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Comunidades de tres municipios del Bajo Cauca y dos del nordeste antioqueño están entre confundidas y preocupadas por la circulación de un panfleto firmado por las disidencias del Frente 36 de las Farc. En el documento se anunció , entre otras cosas, que se recogerán los datos de todas las personas para expedir una “cédula comunitaria” que estarían obligadas a portar dentro del territorio.
El panfleto, que está circulando entre la población desde octubre pasado, dice estar escrito “desde las montañas del Bajo Cauca antioqueño” e ir dirigido a los municipios de Anorí, Amalfi, Zaragoza, Tarazá y Cáceres, con sus corregimientos y veredas. El texto señala que el grupo está haciendo resistencia armada “por los incumplimientos del Gobierno al pueblo colombiano y al proceso de paz”.
Los datos que recogerán, según el documento, incluyen los nombres completos y números de cédula de los habitantes de esas zonas, seudónimos, lugares de nacimiento y de residencia, nombre de la comunidad a la que pertenecen y el teléfono de un integrante de la directiva de su respectiva Junta de Acción Comunal (JAC).
El grupo armado también anunció que las medidas se socializarán en reuniones con cada vereda y les dio un mes de plazo a las JAC para hacerle llegar la información al grupo armado. “No se responderá por personas que no porten esta cédula comunitaria, ya que se hace por control y prevención de personas malintencionadas que vengan o estén con el propósito de dañar el buen nombre de la comunidad”, se afirma en el panfleto.
Esa advertencia es justamente lo que más preocupa a las comunidades. Por eso, los líderes de las JAC han empezado a organizarse para iniciar dicha carnetización.
Roberto, un líder del sur de Cáceres, cuya identidad reservamos por seguridad, explica que la orden ha generado reparos entre la población al ser una imposición, pero considera que se trata “a fin de cuentas” de una medida organizativa. “El que manda manda aunque mande mal, pero manda”, dice. Y añade que “cada persona debe entender que el estar identificada de dónde es y en qué trabaja le brinda las garantías de sentirse apoyado por una comunidad. Puede haber personas que no lo quieran hacer y es respetable su decisión, pero no sería lo más adecuado para el bienestar de la comunidad”, asegura.
Roberto detalla que el anuncio también generó controversia entre los presidentes de las juntas veredales. La mayoría consideraba que el proceso de carnetización no debía hacerlo ni el grupo armado ni la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asocomunal), “sino que cada vereda debería poder carnetizarse a su manera”.
Por eso, y tras dialogar con los miembros de las disidencias para que se extendiera el plazo, decidieron que cada vereda expedirá los carnés de manera individual. “Se conversó con el grupo y se tomó la decisión de que sería Asocomunal la que lideraría la carnetización. Sin embargo, será la junta directiva de cada vereda la que se encargará de sus habitantes, porque el presidente de Asocomunal no puede responder por toda la población. Las complicaciones que se den en cada territorio las puede solucionar más fácilmente cada junta directiva”, explicó el líder.
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En un evento reciente de la Comisión de la Verdad en el Bajo Cauca, Roberto aseguró que le preocupan las consecuencias que la carnetización pueda tener en el largo plazo. “Es problemático, porque quien no tenga carné no podrá entrar al territorio. Eso significa que la población va a quedar cerrada y sin ningún tipo de participación externa. Además, nos preocupa que no pueda entrar ni siquiera la institucionalidad, que antes podía hacerlo acompañada de los líderes”, asegura.
Y agrega que esto también podría significar una restricción a la movilidad: “nos preocupa que un campesino de una vereda se presente en otra con su cédula y lo declaren objetivo militar”, puntualiza.
A todo esto se suma la estigmatización que puedan sufrir los habitantes de la zona por parte de otros actores armados presentes en el territorio por cumplir con esta orden que viene de las disidencias de las Farc. Actualmente en Cáceres y el Bajo Cauca hacen presencia la guerrilla del Eln y las Agc o Clan del Golfo. Miembros de este último grupo armado también han estado pidiendo listados de población a las juntas veredales, según le confirmaron tres líderes de la región a Colombia+20.
“La población es la que soporta las más graves afectaciones y vulneración de sus derechos, porque restricciones como esta no se han hecho esperar”, acentúa Roberto, refiriéndose también al control que han tenido en el transporte y las comunicaciones. “Han vuelto a minar el territorio y en los puntos donde más se coge señal nos quitan los celulares y los revisan”, denuncia.
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Los otros municipios
Por ahora, el único lugar donde la orden de carnetización parece hacerse efectiva es en Cáceres. En Anorí, por ejemplo, aún es un rumor que no se confirma. José David Hernández, líder social del municipio y representante legal de la Asociación Campesina del Norte y Nordeste de Antioquia, asegura que quienes quieren ejercer control social no son solo las disidencias de las Farc, sino que este anuncio ya se ha hecho por parte de otros grupos armados. “A Anorí, por ahora, solo ha llegado el panfleto. No hemos tenido reuniones donde digan qué es lo que se tiene que hacer exactamente”, señala el líder.
Desde Tarazá, Margarita Palacio, de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca, dice que el panfleto también ha llegado, pero resalta que allí las disidencias aún no tienen una incidencia tan fuerte como la del Clan del Golfo. “No han empezado a hacerle esas imposiciones a la gente. Sin embargo, los líderes sí están empezando a hacer un registro”, asegura.
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Una respuesta gubernamental
La situación de vulnerabilidad fue expuesta por Roberto hace dos semanas en un evento desarrollado por la Comisión de la Verdad para definir acciones urgentes para detener la persistencia del conflicto armado en el Bajo Cauca. Pese a que allí lo escucharon miembros de la Gobernación de Antioquia y a que, según dijo, las organizaciones lo han denunciado ante entes territoriales, “es poca la solución que se recibe”, dice.
Por su parte, el mayor Jhony Alexander Araujo, comandante del Gaula Militar del Bajo Cauca, aseguró que recibió la denuncia por parte de los líderes del sur de Cáceres. “Actualmente estamos hablando con la Brigada 14 para desarrollar una mesa técnica con las Juntas de Acción Comunal y pensar una estrategia para dar solución a este problema”, señaló. Y añadió que están intentando articular esfuerzos con la Cruz Roja, organismo independiente que podría hacer las veces de mediador. Sin embargo, aseguró que no han recibido ningún direccionamiento desde la Gobernación de Antioquia ni han recibido información de la situación desde la Fiscalía.