A casi una hora del casco urbano del municipio de Calamar (Guaviare) vive don Fabio de Jesús Bedoya, un campesino de 81 años, quien hace 18 llegó de Antioquia con el sueño de un mejor futuro. Su casa de madera es pequeña, pero acogedora y del techo de la cocina cuelgan grandes cantidades de maíz para alimentar a los pollos y de vez en cuando a su familia.
En la época en la que este territorio dependía totalmente de la coca, don Fabio alcanzó a tener dos hectáreas y media sembradas que, aunque apenas le alcanzaban para suplir lo mínimo en su hogar, dice que le garantizaban que la “carnita” nunca les faltara en su alimentación.
Junto con su esposa se acogieron, en 2017, al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) —como lo hizo toda la vereda de La Ceiba, donde vive— porque estaban cansados de que con la fumigación no solo acabaran con la coca, sino también con los cultivos de pancoger.
En el Guaviare, 7.196 familias decidieron hacer su tránsito para dejar de subsistir de lo que se considera un cultivo de uso ilegal, soñando con encontrar otras formas de trabajo en sus territorios. En el 2017, entre los municipios de Calamar y El Retorno, 2.312 familias se acogieron al PNIS confiando en lo prometido en el Acuerdo de Paz, que establecía una alternativa para reemplazar las siembras de uso ilícito por proyectos productivo, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés).
“En ese momento una de las dificultades era el temor de acogernos al programa por la presencia de las disidencias, pero nos organizamos y tomamos la decisión, pues era una transición hacia la economía legal. Firmamos los acuerdos y nos dieron sesenta días para erradicar los cultivos. Se hizo todo un trabajo para cumplir esas metas”, resaltó Tito Roldán, concejal del municipio de Calamar e integrante de la organización campesina Ascatrui.
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Pero denuncias de los campesinos de los municipios de Calamar y El Retorno indican que los incumplimientos del programa han significado una crisis alimentaria que les impide tener las tres comidas del día. Don Fabio y otros cultivadores afirman que algunos de ellos llevan cerca de seis meses sin oler la carne, alimentándose solo con papa, yuca y plátano que pueden cultivar en sus fincas y, en ocasiones, acompañados de un huevo frito.
A don Fabio no solo los achaques de la edad le han menguado su capacidad de trabajar de sol a sol en su finca, sino que, según dice, durante sus jornadas laborales debe descansar continuamente por los mareos constantes, producto de la mala alimentación, que pueden dejarlo al punto del desmayo. “La verdad es que aquí hemos aguantado casi hambre (…) la renta de nosotros era la coca (…) nos tienen botados del totazo, nos dijo que nos daban, y no apareció con nada”, concluyó entre lágrimas este adulto mayor.
En el informe de 2020, la UNODC identificó que el 91 % de todos los hogares que ahora pertenecían al PNIS tenían algún grado de inseguridad alimentaria, y el 12,6 % tenía graves problemas para suplir las tres comidas del día.
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Esto pese a que el primer componente del PNIS era la asistencia alimentaria inmediata, que consistía en que a cada familia que erradicaba su chagra —como denominan en el sector a estos cultivos— se le pagaba inicialmente $1’800.000 y luego se le hacían seis pagos bimensuales de 2’.000.000 hasta completar $12 millones. Dicho dinero estaba destinado a garantizar su seguridad alimentaria y el tiempo de entrega se estimaba suficiente para que empezaran a ejecutarse las demás fases del programa. El problema es que algunos de esos pagos no se hicieron o llegaron a destiempo.
El estipendio de los $12 millones se proyectaba para algunos como una posibilidad de invertir en el mejoramiento de su calidad de vida, pero la realidad es que a medida que les empezaron a entregar el recurso con retrasos, su destinación terminaba yéndose en pagar lo que debían. En Calamar, 426 familias de 780 accedieron al programa de seguridad alimentaria, mientras que en El Retorno lo hicieron 1.244 de 1.532, según cifras de UNODC.
Otra habitante del sector rural de Calamar —que prefiere reservar su nombre— asegura que habían ahorrado alguna plata, producto de los cultivos de coca, con la que compraron cabezas de ganado y lograron venderlas. Parte del dinero de seguridad alimentaria —que igual llegó tarde— lo usaron para comprar más vacas y así poder sacar la leche para la venta. “Uno acabó con lo que le daba la comida y ahora qué”, resaltó la mujer.
Pero esto no solo sucedió en Calamar, sino en gran parte de los municipios del Guaviare que se acogieron al PNIS. La consecuencia más grave fue que la población flotante que vio su vida precarizada se adentró a zonas cercanas a los Parques Nacionales Naturales para volver a sembrar coca, por las posibilidades de subsistencia que les brindaba.
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“Es cierto que algunos sembraron otra vez coca en diferentes lugares y otros siguen con gran esfuerzo y dificultad en el programa, porque no es fácil salir de una economía ilícita a lo lícito cuando el Gobierno le está poniendo trabas”, cuenta Mayerly Pinilla, lideresa del municipio de El Retorno.
En otros casos, hay familias que aún teniendo predios no encontraron cómo subsistir y terminaron vendiendo sus fincas y abandonando el territorio. “Esas personas no aguantaron el trote porque solamente tenían el ranchito, las matas de coca y nada de pasto. Entonces llegó gente con platica a comprar a precio de nada y pues alguien sin plata, la familia aguantando hambre, pues vendió y se fue a sufrir a otro lado. La gente que compró empezó a tumbar la selva y ahí vino el conflicto de la deforestación. El PNIS fue un fracaso”, afirma Luis Eduardo Vaca, quien también está en el programa.
“El PNIS, falla tras falla”
Varias familias de Calamar y El Retorno también denuncian que después de erradicar y confiar en que iniciarían un tránsito hacia la legalidad, fueron suspendidas sin que se les dieran argumentos por lo sucedido o, a veces, con razones que consideraron poco consistentes. “A muchas familias les hicieron pago oportuno y otras terminaron con los pagos suspendidos (…) hubo personas que hasta último momento no recibieron pago sin saber el motivo por el cual los sacaban del programa”, explicó el concejal Roldán.
Otras personas denuncian que cortaron la coca bajo la promesa de que ingresarían al PNIS, pero que cuando recibieron las visitas de las Naciones Unidas los dejaron por fuera del proceso al no tener cultivo que respaldara su candidatura.
Pablo Enrique Peña, vicepresidente de la organización Ascatruir, también fue beneficiario del programa, pero fue expulsado por supuestamente no haber realizado la erradicación completa. Cuando su situación se puso más difícil, cuenta, le tocó ayudar a potrerizar las fincas de sus vecinos para tener cómo alimentar a su familia. “Nos dijeron que en diciembre la ONU iría a verificar, que el que no haya arrancado la coca, no le pagaban y entonces todos recogimos el cultivo para que nos pagaran. Nosotros creímos en la propuesta del Gobierno y de ahí para acá ha sido falla tras falla”, afirma.
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Según la UNODC a 31 de diciembre de 2020, es decir, tres años después de acogerse al PNIS, 4.568 familias habían recibido el pago de asistencia alimentaria y 2.649 seguían esperando. Las cifras sobre este tema de la Agencia de Renovación del Territorio (ARN) hablan de 2.082 personas faltantes.
Para muchas familias la esperanza de cambio se transformó en rabia. “Todos creímos que la vida nos iba a cambiar y por eso hicimos el contrato para cortar la coca, pero nos dieron en la cabeza (…) le da uno hasta rabia acordarse de eso”, explicó Vaca.
Este sentimiento no solo se debe a que los proyectos a corto y largo plazo que realmente podrían haber garantizado mínimamente su subsistencia no han sido implementados, sino que los insumos que les dieron para la creación de la huerta casera llegaron con sobrecostos. Por ejemplo, en el caso de los animales, muchos fueron entregados en malas condiciones y murieron. “Del pueblo a las fincas hubo gente a las que se les murieron entre diez y quince pollos. O sea, eso fue un fracaso. Por ejemplo, a la gente que le tenían que dar purina para los pollos les daban la de los cerdos y a la de los cerdos les daban la de los pollos”, detalló Vaca.
En el sexto informe de monitoreo del Acuerdo de Paz del Instituto Kroc se afirma que en los territorios hay inconformismo por el precio de “insumos y materiales que se están adquiriendo que, según información de algunos beneficiarios, superan el valor del mercado local”. Por ejemplo, este diario supo que a algunos campesinos del Guaviare les fueron entregados cerdos bebés por valor de lo que prácticamente obtendrían si ya estuvieran listos para la venta y en el caso de las semillas, muchas no les nacieron.
Pese a las pérdidas de sus animales, Vaca se hizo el plante para aportar en la creación de la asociación con la que hoy los campesinos están gestionando algunos proyectos. El proceso ha sido lento: hace dos años once familias lograron gestionar un proyecto de piscicultura, pero apenas hace ocho meses pudieron ingresar los peces al estanque después de hacer el respectivo montaje y sacar la primera pesca. Con ello esperan alejar la idea de tener que abandonar el territorio.
Hay otros casos de éxito como el de María, campesina que trabajaba con los cultivos de la coca raspando o en la cocina. Ella afirma que hay una enorme diferencia en su vida desde esa época hasta ahora. Con su familia pudieron comprar un lote y construir la casa con el dinero recibido de asistencia alimentaria. Además, adelantando trabajos varios junto a su esposo, lograron hacerse al plante para armar una tienda que ella administra desde su casa, mientras él hace expresos con su moto.
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Por ahora en el departamento del Guaviare, según el informe de la UNODC, solo 133 familias habían empezado el proceso de proyecto a corto y largo plazo; en este caso, con iniciativas de cacao. Es decir 7.084 continuarían esperando. No obstante, la ART informa que han cumplido en un 67 %, pues 3.195 personas han accedido a la fase final de implementación.
En Calamar y El Retorno, la ciudadanía indica lo contrario: “Hoy por hoy decimos que el PNIS fue un engaño, un salto al vacío, como decimos nosotros. Lastimosamente, todas nuestras esperanzas se perdieron. Le decía a alguien que es como cuando uno se enamora y de la manera más sutil le dice a uno que ya no vamos más. Nos pusieron barreras que no estaban contempladas”, afirma la lideresa Mayerli Pinilla.
Las implicaciones del uso del suelo
Según el informe de 2020 de la UNODC, en Guaviare solo hubo un 0,2 % de persistencia en la resiembra, las familias beneficiarias del PNIS continúan a la deriva y a los retrasos se suman los contratos de usos del suelo —un cambio en las condiciones iniciales— que les están solicitando para poder acceder a los proyectos productivos.
Se trata de Contratos de Derechos de Uso sobre Baldíos Inadjudicables, una herramienta creada en 2018 para que campesinos que históricamente han vivido en zonas protegidas, como la Zona de Reserva Forestal de la Amazonia (en la que está Guaviare), pudieran hacer uso de la tierra en la que viven de manera legal. El problema es que ese contrato convierte a los campesinos en usuarios de sus tierras (en vez de propietarios) y únicamente por diez años, lo que significaría que podrían quitarles el título en cualquier momento. La oficina del PNIS les ha manifestado a los líderes de este departamento su obligatoriedad para continuar con el proceso de implementación. “Nos dijeron que para poder invertir los recursos tenían que tener ese acuerdo, pero cuando firmamos el pacto voluntario de sustitución en ningún momento en el acta que tenemos dice esa vaina”, denuncia Peña, quien afirma que no les han permitido acceder a dichos contratos para estudiar a fondo qué implican.
Las actas y los formularios que cada campesino suscribió en el 2017 no son información de libre acceso. El Colectivo de Abogados Alvear Restrepo (CAJAR) realizó una solicitud a la ART para acceder a estos documentos bajo su condición de representantes de las comunidades de varios municipios del Guaviare, pero la entidad niega la petición manifestando que hay datos personales que no pueden exponer. “Decidimos demandar el incumplimiento del programa, porque consideramos que se vulnera la confianza legítima de todos los campesinos que firmaron el acuerdo de sustitución al imponerles un nuevo obstáculo para acceder a los proyectos”, explica el CAJAR.
Los retos del nuevo gobierno
Las expectativas están puestas en el gobierno que está por iniciar. Por ahora, el presidente electo, Gustavo Petro, ha manifestado su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz, lo que aumenta la esperanza de que no solo se implementen el PNIS, los PDET y hasta la Reforma Rural Integral, sino que el campo realmente sea atendido. “Creemos que este gobierno es muy coherente para el diálogo, la concertación y escuchar a la gente, y se van a poder resolver los conflictos socioambientales de este territorio y la implementación de este proyecto (…) El PNIS es un problema mínimo respecto a las necesidades que tenemos en este territorio”, resalta Roldán.
Entre las peticiones que vienen dialogando entre las comunidades campesinas y organizaciones sociales está la derogatoria de la Ley Segunda, para luego sí hablar de una reforma rural. Esto representa que la implementación del PNIS se pare en su totalidad, se identifiquen los mayores obstáculos y se extienda a municipios que quedaron por fuera del programa. “Así haya un poco de demoras, pero que cuando se retome sea un programa que cumpla especialmente con los tiempos (…) Hay una cosa que las comunidades y las organizaciones que representan a las comunidades han venido pidiendo y es que la ejecución del PNIS se haga a través de las organizaciones sociales y no a través de grandes contratistas, que es lo que venía pasando”, afirma Andrés Mejía, vocero de la Asociación de Productores de la Zona Alta del Municipio de San Pablo-Asocazul, quien manifiesta que estas propuestas —especialmente la de la derogatoria— harán parte de las cincuenta acciones legislativas que está radicando el nuevo Congreso de la República.
*Directora de Cuarto Mosquetero.