"Chocó vive una situación de extrema vulnerabilidad de cara al posconflicto": Christian Visnes

La población de la costa pacífica y la región del Catatumbo ha sido históricamente golpeada por el conflicto armado en Colombia. A pesar de que se acerca la firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, la situación en esas zonas no ha cambiado. Más bien, se puede decir que tiende a empeorar, por la presencia de otros actores armados que buscan fortalecerce y suplantar el control territorial de las Farc, así como por la debilidad institucional para garantizar los mínimos derechos de los habitantes de esas zonas. Christian Visnes, director del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia, dice que hay que pensar en los proyectos del posconflicto a largo plazo, pero es imposible consolidar esos proyectos sin destinar también recursos para solucionar las necesidades inmediatas de comunidades que siguen en medio de la guerra. 

-Por estos días se habla mucho de grandes proyectos para el posconflicto, para generar institucionalidad, confianza, proyectos productivos, etc. Pero hay poblaciones que siguen e medio de la guerra y tienen necesidades inmediatas, ¿cuáles son las que mayores problemas tienen ahora?

Estamos claramente en una transición, a punto de que haya un acuerdo de paz. Hemos señalado que esa transición es la situación que más incertidumbre genera, porque no hay un desarme, una dejación de armas, y al mismo tiempo hay mucho movimiento en esos territorios. En esa situación, el Chocó pasa por un momento muy malo. El año pasado instalamos un equipo porque veíamos que iba a pasar algo y está pasando. Era previsible. Ahora hay tres ríos principales y en todos hay desplazamiento y afectación humanitaria. Nuestra preocupación es que en medio del afán de lograr los acuerdos, se olvide la realidad que sigue en estos territorios, que llevan prácticamente veinte años sufriendo. Los desplazamientos masivos en Chocó empezaron en el 97, con la operación Génesis. Hoy la situación no ha cambiado mucho, está el Clan Úsuga, que también se ha extendido en el Bajo Atrato. Hay información según la cual también están en el medio Atrato. Hay presencia del ELN por el río Baudó y San Juan, y hay operaciones militares.

Como resultado de esto, hoy hay al menos 16 mil personas en crisis humanitaria en Chocó. Había unos 6 o 7 mil desplazados, 4 mil de ellos han retornado pero sin ninguna garantía, en medio del combate prácticamente. En el litoral pacífico y en el Baudó hay entre 7 y 10 mil personas que tienen restricción de movimientos. En esta zona cada río tiene un actor armado diferente, esto hace que las personas no se puedan movilizar con normalidad y no puedan hacer sus actividades diarias. No hay escuelas. En medio de esto hay un brote de Malaria, hay más de 22 mil casos de malaria y nos han dicho que no hay medicina. Hay una crisis focalizada en esos ríos. Estamos hablando de una crisis de 20 años, con repetidos desplazamientos masivos. Hoy las comunidades son extremadamente vulnerables.

-¿Qué impacto puede tener la desmovilización de las Farc en estas zonas?

Ese es el riesgo. Nosotros hemos alertado de que hay que prepararse justo cuando entramos a la transición. La mejor medida humanitaria que puede haber es un acuerdo de paz, pero en esa transición siempre va a haber un momento de incertidumbre y de reposicionamiento y claro, la situación del ELN es uno de los elementos más complejos en la zona. Hay una operación militar grande contra ellos, para debilitar sus frentes. Hay bombardeos aéreos y esto es muy intenso en ciertas zonas. Esto era previsible pero no hubo preparación para dar una respuesta. A nosotros se nos agotaron en los primeros tres o cuatro meses del año los recursos que teníamos para todo el año en esta zona del Chocó. La impresión es que incluso el Estado está con pocas capacidades de responder. Esto es un poco alarmante en una zona donde hay una vasta y lamentable experiencia de desplazamientos masivos pero no hay una respuesta masiva.

-¿Por qué durante 20 años no ha funcionado la respuesta?

Primero, porque llegar a estas comunidades alejadas en medio del conflicto es difícil. Hay muchas debilidades en la respuesta institucional. Pero para nosotros eso no es una excusa. Hay que trasladar toda la capacidad necesaria al Chocó. No se puede trabajar en Chocó con la misma capacidad que en Cundinamarca. Se necesitan diez veces más recursos y capacidad. La Unidad de Víctimas hace esfuerzos, no se trata de mala voluntad. Toda la comunidad humanitaria internacional ha pedido 4.5 millones de dólares para responder a la crisis humanitaria que hay ahora en Chocó. Ese es el alto costo para asistir a esas personas. No es para darles carretas, sino para asistirles humanitariamente. Es un valor grande, pero no tanto si se compara con la capacidad que vemos de fondo para responder al posconflicto. Entendemos que en el fondo de la ONU hay más de 40 millones de dólares ya comprometidos. Hace unos días la Unión Europea dijo que va a poner 575 millones de euros. Y se habla de fondos de miles de millones de pesos. Hay capacidad financiera en el país para hacer cosas, pero para responder a una situación humanitaria crítica es difícil movilizar fondos. Esa es una de las críticas más fuertes de nosotros. El Estado tiene que prepararse en las zonas críticas en esta fase de transición, porque en esas zonas van a surgir crisis.

Lo que pasa en Catatumbo, por ejemplo, también es una situación de mucho riesgo. Hubo un desplazamiento en el municipio López de Micay, hay situaciones en Tumaco que nos preocupan. Creo que parte de los recursos que se están destinando al posconflicto tienen que destinarse también a las crisis rápida y masivamente.

-¿No es así?

Por lo que hemos visto y leído, eso va a ir a acciones rápidas para construir confianza e impacto en los territorios afectados por el conflicto, pero no tienen muchos fondos destinados a responder a situaciones de crisis humanitaria, de desplazamiento. Entonces, eso crea una situación peligrosa: si se trata de dar generar confianza pero no se responde a las necesidades más importantes en un momento de crisis, ¿qué confianza va a haber? Es un error de enfoque, como organización no planteamos que todos los recursos se destinen a respuesta inmediata, pero sí que haya cierta capacidad. El Chocó es el mejor ejemplo, porque no puede superar los problemas con los mismos fondos que en otras zonas. Sus necesidades son más profundas y desde hace 20 años.

-El Catatumbo hace poco llegó a la discusión pública. ¿Cómo está el panorama allá?

Es una situación parecida al Chocó. Una zona estratégica por su ubicación y muy difícil de penetrar si se ve desde un punto de vista estratégico y militar. Siempre hay una montañita donde esconderse. Si uno va por Bucaramanga hacia Ocaña, pasa por el Magdalena Medio, por ahí sólo se ven vacas. Uno sale de la famosa ruta del sol y empieza a subir hasta Catatumbo y hay gente por todas partes. En cada rincón, en cada pendiente, hay campesinos. Ese es uno de los problemas fundamentales de Colombia: la distribución de tierras. La gente vive sin infraestructura. Las vías de Catatumbo son prácticamente todas destapadas y muy deterioradas. A eso se suma una escasa presencia del Estado y una presencia muy fuerte de las guerrillas del ELN, EPL y Farc.  Ahora viven la misma situación que el Chocó. El Eln sigue en situación de confrontación, el EPL también, mientras que Farc está en cese de fuego unilateral. Esto genera mucha incertidumbre en la población, saber que hay una parte que va a un proceso de paz pero otra sigue en las armas. Los que siguen tienen incentivos para hacerse más fuertes. En Catatumbo también es difícil distinguir quién hace control en qué zona. No es tan evidente.

-La guerrilla de las Farc entra en un proceso de desmovilización. ¿Cómo se están dando las dinámicas de control territorial en medio de este proceso? ¿Lo que las Farc controlaba ahora quien lo controla, el Estado?

No. Hace años hay fuerte presencia militar, hay bases. Pero nosotros, que tenemos que ir a comunidades caminando muchas horas o en mula, sabemos que una vez uno sale de la influencia de una base militar en una zona urbana, el control lo ejerce la guerrilla, eso no ha cambiado hasta ahora. Y para la gente no es muy claro quién ejerce control dónde, esto genera una situación muy compleja, porque lo que está claro es que son actores ilegales. Si hablamos de transición, eso genera mayor incertidumbre y vulnerabilidad. Lo que tenemos en Catatumbo son desplazamientos individuales, personas que salen de su zona por amenazas directas. La presencia de la coca es algo que también se ve en la zona, es uno de los pocos cultivos que genera ingresos y han incrementado muchísimo últimamente los cultivos.

-¿Cómo se aproximan desde la perspectiva humanitaria al tema de la coca?

No trabajamos proyectos productivos alterativos a la coca. Lo que manifiestan muchos campesinos es que quisieran otra posibilidad de ingreso. Nosotros lo trabajamos desde la niñez y los jóvenes, buscamos que haya opciones para que ellos mismos puedan decidir qué quieren hacer. Ahí la escuela o el sistema educativo es fundamental. Procurar que haya educación en medio de una emergencia es reducir un poco el sufrimiento, dar opciones a jóvenes y niños en una situación en la que normalmente no tienen nada que hacer y son muy vulnerables a dedicarse a otras actividades económicas, muchas veces ilegales. La educación tiene un papel protector en esto. Es una de las pocas medidas que hay en esas zonas que le dan a los jóvenes un instrumento para guiarse. En el Catatumbo trabajamos con profesores sobre cómo dar educación en medio del conflicto. Los profesores no tienen capacitación ni asumen que están educando a niños afectados por el conflicto, entonces tienen como el mismo reglamento que tendría una escuela en Bogotá. Aquí tendrán sus problemas de criminalidad, allá hay niños que han sufrido bombardeos y otras cosas. Hemos trabajado métodos con profesores para que puedan entender por qué en esas zonas afectadas por el conflicto la mitad de la clase no presta atención y  la otra mitad tiene problemas de aprendizaje, y que puedan dar clase a niños traumatizados por el conflicto.

-¿Eso es lo que ustedes llaman educación en emergencias?

Es una parte, la educación en emergencias también es dar instalaciones, kits. Aquí vemos uno de los problemas del Ministerio de Educación y es que se da educación igual a todos. Si uno vive a 10 horas de su escuela y en medio del conflicto, pues no tiene las mismas necesidades de un niño en una área urbana. Ese es un aspecto que nos preocupa para el poscoflicto. Realmente no hay una discusión profunda sobre cómo hacer para cerrar la brecha para la población rural afectada por el conflicto en términos de educación. Aquí hay mucho enfoque en Ser Pilo Paga y otros programas que son muy buenos, pero que no atienden los problemas que encontramos nosotros: los niños no aprenden en medio del conflicto. Los pocos que terminan salen analfabetas y la gran cantidad de niños nunca terminan la escuela.

-Entonces no sólo falta de acceso a la educación, sino a una educación diferenciada. ¿Esta problemática es común en todas estas zonas rurales de Chocó y Catatumbo?

Es una constante en muchas zonas rurales. El Ministerio ha generado algunos programas y modelos flexibles, pero lo que se destina para dar educación a esas zonas no toma en cuenta las necesidades particulares que hay para poderlo lograr. En Tumaco, uno de cada diez niños termina el ciclo escolar. Lo que planteamos es que se necesita hacer un gran esfuerzo para llevar el derecho a la educación a esas zonas. Eso requiere una inversión mayor que en las zonas urbanas. A veces son seis o siete niños en una zona, si uno realmente quiere garantizarles el derecho a la educación, eso tiene costos. No vemos que esto sea una prioridad para el país ni para el Ministerio de Educación.

-En Tumaco van a lanzar un modelo de educación especial para los afro, hecho por las mismas comunidades negras.

En un país tan diverso como Colombia, con población afro, indígenas y campesinas que tienen su propia forma de ver la vida, tener un solo modelo para todos no es eficaz ni eficiente, no hace que los niños aprendan. Además, creo que la Constitución del 91 reconoce la diversidad pero no hay una política que lo profundice o haga que se cultive. Ese modelo flexible de Tumaco, que ya está aprobado por el Ministerio, es una de las maneras en las que comienzan a conceptualizar la educación a su manera. Eso no significa que se salga de la educación universal, también van a aprender matemáticas, física, etc., pero la forma de aprender es diferente, con elementos más cercanos a su día a día. Es una celebración de la cultura afro. El impacto que el conflicto ha tenido en poblaciones afro es inmerso y es una manera para empezar a recuperarlo y fortalecerlo.

-Viendo la situación en Chocó y Catatumbo, ¿es correcto decir que antes de pensar en proyectos de largo plazo para el posconflicto, hay que priorizar recursos para atender necesidades inmediatas?

O paralelamente hay que hacerlo. Hay que atender lo inmediato y pensar a largo plazo al mismo tiempo. Hay que trasladar la capacidad a las zonas que tienen necesidades urgentes. En Guapi, Cauca, solo el Consejo Noruego tiene oficina, casi que ni el alcalde tiene oficina. Lo que hay es una debilidad inmensa, casi un municipio fallido, que no ofrece servicios a sus pobladores. Allá hay que responder a las necesidades inmediatas y al mismo tiempo empezar a responder a esa institucionalidad. En Guapi hoy está más tranquilo, donde hay mayor preocupación es el norte del Cauca, donde están los indígenas Nasa y ellos reportan mucho movimiento y presencia de Eln y lo que ellos llaman grupos paramilitares.

-Teniendo en cuenta esa presencia de actores armados diferentes a las Farc, ¿para qué deberíamos prepararnos en el posconflicto?

El Gobierno tiene muy claro dónde están las mayores necesidades, eso está muy bien identificado. Al mismo tiempo que nos preparamos para lo bueno, preparémonos para lo que no sale bien, es muy probable que haya desplazamiento durante la transición. Necesitamos planes de contingencia con capacidad de respuesta masiva para situaciones donde las cosas no salgan bien. Siguen actores armados que van a generar sufrimiento en la población. Hay una nueva directiva que permite bombardear a esos grupos, eso va a generar sufrimiento y va a hacer que las poblaciones tengan que salir de su territorio a protegerse, porque el Gobierno no es capaz de protegerlas allí. Hay que darles respuesta. Es muy bueno que estemos ad portas de un acuerdo de paz, pero hay que planificar y preparar para situaciones no deseadas.

*@DanielSalgar1 

La población de la costa pacífica y la región del Catatumbo ha sido históricamente golpeada por el conflicto armado en Colombia. A pesar de que se acerca la firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, la situación en esas zonas no ha cambiado. Más bien, se puede decir que tiende a empeorar, por la presencia de otros actores armados que buscan fortalecerce y suplantar el control territorial de las Farc, así como por la debilidad institucional para garantizar los mínimos derechos de los habitantes de esas zonas. Christian Visnes, director del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia, dice que hay que pensar en los proyectos del posconflicto a largo plazo, pero es imposible consolidar esos proyectos sin destinar también recursos para solucionar las necesidades inmediatas de comunidades que siguen en medio de la guerra. 

-Por estos días se habla mucho de grandes proyectos para el posconflicto, para generar institucionalidad, confianza, proyectos productivos, etc. Pero hay poblaciones que siguen e medio de la guerra y tienen necesidades inmediatas, ¿cuáles son las que mayores problemas tienen ahora?

Estamos claramente en una transición, a punto de que haya un acuerdo de paz. Hemos señalado que esa transición es la situación que más incertidumbre genera, porque no hay un desarme, una dejación de armas, y al mismo tiempo hay mucho movimiento en esos territorios. En esa situación, el Chocó pasa por un momento muy malo. El año pasado instalamos un equipo porque veíamos que iba a pasar algo y está pasando. Era previsible. Ahora hay tres ríos principales y en todos hay desplazamiento y afectación humanitaria. Nuestra preocupación es que en medio del afán de lograr los acuerdos, se olvide la realidad que sigue en estos territorios, que llevan prácticamente veinte años sufriendo. Los desplazamientos masivos en Chocó empezaron en el 97, con la operación Génesis. Hoy la situación no ha cambiado mucho, está el Clan Úsuga, que también se ha extendido en el Bajo Atrato. Hay información según la cual también están en el medio Atrato. Hay presencia del ELN por el río Baudó y San Juan, y hay operaciones militares.

Como resultado de esto, hoy hay al menos 16 mil personas en crisis humanitaria en Chocó. Había unos 6 o 7 mil desplazados, 4 mil de ellos han retornado pero sin ninguna garantía, en medio del combate prácticamente. En el litoral pacífico y en el Baudó hay entre 7 y 10 mil personas que tienen restricción de movimientos. En esta zona cada río tiene un actor armado diferente, esto hace que las personas no se puedan movilizar con normalidad y no puedan hacer sus actividades diarias. No hay escuelas. En medio de esto hay un brote de Malaria, hay más de 22 mil casos de malaria y nos han dicho que no hay medicina. Hay una crisis focalizada en esos ríos. Estamos hablando de una crisis de 20 años, con repetidos desplazamientos masivos. Hoy las comunidades son extremadamente vulnerables.

-¿Qué impacto puede tener la desmovilización de las Farc en estas zonas?

Ese es el riesgo. Nosotros hemos alertado de que hay que prepararse justo cuando entramos a la transición. La mejor medida humanitaria que puede haber es un acuerdo de paz, pero en esa transición siempre va a haber un momento de incertidumbre y de reposicionamiento y claro, la situación del ELN es uno de los elementos más complejos en la zona. Hay una operación militar grande contra ellos, para debilitar sus frentes. Hay bombardeos aéreos y esto es muy intenso en ciertas zonas. Esto era previsible pero no hubo preparación para dar una respuesta. A nosotros se nos agotaron en los primeros tres o cuatro meses del año los recursos que teníamos para todo el año en esta zona del Chocó. La impresión es que incluso el Estado está con pocas capacidades de responder. Esto es un poco alarmante en una zona donde hay una vasta y lamentable experiencia de desplazamientos masivos pero no hay una respuesta masiva.

-¿Por qué durante 20 años no ha funcionado la respuesta?

Primero, porque llegar a estas comunidades alejadas en medio del conflicto es difícil. Hay muchas debilidades en la respuesta institucional. Pero para nosotros eso no es una excusa. Hay que trasladar toda la capacidad necesaria al Chocó. No se puede trabajar en Chocó con la misma capacidad que en Cundinamarca. Se necesitan diez veces más recursos y capacidad. La Unidad de Víctimas hace esfuerzos, no se trata de mala voluntad. Toda la comunidad humanitaria internacional ha pedido 4.5 millones de dólares para responder a la crisis humanitaria que hay ahora en Chocó. Ese es el alto costo para asistir a esas personas. No es para darles carretas, sino para asistirles humanitariamente. Es un valor grande, pero no tanto si se compara con la capacidad que vemos de fondo para responder al posconflicto. Entendemos que en el fondo de la ONU hay más de 40 millones de dólares ya comprometidos. Hace unos días la Unión Europea dijo que va a poner 575 millones de euros. Y se habla de fondos de miles de millones de pesos. Hay capacidad financiera en el país para hacer cosas, pero para responder a una situación humanitaria crítica es difícil movilizar fondos. Esa es una de las críticas más fuertes de nosotros. El Estado tiene que prepararse en las zonas críticas en esta fase de transición, porque en esas zonas van a surgir crisis.

Lo que pasa en Catatumbo, por ejemplo, también es una situación de mucho riesgo. Hubo un desplazamiento en el municipio López de Micay, hay situaciones en Tumaco que nos preocupan. Creo que parte de los recursos que se están destinando al posconflicto tienen que destinarse también a las crisis rápida y masivamente.

-¿No es así?

Por lo que hemos visto y leído, eso va a ir a acciones rápidas para construir confianza e impacto en los territorios afectados por el conflicto, pero no tienen muchos fondos destinados a responder a situaciones de crisis humanitaria, de desplazamiento. Entonces, eso crea una situación peligrosa: si se trata de dar generar confianza pero no se responde a las necesidades más importantes en un momento de crisis, ¿qué confianza va a haber? Es un error de enfoque, como organización no planteamos que todos los recursos se destinen a respuesta inmediata, pero sí que haya cierta capacidad. El Chocó es el mejor ejemplo, porque no puede superar los problemas con los mismos fondos que en otras zonas. Sus necesidades son más profundas y desde hace 20 años.

-El Catatumbo hace poco llegó a la discusión pública. ¿Cómo está el panorama allá?

Es una situación parecida al Chocó. Una zona estratégica por su ubicación y muy difícil de penetrar si se ve desde un punto de vista estratégico y militar. Siempre hay una montañita donde esconderse. Si uno va por Bucaramanga hacia Ocaña, pasa por el Magdalena Medio, por ahí sólo se ven vacas. Uno sale de la famosa ruta del sol y empieza a subir hasta Catatumbo y hay gente por todas partes. En cada rincón, en cada pendiente, hay campesinos. Ese es uno de los problemas fundamentales de Colombia: la distribución de tierras. La gente vive sin infraestructura. Las vías de Catatumbo son prácticamente todas destapadas y muy deterioradas. A eso se suma una escasa presencia del Estado y una presencia muy fuerte de las guerrillas del ELN, EPL y Farc.  Ahora viven la misma situación que el Chocó. El Eln sigue en situación de confrontación, el EPL también, mientras que Farc está en cese de fuego unilateral. Esto genera mucha incertidumbre en la población, saber que hay una parte que va a un proceso de paz pero otra sigue en las armas. Los que siguen tienen incentivos para hacerse más fuertes. En Catatumbo también es difícil distinguir quién hace control en qué zona. No es tan evidente.

-La guerrilla de las Farc entra en un proceso de desmovilización. ¿Cómo se están dando las dinámicas de control territorial en medio de este proceso? ¿Lo que las Farc controlaba ahora quien lo controla, el Estado?

No. Hace años hay fuerte presencia militar, hay bases. Pero nosotros, que tenemos que ir a comunidades caminando muchas horas o en mula, sabemos que una vez uno sale de la influencia de una base militar en una zona urbana, el control lo ejerce la guerrilla, eso no ha cambiado hasta ahora. Y para la gente no es muy claro quién ejerce control dónde, esto genera una situación muy compleja, porque lo que está claro es que son actores ilegales. Si hablamos de transición, eso genera mayor incertidumbre y vulnerabilidad. Lo que tenemos en Catatumbo son desplazamientos individuales, personas que salen de su zona por amenazas directas. La presencia de la coca es algo que también se ve en la zona, es uno de los pocos cultivos que genera ingresos y han incrementado muchísimo últimamente los cultivos.

-¿Cómo se aproximan desde la perspectiva humanitaria al tema de la coca?

No trabajamos proyectos productivos alterativos a la coca. Lo que manifiestan muchos campesinos es que quisieran otra posibilidad de ingreso. Nosotros lo trabajamos desde la niñez y los jóvenes, buscamos que haya opciones para que ellos mismos puedan decidir qué quieren hacer. Ahí la escuela o el sistema educativo es fundamental. Procurar que haya educación en medio de una emergencia es reducir un poco el sufrimiento, dar opciones a jóvenes y niños en una situación en la que normalmente no tienen nada que hacer y son muy vulnerables a dedicarse a otras actividades económicas, muchas veces ilegales. La educación tiene un papel protector en esto. Es una de las pocas medidas que hay en esas zonas que le dan a los jóvenes un instrumento para guiarse. En el Catatumbo trabajamos con profesores sobre cómo dar educación en medio del conflicto. Los profesores no tienen capacitación ni asumen que están educando a niños afectados por el conflicto, entonces tienen como el mismo reglamento que tendría una escuela en Bogotá. Aquí tendrán sus problemas de criminalidad, allá hay niños que han sufrido bombardeos y otras cosas. Hemos trabajado métodos con profesores para que puedan entender por qué en esas zonas afectadas por el conflicto la mitad de la clase no presta atención y  la otra mitad tiene problemas de aprendizaje, y que puedan dar clase a niños traumatizados por el conflicto.

-¿Eso es lo que ustedes llaman educación en emergencias?

Es una parte, la educación en emergencias también es dar instalaciones, kits. Aquí vemos uno de los problemas del Ministerio de Educación y es que se da educación igual a todos. Si uno vive a 10 horas de su escuela y en medio del conflicto, pues no tiene las mismas necesidades de un niño en una área urbana. Ese es un aspecto que nos preocupa para el poscoflicto. Realmente no hay una discusión profunda sobre cómo hacer para cerrar la brecha para la población rural afectada por el conflicto en términos de educación. Aquí hay mucho enfoque en Ser Pilo Paga y otros programas que son muy buenos, pero que no atienden los problemas que encontramos nosotros: los niños no aprenden en medio del conflicto. Los pocos que terminan salen analfabetas y la gran cantidad de niños nunca terminan la escuela.

-Entonces no sólo falta de acceso a la educación, sino a una educación diferenciada. ¿Esta problemática es común en todas estas zonas rurales de Chocó y Catatumbo?

Es una constante en muchas zonas rurales. El Ministerio ha generado algunos programas y modelos flexibles, pero lo que se destina para dar educación a esas zonas no toma en cuenta las necesidades particulares que hay para poderlo lograr. En Tumaco, uno de cada diez niños termina el ciclo escolar. Lo que planteamos es que se necesita hacer un gran esfuerzo para llevar el derecho a la educación a esas zonas. Eso requiere una inversión mayor que en las zonas urbanas. A veces son seis o siete niños en una zona, si uno realmente quiere garantizarles el derecho a la educación, eso tiene costos. No vemos que esto sea una prioridad para el país ni para el Ministerio de Educación.

-En Tumaco van a lanzar un modelo de educación especial para los afro, hecho por las mismas comunidades negras.

En un país tan diverso como Colombia, con población afro, indígenas y campesinas que tienen su propia forma de ver la vida, tener un solo modelo para todos no es eficaz ni eficiente, no hace que los niños aprendan. Además, creo que la Constitución del 91 reconoce la diversidad pero no hay una política que lo profundice o haga que se cultive. Ese modelo flexible de Tumaco, que ya está aprobado por el Ministerio, es una de las maneras en las que comienzan a conceptualizar la educación a su manera. Eso no significa que se salga de la educación universal, también van a aprender matemáticas, física, etc., pero la forma de aprender es diferente, con elementos más cercanos a su día a día. Es una celebración de la cultura afro. El impacto que el conflicto ha tenido en poblaciones afro es inmerso y es una manera para empezar a recuperarlo y fortalecerlo.

-Viendo la situación en Chocó y Catatumbo, ¿es correcto decir que antes de pensar en proyectos de largo plazo para el posconflicto, hay que priorizar recursos para atender necesidades inmediatas?

O paralelamente hay que hacerlo. Hay que atender lo inmediato y pensar a largo plazo al mismo tiempo. Hay que trasladar la capacidad a las zonas que tienen necesidades urgentes. En Guapi, Cauca, solo el Consejo Noruego tiene oficina, casi que ni el alcalde tiene oficina. Lo que hay es una debilidad inmensa, casi un municipio fallido, que no ofrece servicios a sus pobladores. Allá hay que responder a las necesidades inmediatas y al mismo tiempo empezar a responder a esa institucionalidad. En Guapi hoy está más tranquilo, donde hay mayor preocupación es el norte del Cauca, donde están los indígenas Nasa y ellos reportan mucho movimiento y presencia de Eln y lo que ellos llaman grupos paramilitares.

-Teniendo en cuenta esa presencia de actores armados diferentes a las Farc, ¿para qué deberíamos prepararnos en el posconflicto?

El Gobierno tiene muy claro dónde están las mayores necesidades, eso está muy bien identificado. Al mismo tiempo que nos preparamos para lo bueno, preparémonos para lo que no sale bien, es muy probable que haya desplazamiento durante la transición. Necesitamos planes de contingencia con capacidad de respuesta masiva para situaciones donde las cosas no salgan bien. Siguen actores armados que van a generar sufrimiento en la población. Hay una nueva directiva que permite bombardear a esos grupos, eso va a generar sufrimiento y va a hacer que las poblaciones tengan que salir de su territorio a protegerse, porque el Gobierno no es capaz de protegerlas allí. Hay que darles respuesta. Es muy bueno que estemos ad portas de un acuerdo de paz, pero hay que planificar y preparar para situaciones no deseadas.

*@DanielSalgar1