“Son guerras anunciadas”: líderes del Pacífico temen una escalada violenta como Catatumbo
La Coordinación Regional del Pacífico señaló en una carta que han alertado desde finales de 2018 el conflicto en sus regiones. Exigen al Gobierno tomar medidas urgentes para detener el avance de las confrontaciones y evitar otra crisis humanitaria.
Mientras la ola de violencia en Catatumbo ajusta casi un mes, en otros puntos del país el conflicto se intensifica poniendo en riesgo a las comunidades que claman para que en sus territorios no se desate una crisis humanitaria más grave que la de Norte de Santander.
Uno de los focos de violencia ha sido toda la zona del Pacífico colombiano, especialmente San Juan (Chocó), Buenaventura (Valle del Cauca), desde donde se han reportado desplazamientos masivos y hostigamientos por parte de los actores armados. Por medio de un comunicado, la Coordinadora Regional del Pacífico señaló que se trata de “guerras anunciadas” puesto que han alertado de la situación desde hace varios años.
“Desde finales del 2018, la Coordinación Regional del Pacífico, la Defensoría del Pueblo junto con las Personerías Municipales, La ONU y la MAPP-OEA, han venido alertando y denunciando las violaciones de derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), el control territorial y comunitario por parte de los grupos armados, la imposición de patrones de comportamiento y de convivencia desde los actores armados hacia las comunidades, la confrontación entre el EGC, el ELN y las disidencias de las FARC”, dice el documento.
Según la organización, en el 2023, durante el diálogo entre el Gobierno y la guerrilla del ELN se acordaron alivios humanitarios para las comunidades.
Para ese momento, ambas delegaciones visitaron la zona de Bajo Calima y el medio San Juan para escuchar a las comunidades afectadas por la guerra en el Pacífico. Colombia+20 acompañó el recorrido de cinco días en el que se recogieron las peticiones de la población y que fueron presentadas en la mesa de diálogo.
Esa caravana fue el primer gesto concreto desde que el inicio de los diálogos con el ELN, el 21 de noviembre de 2022. También fue la primera vez que se hizo un recorrido con delegados de la mesa para documentar la situación de derechos humanos, hacer un informe y avanzar en un acuerdo parcial de alivios en la zona.
Posteriormente, a mediados de septiembre del 2023, las partes anunciaron desde Caracas, Venezuela, la creación de tres zonas humanitarias en el Bajo Calima y medio San Juan para asegurar el cumplimiento del cese al fuego.
Sin embargo, dichos compromisos no se cumplieron, por lo que hoy están frente a otro conflicto.
“Hoy nos enfrentamos a una nueva ola de la confrontación armada elevando el nivel de riesgo de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH para las comunidades negras que hacen parte del Consejo Comunitario ACADESAN, la Juntanza Interétnica del Bajo Calima y las comunidades indígenas del pueblo Wounaan”, agregó la Coordinación Regional del Pacífico.
Además, hicieron especial énfasis en el municipio de Medio San Juan, particularmente en las comunidades de Puerto Murillo y Fujiadó, ríos San Agustín y Taparal en el municipio de Sipí, así como en las comunidades del río Cajón en Nóvita y Sipí y del Bajo Calima, de los ríos Yurumangui, y el Naya entre otros.
Lea también: “Paren esta guerra tan dura”: comunidades alertan por aumento de violencia en Chocó
Frente a ese panorama, cientos de familias han sido desplazadas hacia cascos urbanos y hacia ciudades como Pereira, Buenaventura y Medellín. Al mismo tiempo, líderes sociales han denunciado que los grupos armados no dejan salir y muchas familias están confinadas.
Según cifras de la Coordinación, a la fecha se han registrado más de 28 mil personas desplazadas y más de 50.000 personas confinadas en la región del Pacífico.
“No podemos continuar registrando “guerras anunciadas” en otras regiones del país y esperar la lenta, insuficiente y descoordinada respuesta del Estado o la indolencia de los grupos armados ilegales y su falta de voluntad para avanzar en el camino de la paz”, dice la Coordinadora.
Se recrudecen enfrentamientos en el sur de Bolívar
Otro escenario donde se ha intensificado la violencia en las últimas semanas ha sido en el sur de Bolívar. Desde esa zona del país, las comunidades también han alertado por enfrentamientos entre Clan del Golfo y el ELN, lo que ha provocado desplazamiento y confinamiento de familias.
“En el sector de Mina Piojo, el ELN dio la orden a la población civil de salir del caserío debido a que habría enfrentamientos con el Clan del Golfo. Sin embargo, estos últimos prohibieron la salida a los pobladores bajo amenazas, dejando confinadas aproximadamente a 350 personas”, se lee en un comunicado.
Asimismo, hay denuncias que apuntan a que miembros del Clan del Golfo estarían ingresando a las viviendas para revisar los celulares de los pobladores y asegurarse de que no están compartiendo información sobre lo que sucede en los territorios.
Los hechos violentos suceden la misma semana en que el Gobierno hizo pública una reunión con los máximos jefes del Clan, considerado el grupo más grande del país, y anunció el inicio de un diálogo exploratorio.
El llamado urgente al Gobierno Nacional
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, ha señalado que la situación en el departamento es igual de grave a la del Catatumbo.
Dentro de las principales peticiones de las comunidades está la intervención del Gobierno para detener el avance de las confrontaciones en las regiones del San Juan, Baudó, Alto Atrato en el departamento del Chocó y en el municipio de Buenaventura en el departamento del Valle. “Debe implementarse de inmediato un plan de acción integral humanitario para la protección y seguridad de estas comunidades y de sus territorios”, señala la Coordinación Regional.
Asimismo, hicieron un llamado a los grupos armados para que permitan mínimos humanitarios que pongan a salvo a las comunidades. “Exigimos a los grupos armados ELN, EGC y disidencias de las FARC que se disputan el control territorial en la región, suspender de inmediato las acciones armadas que afectan a la población civil, respetar los territorios de las comunidades indígenas y afrocolombianas, así como el ejercicio de la autoridad comunitaria de sus líderes étnicos tradicionales”, se lee en el comunicado.
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En ese territorio del país hay presencia del Clan del Golfo y del Frente de Guerra Occidental del ELN. Fuentes en terreno también alertaron sobre la presencia de la estructura Jaime Martínez que pertenece a la disidencia de las FARC, Estado Mayor Central, bajo el mando de Iván Mordisco. “Dicen que hay una alianza entre esa estructura y las AGC para sacar al ELN”, explicó una fuente a Colombia+20.
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Mientras la ola de violencia en Catatumbo ajusta casi un mes, en otros puntos del país el conflicto se intensifica poniendo en riesgo a las comunidades que claman para que en sus territorios no se desate una crisis humanitaria más grave que la de Norte de Santander.
Uno de los focos de violencia ha sido toda la zona del Pacífico colombiano, especialmente San Juan (Chocó), Buenaventura (Valle del Cauca), desde donde se han reportado desplazamientos masivos y hostigamientos por parte de los actores armados. Por medio de un comunicado, la Coordinadora Regional del Pacífico señaló que se trata de “guerras anunciadas” puesto que han alertado de la situación desde hace varios años.
“Desde finales del 2018, la Coordinación Regional del Pacífico, la Defensoría del Pueblo junto con las Personerías Municipales, La ONU y la MAPP-OEA, han venido alertando y denunciando las violaciones de derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), el control territorial y comunitario por parte de los grupos armados, la imposición de patrones de comportamiento y de convivencia desde los actores armados hacia las comunidades, la confrontación entre el EGC, el ELN y las disidencias de las FARC”, dice el documento.
Según la organización, en el 2023, durante el diálogo entre el Gobierno y la guerrilla del ELN se acordaron alivios humanitarios para las comunidades.
Para ese momento, ambas delegaciones visitaron la zona de Bajo Calima y el medio San Juan para escuchar a las comunidades afectadas por la guerra en el Pacífico. Colombia+20 acompañó el recorrido de cinco días en el que se recogieron las peticiones de la población y que fueron presentadas en la mesa de diálogo.
Esa caravana fue el primer gesto concreto desde que el inicio de los diálogos con el ELN, el 21 de noviembre de 2022. También fue la primera vez que se hizo un recorrido con delegados de la mesa para documentar la situación de derechos humanos, hacer un informe y avanzar en un acuerdo parcial de alivios en la zona.
Posteriormente, a mediados de septiembre del 2023, las partes anunciaron desde Caracas, Venezuela, la creación de tres zonas humanitarias en el Bajo Calima y medio San Juan para asegurar el cumplimiento del cese al fuego.
Sin embargo, dichos compromisos no se cumplieron, por lo que hoy están frente a otro conflicto.
“Hoy nos enfrentamos a una nueva ola de la confrontación armada elevando el nivel de riesgo de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH para las comunidades negras que hacen parte del Consejo Comunitario ACADESAN, la Juntanza Interétnica del Bajo Calima y las comunidades indígenas del pueblo Wounaan”, agregó la Coordinación Regional del Pacífico.
Además, hicieron especial énfasis en el municipio de Medio San Juan, particularmente en las comunidades de Puerto Murillo y Fujiadó, ríos San Agustín y Taparal en el municipio de Sipí, así como en las comunidades del río Cajón en Nóvita y Sipí y del Bajo Calima, de los ríos Yurumangui, y el Naya entre otros.
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Frente a ese panorama, cientos de familias han sido desplazadas hacia cascos urbanos y hacia ciudades como Pereira, Buenaventura y Medellín. Al mismo tiempo, líderes sociales han denunciado que los grupos armados no dejan salir y muchas familias están confinadas.
Según cifras de la Coordinación, a la fecha se han registrado más de 28 mil personas desplazadas y más de 50.000 personas confinadas en la región del Pacífico.
“No podemos continuar registrando “guerras anunciadas” en otras regiones del país y esperar la lenta, insuficiente y descoordinada respuesta del Estado o la indolencia de los grupos armados ilegales y su falta de voluntad para avanzar en el camino de la paz”, dice la Coordinadora.
Se recrudecen enfrentamientos en el sur de Bolívar
Otro escenario donde se ha intensificado la violencia en las últimas semanas ha sido en el sur de Bolívar. Desde esa zona del país, las comunidades también han alertado por enfrentamientos entre Clan del Golfo y el ELN, lo que ha provocado desplazamiento y confinamiento de familias.
“En el sector de Mina Piojo, el ELN dio la orden a la población civil de salir del caserío debido a que habría enfrentamientos con el Clan del Golfo. Sin embargo, estos últimos prohibieron la salida a los pobladores bajo amenazas, dejando confinadas aproximadamente a 350 personas”, se lee en un comunicado.
Asimismo, hay denuncias que apuntan a que miembros del Clan del Golfo estarían ingresando a las viviendas para revisar los celulares de los pobladores y asegurarse de que no están compartiendo información sobre lo que sucede en los territorios.
Los hechos violentos suceden la misma semana en que el Gobierno hizo pública una reunión con los máximos jefes del Clan, considerado el grupo más grande del país, y anunció el inicio de un diálogo exploratorio.
El llamado urgente al Gobierno Nacional
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, ha señalado que la situación en el departamento es igual de grave a la del Catatumbo.
Dentro de las principales peticiones de las comunidades está la intervención del Gobierno para detener el avance de las confrontaciones en las regiones del San Juan, Baudó, Alto Atrato en el departamento del Chocó y en el municipio de Buenaventura en el departamento del Valle. “Debe implementarse de inmediato un plan de acción integral humanitario para la protección y seguridad de estas comunidades y de sus territorios”, señala la Coordinación Regional.
Asimismo, hicieron un llamado a los grupos armados para que permitan mínimos humanitarios que pongan a salvo a las comunidades. “Exigimos a los grupos armados ELN, EGC y disidencias de las FARC que se disputan el control territorial en la región, suspender de inmediato las acciones armadas que afectan a la población civil, respetar los territorios de las comunidades indígenas y afrocolombianas, así como el ejercicio de la autoridad comunitaria de sus líderes étnicos tradicionales”, se lee en el comunicado.
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En ese territorio del país hay presencia del Clan del Golfo y del Frente de Guerra Occidental del ELN. Fuentes en terreno también alertaron sobre la presencia de la estructura Jaime Martínez que pertenece a la disidencia de las FARC, Estado Mayor Central, bajo el mando de Iván Mordisco. “Dicen que hay una alianza entre esa estructura y las AGC para sacar al ELN”, explicó una fuente a Colombia+20.
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