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La sangre corría afuera de su casa y dentro de sus pantalones. Aturdida y temblando, Nidia Contreras salió el 17 de abril hacia el hospital de Ocaña, dejando solos a sus cuatro hijos –la mayor de catorce años y el menor de seis– en la vereda Guaciles Altos, del municipio Concepción, Norte de Santander. Aunque en el camino sentía su corazón a punto de salirse del pecho, sus ojos desviados y su mente perdida, recuerda con claridad los cadáveres tirados en los charcos de la carretera. Una imagen que contrasta con los días en que en esta región los bultos se llenaban con alimentos y no con muerte.
Había abortado espontáneamente, le dijeron en la clínica. La razón: el miedo. Los nervios acumulados desde hace 40 días, cuando el sonido de las balas confirmó que no sólo no llegó la anhelada paz, sino que se intensificó la guerra en la región del Catatumbo. Y esta angustia hizo que su vientre expulsara la vida en gestación. Después de una semana hospitalizada y con su feto del tamaño de una ciruela guardado en un frasco, Contreras esperó a las afueras del Club Ocaña, donde se llevó a cabo la cumbre de alcaldes y altos funcionarios del Gobierno con el fin de definir estrategias de respuesta ante la crisis humanitaria. Ha contado más de una semana sin saber nada de los hijos que dejó en medio de los enfrentamientos y no puede regresar por ellos debido al paro armado declarado por el Epl en su disputa con el Eln por el control territorial de las rutas del narcotráfico en la frontera con Venezuela.
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Entre tanto, el vicepresidente, general (r) Óscar Naranjo; el ministro del Interior, Guillermo Rivera; el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret; y el comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, se reunieron con los representantes de los municipios más afectados. Cada hora que pasa representa para ellos la pérdida de miles de toneladas de cebolla, yuca, tomate y plátano; la ausencia de los niños en las escuelas, la paralización del comercio y, sobre todo, la muerte de sus habitantes, que están en el fuego cruzado.
Ante el crítico panorama, luego de varias intervenciones por parte de los mandatarios locales, se definió la instalación de un puesto de mando unificado en Ocaña, bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior, en el que actuarán diversas entidades estatales con el fin de hacer una labor humanitaria. Según Naranjo, esa es la prioridad del Gobierno. “A partir de este momento eso tiene que ser una realidad como punto de partida para la atención a la población. Además, trabajaremos en temas de seguridad y de identificación tanto de los avances de los proyectos como de cuellos de botella para que los obstáculos que tenemos se surtan de la manera más eficaz posible”.
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Por su parte, los alcaldes insistieron en que la respuesta del Gobierno no sea únicamente reactiva, sino que involucre programas de inversión social que cierren las brechas históricas con las que carga el Catatumbo. Otras decisiones tuvieron que ver con la destinación de un puente aéreo de las Fuerzas Militares para el ingreso de alimentos y la declaratoria de calamidad pública en Norte de Santander con el fin de abrirle las puertas a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. A la vez, se anunció la llegada de 2.000 militares para un despliegue total “de cerca de 12.000 efectivos en la región –explicó Naranjo–, así como medidas concretas, como lo son un corredor humanitario, caravanas de seguridad al transporte y las áreas urbanas de los municipios, y la asistencia policial y militar”.
Sin embargo, para los líderes sociales del Catatumbo, la presencia de la Fuerza Pública está lejos de ser la solución. “Eso evidencia un desconocimiento de nuestra realidad. Ellos no viven aquí porque, de lo contrario, sabrían que si la comunidad no avala sus propuestas, es difícil que se solucione”, manifestó Wílder Franco, miembro de Asociación Campesina del Catatumbo. Lo mismo piensan los pobladores de la zona. “A nosotros nos atemoriza más que se meta el Ejército, porque ahí es donde sí se prende la guerra. Todos los días hay combates y llevo 69 años escondiéndome de ellos. ¿Hasta dónde tenemos que llegar para darnos cuenta de que esa no es la vía?”, expresó Nelson Rodríguez, habitante de Ocaña. La semana pasada, uno de los grupos saqueó su hogar. Se llevó el puerco, las gallinas, el mercado. Y a su hijo. “Hay tanta gente armada que uno nunca sabe quién fue, lo que sí se sabe es que el campesino siempre tiene las de perder. Otro hijo más se me va y nada que veo la paz”, concluye el hombre con evidente pesadumbre.