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La tercera víctima
Una tercera persona resultó herida la noche del 5 de mayo de 2021 en el atentado contra Lucas Villa y Andrés Felipe Castaño en el viaducto de Pereira. De este hombre, que desapareció a los pocos días, solo se supo entonces que se llamaba Javier David Clavijo y acumulaba media docena de anotaciones judiciales por delitos sexuales, lesiones personales y hurto. Había estado preso varios años en una cárcel del Caquetá, luego retornó a Pereira, donde era vendedor ambulante de piñas.
Clavijo, al que una bala le cruzó cinco centímetros de la pantorrilla, fue evacuado por los mismos manifestantes casi media hora después de los hechos rumbo a la clínica de Comfamiliar, en Pereira, donde dos policías de civil lo abordaron, como queda probado en las cámaras de seguridad de la clínica y las comunicaciones por radio de la Policía que este diario reveló el pasado 10 de julio.
Aquel hombre es un testigo clave del homicidio de Lucas Villa, pues declaró a los investigadores que vio al asesino y que con su teléfono celular tomó una selfie segundos antes de los disparos, donde según él, se observaban otras personas en la escena del crimen. Sin embargo, el propio Clavijo aseguró a la Fiscalía que cuando los policías lo requirieron en la clínica de Comfamiliar le quitaron su teléfono y borraron todos los videos y fotos de la protesta.
Lea la primera entrega de esta investigación: Caso Lucas Villa, las pruebas contra organización criminal La Cordillera
Colombia+20 se abstiene de publicar el nombre de ambos uniformados, aunque se comunicó con ellos vía WhatsApp preguntando por esta situación, sin obtener respuesta. Tanto el coronel Javier Raúl Gallego, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, como la oficina de prensa de la Dirección General de la Policía habían asegurado antes a Colombia+20 que las investigaciones sobre el caso Lucas Villa las asumió la Fiscalía directamente desde Bogotá para garantizar independencia por los señalamientos contra la entidad: “La institución ha aportado, de manera eficiente y con celeridad, toda la información requerida por los organismos de control e investigativos para determinar la responsabilidad, autoría y participación de personas en este caso”, aseguraron.
El informe de caracterización victimológica del caso apunta que Clavijo es una víctima de oportunidad, concluyendo que el atentado no iba dirigido contra él. “En ese momento se acercó un hombre y gritó lo siguiente: ‘Quieren paz, gonorreas’, y tenía un arma en su mano y empezó a dispararle a uno de los hombres que allí estaba”, se lee en la declaración que rindió Clavijo la misma noche de los hechos: “El sujeto disparaba para todos lados y fue en ese momento que sentí el disparo en mi pierna y me caigo al suelo, luego todo el mundo gritaba y corría”.
Pero Javier David Clavijo no contó todo lo que sabía a los investigadores. Un documento de la Fiscalía determina que Clavijo había crecido en el barrio San Judas, el mismo lugar de donde salieron los tres sicarios en las motos para atentar contra Lucas Villa. Este documento explica que Javier se había “tirado a la calle” desde los 12 años, dos años más tarde fue diagnosticado con esquizofrenia. Según este documento, Clavijo le habría revelado a otra persona que los jefes de la banda de San Judas pagaban $50.000 diarios a los jóvenes del barrio para infiltrarse a la primera línea de las protestas y él mismo estaba “trabajando” en eso. Contó también que los pagos los hacía alias Truhán, al que dos informantes señalaron como el presunto asesino de Lucas Villa.
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El poder tras el poder
Entre las pruebas y documentos del caso Lucas Villa reposa un informe de inteligencia de la Policía con un organigrama que describe la estructura jerárquica de la organización Cordillera. Lo que la Policía llama “declive organizacional” es más bien una reorganización constante, un intercambio de cabezas en el que los mandos se relevan cada cuatro o cinco años, cuando pasan las capturas y venganzas a sangre y fuego.
En la pirámide del organigrama destaca Carlos Mario Jiménez, “Macaco”, narcotraficante y paramilitar que fundó la organización, lo siguen viejos conocidos de los expedientes judiciales como José Fabián Guzmán (“Niño Fabián”) y Obed Maldonado (“Tres Caras”), los asesinados Héctor Edilson Duque (“Monoteto”), John Jairo Vasco (“Nico”), Bernardo Ángel Campo (“Berny”), un hijo de la élite pereirana que negoció su entrega con las autoridades, y el finquero Gildardo Ruiz (“don Gildardo”), quien ya era mencionado como financiador de los paramilitares en Risaralda en una sentencia de los tribunales de Justicia y Paz.
La última línea de sucesión, que el informe fecha entre 2016 y 2017, muestra una figura sin rostro con un alias curioso: Diego Pereira. Se trata de Diego Fernando Ruiz Quintero, también conocido como don A, un comerciante de Dosquebradas señalado de liderar la organización en la actualidad. A su nombre aún aparece una farmacia con la dirección de su casa de infancia en el barrio El Japón, en Dosquebradas, donde siguen viviendo sus padres y algunos hermanos.
El perfil de Facebook de una de sus hermanas indica que es empleada de la Alcaldía de Dosquebradas, lo que concuerda con las declaraciones del exjuez de paz Eisenhower Zapata, quien aseguró, en mayo, a los medios de comunicación que Diego Fernando Ruiz Quintero es la cabeza de esa banda criminal y muchos de sus parientes trabajan en la administración pública de Pereira y Dosquebradas.
La Cordillera es la organización a la que el presidente Gustavo Petro responsabilizó de querer asesinarlo en plena campaña electoral, acusando al finquero pereirano César Giraldo (Calzones) de fraguar el plan. Una investigación de El Espectador reveló que Calzones, antiguo vendedor minorista de tomates que ahora posee una fortuna con más de cien propiedades a su nombre, ha sostenido negocios y tratos con narcotraficantes o personas cercanas a la mafia al menos desde 2005.
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Diego Palacios y Diego Molano, funcionarios del gobierno anterior, exministros del interior y de Defensa respectivamente, hicieron sendas declaraciones en sus visitas a Pereira durante el primer semestre de 2022, afirmando que la prioridad para el gobierno era desmantelar La Cordillera y capturar a su jefe, alias don Diego, pero esto no ocurrió. Al contrario, fuentes que lo conocen contaron a Colombia+20 que Diego Fernando Ruiz Quintero salió del país rumbo a Panamá a mediados de este año.
Ruiz Quintero habría empezado su carrera criminal de la mano de Carlos Mario Jiménez, “Macaco”, a mediados de la década del 2000, cuando este regresó a la ciudad durante el proceso de paz con los paramilitares. Primero fue su chofer y colaborador, tras la extradición de “Macaco”, Diego comenzó a escalar posiciones en la banda.
El narcoexpediente embolatado
Otro expediente conocido por este diario ofrece más detalles sobre el poder de La Cordillera en Pereira y Dosquebradas. Por este proceso terminaron detenidos y acusados de conformar una red internacional de narcotráfico nueve hombres, la mayoría de ellos sin relación entre sí. Mientras el proceso avanzaba para estos detenidos, los demás mencionados en el caso no fueron requeridos ni llamados a rendir declaraciones.
El proceso inició en 2019 en una fiscalía de Bogotá, soportado en las versiones de un agente encubierto cuyo seudónimo es Julio Monteleón. Antes de colaborar con las autoridades este sujeto estaba preso en la cárcel de Manizales, de donde salió por vencimiento de términos, según su versión. Contó a los investigadores que desde niño vivió en el barrio El Japón, de Dosquebradas, donde conoció a Diego Fernando Ruiz Quintero siendo joven.
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“La primera es la que ellos llaman don A, que es el señor Diego Fernando Ruiz, alias Diego Pereira, ellos lo llaman don A, por celular o cuando están en reuniones siempre se refieren a él como don A; él es la primera persona, el jefe de esta organización”, dijo el agente encubierto, que sostuvo haber conocido a Macaco y ser testigo de desembarcos de armas y fusiles que se guardaban, supuestamente, en un negocio de propiedad de Ruiz Quintero en el barrio El Japón. También contó haber presenciado cuando la organización reclutaba jóvenes a mediados de la década del 2000.
Este agente encubierto es el mismo que dijo que La Cordillera aportó dineros a la campaña de Juan Pablo Gallo antes de ser alcalde de Pereira, como lo había revelado El Tiempo. Sin embargo, no hay ninguna prueba de esa afirmación en los documentos que conoció este diario, solo su testimonio. En dichos documentos consta que Gallo no fue vinculado al proceso ni Diego Fernando Ruiz, alias Diego Pereira o don A.
Quienes sí terminaron capturados durante más de 27 meses fueron nueve hombres con perfiles diversos, provenientes de distintas partes del país, algunos con antecedentes por hurto y tráfico de estupefacientes. La Fiscalía los sindica de integrar una red internacional de narcotráfico.
Colombia+20 conoció la acusación contra dos de los implicados, pero sus perfiles no corresponden a los de cabecillas de la organización criminal, como los han presentado las autoridades. Uno de ellos es un antiguo taxista que vivía en la indigencia, era alcohólico, adicto al bazuco y permanecía temporadas en la calle antes de su captura. A este hombre lo sindican de ser el jefe logístico que viajaba y coordinaba los envíos de cocaína, a pesar de que sus vecinos suscribieron una declaración extrajuicio para testificar que, en efecto, se trata de un simple drogadicto.
En contexto: Petro señala a la banda Cordillera de planear atentado en su contra
El segundo sindicado no tenía ningún tipo de antecedente, afirmó que se dedicaba a vender productos de nutrición y suplementos de regeneración celular en eventos y fiestas electrónicas, aseguró además que conoció al agente encubierto porque este se ofrecía como tramitador y él le pagó un dinero para gestionar permisos con el Estado, dinero con el que fue estafado.
A su vez, el agente encubierto lo señaló de comercializar una supuesta droga sintética llamada “neurogénesis”, de la que no existe evidencia ni reporte conocido. En charla con este diario, el hombre aseguró que “neurogénesis” era solamente el nombre de su negocio de suplementos nutricionales.
“En general, dentro de todo el proceso hay un desconocimiento de los protocolos para las actuaciones de agente encubierto”, dijo una persona cercana a la defensa de los detenidos, que por seguridad prefiere no revelar su nombre: “Son nueve personas que fueron privadas de la libertad y 27 meses después el juicio no ha iniciado. Dos años en la cárcel y no se les resolvió su situación jurídica”.
Varios de los sindicados salieron libres en diciembre por vencimiento de términos, tras pasar más de 700 días en un calabozo de la Unidad de Protección a la Vida en el centro de Pereira, sin que haya habido un juicio en su contra. En cambio, no se conocen acciones de las autoridades contra Diego Pereira, por ahora.
Lea la siguiente entrega de esta investigación aquí: Caso Lucas Villa, el testigo clave que fue asesinado en Pereira