Cinco años del acuerdo de paz: ojo al catastro multipropósito

Las carencias de bienes y servicios públicos en el campo colombiano son una realidad de la que nadie duda. Hablar de las soluciones para el problema, no obstante, implica también hablar de impuestos, aunque se trate de un asunto impopular. La falta de información predial impide que tributen (o al menos que tributen lo justo y necesario) quienes podrían y deberían hacerlo, lo que limita aún más los recursos disponibles. Pero no solo eso: la tierra ha estado en el centro del conflicto armado, que ha sido alimentado por el caos y la falta de información.

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Esas son solo algunas de las razones por las cuales el catastro multipropósito fue una de las tareas incluidas en la reforma rural integral (RRI), primer punto del Acuerdo Final de Paz. Este inventario de las condiciones físicas, económicas y jurídicas de los predios, con el componente “multipropósito”, busca precisamente superar el enfoque fiscal o de recaudo, para avanzar hacia soluciones en materia de inversión social, desconcentración de la propiedad rural improductiva, entre otros puntos claves en la materialización de la Reforma Rural Integral (RRI).

Para hacerse una idea, en 2020 la información catastral actualizada en el país era apenas del 2,25 %. La meta anunciada por este Gobierno es llegar al 60 % en 2022, con miras a lograr el 100 % en 2025. Actualmente, sin embargo, la cifra apenas supera el 15,39 %, según datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), líder de toda la estrategia, la cual, no obstante, ha tenido como novedad la descentralización de las funciones catastrales.

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El instituto ha resaltado que con la expedición de los Decretos 1983 de 2019 y 148 de 2020 se facilitó la habilitación de gestores catastrales, de manera que los entes territoriales puedan hacerse cargo de su propia gestión predial, con el fin de agilizarla. Según el IGAC, a octubre de 2021, se han habilitado 31 gestores catastrales, que tienen jurisdicción sobre 257 municipios y comprenden un área de 11 millones de hectáreas. La expectativa es que, superada la etapa de habilitaciones, los gestores puedan ponerse en marcha y que el ritmo de actualización se acelere.

Hasta el momento, varias han sido las observaciones respecto al catastro. Por un lado, hay quienes creen que el simple hecho de haberlo puesto a andar es destacable. Aunque ha sido criticado por supuestamente flaquear en el enfoque multipropósito, una fuente cercana al asunto, que prefirió no ser citada, resalta que como nunca antes se ha logrado coordinar gestiones entre el IGAC, la Agencia Nacional de Tierras, el Departamento Nacional de Planeación y la Superintendencia de Notariado y Registro, así como establecer metodologías que no existían, pues sencillamente son requisito de la banca multilateral, que ha financiado el catastro.

Sin embargo, pese a que la adopción de tecnología —para, por ejemplo, la caracterización de los predios o las estructuras— es uno de los elementos que el IGAC más resalta del catastro, también es una variable que, según expertos en la materia, puede jugar en contra. La misma fuente aseguró que la ejecución del catastro multipropósito, por recaer tanto en tecnologías como los drones, puede estar dejando de lado o “sacrificando” trabajo en campo y la comunicación con la gente.

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En un sentido similar, Felipe León, experto en asuntos de tierras y justicia transicional, con base en la investigación que lo llevó a ser coautor del libro Catastro para la paz, publicado el año pasado, resalta que la implementación se ha “centrado en la actualización de las imágenes a partir de diferentes fuentes”. Agrega, sin embargo, que la tarea se puede haber quedado corta en la identificación caso a caso para establecer la correlación entre cada unidad predial y lo contenido en el registro, un paso necesario para, por ejemplo, identificar obligaciones pendientes en materia de tributación.

Por otro lado, si bien la descentralización puede ser vista como algo positivo en clave de política pública, León señala la necesidad de aprender de las experiencias ecuatoriana y peruana, en las que el recaudo de la información al final no tuvo la calidad esperada por la flexibilización del modelo.

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El futuro del catastro

El IGAC en este momento atraviesa por un cambio en su dirección. Hace tres semanas se conoció la renuncia de Olga Lucía López, exdirectora de Catastro Bogotá, quien se puso al frente del instituto geográfico nacional en 2019. La publicación en Presidencia de la República de la hoja de vida de Ana María Aljure, saliente viceministra de Ciencia, quien desarrolló la mayor parte de su carrera en la Alcaldía de Barranquilla, lleva a pensar que su nombramiento en la dirección del IGAC es inminente.

Debido a la transición, no fue posible obtener una entrevista con voceros de la entidad. Sin embargo, desde allí reconocieron que es necesario hacer el cruce de la información catastral con la información registral bajo un sistema “interoperable” que admita posteriormente la inclusión de información asociada a otras fases de la estrategia —lo que puede ayudar a responder una de las observaciones de León—. Esto se refiere a la gestión catastral, el mantenimiento y actualización de la información, entre otros.

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Una de las fuentes consultadas para este artículo mencionó que lo más importante es que se garantice la continuidad en la ejecución de una política tan importante para el país como el catastro. Agregó que, pese a que los resultados pueden ser pocos, debido al tiempo que requiere la habilitación de los gestores, pero también procesos como el de consulta previa —que es el gran pendiente con los grupos étnicos—, y hasta las dificultades que implican las condiciones de seguridad en muchos territorios, no se debe desacelerar ni retroceder en el esfuerzo.