Defensores de DD. HH. denuncian que Clan del Golfo volvió a declararlos “objetivo militar”
La alerta la lanzó la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), que agregó que cuatro integrantes de la organización fueron amenazados. No es la primera vez que denuncian estos hostigamientos.
La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) denunció a través de sus redes sociales los recientes hostigamientos de los que han sido víctimas como defensores en el Magdalena Medio.
Según la organización, el 1 de enero en horas de la mañana recibieron un mensaje de texto en el que circulaba un panfleto que los declaraba “objetivo militar”, junto con otros liderazgos sociales y víctimas de la región. El mensaje, de acuerdo con la denuncia, estaba dirigido no solo hacia la corporación, sino también contra cuatro miembros del colectivo de derechos humanos y líderes sociales en Barrancabermeja.
En la denuncia pública, Credhos señala que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) -también conocidas como Clan del Golfo y autodenominadas como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)- estarían detrás de los hostigamientos.
En un video, Iván Madero, presidente de Credhos, dice que estas amenazas hacen parte de un “plan criminal” y que el responsable sería Dylan Mauricio Benjumea, conocido como Gamba o Katín, sería quien está detrás del ataque sistemático contra los defensores de derechos humanos.
“La situación de amenaza permanente que vive la corporación Credhos y sus integrantes hace parte de un plan cobarde criminal que dirige Gamba o Katín desde el frente Edgar Madrid Benjumea de las AGC, que opera en el sur de Bolívar”, señaló Madero.
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Y agregó: “El 2024 terminó con siete líderes y lideresas sociales asesinados (cuatro de ellos en una masacre). Igualmente, la situación de Barrancabermeja termina con 161 asesinatos. Esta situación que vive Barrancabermeja hace parte de esta actuación criminal de los grupos armados que operan y controlan la región”.
Madero instó a las autoridades nacionales y gubernamentales que se tomen medidas para proteger a la población civil, pero también a los defensores de derechos humanos. Madero fue enfático al pedir que el Ministerio del Interior “implemente de manera rápida y eficaz” la política pública de desmantelamiento de grupos paramilitares.
“Tenemos las esperanzas de que la política pública de desmantelamiento bajará los índices de criminalidad y generará una agenda que garantice la vida a los liderazgos del Magdalena Medio”, dijo Madero en la grabación.
Esa política, que se aprobó en septiembre de 2023 y se adoptó en mayo de 2024. Busca atacar las causas del fenómeno criminal, incluyendo a las denominadas estructuras sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. Sobre esto, el Gobierno no tiene grandes avances.
En el comunicado, fechado el pasado 2 de enero, la corporación agrega que la expansión paramilitar ha generado una crisis humanitaria en esa región del país, donde se ve afectada la población civil, el liderazgo social y la defensa de los derechos humanos.
“Las amenazas se dan en medio del incremento de los hechos victimizantes contra la población civil cometidos por diversos grupos armados, así como el control territorial en el proyecto paramilitar de las AGC en el Magdalena Medio”, dice el documento.
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“Hacemos un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y locales a avanzar en la estrategia de protección a las comunidades, sus liderazgos y organizaciones”, detalla la denuncia.
La corporación ya había emitido una acción urgente en diciembre del año pasado, en la que le pedía a la Fiscalía la protección y seguridad de los integrantes del colectivo tras las constantes amenazas, hostigamientos y desplazamientos forzados de las últimas semanas.
El Gobierno anunció en agosto pasado una mesa de diálogo con el Clan del Golfo que aún no tiene una mesa instalada.
El Clan del Golfo es la organización ilegal más poderosa del país. Surgido de las desmovilizaciones paramilitares en los años 2000, el Clan ha consolidado un control territorial significativo en varias regiones, especialmente en el Urabá antioqueño y chocoano, el Caribe y zonas del Pacífico.
El grupo, hoy comandado por Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, tiene actividades delictivas diversas, y que abarcan desde el narcotráfico hasta la minería ilegal, pasando por la extorsión y el sicariato.
Las constantes amenazas a Credhos
No es la primera vez que las AGC declara a Credhos como objetivo militar. Entre junio y noviembre del año pasado, así como en 2022, ya habían circulado panfletos en los que se hacían hostigamientos contra la organización.
Credhos está acreditada como la primera víctima colectiva en el macrocaso 08 de la JEP (sobre crímenes cometidos por la fuerza pública).
Desde 1987, Credhos viene visibilizando las barbaries que cometían contra la población, paramilitares y la antigua guerrilla de las FARC —algunas veces en connivencia con la fuerza pública—.
Entre abril de 2018 y marzo de 2022, esa corporación entregó detallados documentos mediante los cuales se detectaron más de 364 hechos victimizantes y un entramado de redes de exterminio que no estaba siendo monitoreado por la justicia. En ellos se denunciaba la connivencia entre miembros de la fuerza pública y paramilitares, las redes delictivas que se crearon por esa unión, así como el surgimiento y la expansión del paramilitarismo desde Puerto Boyacá hacia Barrancabermeja y otras zonas de esa región.
El costo, claro, fue alto: por un lado, una persecución a sangre y fuego por parte de ambos bandos que por poco extermina a todos los investigadores y miembros de la organización. A pesar del reconocimiento de la JEP, las amenazas no han cesado.
De acuerdo con la JEP, “las capacidades organizativas, la autonomía, presencia y participación social de Credhos, así como sus proyectos colectivos, se vieron afectados por los asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, atentados y amenazas de las que han sido víctimas los miembros de su junta directiva, integrantes, empleados y colaboradores desde 1987, cuando empezó su trabajo de defensa y protección de los derechos humanos en Barrancabermeja y el Magdalena Medio”.
Credhos ha seguido haciendo investigaciones en las que han resultado enlodadas multinacionales petroleras, alcaldías, altos mandos de fuerza pública y empresarios por la comisión de crímenes atroces durante el conflicto armado. Ello les ha traído nuevamente hostigamientos y estigmatizaciones.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.
La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) denunció a través de sus redes sociales los recientes hostigamientos de los que han sido víctimas como defensores en el Magdalena Medio.
Según la organización, el 1 de enero en horas de la mañana recibieron un mensaje de texto en el que circulaba un panfleto que los declaraba “objetivo militar”, junto con otros liderazgos sociales y víctimas de la región. El mensaje, de acuerdo con la denuncia, estaba dirigido no solo hacia la corporación, sino también contra cuatro miembros del colectivo de derechos humanos y líderes sociales en Barrancabermeja.
En la denuncia pública, Credhos señala que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) -también conocidas como Clan del Golfo y autodenominadas como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)- estarían detrás de los hostigamientos.
En un video, Iván Madero, presidente de Credhos, dice que estas amenazas hacen parte de un “plan criminal” y que el responsable sería Dylan Mauricio Benjumea, conocido como Gamba o Katín, sería quien está detrás del ataque sistemático contra los defensores de derechos humanos.
“La situación de amenaza permanente que vive la corporación Credhos y sus integrantes hace parte de un plan cobarde criminal que dirige Gamba o Katín desde el frente Edgar Madrid Benjumea de las AGC, que opera en el sur de Bolívar”, señaló Madero.
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Y agregó: “El 2024 terminó con siete líderes y lideresas sociales asesinados (cuatro de ellos en una masacre). Igualmente, la situación de Barrancabermeja termina con 161 asesinatos. Esta situación que vive Barrancabermeja hace parte de esta actuación criminal de los grupos armados que operan y controlan la región”.
Madero instó a las autoridades nacionales y gubernamentales que se tomen medidas para proteger a la población civil, pero también a los defensores de derechos humanos. Madero fue enfático al pedir que el Ministerio del Interior “implemente de manera rápida y eficaz” la política pública de desmantelamiento de grupos paramilitares.
“Tenemos las esperanzas de que la política pública de desmantelamiento bajará los índices de criminalidad y generará una agenda que garantice la vida a los liderazgos del Magdalena Medio”, dijo Madero en la grabación.
Esa política, que se aprobó en septiembre de 2023 y se adoptó en mayo de 2024. Busca atacar las causas del fenómeno criminal, incluyendo a las denominadas estructuras sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. Sobre esto, el Gobierno no tiene grandes avances.
En el comunicado, fechado el pasado 2 de enero, la corporación agrega que la expansión paramilitar ha generado una crisis humanitaria en esa región del país, donde se ve afectada la población civil, el liderazgo social y la defensa de los derechos humanos.
“Las amenazas se dan en medio del incremento de los hechos victimizantes contra la población civil cometidos por diversos grupos armados, así como el control territorial en el proyecto paramilitar de las AGC en el Magdalena Medio”, dice el documento.
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“Hacemos un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y locales a avanzar en la estrategia de protección a las comunidades, sus liderazgos y organizaciones”, detalla la denuncia.
La corporación ya había emitido una acción urgente en diciembre del año pasado, en la que le pedía a la Fiscalía la protección y seguridad de los integrantes del colectivo tras las constantes amenazas, hostigamientos y desplazamientos forzados de las últimas semanas.
El Gobierno anunció en agosto pasado una mesa de diálogo con el Clan del Golfo que aún no tiene una mesa instalada.
El Clan del Golfo es la organización ilegal más poderosa del país. Surgido de las desmovilizaciones paramilitares en los años 2000, el Clan ha consolidado un control territorial significativo en varias regiones, especialmente en el Urabá antioqueño y chocoano, el Caribe y zonas del Pacífico.
El grupo, hoy comandado por Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, tiene actividades delictivas diversas, y que abarcan desde el narcotráfico hasta la minería ilegal, pasando por la extorsión y el sicariato.
Las constantes amenazas a Credhos
No es la primera vez que las AGC declara a Credhos como objetivo militar. Entre junio y noviembre del año pasado, así como en 2022, ya habían circulado panfletos en los que se hacían hostigamientos contra la organización.
Credhos está acreditada como la primera víctima colectiva en el macrocaso 08 de la JEP (sobre crímenes cometidos por la fuerza pública).
Desde 1987, Credhos viene visibilizando las barbaries que cometían contra la población, paramilitares y la antigua guerrilla de las FARC —algunas veces en connivencia con la fuerza pública—.
Entre abril de 2018 y marzo de 2022, esa corporación entregó detallados documentos mediante los cuales se detectaron más de 364 hechos victimizantes y un entramado de redes de exterminio que no estaba siendo monitoreado por la justicia. En ellos se denunciaba la connivencia entre miembros de la fuerza pública y paramilitares, las redes delictivas que se crearon por esa unión, así como el surgimiento y la expansión del paramilitarismo desde Puerto Boyacá hacia Barrancabermeja y otras zonas de esa región.
El costo, claro, fue alto: por un lado, una persecución a sangre y fuego por parte de ambos bandos que por poco extermina a todos los investigadores y miembros de la organización. A pesar del reconocimiento de la JEP, las amenazas no han cesado.
De acuerdo con la JEP, “las capacidades organizativas, la autonomía, presencia y participación social de Credhos, así como sus proyectos colectivos, se vieron afectados por los asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, atentados y amenazas de las que han sido víctimas los miembros de su junta directiva, integrantes, empleados y colaboradores desde 1987, cuando empezó su trabajo de defensa y protección de los derechos humanos en Barrancabermeja y el Magdalena Medio”.
Credhos ha seguido haciendo investigaciones en las que han resultado enlodadas multinacionales petroleras, alcaldías, altos mandos de fuerza pública y empresarios por la comisión de crímenes atroces durante el conflicto armado. Ello les ha traído nuevamente hostigamientos y estigmatizaciones.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.