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Faltan casi dos meses para que el país vote por los candidatos y candidatas al Congreso de la República, entre ellas las víctimas del conflicto armado, quienes luego de muchas trabas por fin podrán acceder a las 16 circunscripciones especiales que decretó el Acuerdo de Paz. En total son 398 candidatos que se disputarán el 13 de marzo de 2022 los 16 puestos en la Cámara de Representantes.
Sin embargo, ya están saliendo a la luz pública diversas denuncias sobre irregularidades y obstáculos para las inscripciones, el apoyo de funcionarios o clanes políticos a ciertos candidatos y la falta de garantías para ejercer sus derechos políticos, como la inseguridad en estos territorios -los más golpeados por la guerra- y la falta de financiación para su campaña.
Una de las denuncias más graves que conoció Colombia+20 con líderes y víctimas de Arauca, Norte de Santander, Chocó y Montes de María, es que la Registraduría Nacional les está pidiendo el pago de una póliza de $7 millones para que les den por anticipo el 50% de los recursos que tiene que entregarles el Estado para que hagan campaña en sus territorios.
De acuerdo con el acto legislativo 02 del 25 de agosto de 2021, que creó las 16 circunscripciones, la financiación de las campañas para las curules de paz será en su mayoría estatal a través del sistema de reposición de votos. Este pago se tiene que hacer dentro del mes siguiente de las inscripciones, es decir, hasta este 13 de enero.
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En respuesta a esta denuncia, el Consejo Nacional Electoral argumentó que cualquier ciudadano tiene que cumplir con el ordenamiento jurídico, el cual estipula que cualquier candidato a un cargo público de elección popular y que tenga derecho a financiación estatal debe suscribir esta póliza de seguridad. Este ordenamiento jurídico no excluyó a las víctimas del conflicto armado que se postularon a las curules.
Aunque los candidatos tienen esta claridad, “una víctima que no tiene a veces ni para comer en el día de dónde va a sacar esa plata”, reclamó una candidata* de los Montes de María. Añadió que es ilógico cobrarles esto a víctimas y organizaciones que no tienen un sustento financiero y que tampoco pueden recibir aportes privados.
“Son $7 millones sin saber además de cuánto será el aporte del Estado para nuestras campañas. Para pagar esa póliza mejor hacemos por nuestra cuenta la publicidad en nuestros territorios”, aseguró un líder de Chocó.
Como no pueden pagar esa póliza no saben cómo van a financiar su campaña. En departamentos como el Chocó, selvático y sin vías, hacer proselitismo político implica movilizarse en lancha. “El galón de gasolina más barato vale $16.000 y no da para recorrer más de 12 kilómetros”, explicó el mismo líder. En otras regiones para llegar a las reuniones de campaña la gente tiene que recorrer largas distancias en burro o incluso a pie.
Además se les han presentado otros obstáculos absurdos, como que los bancos les han negado la apertura de una cuenta porque les exigen a las organizaciones con las que se inscribieron que demuestren que son un partido político. Y la Registraduría, según ellos, no los apoya para solucionar estos impedimentos burocráticos. Frente a esto, el CNE respondió que si bien no son la entidad que regula a los bancos, y que eso estaría en manos de la Superintendencia Financiera, con la solicitud hecha por las víctimas ellos pueden proceder a expedir certificaciones para que les abran una cuenta única bancaria.
Una víctima que no tiene a veces ni para comer en el día de dónde va a sacar esa plata
Candidata de los Montes de María
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Otra de sus denuncias es el déficit de mesas de votación en los lugares más apartados del país. El acto legislativo también le ordena a esta entidad crear nuevos puestos en áreas rurales de los 167 municipios que integran las circunscripciones. De acuerdo con la Registraduría, se crearon 434 puestos de votación en todo el país. Aún así, las y los candidatos sostienen que hay zonas donde la gente no tiene dónde votar.
“El pueblo hitnu, que son alrededor de 150 personas, tiene que desplazarse hora y media en lancha hasta la vereda más cercana con un puesto. Además, ellos ni sabían que tenían que inscribir sus cédulas y que tienen el derecho a votar por víctimas. ¿Dónde están los delegados de la Registraduría? Ni se tomaron el tiempo de ir hasta allá”, detalló la lideresa de Arauca.
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Uno de los candidatos del Catatumbo le pidió a la Registraduría a través de un derecho de petición que instalara cuatro puestos nuevos de votación en zona rural de Sardinata. El hombre asegura que a la fecha esta entidad no le ha dado respuesta. “La vereda Cristalina Macondo está a cinco horas del puesto de votación a lomo de mula, por eso se les había solicitado la creación del puesto de votación en la Sede Educativa Planadas. La Registraduría no hizo ningún estudio frente a eso”, agregó.
Consultamos a la entidad sobre esta situación, pero hasta el momento de publicación no hubo respuesta.
Presión de los grupos armados
Otro de los riesgos para los líderes son las presiones que las Agc o Clan del Golfo están haciendo a los habitantes de Montes de María para que voten por determinados candidatos en las próximas elecciones. Así lo han denunciado habitantes de zona rural de Ovejas (Sucre).
La lideresa que habló con Colombia+20 aseguró que no puede entrar a este territorio por las amenazas de muerte que ha recibido. Lo mismo le ocurre en las zonas rurales de los municipios de San Onofre, María la Baja y Carmen de Bolívar. “Nuestra lista está amenazada por las Agc. El día anterior para inscribirnos le dejaron mensajes de mi compañero de lista de que no querían que hiciéramos proselitismo político y que si lo veían en esas iba a ser declarado objetivo militar. Lo denunciamos y la Unidad Nacional de Protección está estudiando el caso”, aseguró.
Añadió que inscribirse a la curul de paz por su región “es de valentía” porque significa luchar contra los grupos armados de la zona, pero también contra los clanes políticos que durante décadas han tenido el poder electoral en los Montes de María.
En Arauca, en dónde la situación de violencia ha sido crítica en el último mes por los enfrentamientos entre el Eln y el Frente 10 de las disidencias de las Farc, que dejó como resultado una masacre de 27 personas, el ejercicio político es lo que menos importa ahora para sus habitantes, así lo sostuvo la candidata por esa región. Nos les interesa salir a inscribir sus cédulas y mucho menos ir a votar por el miedo de salir de sus casas.
Frente a las garantías de seguridad para las y los candidatos, el CNE aseguró que han puesto en conocimiento al Ministerio del Interior y a la Fuerza Pública los casos que les han llegado de amenazas y ya son ellos quienes tienen que brindarles protección.
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Rechazo de inscripciones
La Red Nacional de Iniciativas por la Paz y Contra la Guerra (Redepaz) denunció que a pesar de ser una organización de víctimas y con presencia a nivel nacional desde hace 28 años, no fue reconocida como tal por la Registraduría al momento de inscribir sus candidatos.
“Iniciamos procesos en el sur de Córdoba, Huila, Caquetá, Montes de María y Catatumbo y en todos la respuesta fue que Redepaz no tenía presencia en el territorio o en otros casos nos pidieron certificar como víctimas a cada uno de los miembros, cuando es una organización reconocida por la Unidad de Víctimas y la norma nos permite dar avales”, de acuerdo con Luis Emil Sanabria, fundador de Redepaz.
Por esta razón, algunos de los y las candidatas, víctimas del conflicto por hechos como desplazamiento forzado, homicidio o secuestro, se quedaron sin la oportunidad de estar en el Congreso. A otros miembros les tocó inscribirse a través de otras organizaciones para que los aceptaran.
El próximo jueves 13 de enero, a las 10:00 a. m. esta organización junto con candidatos y candidatas de distintas regiones harán una rueda de prensa para exponer las dificultades para el acceso y el ejercicio político de las curules de paz para las víctimas.
*Las personas que contaron las denuncias pidieron la reserva de su nombre por cuestiones de seguridad.