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La vía que conduce a Puerto Cachicamo es una trocha roja rodeada de extensas ganaderías y parches de selva. Cachicamo, como le llaman acá, es un caserío a 90 kilómetros de San José del Guaviare, junto al río Guayabero.
Por esa carretera llegó, la primera semana de julio, un pelotón de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega que, según la comunidad, realizaba un operativo en el que iban de finca en finca guiados por un encapuchado.
El pasado 12 de julio, el grupo de militares, que se había acantonado en la parte trasera de una finca de la vereda Angoleta, resultó envuelto en una confrontación verbal con varios presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) de esa región que reclamaban por su presencia en el sitio, a menos de cien metros de una vivienda.
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La discusión fue grabada en video por los mismos líderes de la zona, entre quienes se encontraba Campo Elías Bríñez, presidente de la JAC de Puerto Cachicamo. “Andaban con un tipo encapuchado. Él venía con el Ejército metiéndose de casa en casa, de finca en finca”, asegura Bríñez, quien agrega: “Como esta zona ha sido tan atropellada, uno se preocupa”.
Las denuncias por la presunta irregularidad de ese operativo fueron reiteradas a Colombia+20 por varios miembros de la comunidad, quienes aseguran que el encapuchado (quien sería un informante) guiaba a los militares mientras entraban a las viviendas para señalar a presuntos colaboradores de las disidencias de las Farc presentes en la zona.
Una fuente cercana a la Defensoría del Pueblo confirmó que las denuncias llegaron a esa dependencia y fueron trasladadas a los comandantes del Ejército y al Comando Operativo de Oriente, encargado de la zona, para expresar el temor de la comunidad. Desde entonces los patrullajes con el encapuchado cesaron, pero no el recelo de los campesinos hacia las Fuerzas Militares.
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La región del Guayabero, que marca el límite entre Meta y Guaviare, ha sido epicentro del conflicto armado en Colombia. Fue un bastión histórico de las antiguas Farc y hoy es controlada por grupos de disidencias que se organizaron después de la firma del Acuerdo de Paz. A ello se suman las numerosas denuncias e irregularidades que han llevado a una pobre implementación del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en esa zona, así como la Operación Artemisa, que busca frenar la deforestación por vía militar en áreas naturales protegidas, como los parques Tinigua y Serranía de la Macarena, ambos ubicados en esa región.
El de julio pasado no ha sido el único operativo irregular denunciado por las comunidades. El 22 de enero, la Corporación Claretiana Norman Bello denunció que unidades antinarcóticos dispararon contra campesinos que exigían su retirada de la zona en la vereda Nueva Colombia, a pocos kilómetros de Puerto Cachicamo.
Luego, al mismo pelotón de la Fuerza de Tarea Omega que andaba con el encapuchado fue señalado de matar a tiros a varios perros de una finca en la vereda La Argentina, cerca de la carretera que conduce al municipio de La Macarena (Meta). Cuando la comunidad los interpeló, su respuesta fue: “Ellos andan por donde quieren”, asegura el presidente de esa vereda, Luis Fernando Aguilar.
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Por su parte, Uriel Mosquera Lima, presidente de la JAC de la vereda Angoleta, afirma que los uniformados los han acusado de “deforestadores” y “auxiliadores” de grupos armados.
Además, la comunidad denuncia supuestos operativos irregulares, como allanamientos sin órdenes judiciales y empadronamientos en donde el Batallón de Operaciones Terrestres N.° 4 obliga a los campesinos a firmar y poner sus huellas en hojas en blanco. “Llegaban y hacían poner [a la gente] las diez huellas de los dedos en hojas en blanco”, cuenta otro líder campesino, “a veces ni siquiera saben cómo se llama la persona, piden el nombre y número de cédula”, dice otro campesino, y afirma que lo hacen para poder redactar en el sitio las órdenes de captura sin que sean ordenadas por un juez.
Colombia+20 conoció una orden de allanamiento que solo posee las coordenadas de un predio, pero no datos sobre sus propietarios o presuntos ocupantes. Otro caso fue el de Lina Johanna Mondragón, joven madre de tres niños, retenida por el Ejército y acusada de ser miliciana de las disidencias, a quien fotografiaron y amenazaron de muerte, según ella misma contó a este diario.
Estas denuncias fueron confirmadas por la Defensoría del Pueblo, una de las pocas entidades oficiales que aún gozan de confianza entre estas comunidades, que mantienen un recelo histórico hacia el Estado a causa del abandono y las políticas de militarización de sus territorios. Fuentes de la Defensoría confirmaron que se elevó la queja por estos hechos al Ejército para que se realizaran las investigaciones internas pertinentes.
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Este diario se comunicó con funcionarios de la Personería de San José del Guaviare y desde esa dependencia aseguraron conocer varias de las denuncias, aunque dijeron que no han podido confirmar con el Ejército si efectivamente han ocurrido irregularidades. Fuentes de la Personería indicaron que la última denuncia tramitada fue en marzo pasado.
En noviembre de 2021, la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA) lanzó una alerta sobre la región del Guayabero sobre posibles confinamientos, además hizo énfasis en el miedo de la población cuando ingresaban las Fuerzas Militares, por posibles represalias de las disidencias: “Es muy preocupante la situación humanitaria, principalmente en la comunidad de Puerto Cachicamo”, sostiene el documento, que advierte además la presencia de campos minados y grupos armados ilegales.
Ante la permanente tensión, los campesinos organizaron una guardia que opera como un cuerpo civil con el propósito de “defender el territorio”, según sus palabras. Esta guardia no porta armas, sino bastones de mando, al igual que la Guardia Indígena, se ha enfrentado muchas veces al Ejército y la Policía Antinarcóticos, resultando heridos y lesionados los campesinos, pero también ha habido episodios de militares retenidos.
Parece lejana una solución para este conflicto. Esnéider Rojas, de la Guardia Campesina, lo resume así: “Los Acuerdos de La Habana no los han hecho regir. Prácticamente estamos en el mismo conflicto, en la misma situación”.
Los datos del Ministerio de Defensa
Colombia+20 se puso en contacto desde mediados de julio con la oficina de prensa del Ejército y desde allí se elevó la consulta por estas denuncias a los encargados de prensa de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, que desarrolla los operativos militares en la región del Guayabero. Sin embargo, al cierrte esta edición, el 28 de julio, no había sido posible obtener una respuesta oficial.
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No obstante, el Ministerio de Defensa en su Informe de la Campaña Artemisa, que fue publicado en abril de este año, hace referencia a dos capturas en flagrancia ocurridas en la zona así como a la destrucción de cuatro construcciones y un puente. El informe incluso habla de incautaciones de “hierros para marcas de ganados”.
También señalan que han inhabilitado cuatro puntos viales o trochas ilegales. Estos hechos corresponden a los tres primeros meses del año 2022 y coinciden con varias de las denuncias de los campesinos de Puerto Cachicamo y sus veredas aledañas, quienes se quejan de que las Fuerzas Militares les han dinamitado puentes y vías abiertas por la comunidad con sus propios recursos.