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En Sincelejo ya van 10 noches de marchas con claveles blancos. Casi todas las personas llevan en una mano velas encendidas y en la otra, tres flores: una por Carlos Alberto Ibáñez Mercado, otra por José Carlos Arévalo y una por Jesús David Díaz Monterroza, los tres jóvenes de 26, 18 y 22 años respectivamente que fueron asesinados el pasado 25 de julio en el corregimiento de Chochó, Sucre, en medio de un operativo policial que pretendía dar con los responsables del homicidio del patrullero Diego Felipe Ruiz, ese mismo día, en el municipio de Sampués.
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Una mujer que fue testigo de los hechos, y a quien protegemos su identidad por seguridad, le dijo a Colombia+20 que todo comenzó ese lunes sobre las 5:35 p.m., en el sector de Las Palmas. “Ahí empezó como una persecución. Había algunos muchachos porque justamente algunos iban a ver practicar stunt (acrobacias en moto), llegaron varios policías y, de la nada, empezaron a sonar disparos y gente gritando. Nadie sabía por quién o a qué iban, pero la gente salió a correr y de repente los policías comenzaron a disparar. Hubo personas que salieron heridas, (entre ellos Jesús David Díaz), pero todo se dispersó luego”, detalló.
El rumor de que la policía estaba atentando contra la ciudadanía comenzó a difundirse como bola de nieve. Según Sindy Sierra, la hermana de Jesús David, su amigo José Carlos Arévalo llevó a su hermano hasta su casa con una herida de arma de fuego en el abdomen, con el miedo propio de quien se le desgarra en sus manos la vida de un amigo.
Desde allí, con Sindy, salieron en moto para la Fundación Clínica María Reina en el centro de Sincelejo donde esperaban que fuera atendido, pero ni siquiera lograron llegar. “Iba con mi hermano en la moto y José Carlos iba en la moto de él al lado. Cuando llegamos al cruce (a la altura de El Palmar, en carretera hacia Sincelejo) había un retén. Apenas llegamos ahí los policías les dijeron a ellos dos que se bajaran de las motos y que se tiraran al suelo”, afirma Sindy y agrega que ni su hermano ni su amigo pusieron ningún tipo de resistencia a la orden de los uniformados.
“Yo les preguntaba por qué nos paraban si íbamos para el hospital y mi hermano estaba muy grave, necesitaba ser atendido, pero ellos no me escuchaban”, Sindy explica que por ese mismo retén, pero en la calzada contraria, apareció en ese momento Carlos Ibáñez en su moto. Venía llegando de Sincelejo donde había hecho un servicio a una vecina en el municipio. Era mototaxista. “Él también era de la zona de Las Casitas. Cuando llegó se bajó de la moto, se acercó y me preguntó qué estaba pasando. Los policías le dijeron que se tirara al suelo también y yo empecé a gritar desesperada”.
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Sindy, que fue la única que presenció los hechos en esa zona, recuerda que los policías comenzaron a patear y golpear en el suelo a los tres jóvenes, entre esos a su hermano. Como él estaba herido, ella intentó impedirlo y se lanzó sobre Jesús David, relata, pero dice que los policías se lo impidieron: “Dos policías me agarraron de ambos brazos y me apartaron para que no pudiera hacer nada. Me hicieron hacia atrás, pero yo desde ahí podía ver todo. Yo solo les pedía que no les pegaran más y después como de unos tres minutos de golpearlos en el suelo, vi cuando subieron primero a mi hermano arrastrado a una camioneta, él ya no podía caminar”, relata con la voz cortada.
El tiempo que permaneció retenida por los otros dos uniformados que le impedían acercarse, no escuchó en ningún momento que los jóvenes fueran acusados de pertenecer al Clan del Golfo o de algún grupo armado. Ni siquiera se le pasó por la cabeza que, tres horas más tarde, el comandante de la Policía de Sucre, Carlos Andrés Correa, iba afirmar que su hermano era un delincuente. “Se logró la neutralización de tres presuntos delincuentes del Clan del Golfo de la subestructura Manuel José Gaitán”, dijo el comandante Correa. Según él, los tres jóvenes habían estado involucrados en el homicidio del patrullero de la Policía Diego Felipe Ruiz que se perpetró en el municipio de Sampués, a 20 kilómetros de Chochó, menos de una hora antes. Las tres familias se enteraron de la acusación hecha contra los jóvenes por los medios de comunicación.
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La versión inicial de la Policía de Sincelejo apuntaba a que sería un operativo contra presuntos integrantes del Clan del Golfo que habrían atentado contra la vida del patrullero Ruiz, uno de los 36 policías que han asesinado en el país en lo que va del año en medio del “Plan Pistola” decretado por ese grupo armado. La Fundación Paz y Reconciliación, que ha mapeado la violencia contra los uniformados en el país, tienen reporte de dos homicidios contra patrulleros en el departamento de Sucre: uno en Colosó y otro en Sampués (el caso de Diego Felipe Ruiz).
La incoherente ruta entre Sampués y Chochó
Chochó es un corregimiento de poco más de siete mil habitantes. Queda apenas a unos nueve kilómetros del casco urbano de Sincelejo. Para llegar a Sampués, donde fue asesinado el patrullero Ruiz, una persona en vehículo se tarda, como mínimo, 25 minutos por la variante oriental de Sincelejo. En esa ruta, entre ambos poblados, se cruzan cinco corregimientos más que están sobre la vía: Pajona, Nuevo Reino, La Gallera, Villa Rosita, y Santa Helena.
A ocho kilómetros a la redonda de esa ruta hasta Chochó, que habrían tenido que tomar los jóvenes en caso de haber sido los responsables del crimen en Sampués, convergen, por lo menos, cuatro puestos de policía entre estaciones y Comandos de Atención Inmediata (CAI): El de Florencia, el de la Cruz de Mayo, el de La Ford y la estación de Sampués. Sin embargo, los hechos contra los jóvenes se perpetraron en la zona de El Palmar, a 17.9 kilómetros de donde atentaron contra el Policía asesinado. “¿De haber sido ellos responsables de lo del Policía por qué ninguno de esas estaciones de policía reaccionó, si estaban en la ruta que supuestamente hicieron?, se pregunta una y otra vez su hermana, Sindy. (Vea mapa del recorrido que hay que hacer entre Sampués -donde fue asesinado el patrullero- y Chochó -donde fueron detenidos y asesinados los jóvenes-).
En este mapa usted podrá conocer cuál es el trayecto (demarcado en color azul) que hay que hacer para trasladarse entre Sampués (Punto A), municipio en el que, según las autoridades, los tres jóvenes habrían asesinado al patrullero, y Chochó (Punto B), la zona donde fueron interceptados y, posteriormente, asesinados (Queda a 20 kilómetros de distancia).
Las estrellas en este mapa demarcan los lugares donde hay estaciones de Policía o CAI’s en la zona, a menos de ocho kilómetros de donde, según la Policía, habrían transitado los jóvenes sin haber sido detenidos o interceptados en el camino.
Desde que a los tres los subieron a una camioneta de la policía en El Palmar, Sindy no volvió a saber de ellos. Algunos testigos le dijeron a ella y a su madre que el vehículo se fue hacia el municipio de Bremen y que después fueron llevados hacia la clínica María Reina en el centro de Sincelejo, a donde habrían llegado muertos. Por ahora, para las familias, todo son suposiciones. No tienen certeza de en qué condiciones llegaron al hospital, aunque el abogado de las víctimas Aníbal Garay, aseguró que hasta el 4 de agosto pasado esa clínica entregó documentos, pruebas y testimonios para el caso. “No es cierto que a ellos les hayan amputado las manos. No existe, por ahora ningún dictamen ni historia clínica, ni necropsia que revele eso. No hubo tortura”.
La versión del defensor se contradice con la que tienen las familias, que aseguran que vieron a los tres jóvenes con cortaduras en el cuerpo y algunas partes reventadas. Incluso, expresaron a El Espectador que no han podido conocer los hallazgos preliminares de la investigación, ni las necropsias de los cuerpos de sus familias y tampoco los documentos que entregó la Clínica María Reina. Este diario intentó comunicarse con el abogado Garay, pero hasta la publicación de este artículo no había contestado nuestros mensajes y llamadas.
Sindy Sierra narra que, sobre las 6:30 p.m., cuando se llevaron a los tres jóvenes en las camionetas, logró devolverse hasta Chochó donde avisó a su madre y al resto de familiares de sus dos vecinos. Varias motocicletas salieron para la Clínica María Reina, a donde los habrían llevado heridos, para conocer su estado de salud. “Esa noche, cuando ellos llegaron, no dejaron que nadie entrara al hospital. A las 8:30 p.m. salieron unos médicos a decirle a mi mamá y al resto de gente que estaba esperando, que ellos habían fallecido”. Esa fue la única razón que tuvieron de los tres ese día.
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Sus reclamos, súplicas, preguntas y angustia resonaron por todo el hospital. Las familias sigue teniendo más dudas que certezas. Por ejemplo, no entendieron qué cargos tenían contra sus familiares, ni tampoco por qué estaban siendo acusados de pertenecer a un grupo armado tres jóvenes que, según sus vecinos, tenían vocación artística y deportiva. Los tres jugaban fútbol en el barrio y Jesús David, de 18 años, integraba el grupo de baile Ampalí, que hacía menos de un mes había participado del Festival del Pito Atravesao de Atlántico.
Lo cierto, por ahora, es que al interior de la Policía de Sucre fueron relevados nueve uniformados, entre ellos el comandante Correa. Colombia+20 habló con él un día antes de que lo suspendieran de su cargo y confirmó que las investigaciones disciplinarias y penales al interior de la institución fueron abiertas tres días después de los hechos. Intentamos conocer los nombres de los uniformados suspendidos, pero el comandante respondió que “el proceso goza de reserva sumarial” hasta que no se imputen los cargos a los posibles responsables. Confirmó, también, que no se ha fijado fecha de la primera audiencia.
Sobrevivientes a la guerra y al desplazamiento
La mayoría de las nueve marchas que han hecho en Chochó exigiendo justicia por este triple homicidio, comienzan en la plaza central del corregimiento. La mayoría de los asistentes a esas caminatas salen del sector de Villa Karen, en una zona conocida como Las Casitas, desde donde se forman las marchas pidiendo justicia con carteles, flores, y fotografías de los tres jóvenes.
En ese sector, justamente, el barrio es más una familia: casi todas las casas fueron construidas entre 2013 y 2015 y fueron entregadas por la Alcaldía de Sincelejo y el Gobierno Nacional como una iniciativa de reparación a víctimas de desplazamiento forzado que llegan a rehacer sus vidas allí, luego de haber vivido el conflicto armado, especialmente, en los Montes de María.
Esa violencia inexplicable que hoy tiene a las tres familias en duelo ya había tocado sus puertas en el pasado: esa vez por parte de actores armados ilegales. Luz Mari Mercado, madre de Carlos Alberto Ibáñez, por ejemplo, cuenta que vivieron de cerca la violencia en el municipio de Colosó (Sucre) en los años 90, a manos del Bloque Montes de María de las Auc y de guerrillas como las Farc y el Eln.
Fue a finales de 1998, justo después de la masacre de Colosó, perpetrada por Rodrigo Mercado Pelufo, conocido en la guerra como Cadena, el jefe paramilitar del bloque Montes de María de las Auc, que la familia Ibáñez Mercado tuvo que desplazarse del pueblo en el que habían llegado hacía una década para tener una vida más tranquila en el campo.
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En 1999, cuando la violencia comenzó a agudizarse, salieron hacia Sincelejo, a donde llegaron con apenas algunas maletas en la espalda y sin un sustento para vivir. Allá doña Luz Mari comenzó a trabajar limpiando casas mientras su esposo trabajaba como obrero de construcción para sacar adelante a sus hijos, entre ellos a Carlos, el mayor de cuatro. Fue hasta 2015, cuando el entonces viceministro de Vivienda Guillermo Herrera anunció la creación de un barrio en el corregimiento de Chochó para quienes habían vivido la violencia armada en Colombia, que uno de sus anhelos se hizo realidad: tener una vivienda propia.
Para ese entonces, Carlos, el mayor de los cuatro hijos, ya tenía 19 años. Allí llegó a terminar el bachillerato. Aprendió pronto a trabajar y le ayudaba a uno de sus tíos a pintar casas y fachadas cuando los necesitaban, pero en su adolescencia fue alimentando su pasión por las motocicletas. Su primer trabajo, y el que, según su madre más le gustaba, era precisamente ser mototaxista en el municipio. En eso trabajó hasta 2019, cuando a sus 23 años cumplió otro de sus sueños, aunque ese más efímero: ser Policía, un uniforme que portó por un año y medio en Montelíbano (Córdoba), un municipio en el que se registraron 95 acciones bélicas y 12 masacres en el marco del conflicto.
“Él estaba entusiasmado cuando se fue de Policía, pero después ya me decía que casi no le gustaba, que mejor no quería seguir. Ya después de que empezó la pandemia se pudo retirar y me dijo que no, que él sufría mucho en eso, que no quería esa vida”, cuenta Luz Mari con la voz a medias.
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Nunca le gustó que a su hijo lo mandaran como policía a esa zona. Su familia sabe de cerca lo que es la guerra: su esposo la vivió de cerca en Toluviejo, de donde es oriundo, un municipio que empezó a conocerse más desde 2007 cuando empezaron a ocurrir las 11 desapariciones de jóvenes a quienes se llevaron con engaños de promesas laborales y luego fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate, más conocido como “falsos positivos”.
Su familia sobrevivió a los años más difíciles de la guerra en esta zona del país, a manos de paramilitares, guerrillas y del mismo Ejército. Pero no sobrevivieron, como ella misma dice, “a un montaje en el que acusan a mi hijo de haber matado un policía, sabiendo que él sabía lo que era tener ese uniforme”. Doña Luz Mari lleva más de diez días durmiendo poco y con la presión bajita desde que hicieron un allanamiento en su casa el mismo día del homicidio de su hijo.
“Fue el mismo 25 de julio en la noche. Cuando nosotros llegamos de la clínica en Sincelejo vimos que nos habían casi desbaratado la casa. Los vecinos dijeron que habían sido policías los que habían entrado. Nos sacaron toda la ropa, la cocina la revolcaron. Encontré un reguero de cosas”, asegura mientras dice que decidió no denunciar ni averiguar con la Policía. Tampoco se acercó a preguntar o reclamar en la estación de Sincelejo por el miedo que le genera denunciar en este momento. Aunque afirma que ante la Fiscalía sí dejó constancia de ese allanamiento.
La historia de la familia de Jesús David Díaz Monterroza es similar. Llegaron hace siete años de Sincelejo cuando les dijeron que el Gobierno les iba entregar una casa por haber sido desplazados por la violencia. Su familia lo vivió en Macayepo, un municipio ubicado en los Montes de María en el departamento de Bolívar. De allá salió en el 2000, justo cuando las Auc cometieron una masacre que acabó con la vida de 15 personas y 246 familias salieron desplazadas. Entre esas ellos.
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Llegaron hasta Sincelejo a comenzar una vida de cero desde la informalidad, trabajando en casas de familia o en lo que el rebusque permitiera en el día. En ese municipio nació Jesús David y fue hasta 2015 que se trasladaron para Chochó, cuando el proyecto de las viviendas para las víctimas se materializó.
Este año Jesús David se iba graduar de bachillerato, de la Institución Educativa San Isidro. Estaba recorriendo varios municipios de la región a través del folclor, en el grupo de arte Ampalí, del que hacía parte. “Salían a bailar a los municipios cercanos, a los Montes de María. Justo el fin de semana que pasó, días después de que lo asesinaran, iba para Ovejas (Sucre) a presentarse. Estaba ilusionado”, dice su hermana con la voz bajita.
Este sábado será la décima manifestación en homenaje a los tres jóvenes asesinados. Ya no será en el corregimiento de Chochó. Los estudiantes de la Universidad de Sucre la convocaron en la Plaza de Majagual, en Sincelejo, desde las 3:00 p.m. Esperan pronunciamientos de la Fiscalía por este caso. Las suspensiones del cargo a los nueve uniformados de la Policía no son suficientes en su clamor por justicia. Doña Luz Mari dice que en su pueblo (Colosó) estaban acostumbrados a luchar en medio de la violencia armada, hasta que los desplazaron. Asegura que en Chochó es distinto: “Aquí no hay grupos armados como allá. Y no somos solo las familias pidiendo justicia, sino que ahora somos todo el pueblo y todo el departamento”.
