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Una hora después del estallido, el fuego todavía seguía vivo. Cuando se dispersó la nube de humo, en medio del pánico por la explosión, un grupo de personas trató de auxiliar a la profesora Luz Stella Balanta, quien iba en motocicleta camino a su escuela cuando la bomba fue activada el miércoles pasado. La onda explosiva tiró al suelo los techos y rompió los vidrios de varias edificaciones de Timba, una pequeña población del municipio de Buenos Aires (Cauca), a media hora de Jamundí (Valle). La profe Stella, como la llamaban sus estudiantes, no sobrevivió, y tampoco Ardany Álvarez Muñoz, un joven que pasaba por allí.
Pocas horas después, otros dos atentados revivieron el horror en el Cauca: uno en Suárez y otro en Santander de Quilichao. El cuarto ocurrió el viernes, en Jamundí, donde fue detonado un carro bomba en la estación de Policía de Potrerito.
El responsable de estos hechos es el Bloque Occidental del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las antiguas FARC comandada por Iván Mordisco, que en menos de dos semanas instalará formalmente una mesa de diálogos de paz con el Gobierno e iniciará un cese al fuego bilateral. Todo eso, en medio de una confianza minada por los atentados, que han planteado dudas sobre la voluntad de paz del grupo armado.
Según el presidente de la República, Gustavo Petro, la ola de violencia tiene una causa clara. “Las acciones del EMC en el Cauca son su respuesta a nuestra ofensiva en el valle del Micay, donde se produce el 70 % de la hoja de coca del Cauca”, dijo Petro luego del atentado de Timba, y ordenó robustecer la presencia militar y policial en la zona.
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¿Por qué el Cañón del Micay?
Allá, en el cañón del Micay, en el occidente del departamento, alrededor de 1.000 uniformados del Ejército que participan en la operación Trueno han ido quitándole posiciones al frente Carlos Patiño, que se ha ensañado contra la población en su afán de mantener el control.
A los confinamientos, desplazamientos, amenazas y minas antipersonales se sumaron el martes los ataques a una subestación eléctrica en Argelia, que “tiene sin servicio de energía a más de 10.000 personas de la costa Pacífica caucana y nariñense”, según le dijo a Colombia+20 el general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca.
La ofensiva militar ordenada por el presidente Petro busca acabar con ese poderío ilegal. Desde el 7 de febrero, con la Operación Trueno, el Ejército se ha ido acercando al corregimiento de El Plateado, botín de ambas partes.
“Ellos defienden esta zona a capa y espada y por eso están generando atentados como los de esta semana, para desviar la atención de la fuerza pública y que salgamos a atender esos otros hechos, pero no vamos a parar”, dice el general Mejía.
El cañón está en el occidente del Cauca, en la cuenca del río San Juan de Micay, entre los municipios de El Tambo, López de Micay y Argelia. Es un territorio geográficamente complejo, pero estratégico.
Aunque desde hace un año la región se enfrenta a la crisis del mercado de la coca, allí se concentra el 75 % de las 25.000 hectáreas de coca sembradas en el Cauca, y los grupos ilegales han logrado construir un andamiaje para esa oferta, que incluye laboratorios de pasta base y clorhidrato de cocaína y una ruta controlada al mar para exportar la droga desde las costas de Guapi y Timbiquí.
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Pero el narcotráfico no es la única fuente de ingresos del frente Carlos Patiño: también obtienen rentas millonarias de las extorsiones y la minería ilegal, que se ha expandido en los últimos años.
Desde 2020, cuando ese frente consolidó su poder en la zona, se han registrado 348 hechos de conflicto (entre ellos decenas de enfrentamientos armados) en los tres municipios del cañón, de acuerdo con el Mecanismo de Monitoreo del Sistema Integral de Paz.
“El cañón del Micay es una de las cinco regiones más complejas del país, al nivel de Tibú (en el Catatumbo) o Llorente (Tumaco). Es el cuarto enclave cocalero del país, y es una de las zonas con mayor nivel de combates, asesinatos de firmantes de paz y lideres sociales, accidentes con minas antipersonal, entre otros hechos”, explica Juan Manuel Torres, coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en la región Pacífica.
Voluntad de paz, en tela de juicio
Ad portas del inicio del cese al fuego y la instalación de la mesa de diálogos, la andanada de violencia y los atentados del EMC pusieron en duda el compromiso de paz del grupo disidente. De hecho, fue paradójico que apenas un día antes del atentado en Timba, el Gobierno y el EMC anunciaron el cese al fuego bilateral muy cerca de allí, en Suárez, Cauca.
“Aunque las estructuras del EMC en el Cauca se han caracterizado por ser agresivas, es evidente que hay una intensificación. Esto pone en tela de juicio la voluntad del EMC, como un todo, frente al proceso. Está en juego la legitimidad de la mesa”, dijo Paula Tobo, investigadora de conflicto y violencia organizada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
El viernes, tras el atentado de Jamundí, el EMC reconoció su responsabilidad en los ataques, aceptó que violó las normas del derecho internacional humanitario y ordenó “la suspensión de acciones efectivas en todo el territorio nacional”.
Sin embargo, hay dudas sobre la unidad de mando de esta disidencia, pues aunque su comandante máximo es Iván Mordisco, no está del todo claro si podrá tener control sobre las estructuras del Cauca, que según fuentes militares suman 1.084 hombres en armas y pertenecen al bloque más beligerante del EMC.
“No los considero ruedas sueltas, pero lo cierto es que son violentos y gozan de autonomía y financiación propia. No les pueden imponer nada, como en su momento lo hacía el antiguo Secretariado de las FARC; y, a diferencia de bloques de otras zonas, acá tienen al Ejército encima”, dijo un investigador del suroccidente del país que pidió no ser citado debido a las amenazas que ha recibido de esta disidencia.
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Otras preocupación es que en medio del cese al fuego esta disidencia se expanda y retome el control de algunas zonas que le ha arrebatado la Fuerza Pública.
Jonathan Patiño, el alcalde de Argelia, tuvo que salir desplazado del pueblo y actualmente despacha desde Popayán. Según le dijo a este diario, el cese al fuego decretado por el Gobierno el 1 de enero sirvió “para que el grupo se fortaleciera y creciera en muchas regiones”, y ahora “el temor es que usen el nuevo cese para lo mismo”.
En medio de la tensión causada por los atentados recientes, el presidente Petro ha sido tajante en mantener el asedio a las disidencias en el Cauca. El viernes, el jefe de Estado aseguró en su cuenta en X (antes Twitter): “No cederemos. La fuerza pública debe copar militarmente el territorio y como gobierno llegaremos de manera integral a estas poblaciones”. Se trata de una deuda que las comunidades del cañón del Micay han exigido que se salde desde hace más de 50 años.
Carnetización, minas y un control social del que se cansaron las comunidades del Micay
Quienes pueden entrar a Argelia lo hacen después de andar cinco horas por carretera desde Popayán. El impedimento no es el camino, sino el permiso. En este territorio, las disidencias de las FARC implantaron un sistema de carnetización para vigilar la presencia de extraños y tienen puestos de control en las vías de acceso.
“Para entrar al corregimiento de El Plateado, donde concentran su poder, hay que tener un carné o una carta de una persona de allá que certifique que se hace responsable de quien llega”, le dijo a este diario un poblador de la zona.
Ya hace varios años que El Plateado pasó a ser el corazón de poder de la región. Ha crecido tanto, que es al menos dos veces más grande que el centro urbano principal de Argelia, e incluso lo supera en población. Tiene vías de cinco metros de ancho, más de 20 hoteles, seis bombas de gasolina y más de 50 cantinas. Allí llegan raspachines de coca de varios municipios -o llegaban, antes de la crisis- y es el punto de encuentro de los narcos o comerciantes que compran la pasta base.
En ese punto y en todo el cañón, el frente Carlos Patiño cobra extorsiones por cualquier tipo de transacción que se haga: “Acá le toca pagar impuestos al que vende arepas y cholaos, al que vende un carro, y a cualquiera que tenga un negocio, sea grande o pequeño”.
De acuerdo con el general Mejía otra de las estrategias del grupo para controlar la zona y detener el avance de las Fuerzas Militares ha sido sembrar campos de minas. “En áreas de 100 metros hemos hallado hasta 50 o 60 minas, e incluso han sofisticado los sistemas y algunas pueden controlarlas a través de cámaras de video”, dijo el líder del Comando Específico del Cauca.
Según un investigador de la región, el cambio de enfoque del Gobierno en la lucha contra las drogas transformó la relación de la Fuerza Pública con los habitantes del cañón del Micay: “Anteriormente, el frente Carlos Patiño instrumentalizaba a la población para que presionara la salida del Ejército, porque entraban a arrancar las matas de coca, que son casi el único sustento. Ahora que no hay erradicación, la gente no atiende a los llamados del grupo”.
Una guerra vieja y un Estado que debe hacerse presente
Cuando el filólogo español Germán de Granda visitó el cañón del Micay, hacia la década de 1970, catalogó esta región como “la periferia de la periferia”.
“Nombró así la zona porque es un territorio geográficamente muy difícil de ubicar, donde nunca ha llegado el Estado. Es más, allí la gente tiene una mirada contraestatal. Al Estado siempre se le ha visto como ausente, por eso en las últimas décadas las mismas comunidades han autogestionado la construcción de carreteras y acueductos”, explica Juan Manuel Torres, investigador de Pares.
Esa ausencia estatal favoreció la entrada de las FARC en la década de 1980. La zona del Micay se volvió tan estratégica que la extinta guerrilla creó el frente 60 exclusivamente para custodiarla y controlarla.
Por eso no fue sorpresa que luego de la firma del Acuerdo de Paz, en 2016, varios grupos armados intentaran apoderarse de la región.
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Después de disputas territoriales con el ELN y la Segunda Marquetalia (la otra disidencia de las FARC, comandada por Iván Márquez), el frente Carlos Patiño del EMC logró, en 2020, el control casi total del cañón. Lo hizo con el apoyo de otras estructuras de ese grupo, como las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, con un régimen de violencia que incluyó desplazamientos, confinamientos, asesinatos selectivos y extorsiones a toda la población.
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El alcalde de Argelia asegura que es la primera vez que se ve una avanzada tan fuerte de la fuerza pública en la zona, pero insiste en que se necesita una acción integral del Estado para lograr la paz en el cañón del Mica.
“De la mano de las mejoras en las condiciones de seguridad, en Argelia estamos avanzando en proyectos como la construcción de un hospital y la plaza de mercado, todo encaminado a la transición a economías legales. Acá esperamos que eso se establezca para que logremos superar el conflicto y transformar el territorio”, explicó.
Mientras los proyectos son aprobados y las obras avanzan, la población sigue sumida en una crisis de violencia y falta de oportunidades que se ha agravado con la crisis cocalera.
Las operaciones militares continúan en la zona, con la orden del presidente Petro como consigna. Aún no hay fecha clara para la tercera fase de la Operación Trueno, cuyo objetivo es tomar el control de El Plateado. En ese corregimiento, el EMC se habría adueñado de más de 30 viviendas para repeler cualquier ofensiva del Ejército. Los mismos uniformados saben que es imposible una recuperación del pueblo sostenida en el tiempo si el Estado no va detrás con compromisos concretos para las comunidades.
