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La segunda semana de febrero los combates entre el Ejército de Liberación Nacional y las Agc, también llamadas Clan del Golfo, provocaron el desplazamiento masivo de cinco comunidades sobre el río Sipí, un afluente del San Juan, en el sur de Chocó.
Para atender ese episodio, que evidenció aún más la crisis humanitaria en ese departamento, fue convocado un comité de justicia transicional por las alcaldías de Istmina y Sipí. Estos comités son espacios institucionales que coordinan la política pública y la atención a las víctimas, y asisten delegados de las administraciones municipales o departamentales, la Defensoría del Pueblo, la Fuerza Pública y la Unidad de Víctimas.
El encuentro, en el que participaron 30 personas, se realizó de manera virtual la mañana del 24 de febrero con presencia de representantes de algunas comunidades y del Ejército.
Héver Córdoba Manyoma, alcalde de Istmina, inició las intervenciones, que se centraron en cuestionar la poca efectividad de la Fuerza Pública para impedir el avance de los grupos ilegales que están provocando los desplazamientos. “Es lamentable estarnos encontrando en el día a día en este tipo de reuniones, en las que nos convoca la revictimización de nuestros hermanos”, puede leerse en el acta del comité. Córdoba Manyoma también reclamó acciones para “que esta situación se pueda resolver de fondo y que la comunidad pueda volver a la normalidad”, dijo.
Además, insistió en dos oportunidades en que las alcaldías atienden a los desplazados como es el “deber legal”, pero fue contundente al decir que el origen de la crisis era la situación de orden público, que no depende de las alcaldías, y que resultaba urgente garantizar la seguridad a la población rural. A este último reclamo se sumó Wílmer Rivas, alcalde de Sipí.
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Varios participantes reclamaron lo mismo a los delegados del Ejército Nacional presentes, en especial al mayor Jorge Arévalo Cardoso, oficial de operaciones del Batallón de Operaciones Terrestres No. 26. En el acta figuran como convocados el teniente Pablo Ramírez y José Lugo, comandante del Batallón No. 25, aunque no hay intervenciones suyas consignadas.
Los asistentes consultados por Colombia+20 sostienen que tanto en este espacio, como en otro convocado días antes por un desplazamiento en Negría, se exigió al Ejército mayor presencia en los caseríos y zonas que estaban siendo copadas por las Agc, pero la respuesta de los militares fue que no tenían suficientes unidades.
El mayor Arévalo Cardoso declaró que no era posible garantizar seguridad para el retorno de las comunidades desplazadas. Su argumento fue que estaban concentrados en cuidar las elecciones: “No tenemos casi unidades, las unidades que tenemos en Istmina las tenemos en el sector de Potedó”, puede leerse en el acta.
Lo mismo respondió frente al reclamo de la comunidad de Negría, desplazada en su totalidad por incursiones sucesivas de las Agc y el Eln entre el 12 y 13 de febrero. “No tenemos tropas disponibles, estamos elevando la solicitud al comando superior para que nos asignen más unidades y ubicarlas en este lugar donde se viene presentando esa problemática”, declaró Arévalo Cardoso. Colombia+20 contó el pasado 11 de marzo cómo la comunidad de Negría hizo el retorno a su pueblo unos días antes, sin ninguna garantía de seguridad ni acompañamiento.
Otro asistente confirmó que la intervención del Ejército motivó una fuerte discusión entre los militares y varios de los funcionarios locales. En el acta quedó consignada la intervención del alcalde de Sipí en la que manifestó: “Preocupa la postura de la Fuerza Pública”.
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Pero la intervención más llamativa del mayor Jorge Arévalo Cardoso ocurrió durante su informe de apreciación de seguridad de la región, en la que caracterizaba a los actores armados ilegales. Refiriéndose al frente Jairo de Jesús Durango de las Agc o Clan del Golfo, el mayor Arévalo aseguró que los miembros de ese grupo ilegal contaban “con entrenamiento, teniendo en cuenta que en su mayoría son reservistas o soldados profesionales retirados, y la estrategia utilizada por este grupo ha sido enviar a prestar servicio a sus futuros combatientes y una vez terminen el servicio militar ingresan a la estructura armada, como también soldados profesionales que se retiran de la fuerza”, detalló.
Arévalo Cardoso hizo un detallado recuento de las rutas, lugares de operación y el número de integrantes de las Agc en la zona, añadiendo que se dedican a controlar rutas del narcotráfico “evitando la confrontación directa con la Fuerza Pública, con el fin de evitar llamar la atención en su área de injerencia y así poder realizar sus actividades logísticas sin ningún contratiempo, ya que garantizan el libre tránsito por sus corredores de movilidad”, dice en el acta.
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De acuerdo con el oficial, las Agc cuentan 39 “sujetos en armas” y con 108 “integrantes del componente criminal focalizado” y sus bases principales estarían en Istmina y Puerto Meluk. Además, el oficial detalló las rutas precisas que usan las Agc, por las quebradas de Suruco, San Antonio y Chiquichoqui, conectadas con el río San Juan, hasta las zonas carreteables que llevan a los caseríos de Raspadura, Pepé y San Pablo Adentro. Según Arévalo, las comisiones de las Agc “se acercan a las comunidades enviando integrantes […] de civil para comprar los líderes indígenas o afrodescendientes”
A pesar del gran nivel de detalle de su descripción, el oficial no puntualizó qué golpes y resultados operacionales ha conseguido el Ejército contra las Agc en la subregión del San Juan. En cambio, aseguró que sus tropas hacen presencia en donde está el frente Che Guevara del Eln, “logrando acentuar en su sistema mediante la radicación donde se ha venido limitando sus actividades extorsionistas (sic)” y obstaculizando la entrada de “víveres y material médico”.
Colombia+20 ya había publicado las quejas de personeros y otros funcionarios que consideran que el Ejército no está actuando “con la misma contundencia” cuando se trata de atacar a las Agc, como sí lo hace con la guerrilla.
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Con reserva de su nombre, un representante del ministerio público contó que la respuesta de los militares ha sido que “ellos no tienen la capacidad de brindar la seguridad en el territorio. Incluso manifestamos que los puestos de votación se encontraban en riesgo, dijeron que no tenían cómo garantizar la seguridad, eso ha quedado en las actas”. Lo que está consignado en el acta del comité del 24 de febrero verificaría ese planteamiento. Sobre la supuesta connivencia entre algunos militares y miembros de las Agc este funcionario dijo: “En los análisis de orden público se ha evidenciado esa situación, incluso la hemos puesto de presente ante la Defensoría y el Gobierno Nacional”.
Preguntamos a un funcionario de la Defensoría, que aseguró que conocen este tipo de señalamientos, la mayoría hechos por la Iglesia católica, aunque no tienen pruebas concluyentes: “Hay denuncias de connivencia y posible corrupción, pero no tenemos ninguna evidencia”.
No obstante, la Iglesia persiste en su planteamiento. “Si se supone que no hay permisividad, ¿por qué la Fuerza Pública no tiene la misma contundencia con las Agc como la tiene con el Eln?”, dice desde Chocó el sacerdote Albeiro Parra, quien preside la Coordinación Regional del Pacífico, sumándose a las reiteradas denuncias de los obispos sobre supuestos vínculos entre la Fuerza Pública y grupos ilegales en ese departamento.
“En los caseríos saben quiénes son unos y otros, y los ven juntos, en Puerto Meluk están juntos unos y otros, en los ríos están los retenes, que ellos llaman ‘puntos’, entonces el Ejército sabiendo dónde están, ¿por qué no hace nada?”, cuenta el sacerdote, quien explica que las denuncias de la Iglesia son motivadas porque “la población viene hacia nosotros y nos dice cosas como esas”.
Según Parra, por esto hay presiones del alto gobierno para extraditar a Otoniel, antiguo comandante de las Agc: “Ese es el miedo que tienen ellos, que Otoniel hable y diga cuáles son los altos mandos que están en alianza con ellos. Son verdades que nadie quiere decirlas, ni dar testimonio”.
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La respuesta del general Díaz
El general Juvenal Díaz Mateus, comandante de la Séptima División del Ejército, desestimó estas acusaciones y aseguró que no existe connivencia: “Al Clan del Golfo lo hemos enfrentado con todas nuestras capacidades, es la organización ilegal a la que más golpes hemos dado en los últimos dos años”. Según las cifras que aportó, la Fuerza de Tarea Titán ha dado de baja a un integrante de esa organización en lo que va corrido del año y ha capturado a 15 miembros más.
También sostuvo que no hay información de que la mayoría de integrantes de las Agc fueran reservistas y consideró una estrategia “poco probable” que los grupos armados estuvieran enviando a sus miembros a prestar el servicio militar. “Normalmente ellos reclutan y los llevan a delinquir inmediatamente”, dijo.
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Sobre las quejas de autoridades locales por la falta de presencia militar dice: “Es claro que no tenemos el número de soldados para cubrir cada vereda”, y por eso deben mover pelotones “según las necesidades”. El general insistió en que “siempre llegamos a los territorios que requieren nuestra presencia”.
La confrontación se desplaza hacia el río Tamaná
La crisis humanitaria en la región del San Juan comenzó el 13 de agosto de 2021, cuando se rompió el pacto de no agresión que existía entre las Agc y el Eln. Como hemos contado en Colombia+20, las Agc avanzaron los últimos meses hasta copar territorios que antes eran controlados por el Eln en el sur de Chocó.
Tras los operativos del Ejército en que murieron Fabián, Julio y Schumager en septiembre, octubre y noviembre del año pasado, la comandancia del Eln en la región fue asumida por Santiago, un mando medio que intenta frenar el avance de las Agc en su última retaguardia, sobre el cañón del río Tamaná. Este corredor geográfico entre Nóvita y San José del Palmar posee la única conexión por carretera de Chocó con el Valle del Cauca, y además es un viejo enclave cocalero, habitado en gran parte por colonos mestizos.
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Empleando una estrategia de asesinatos selectivos, campos minados, enfrentamientos directos y confinamientos de la población, la guerrilla ha logrado contener a las Agc, que intenta penetrar desde Nóvita por el occidente.
En La Italia, un corregimiento de San José del Palmar, limítrofe con Nóvita, la guerrilla está decretando toque de queda después de las seis de la tarde. Nadie puede moverse por la carretera que comunica con Cartago (Valle del Cauca), tampoco por trochas y caminos. Además, prohíben el ingreso de personas extrañas al caserío. “No puede entrar nadie que no sea de la comunidad”, confirmó una habitante.
Dos jóvenes provenientes de Pereira, que iban a visitar a la familia, fueron retenidos el 21 de marzo, cuando llegaban al pueblo en la madrugada. Tres días más tarde la guerrilla arrojó sus cadáveres en un puente a las afueras del corregimiento.
A mediados de marzo circuló un audio donde el Eln obligaba a los pobladores de Juntas del Tamaná, Tambito, Santa María de Urábara y otros pueblos del Alto Tamaná a no embarcarse por el río, so pena de convertirse en objetivo militar.
Aquello desató el confinamiento de más de 4.000 pobladores, que la Diócesis de Istmina junto a la Defensoría consiguieron romper el 30 de marzo con un corredor humanitario llevando comida hasta los caseríos. Un líder del Tambito confirmó que, aunque las amenazas siguen, los víveres llegaron.
Tambito es el mismo pueblo donde un cadáver permaneció en la mitad de las casas sin que nadie hiciera el levantamiento, después de los combates del 4 de marzo. “Estamos bastante preocupados, estuvo tres días tirado en la calle, los niños viéndolo, y el Ejército a diez minutos y nada que venía por lo menos a asegurar la zona para que pudieran recoger ese muerto”, cuenta un concejal de Nóvita, “le tocó reunirse al alcalde, al personero, un defensor del Pueblo y el presidente del Consejo Comunitario, ellos lo recogieron”.
