Campesinos anuncian paro nacional indefinido si no hay reunión con disidencia FARC
En el comunicado, las organizaciones campesinas de Guaviare, Caqueta y Meta dan el próximo lunes 30 de septiembre como plazo máximo para ese encuentro entre la delegación de Gobierno y el grupo armado al mando de Calarcá Córdoba.
Cindy A. Morales Castillo
Los campesinos de las áreas colindantes con el Parque Nacional Natural Sierra del Chiribiquete manifestaron, a través de un comunicado dirigido a la delegación de Gobierno y la de la disidencia comandada por Calarcá Córdoba, su profundo descontento por lo que llaman un incumplimiento en la reunión que tendría lugar hace unos días en La Macarena, Meta.
Las comunidades veredales de Puerto Cachicamo, La Catalina, Puerto Nuevo, Campo Hermoso señalan que el encuentro era clave para las iniciativas de transformaciones territoriales que se llevan en el marco de ese proceso y denuncian que la falta de apoyo de varios ministerios -entre ellos el de Ambiente, liderado por Susana Muhamad y Defensa, de Iván Velásquez- han sido el obstáculo principal para que esa reunión, que según conoció este diario ya ha tenido dos aplazamientos no se realice.
“En este caso específico pareciera que la delegación del Gobierno en la mesa no tiene la fuerza, ni el apoyo necesario por parte de los Ministerios para atender y buscar solución a las dificultades que se presenten a diario. En términos coloquiales hay varios Ministerios que no le caminan a la paz total y nos deja la incertidumbre en el tema de las transformaciones territoriales (…) Ministerios como el de Ambiente y Defensa ponen trabas para venir a las regiones”, dice el comunicado.
Y agregan que si ese encuentro no se hace antes del próximo lunes 30 de septiembre, convocarán a un paro campesino nacional indefinido. “Exigimos se nos confirme la nueva fecha para realizar la agenda. La fecha para la confirmación de la nueva agenda no puede pasar del día 30 de septiembre del 2024, Si a esta fecha no conocemos la fecha del nuevo encuentro, nos obligarían a convocar a un PARO CAMPESINO NACIONAL INDEFINIDO”, dice el documento.
Fuentes cercanas le dijeron a este diario que ambas delegaciones tenían planeado el encuentro en La Macarena desde hace varias semanas y que, en efecto, ha tenido al menos tres aplazamientos. El más reciente se habría dado por la gira de dos días llamada “Salvemos la selva” en la que participó el presidente Gustavo Petro y el ministerio de ambiente por Guaviare, Meta y Caquetá. Durante ese evento, se habló de garantías para contener la deforestación y la implementación del programa Conservar Paga, entre otras actividades.
Para algunas organizaciones campesinas, que la fecha del encuentro del Ministerio de Ambiente hubiera coincidido con la que iban a hacer las delegaciones se consideró un boicot porque el encuentro ambiental se había planeado en la reunión extraordinaria que se llevó a cabo el pasado 9 de agosto. Otras fuentes que hablaron con este diario y que prefirieron no dar su nombre por seguridad afirman que representantes de ese Ministerio en algunas reuniones en la mesa han puesto algunas trabas o se han opuesto a iniciativas de transformación territorial que tienen que ver con los temas agrícolas o ambientales, sin que presentan tampoco soluciones u otras propuestas.
En un reciente informe de Colombia+20 se exponía que hay una pugna en el interior del Gobierno Petro por el modelo de seguridad y las acciones territoriales que llevan varios Ministerios mientras se negocia la paz con los grupos armados.
El contexto regional en el que se desarrolla este cambio también ha incluido áreas complejas. Por ejemplo, en Meta, Guaviare y Caquetá —donde opera la disidencia de Calarcá Córdoba, con quien actualmente hay una negociación de paz— se ha ordenado un cambio en las maniobras militares para contrarrestar delitos como la extorsión, y en actividades criminales como la deforestación, la minería ilegal y el narcotráfico.
De hecho, en el contexto de la lucha contra la extorsión fue que se dio la retención de cerca de 100 soldados en Guaviare por parte de la comunidad que afirmaba que su presencia haría aumentar la conflictividad en el territorio. Entre las acciones recientes, se destruyeron puentes rudimentarios que, según las autoridades, eran utilizados por estos grupos para transportar drogas y explotar recursos naturales; pero según las comunidades, eran parte de vías de acceso rurales. Esos operativos se habrían hecho en conjunto con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Ambiente.
En el comunicado, los campesinos afirman que “en lugar de recibir proyectos que promuevan el bienestar social, el gobierno ha respondido con violencia. “¿De cual PAZ se puede hablar?, si nunca llevan proyectos que aporten al bienestar social y buen vivir de los campesinos, pero la Ministra de Ambiente y el Ministro de Defensa si mandan balas, humillación, despojo, desplazamiento, hambre y destrozo”, dice el texto.
El comunicado también contiene críticas directas a la Ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, en la que señalan que el discurso oficial “cambia cuando los funcionarios están frente a los campesinos”. Según los firmantes del documento, los representantes gubernamentales no tienen el valor de enfrentar a las comunidades tras las “barbaries cometidas” y se muestran distantes e insensibles a las necesidades y demandas del campesinado.
Las exigencias de las comunidades no son solo demandas de justicia y paz, sino también un llamado a que el gobierno respete su compromiso con la transformación territorial y la protección de los derechos de los campesinos que han habitado estas tierras durante décadas. La amenaza de un paro campesino nacional indefinido pone de relieve la gravedad de la situación y la necesidad urgente de que el gobierno tome medidas concretas para resolver el conflicto antes de que se agrave aún más.
Las amenazas de Mordisco
El pasado 17 de septiembre esas mismas comunidades campesinas de los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare le exigieron a Petro tomar acciones ante reciente amenaza de Iván Mordisco —que está en confrontación con la disidencia de Calarcá—, tras un comunicado en el que advierte su decisión de “retomar” el control de las regiones del Pato Balsillas, San Vicente del Caguán, los Llanos del Yari y la Serranía de La Macarena y le dan un ultimátum a los habitantes.
“Esto implica una dura confrontación, por lo cual no queremos ver implicada a la población civil en esta guerra iniciada. Sería muy doloroso para nosotros que en esta retoma de nuestras históricas áreas murieran habitantes de las regiones mencionadas por el solo hecho de no acatar las orientaciones”, dice el documento difundido por la disidencia de Mordisco.
Líderes sociales de estas regiones aseguraron que las amenazas no son nuevas, sino que hacen parte de un proceso de expansión del EMC que viene hace más de dos años, con presiones a las Juntas de Acción Comunal y las organizaciones que hacen incidencia en los territorios.
Nosotros no tenemos acercamiento con la agenda del grupo armado, lo tuvimos con la Consejería de Paz del Gobierno, para evitar justamente lo que está pasando
“Hay temor porque no habíamos tenido señalamientos en un comunicado donde se hablara de organizaciones con nombre propio, de procesos de defensa como las guardias campesinas. Sentimos que es una nueva forma de retaliación y esto genera miedo. No se sabe en este rio revuelto quién va a ser el ganador, pero los perdedores sí vamos a ser la comunidades étnicas y campesinas”, le dijo a Colombia+20 un delegado del Proceso La Coordillera, que reúne a organizaciones campesinas de Caquetá.
Puede leer: Así se gestó la división en disidencia EMC que llevó a la ruptura con Iván Mordisco
El vocero, que pidió mantener su nombre en reserva, agregó: “Estamos en una encrucijada y necesitamos que el Gobierno Nacional tome medidas de forma urgente”.
✉️ Si tiene información o denuncias sobre temas relacionadas con la paz, el conflicto, las negociaciones de paz o algún otro tema que quiera compartirnos o que trabajemos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com o aosorio@elespectador.com
Los campesinos de las áreas colindantes con el Parque Nacional Natural Sierra del Chiribiquete manifestaron, a través de un comunicado dirigido a la delegación de Gobierno y la de la disidencia comandada por Calarcá Córdoba, su profundo descontento por lo que llaman un incumplimiento en la reunión que tendría lugar hace unos días en La Macarena, Meta.
Las comunidades veredales de Puerto Cachicamo, La Catalina, Puerto Nuevo, Campo Hermoso señalan que el encuentro era clave para las iniciativas de transformaciones territoriales que se llevan en el marco de ese proceso y denuncian que la falta de apoyo de varios ministerios -entre ellos el de Ambiente, liderado por Susana Muhamad y Defensa, de Iván Velásquez- han sido el obstáculo principal para que esa reunión, que según conoció este diario ya ha tenido dos aplazamientos no se realice.
“En este caso específico pareciera que la delegación del Gobierno en la mesa no tiene la fuerza, ni el apoyo necesario por parte de los Ministerios para atender y buscar solución a las dificultades que se presenten a diario. En términos coloquiales hay varios Ministerios que no le caminan a la paz total y nos deja la incertidumbre en el tema de las transformaciones territoriales (…) Ministerios como el de Ambiente y Defensa ponen trabas para venir a las regiones”, dice el comunicado.
Y agregan que si ese encuentro no se hace antes del próximo lunes 30 de septiembre, convocarán a un paro campesino nacional indefinido. “Exigimos se nos confirme la nueva fecha para realizar la agenda. La fecha para la confirmación de la nueva agenda no puede pasar del día 30 de septiembre del 2024, Si a esta fecha no conocemos la fecha del nuevo encuentro, nos obligarían a convocar a un PARO CAMPESINO NACIONAL INDEFINIDO”, dice el documento.
Fuentes cercanas le dijeron a este diario que ambas delegaciones tenían planeado el encuentro en La Macarena desde hace varias semanas y que, en efecto, ha tenido al menos tres aplazamientos. El más reciente se habría dado por la gira de dos días llamada “Salvemos la selva” en la que participó el presidente Gustavo Petro y el ministerio de ambiente por Guaviare, Meta y Caquetá. Durante ese evento, se habló de garantías para contener la deforestación y la implementación del programa Conservar Paga, entre otras actividades.
Para algunas organizaciones campesinas, que la fecha del encuentro del Ministerio de Ambiente hubiera coincidido con la que iban a hacer las delegaciones se consideró un boicot porque el encuentro ambiental se había planeado en la reunión extraordinaria que se llevó a cabo el pasado 9 de agosto. Otras fuentes que hablaron con este diario y que prefirieron no dar su nombre por seguridad afirman que representantes de ese Ministerio en algunas reuniones en la mesa han puesto algunas trabas o se han opuesto a iniciativas de transformación territorial que tienen que ver con los temas agrícolas o ambientales, sin que presentan tampoco soluciones u otras propuestas.
En un reciente informe de Colombia+20 se exponía que hay una pugna en el interior del Gobierno Petro por el modelo de seguridad y las acciones territoriales que llevan varios Ministerios mientras se negocia la paz con los grupos armados.
El contexto regional en el que se desarrolla este cambio también ha incluido áreas complejas. Por ejemplo, en Meta, Guaviare y Caquetá —donde opera la disidencia de Calarcá Córdoba, con quien actualmente hay una negociación de paz— se ha ordenado un cambio en las maniobras militares para contrarrestar delitos como la extorsión, y en actividades criminales como la deforestación, la minería ilegal y el narcotráfico.
De hecho, en el contexto de la lucha contra la extorsión fue que se dio la retención de cerca de 100 soldados en Guaviare por parte de la comunidad que afirmaba que su presencia haría aumentar la conflictividad en el territorio. Entre las acciones recientes, se destruyeron puentes rudimentarios que, según las autoridades, eran utilizados por estos grupos para transportar drogas y explotar recursos naturales; pero según las comunidades, eran parte de vías de acceso rurales. Esos operativos se habrían hecho en conjunto con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Ambiente.
En el comunicado, los campesinos afirman que “en lugar de recibir proyectos que promuevan el bienestar social, el gobierno ha respondido con violencia. “¿De cual PAZ se puede hablar?, si nunca llevan proyectos que aporten al bienestar social y buen vivir de los campesinos, pero la Ministra de Ambiente y el Ministro de Defensa si mandan balas, humillación, despojo, desplazamiento, hambre y destrozo”, dice el texto.
El comunicado también contiene críticas directas a la Ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, en la que señalan que el discurso oficial “cambia cuando los funcionarios están frente a los campesinos”. Según los firmantes del documento, los representantes gubernamentales no tienen el valor de enfrentar a las comunidades tras las “barbaries cometidas” y se muestran distantes e insensibles a las necesidades y demandas del campesinado.
Las exigencias de las comunidades no son solo demandas de justicia y paz, sino también un llamado a que el gobierno respete su compromiso con la transformación territorial y la protección de los derechos de los campesinos que han habitado estas tierras durante décadas. La amenaza de un paro campesino nacional indefinido pone de relieve la gravedad de la situación y la necesidad urgente de que el gobierno tome medidas concretas para resolver el conflicto antes de que se agrave aún más.
Las amenazas de Mordisco
El pasado 17 de septiembre esas mismas comunidades campesinas de los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare le exigieron a Petro tomar acciones ante reciente amenaza de Iván Mordisco —que está en confrontación con la disidencia de Calarcá—, tras un comunicado en el que advierte su decisión de “retomar” el control de las regiones del Pato Balsillas, San Vicente del Caguán, los Llanos del Yari y la Serranía de La Macarena y le dan un ultimátum a los habitantes.
“Esto implica una dura confrontación, por lo cual no queremos ver implicada a la población civil en esta guerra iniciada. Sería muy doloroso para nosotros que en esta retoma de nuestras históricas áreas murieran habitantes de las regiones mencionadas por el solo hecho de no acatar las orientaciones”, dice el documento difundido por la disidencia de Mordisco.
Líderes sociales de estas regiones aseguraron que las amenazas no son nuevas, sino que hacen parte de un proceso de expansión del EMC que viene hace más de dos años, con presiones a las Juntas de Acción Comunal y las organizaciones que hacen incidencia en los territorios.
Nosotros no tenemos acercamiento con la agenda del grupo armado, lo tuvimos con la Consejería de Paz del Gobierno, para evitar justamente lo que está pasando
“Hay temor porque no habíamos tenido señalamientos en un comunicado donde se hablara de organizaciones con nombre propio, de procesos de defensa como las guardias campesinas. Sentimos que es una nueva forma de retaliación y esto genera miedo. No se sabe en este rio revuelto quién va a ser el ganador, pero los perdedores sí vamos a ser la comunidades étnicas y campesinas”, le dijo a Colombia+20 un delegado del Proceso La Coordillera, que reúne a organizaciones campesinas de Caquetá.
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El vocero, que pidió mantener su nombre en reserva, agregó: “Estamos en una encrucijada y necesitamos que el Gobierno Nacional tome medidas de forma urgente”.
✉️ Si tiene información o denuncias sobre temas relacionadas con la paz, el conflicto, las negociaciones de paz o algún otro tema que quiera compartirnos o que trabajemos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com o aosorio@elespectador.com