Comunidad de Paz de Apartadó denuncia que paramilitares empezaron “plan de exterminio”
Las amenazas contra líderes empezaron hace meses, pero se han agudizado en las últimas semanas. En la zona operó la multinacional Chiquita Brands, que esta semana fue hallada culpable de financiar a grupos paramilitares en la década de los 90.
Cindy A. Morales Castillo
La declaración que hace 27 años hizo la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, de ser neutral en el conflicto que vivía el país tras dos cruentas masacres que por poco lo vuelven un pueblo fantasma, parece que ha perdido los efectos frente a los armados.
Esta semana, nuevas amenazas contra líderes de esa población ubicada en zona rural del Urabá antioqueño han vuelto a prender las alarmas sobre el creciente control en la zona del Clan del Golfo, lo que también ha revivido el fantasma paramilitar que ha azotado a esa zona del país.
Es que no deja de ser paradójico, y un síntoma de reciclaje de la violencia en esa región que estos actos violentos se den en la misma semana en que un tribunal de Florida halló culpable a la multinacional Chiquita Brands de financiar a grupos paramilitares en Colombia, en la década de los 90, justamente en esa parte del Urabá.
De hecho, varios pobladores afirmaron a Colombia+20 que el fallo de la justicia de Estados Unidos es un “reconocimiento a todas las denuncias que por años” hicieron.
Aunque los hostigamientos contra los pobladores empezaron casi desde finales de diciembre, el pico más alto del conflicto se evidenció hace unos meses tras el asesinato el 19 de marzo pasado de Nallely Sepúlveda y su cuñado Édinson David, de 14 años, esposa y hermano del coordinador humanitario de esa comunidad.
Una persona cercana a la comunidad, que por razones de seguridad no quiso revelar su nombre, le dijo a Colombia+20 que, aunque hay un riesgo para varios de los líderes de esa población, en particular Germán Graciano, su representante legal, está en la mira del Clan del Golfo.
En su página web, la Comunidad de Paz de San José ha publicado sendos comunicados con los detalles de los hechos violentos que han ocurrido entre abril y mayo. Entre ellos están llamadas telefónicos con amenazas de muerte contra Graciano, retenciones ilegales, robo de maquinaria, muerte de los animales, presuntos actos de espionaje realizado por personas que se identifican como paramilitares. También denuncias presuntos empadronamientos ilegales y malas actuaciones de la Fiscalía.
“El afán por el exterminio de nuestro proyecto de vida no tiene límites. Nos amenazan; nos destruyen nuestros sembrados y cosechas; nuestras cercas y portones; nos anuncian que nos quedan tres caminos: arrodillamos, ir a la cárcel o morir asesinados. Nuestras opciones siempre estarán en pro de la vida y jamás nos rehusaremos a protegerla”, dice una de las entradas en la página web.
Según las denuncias de los habitantes, a mediados de abril se dio una reunión convocada por paramilitares a líderes de juntas de acción comunal del corregimiento de San José de Apartadó. La comunidad afirma que en ese encuentro un hombre que se identificó como Mateo dijo que se exterminaría a esa comunidad. “Se dio el anuncio del exterminio de nuestra Comunidad de Paz (…) y que van a eliminar primeramente a Germán Graciano y a su círculo familiar”, aseguran.
En diálogo con este diario, Graciano señala que esa amenaza es solo una de las vías que han usado los grupos armados para acabar con la unidad de la población. “Súmele a eso las muertes de los animales. Ellos sacan comunicados diciendo que no fueron ellos para hacernos pelear. Incluso han cooptado a gente de las juntas de acción comunales para organizar campañas contra la comunidad con gente que no es pobladora y romper el tejido social”, asegura.
Para Graciano, algunas de las razones de estos hechos parecen calcadas de lo que pasaba cuando estaba la bananera Chiquita Brands. “Las cosas han cambiado, pero muchas no tanto. La Comunidad lo único que hace es la protección del territorio y la vida en él, y por eso nos quiere acabar y matar. Ese fallo destapó esa olla podrida del Urabá con la bananera, y usted sabe que esos empresarios siguen ahí. Esto tiene unos intereses políticos y económicos de este puerto de Antioquia. Es que aquí lo que hacemos es ejercer autoridad y autonomía en favor de nuestros derechos a nuestra tierra, pero eso no les sirve a mucha gente, a los armados, a algunas autoridades, entonces nos quieren matar”, aseveró.
Hace apenas un par de días, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU Colombia volvió a lanzar una alerta sobre las amenazas contra líderes de la Comunidad de Paz de Apartadó. “Condenamos y expresamos preocupación X amenazas contra líderes de la Comunidad de Paz de Apartadó”, publicó la oficina en su cuenta de X.
Además, el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda, estuvo esta semana con esa comunidad para, según puso en su cuenta de X, “hacer seguimiento a los acuerdos a los que llegamos en el mes de marzo”, cuando ocurrió el doble asesinato.
Sin embargo, Graciano afirma que la Comunidad de Paz no espera nada de esa reunión y tampoco quieren nada del Gobierno. “Nosotros no queremos plata ni nada. Queremos justicia y que nos dejen vivir, queremos preservar la vida. Nada más les pedimos”.
El fantasma paramilitar
Desde 2018, la Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas tempranas en las que afirma que el Clan del Golfo, autodenominado como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), ha intentado tener el control territorial de esa comunidad con “conductas que vulneran los derechos humanos como amenazas, homicidios, desplazamiento forzado, despojo de tierras y explotación de sus recursos naturales.
El Clan del Golfo, que surgió tras la desmovilización de los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), hoy es uno de los grupos criminales más grandes del país. Además, controla diversas economías ilegales en varias zonas rurales de varias regiones del norte del país, incluyendo el Urabá.
Un día antes de la muerte de Nallely Sepúlveda y del menor Edinson David, el Gobierno de Petro había llegado en Apartadó en el marco de sus jornadas de Gobierno con el pueblo. Tras conocerse la denuncia del asesinato, el presidente publicó en X que era la “reedición del paramilitarismo”. “(A lo largo del conflicto armado) fueron asesinados 400 miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Hace dos días, todo el gobierno estuvo allí en Apartadó y nos reunimos con miembros de la comunidad en la Asamblea Popular. A nuestro regreso asesinaron dos miembros más de la comunidad. Fuerzas oscuras quieren reeditar el paramilitarismo en el noroeste del país”, publicó.
En los eventos posteriores del Gobierno en esa región del país, Petro lanzó duros dardos contra el Ejército Gaitanista de Colombia, a quienes les dijo que “Gaitán era un revolucionario y no un traqueto”. En su discurso, el jefe de Estado también dijo que estaba dispuesto a analizar una fórmula para que se sometieran a la justicia, pero que la condición era que abandonaran cualquier nexo con el narcotráfico y otras economías ilícitas.
Petro también dijo que estaba dispuesto a analizar una fórmula para que el Clan se sometiera a la justicia, pero que la condición era que abandonaran el narcotráfico y otras economías ilícitas.
El Clan del Golfo aceptó de inmediato la invitación de Petro para sentarse a una negociación de paz, pero hasta el momento esa negociación no se ha dado.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.
La declaración que hace 27 años hizo la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, de ser neutral en el conflicto que vivía el país tras dos cruentas masacres que por poco lo vuelven un pueblo fantasma, parece que ha perdido los efectos frente a los armados.
Esta semana, nuevas amenazas contra líderes de esa población ubicada en zona rural del Urabá antioqueño han vuelto a prender las alarmas sobre el creciente control en la zona del Clan del Golfo, lo que también ha revivido el fantasma paramilitar que ha azotado a esa zona del país.
Es que no deja de ser paradójico, y un síntoma de reciclaje de la violencia en esa región que estos actos violentos se den en la misma semana en que un tribunal de Florida halló culpable a la multinacional Chiquita Brands de financiar a grupos paramilitares en Colombia, en la década de los 90, justamente en esa parte del Urabá.
De hecho, varios pobladores afirmaron a Colombia+20 que el fallo de la justicia de Estados Unidos es un “reconocimiento a todas las denuncias que por años” hicieron.
Aunque los hostigamientos contra los pobladores empezaron casi desde finales de diciembre, el pico más alto del conflicto se evidenció hace unos meses tras el asesinato el 19 de marzo pasado de Nallely Sepúlveda y su cuñado Édinson David, de 14 años, esposa y hermano del coordinador humanitario de esa comunidad.
Una persona cercana a la comunidad, que por razones de seguridad no quiso revelar su nombre, le dijo a Colombia+20 que, aunque hay un riesgo para varios de los líderes de esa población, en particular Germán Graciano, su representante legal, está en la mira del Clan del Golfo.
En su página web, la Comunidad de Paz de San José ha publicado sendos comunicados con los detalles de los hechos violentos que han ocurrido entre abril y mayo. Entre ellos están llamadas telefónicos con amenazas de muerte contra Graciano, retenciones ilegales, robo de maquinaria, muerte de los animales, presuntos actos de espionaje realizado por personas que se identifican como paramilitares. También denuncias presuntos empadronamientos ilegales y malas actuaciones de la Fiscalía.
“El afán por el exterminio de nuestro proyecto de vida no tiene límites. Nos amenazan; nos destruyen nuestros sembrados y cosechas; nuestras cercas y portones; nos anuncian que nos quedan tres caminos: arrodillamos, ir a la cárcel o morir asesinados. Nuestras opciones siempre estarán en pro de la vida y jamás nos rehusaremos a protegerla”, dice una de las entradas en la página web.
Según las denuncias de los habitantes, a mediados de abril se dio una reunión convocada por paramilitares a líderes de juntas de acción comunal del corregimiento de San José de Apartadó. La comunidad afirma que en ese encuentro un hombre que se identificó como Mateo dijo que se exterminaría a esa comunidad. “Se dio el anuncio del exterminio de nuestra Comunidad de Paz (…) y que van a eliminar primeramente a Germán Graciano y a su círculo familiar”, aseguran.
En diálogo con este diario, Graciano señala que esa amenaza es solo una de las vías que han usado los grupos armados para acabar con la unidad de la población. “Súmele a eso las muertes de los animales. Ellos sacan comunicados diciendo que no fueron ellos para hacernos pelear. Incluso han cooptado a gente de las juntas de acción comunales para organizar campañas contra la comunidad con gente que no es pobladora y romper el tejido social”, asegura.
Para Graciano, algunas de las razones de estos hechos parecen calcadas de lo que pasaba cuando estaba la bananera Chiquita Brands. “Las cosas han cambiado, pero muchas no tanto. La Comunidad lo único que hace es la protección del territorio y la vida en él, y por eso nos quiere acabar y matar. Ese fallo destapó esa olla podrida del Urabá con la bananera, y usted sabe que esos empresarios siguen ahí. Esto tiene unos intereses políticos y económicos de este puerto de Antioquia. Es que aquí lo que hacemos es ejercer autoridad y autonomía en favor de nuestros derechos a nuestra tierra, pero eso no les sirve a mucha gente, a los armados, a algunas autoridades, entonces nos quieren matar”, aseveró.
Hace apenas un par de días, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU Colombia volvió a lanzar una alerta sobre las amenazas contra líderes de la Comunidad de Paz de Apartadó. “Condenamos y expresamos preocupación X amenazas contra líderes de la Comunidad de Paz de Apartadó”, publicó la oficina en su cuenta de X.
Además, el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda, estuvo esta semana con esa comunidad para, según puso en su cuenta de X, “hacer seguimiento a los acuerdos a los que llegamos en el mes de marzo”, cuando ocurrió el doble asesinato.
Sin embargo, Graciano afirma que la Comunidad de Paz no espera nada de esa reunión y tampoco quieren nada del Gobierno. “Nosotros no queremos plata ni nada. Queremos justicia y que nos dejen vivir, queremos preservar la vida. Nada más les pedimos”.
El fantasma paramilitar
Desde 2018, la Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas tempranas en las que afirma que el Clan del Golfo, autodenominado como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), ha intentado tener el control territorial de esa comunidad con “conductas que vulneran los derechos humanos como amenazas, homicidios, desplazamiento forzado, despojo de tierras y explotación de sus recursos naturales.
El Clan del Golfo, que surgió tras la desmovilización de los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), hoy es uno de los grupos criminales más grandes del país. Además, controla diversas economías ilegales en varias zonas rurales de varias regiones del norte del país, incluyendo el Urabá.
Un día antes de la muerte de Nallely Sepúlveda y del menor Edinson David, el Gobierno de Petro había llegado en Apartadó en el marco de sus jornadas de Gobierno con el pueblo. Tras conocerse la denuncia del asesinato, el presidente publicó en X que era la “reedición del paramilitarismo”. “(A lo largo del conflicto armado) fueron asesinados 400 miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Hace dos días, todo el gobierno estuvo allí en Apartadó y nos reunimos con miembros de la comunidad en la Asamblea Popular. A nuestro regreso asesinaron dos miembros más de la comunidad. Fuerzas oscuras quieren reeditar el paramilitarismo en el noroeste del país”, publicó.
En los eventos posteriores del Gobierno en esa región del país, Petro lanzó duros dardos contra el Ejército Gaitanista de Colombia, a quienes les dijo que “Gaitán era un revolucionario y no un traqueto”. En su discurso, el jefe de Estado también dijo que estaba dispuesto a analizar una fórmula para que se sometieran a la justicia, pero que la condición era que abandonaran cualquier nexo con el narcotráfico y otras economías ilícitas.
Petro también dijo que estaba dispuesto a analizar una fórmula para que el Clan se sometiera a la justicia, pero que la condición era que abandonaran el narcotráfico y otras economías ilícitas.
El Clan del Golfo aceptó de inmediato la invitación de Petro para sentarse a una negociación de paz, pero hasta el momento esa negociación no se ha dado.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.