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La primera vez que el nombre de Jorge Iván Duque Lenis comenzó a sonar en la política colombiana fue en 2002. Habían pasado apenas cinco años desde la masacre de Mapiripán, que ocurrió entre el 15 y 20 de julio de 1997, cuando las Autodefensas Unidas de Colombia, en colaboración con el Ejército, incursionaron en el municipio y asesinaron a 49 personas. Para esas elecciones, el diario El Tiempo en esa época dedicó una página que tituló “Donde nadie quiere ser alcalde”, refiriéndose a los municipios de Cabrera, Herrán y Mapiripán. En este último municipio apenas había un aspirante y tenía 24 años: Jorge Iván Duque fue descrito en ese periódico como “un joven quien, hasta hace seis meses, solo estaba preocupado por estudiar administración de empresas, rumbear e ir a cine”.
Con 940 votos logró llegar a ser el primer mandatario de Mapiripán. Diez años después, en 2012, fue reelegido en ese mismo cargo y tres años después fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría, en primera instancia, para ejercer cargos públicos por 16 años por sobrecostos en la compra de una camioneta 4x4 y 10 motocicletas con el objetivo de dotar a la Fuerza Pública de medios de transporte para fortalecer la seguridad ciudadana. En su momento, la Procuraduría evidenció un sobrecosto de $212.592.104. Duque Lenis apeló esa decisión y todavía no se ha emitido decisión en segunda instancia.
Siete años más tarde, Duque busca volver al ruedo político aspirando a la curul de paz de la circunscripción de Meta - Guaviare a través de la Corporación de Desplazados Mi Consuelo Campesino (Miconcamp). Aunque varias organizaciones sociales del Meta solicitaron al Consejo Nacional Electoral revocar su candidatura por esa inhabilidad disciplinaria, ese ente de control negó la solicitud de revocatoria argumentando que todavía no se han tomado decisiones de fondo definitivas en el caso, por lo que no habría sustento legal para inhabilitar su candidatura a la curul de paz.
Sin embargo, El Espectador conoció un fallo emitido por la Contraloría el pasado 24 de febrero en el que se halla responsable a Jorge Iván Duque Lenis y a otras siete personas, entre contratistas y exfuncionarios públicos, por el detrimento fiscal de un contrato firmado cuando Duque era alcalde con la Fundación Origami por el valor de $1.427.497.527 en 2013, con el objetivo de que esa ONG formulara y socializara el Esquema de Ordenamiento Territorial de Mapiripán en un plazo de ocho meses. Sin embargo, pasado ese tiempo, el representante legal de esa Fundación, que figura en los documentos como José Antonio Castro Alfonso, pidió una prórroga de cuatro meses más, argumentando que “el cronograma propuesto inicialmente fue alterado por diferentes imprevistos que no permitieron avanzar en el proceso como se esperaba”.
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Cumplido este tiempo, Castro Alfonso pidió una segunda prórroga, esta vez por cinco meses más. En ese documento también pidió una adición de $189.000.000 al valor pactado inicialmente ($ 380.000.000), porque “en reunión y desarrollo del comité técnico de planeación y ordenamiento territorial se determinó incluir una actividad adicional al contrato denominada como ‘Distritalización Municipal’, consistente en la división del municipio en distritos de desarrollo económico que permitan el manejo y la administración del municipio”. Según el fallo de la Contraloría, hay más adiciones al contrato donde se habría asignado más rubro para la ejecución hasta completar los $1.400 millones.
Cumplido ese tiempo, el contrato se prorrogó una tercera vez por cinco meses más, basados en el “difícil acceso a las diferentes áreas del municipio, las controversias por los territorios con los vecinos, además de indicar que la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena, no ha realizado el reporte de revisión de varios documentos”. Sin embargo, cumplido este tiempo, la Fundación Origami, como contratistas, solicitaron la suspensión por seis meses del contrato argumentando que, con la entrada en vigencia de una nueva norma para la elaboración del Esquema de Ordenamiento Territorial, no estaban en “capacidad por equilibrio económico de adelantar dichos estudios y adiciones”.
A pesar de que esa solicitud pretendía suspender el proyecto por seis meses, el contrato quedó suspendido de forma indefinida y hoy, 10 años después de ese contrato, el municipio todavía no cuenta con un Esquema de Ordenamiento Territorial terminado. La Contraloría, en su fallo del 24 de febrero de 2022, concluyó que, si bien el proyecto quedó adelantado en un 80 %, “de nada le sirve a la entidad municipal y mucho menos a la comunidad, la existencia de unos documentos técnicos, producto de esos contratos, durmiendo en los anaqueles de una oficina sin que los $1.427.497.527 invertidos reflejen un beneficio real y material en el desarrollo ordenado y sostenible del territrio”.
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En este documento de 42 páginas, la Contraloría lo responsabiliza de daño patrimonial al Estado, entre otras cosas, porque la suspensión inicial por seis meses terminó siendo indefinida y porque, según el ente de control, Jorge Iván Duque Lenis aseguró que le era imposible ejecutar la fase de discusión con la Fundación Origami “porque el periodo de su administración terminaba el 31 de diciembre de 2015″.
Lo que más llama la atención es que, luego de este polémico contrato, la Fundación Origami siguió contratando con el Estado en, al menos, dos ocasiones más, ambas ganadas por “concurso de méritos abierto”. En 2015, el entonces alcalde Jorge Iván Duque Lenis firmó con esa ONG el contrato para “capacitación y asesoría en DD.HH. y DIH, fortalecimiento del Gobierno Propio, reconocimiento de la diferencia cultural y el pluralismo, así como fortalecimiento de la justicia en las comunidades indígenas de Zaragoza y Caño Ovejas”, por el plazo inicial de tres meses y un valor inicial de $69.800.000. Este contrato habría empezado en abril y habría finalizado en julio de 2015. En la página del Secop figura como “celebrado”.
En la plataforma del Secop, a esta ONG le aparece otro contrato en 2016 (ya con la siguiente alcaldía), también por tres meses pero esta vez por un valor total de $348.690.000, cinco veces más que el contrato anterior firmado entre el entonces alcalde Duque Lenis y la Fundación Origami. Este segundo contrato tenía como finalidad la “Formulación del Plan Municipal de Desarrollo ‘La Fuerza del Pueblo (2016 - 2019)’ en el municipio de Mapiripán, Meta. Este contrato fue liquidado en septiembre de ese mismo año, luego de dos prórrogas y esta vez por el alcalde Alexander Mejía Buitrago, el sucesor de Duque Lenis después de su inhabilidad por los sobrecostos.
Este diario intentó comunicarse con el candidato Jorge Iván Duque Lenis, pero hasta la publicación de este artículo no había sido posible obtener respuesta de su parte.
Llama especialmente la atención que esta organización sin ánimo de lucro, dedicada a ejecutar cuantiosos contratos en el departamento del Meta, tenga como objeto social “el desarrollo integral de la comunidad del departamento, el bienestar social, el mejoramiento de las condiciones de vida de toda su población, la construcción del tejido social (...)”. En el reporte de Cámara y Comercio de Fundación Origami, declararon tener como objeto social dedicarse a “mejorar las propuestas de gestión política, de comercialización, empresarización, infraestructura, acceso a nuevas tecnologías, apoyar políticas de desarrollo industrial, agropecuario, ambiental (...) obras civiles, construcción y mantenimiento de vías, vivienda, agua potable y saneamiento básico (...) mantenimiento de maquinaria y equipos para diferentes sectores de la economía”.
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Pero también declaran ser aptos para llevar a cabo actividades de “educación, cultura, sabiduría, organización familiar, fortalecimiento de la comunidad, desarrollo web, asesoría de imagen corporativa”. Origami también se dedica a “proveer al sector agropecuario de maquinaria, equipos, plántulas, insecticidas, desarrollo de viveros y de proveer logística para todo tipo de actividades culturales y recreativas, así como la dotación empresarial e industrial y venta de uniformes a entidades públicas y privadas”. Su larga lista de actividades comerciales termina con “la integración a la globalización de la población en general. Realizar y promover, de cuenta propia o en asocio, la celebración o convenio de contratos de cualquier órgano investigativo, estudio técnico, así como la formulación, diseño y ejecución de planes, programas, proyectos y obras de diversos sectores antes citados en el objeto social de la Fundación”.
Una de las integrantes de la Junta Directiva de la Fundación Origami desde 2012 es, precisamente, Adriana Gisella Rojas Parra, quien el 27 de febrero de 2020 firmó como contratista para prestar servicios durante cinco meses para “asesoría y asistencia técnica a la Secretaría de Hacienda para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal” en el municipio de Villavicencio, por valor de $27.000.000. Días antes, el 10 de febrero de ese mismo año firmó otro contrato con la alcaldía de San Juanito (Meta), para prestar el mismo servicio de “asesoría y asistencia técnica a la Secretaría de Hacienda para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal”.
Un candidato por esa misma curul de paz aseguró que hacer campaña, en medio de tantas presiones políticas en el departamento del Meta, ha sido difícil y peligroso. “Hace unos días a mi jefe de campaña cuatro hombres en dos motos lo pararon en el sector conocido como La Escombrera, en Piñalito, y le dijeron que nosotros teníamos prohibido el paso en esa zona que porque ya había un candidato ganador. Me hablaron con nombre propio”, cuenta el líder.
Sobre Jorge Iván Duque Lenis, este candidato dice que entre los pobladores hay cierto rechazo por esa candidatura debido a que las personas han ido indagando sobre su trabajo cuando fue alcalde de Mapiripán. “Es mucho el dinero que la campaña de él ha sacado para su candidatura y nadie sabe de dónde ha salido todo ese dinero, cuando a los candidatos el Estado nunca nos giró los recursos para hacer campaña”.
