simón Bolívar en dirección a la capital del Valle”, advierte la alerta temprana.

El alcalde de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal, asegura que aunque las confrontaciones se agudizan en unos sectores más que otros, lo cierto es que no hay un barrio que no esté expuesto. Además, respalda la afirmación de la Defensoría en cuanto a que los índices de violencia actuales son el resultado de la confrontación interna de La Local. “Estamos viviendo otro pico de violencia que empezó unos quince días antes de los asesinatos del 30 de diciembre, luego de dos atentados a personajes que tienen que ver con los grupos ilegales y eso desató la disputa”, asegura Vidal.

En el municipio hay presencia de las disidencias de las Farc, del Clan del Golfo y del Ejército de Liberación Nacional (Eln). A ellos se suman los que el Gobierno llama Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), como la Gente del Orden, la banda La Local y La Empresa. Estos actores armados ilegales se disputan las rutas del narcotráfico, pero en el caso de los GDO también se enfrentan por el control interno de actividades como las extorsiones y el microtráfico.

“En Buenaventura todo tiene un precio. Si usted va a mandar una encomienda lo roban. Por ejemplo, si van a mandar algo para Guapi les cobran $1 millón. Eso allá es vox populi, es un tema que uno llega allá y lo sabe. Allá hay extorsión hasta por usted hacerle mejoras a su casa”, asegura Juan Manuel Torres, coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación en Buenaventura.

El pasado 27 de enero, durante la conmemoración del tercer aniversario del asesinato del líder social Temístocles Machado, el alcalde Vidal aseguró que en el municipio hay tres escenarios posibles: “Llegan a un acuerdo las bandas, se gana la pelea una de las partes o por fin el Estado toma control sobre la situación”. Y añadió: “Lo que hemos hecho es acostumbrarnos a ellos y eso es lo que no podemos hacer. La omisión es un pecado. Nosotros estamos omitiendo nuestras responsabilidades de garantizar el derecho de vivir en paz. Todo el mundo está preocupado ahora porque hay balaceras, pero una vez pasen todo vuelve a la normalidad, a comprar la comida más cara de Colombia y eso no puede seguir así”.

Tras la serie de asesinatos, la Policía ha capturado a setenta personas. Sin embargo, según cuenta el personero municipal, las disputas se están extendiendo hasta la cárcel, por lo que han solicitado trasladar a los reos. “La pelea es por el territorio, extorsiones a los comerciantes, además de la ubicación, que se convierte en algo que quieren los grupos ilícitos. Más que pie de fuerza, es intervención social lo que necesitamos. El alto índice de desempleo se ha vuelto un punto clave para los delincuentes porque los jóvenes están desempleados. Antes de la pandemia el desempleo era del 75 %, pero esa cifra ya aumentó”, detalla Patiño.

Precisamente esa intervención social es la que desde las comunidades se le está pidiendo al Estado. “Esto se resuelve con inversión social a las comunidades, para ver cómo se desactiva esa situación de que los muchachos están con los actores armados. Y mientras no se haga una intervención seria y responsable vamos a tener que seguir viviendo con la violencia”, asegura Castillo.

Entretanto, la incertidumbre y desesperanza aumentan cada vez más en Buenaventura. “Ha habido muchos momentos de esperanza, como el Acuerdo de Paz, pero cuando se golpea la moral del pueblo, con tanto muerto, vuelve a caer todo como una espiral hacia abajo de la que es muy difícil salir. Más ahora con la pandemia, cuando hay menos comida en la mesa, la gente tiene hambre y hay un nivel de desesperanza, de pérdidas de libertades, que están a la deriva por la violencia”, concluye Juan Manuel Torres.

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Para no ir más lejos, el pasado 30 de diciembre hubo siete asesinatos casi simultáneos que se suman a los casi treinta que van en lo corrido de 2021. La violencia en Buenaventura, municipio ubicado a 116 kilómetros de Cali, no es novedad para sus habitantes, pues durante años han tenido que vivir los embates del conflicto armado. Sin embargo, la agudización ha prendido las alarmas. Aún así el silencio reina en el puerto.

Algunas familias han tomado la decisión de huir de los barrios, corriendo el riesgo de sufrir retaliaciones. De acuerdo con Edwin Patiño, personero de Buenaventura, solo en las últimas semanas ha habido más de 300 personas desplazadas, y a diario llegan nuevas víctimas a declarar.

“Se han registrado hasta dobles desplazamientos porque una familia se desplaza de un barrio a otro, pero cuando llegan a ese barrio también deben salir porque hay confrontaciones. Adicionalmente a eso tengo denuncias de confinamientos y restricción de la movilidad. A raíz de que las familias están saliendo de los sectores, estos grupos al margen de la ley ven que se están quedando solos, se sienten vulnerables y lo que hacen es prohibir a las familias volver a entrar o no dejar sacar las cosas. Muchos lo que hacían era ir en las noches y tratar de sacar las pertenencias, exponiéndose a la muerte”, detalla Patiño.

El aumento de la violencia en el municipio, que tiene en riesgo a cerca de 170.500 personas de las comunas 7, 10, 11, 12 y el corregimiento 8, se explica en una ruptura interna del grupo conocido como La Local. Según documentó la Defensoría del Pueblo en una alerta de inminencia emitida el pasado 29 de enero, esta disputa se expresa “en la división de dos estructuras ilegales: Los Shotas y Los Espartanos (...) En paralelo se conoce que las dos estructuras, una vez escindidas de La Local, han incrementado sus presiones para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes se unan a alguno de los bandos”.

La Defensoría sostiene que el escenario de riesgo también se extiende a la zona suburbana de la cabecera municipal, pero por la acción de otros actores armados ilegales que buscan expandirse y controlar dicho territorio: “Allí la población viene siendo asediada tanto por el Eln como facciones disidentes de las ex-Farc, sector que cuenta con poca vigilancia, y facilita movilizarse hacia el vecino municipio de Dagua y conectar con la carretera Simón Bolívar en dirección a la capital del Valle”, advierte la alerta temprana.

El alcalde de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal, asegura que aunque las confrontaciones se agudizan en unos sectores más que otros, lo cierto es que no hay un barrio que no esté expuesto. Además, respalda la afirmación de la Defensoría en cuanto a que los índices de violencia actuales son el resultado de la confrontación interna de La Local. “Estamos viviendo otro pico de violencia que empezó unos quince días antes de los asesinatos del 30 de diciembre, luego de dos atentados a personajes que tienen que ver con los grupos ilegales y eso desató la disputa”, asegura Vidal.

En el municipio hay presencia de las disidencias de las Farc, del Clan del Golfo y del Ejército de Liberación Nacional (Eln). A ellos se suman los que el Gobierno llama Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), como la Gente del Orden, la banda La Local y La Empresa. Estos actores armados ilegales se disputan las rutas del narcotráfico, pero en el caso de los GDO también se enfrentan por el control interno de actividades como las extorsiones y el microtráfico.

“En Buenaventura todo tiene un precio. Si usted va a mandar una encomienda lo roban. Por ejemplo, si van a mandar algo para Guapi les cobran $1 millón. Eso allá es vox populi, es un tema que uno llega allá y lo sabe. Allá hay extorsión hasta por usted hacerle mejoras a su casa”, asegura Juan Manuel Torres, coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación en Buenaventura.

El pasado 27 de enero, durante la conmemoración del tercer aniversario del asesinato del líder social Temístocles Machado, el alcalde Vidal aseguró que en el municipio hay tres escenarios posibles: “Llegan a un acuerdo las bandas, se gana la pelea una de las partes o por fin el Estado toma control sobre la situación”. Y añadió: “Lo que hemos hecho es acostumbrarnos a ellos y eso es lo que no podemos hacer. La omisión es un pecado. Nosotros estamos omitiendo nuestras responsabilidades de garantizar el derecho de vivir en paz. Todo el mundo está preocupado ahora porque hay balaceras, pero una vez pasen todo vuelve a la normalidad, a comprar la comida más cara de Colombia y eso no puede seguir así”.

Tras la serie de asesinatos, la Policía ha capturado a setenta personas. Sin embargo, según cuenta el personero municipal, las disputas se están extendiendo hasta la cárcel, por lo que han solicitado trasladar a los reos. “La pelea es por el territorio, extorsiones a los comerciantes, además de la ubicación, que se convierte en algo que quieren los grupos ilícitos. Más que pie de fuerza, es intervención social lo que necesitamos. El alto índice de desempleo se ha vuelto un punto clave para los delincuentes porque los jóvenes están desempleados. Antes de la pandemia el desempleo era del 75 %, pero esa cifra ya aumentó”, detalla Patiño.

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Entretanto, la incertidumbre y desesperanza aumentan cada vez más en Buenaventura. “Ha habido muchos momentos de esperanza, como el Acuerdo de Paz, pero cuando se golpea la moral del pueblo, con tanto muerto, vuelve a caer todo como una espiral hacia abajo de la que es muy difícil salir. Más ahora con la pandemia, cuando hay menos comida en la mesa, la gente tiene hambre y hay un nivel de desesperanza, de pérdidas de libertades, que están a la deriva por la violencia”, concluye Juan Manuel Torres.

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