Colombia se raja en derechos humanos: las organizaciones sociales denuncian

El desenlace es sombrío: ‘Pese a importantes esfuerzos emprendidos, como la firma del Acuerdo de paz con las Farc y el diálogo con el Eln, en Colombia continúan cometiéndose graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que permanecen en la impunidad. El Estado no coopera y esto dificulta el monitoreo de los países examinadores y limita la posibilidad del Examen Periódico Universal de contribuir a la construcción de paz en el país’.

El informe, de 51 páginas, refleja el panorama que encontraron 24 organizaciones que escribieron el documento con el aporte de 500 organizaciones sociales que trabajan por los derechos humanos del país. Todas ellas encargadas de hacerle seguimiento a las recomendaciones formuladas en 2008 y 2013 por el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas en su Examen Periódico Universal, el mecanismo con el que cada 5 años examina la situación de derechos humanos de los 193 países miembros.  

Este documento será entregado a las Naciones Unidas y será un insumo importante para el Examen Periódico Universal que se llevará a cabo en Ginebra en mayo.

Lea también: Alberto Brunori, el visitante incómodo de Guatemala llega a Colombia

Sobre el acuerdo de paz

El documento es claro en advertir que la reglamentación del acuerdo de paz progresa lentamente y tiene serios problemas para evitar un escenario de impunidad. Uno de los ejemplos que da para entender esta afirmación reitera que el tratamiento penal establecido "dificulta la comparecencia de miembros de las Fuerzas Armadas ante la Jurisdicción Especial de Paz porque desconoce la normatividad internacional sobre responsabilidad de mando, al establecer cuatro condiciones que deben acumularse y que hacen muy difícil probar esta responsabilidad". 

Asimismo, el informe menciona que el Decreto 706 de 2017 ordenó la suspensión de las órdenes de captura de los miembros de las Fuerzas Armadas implicados en graves violaciones a los derechos humanos, así como modificó las medidas de aseguramiento privativas de la libertad de aquellos que estaban detenidos, “omitiendo cualquier medida cautelar para la protección de las víctimas y su comparecencia ante la JEP para el reconocimiento de verdad y responsabilidad”. 

A esto súmese que los terceros solo comparecerán voluntariamente, a menos que se demuestre su participación “activa y determinante” en crímenes internacionales. Y que, según el documento, existen restricciones para el acceso y uso de los archivos de inteligencia en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. “Se ha tenido información acerca de la destrucción, ocultamiento o falta de medidas para la preservación de estos archivos por parte de entidades militares y organismos de inteligencia, según el informe de 2017 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.

Otra de las preocupaciones es que, de acuerdo con este documento, se incumplió el mandato del Acuerdo de Paz de crear una Unidad de Búsqueda de Personas dadas como Desaparecidas autónoma y con un régimen legal propio y que se ha regulado de manera insuficiente la participación de las víctimas en los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

Lea aquí detalles del informe: En 2017 se habrían presentado 11 nuevos casos de 'falsos positivos', según la ONU

Presencia paramilitar

Pese a la negativa estatal de reconocer el paramilitarismo como tal, para estas organizaciones esa realidad es inocultable. Aseguran que un número significativo de mandos medios y estructuras continuaron delinquiendo en el territorio. De hecho, señalan que para 2016 los paramilitares estaban organizados en 13 estructuras que actuaban en 344 municipios de 31 departamentos. Y mencionan a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que surgieron en el 2007, comandadas por Darío Antonio Úsuga, “Otoniel”, desmovilizado del bloque centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Pese a la existencia de mecanismos para el desmonte del paramilitarismo en el Acuerdo de paz con las Farc, “la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad no ha avanzado en la elaboración de políticas públicas, el Cuerpo élite de la Policía está implementando dos programas piloto en Buenaventura y Tumaco pero sus resultados son escasos y la Unidad Especial de la Fiscalía no ha empezado a operar.

También expresan que los financiadores y terceros beneficiados por el paramilitarismo siguen sin ser investigados, juzgados y sancionados y que en 15.669 compulsas de copias repartidas por todo el país quedaron pendientes las investigaciones a empresarios, militares y políticos que, según la versión de los desmovilizados, patrocinaron a los grupos armados.

Y el conflicto armado nunca se detuvo

Al tiempo que se dio la desmovilización de las Farc, grupos paramilitares, guerrillas del Eln y el Epl, grupos disidentes de las Farc y otros con diversas denominaciones,“se han expandido y reconfigurado territorialmente”. “El desplazamiento forzado persiste y presenta una tendencia al aumento. Colombia sigue siendo el país con más víctimas de desplazamiento forzado en el mundo, el 63% vive en situación pobreza y el 33 % en extrema pobreza”, sostiene el informe.

Esto sin hablar de que persiste el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado. Paramilitares, Eln, Epl y disidencias de las Farc continúan reclutando. Según el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, entre octubre del 2015 y agosto del 2016, el frente primero y otros grupos disidentes de las Farc, por ejemplo, reclutaron menores en el departamento del Vaupés. Entre 2011 y 2016, la Defensoría emitió aproximadamente 105 alertas de riesgo por reclutamiento de niños en 30 departamentos.

Le puede interesar: Detalles de los casos que la Corte Suprema le entregó a la JEP

Pero eso no es todo. En el primer semestre de 2017 se registraron 19 acciones cívico-militares que vincularon menores por parte de la Fuerza Pública. Estas acciones son denominadas formalmente “acciones de apoyo al desarrollo”. Las acciones reportadas durante el primer semestre del 2017, se llevaron a cabo especialmente en zonas donde salieron combatientes de las Farc. Esta información es el resultado del monitoreo del Observatorio de la Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia. La Coalico registró, por ejemplo, que el 14 de marzo de 2017 se llevó a cabo una acción cívico militar en la cancha de microfútbol del corregimiento de San Juan del municipio de Puerto Libertador, en Córdoba. "Durante la actividad, las familias y los niños, niñas y adolescentes recibieron regalos, atención médica, y actividades de recreación organizadas por el grupo especial de operaciones psicológicas GEOS de la Brigada Móvil No. 16 y de la Fuerza de Tarea Nudo de Paramillo. Esto, aunque en la zona hay presencia y acción de grupos armados ilegales que exponen en peligro a la comunidad".

La violencia sexual arrecia

Otra de las grandes preocupaciones es que continúan presentándose casos de violencia sexual. Entre enero 2013 y julio 2017 se registraron 3.989 delitos contra la libertad y la integridad sexual de las mujeres. Solo en 2016 se realizaron 120 exámenes médico-legales por delitos sexuales, cuyos presuntos agresores fueron grupos armados. “En el 85,83% de los casos las víctimas eran mujeres. El 43,7% de estos se atribuyeron a las Fuerzas Armadas y otros actores, 26,2% a guerrillas y 30,1% a grupos paramilitares”, detalla el documento.

Siguen las ejecuciones extrajudiciales

Según el documento de las organizaciones sociales, luego de la firma del acuerdo de paz, las ejecuciones extrajudiciales por parte de la Fuerza Pública habrían continuado. “En 2015 se documentaron 65 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas. De los casos registrados, 16 fueron bajo modalidad de “falsos positivos” (civiles asesinados y presentados como bajas en combate). El 66% de estas muertes fueron perpetradas por la Policía y el 33% por miembros del Ejército. De las víctimas, 58 eran hombres y siete mujeres, dos se reconocían parte de la comunidad LGBT”. La gran mayoría de estas muertes, según el informe, se presentaron por uso excesivo o indebido de la fuerza, intolerancia social contra sectores marginados o presuntos transgresores de la ley y casos de persecución política.

Los asesinatos continúan

Las agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos han aumentado. El documento explica que entre 2013-2017 se registraron al menos 276 asesinatos y 164 atentados. Y que, durante ese periodo, fueron asesinadas 29 personas LGBTI, 61 indígenas, 20 afrodescendientes y 41 mujeres. “La situación es tan preocupante que la Defensoría elaboró un informe de riesgo que reportó 156 homicidios, 33 atentados, entre el primero de enero de 2016 y el 5 de marzo de 2017.

En este escenario, hay riesgos desproporcionados sobre las mujeres, como ya ha reconocido la Corte Constitucional. Y una evidencia de esto son los incrementos de las agresiones contra defensoras y lideresas, así como contra mujeres trans. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo ha informado que entre 2016 y el primer semestre de 2017 ha acompañado a 129 lideresas y defensoras en situación de riesgo, de las cuales 21 fueron víctimas de violencia sexual.

De otro lado, de acuerdo con los informes anuales del programa Somos Defensores, en el periodo 2013-2016 se registraron 732 agresiones contra mujeres defensoras de Derechos Humanos, registrando un incremento de 219% para 2015 y de 82% para 2016; tomando como base el 2013. De esos, 38 correspondieron a asesinatos.

Los crímenes de odio y discriminación también siguen presentes. Para el período 2013-2016, las organizaciones LGTBI reportaron 26 asesinatos y 31 amenazas contra esta población, de acuerdo con Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación.

Lea: El mayor Parga, condenado por 'falsos positivos', no pedirá perdón

Las debilidades de la UNP

Un panorama que no se compadece con las medidas de protección que brinda el Estado. “La Unidad Nacional de Protección (UNP) mantiene trámites burocráticos que obstaculizan la implementación de las medidas”, dice el documento y recuerda como ejemplo el asesinato de Bernardo Cuero, líder de la Asociación de Afrodescendientes Desplazados, AFRODES, e integrante de la Mesa Departamental de Víctimas, en Malambo (Atlántico) el 7 de junio de 2017. Cuero, pese a tener reiteradas amenazas, no ameritó protección estatal pues los estudios de la UNP calificaron su riesgo como “ordinario”, “en evidente desconocimiento del riesgo acumulado desde al menos el año 2000 cuando los paramilitares lo obligaron a abandonar el litoral Pacífico nariñense y a iniciar una ardua lucha por los derechos de las víctimas”.

Además, “el servicio de escoltas continúa bajo la modalidad de contratos temporales suscritos por la UNP con empresas de seguridad privada, constituidas o dirigidas en su mayoría por exintegrantes de las Fuerzas Armadas y del extinto DAS, respecto de quienes subsisten dudas sobre algún tipo de contribución con el paramilitarismo y la persecución a defensores”, explican. El informe detalla que se refieren al conglomerado SGM (7 empresas), encabezado por Jorge Moreno Ojeda, conocido como el ‘zar de la seguridad privada’, investigado y sancionado administrativamente por ganar licitaciones de forma corrupta. Adicionalmente, recordaron que Julián Marulanda, exsecretario general de la UNP fue procesado desde mediados de 2014 por hechos relacionados con la compra de armas y municiones y que tras la denuncia huyó a Estados Unidos, donde se encuentra asilado.

Impunidad

“La impunidad continúa siendo un problema estructural en Colombia, especialmente la relacionada con violaciones de derechos humanos, lo que evidencia que las recomendaciones del Examen Periódica Universal de 2013 no han sido implementadas”. Es es otra de las duras aseveraciones de este informe.

“Desde el 2005 existen 838 investigaciones por ejecuciones extrajudiciales cometidas por las Fuerzas Armadas, de las cuales solo el 3,22% se encuentran en ejecución de pena y el 8,35% en etapa de juicio”. La desaparición forzada es otro tema crítico. De los 4.578 procesos reporatdos, solo el 0.9% se encuentran en juicio y el 0,42% en ejecución de penas. Esto sin hablar de la “impunidad generalizada en las investigaciones de violencia sexual en el contexto del conflicto armado. De los 627.214 casos reconocidos por la Corte Constitucional en 2008 y 2015, a junio de 2017, solo el 2,18% de los casos del Auto 092 de 2008 y el 1,13% del Auto 009 de 2015 tuvieron sentencia.

La preocupación, en términos de la posible impunidad, se extiende a la Jurisdicción Especial para la Paz, por el tratamiento diferenciado para el juzgamiento y sanción que tienen agentes del Estado y particulares, “que dificulta su juzgamiento”. Según el concepto de la Comisión Colombiana de Juristas, este tratamiento “establece la posibilidad de conceder amnistía a delitos conexos con los delitos políticos, sin que exista una claridad sobre este asunto, y sobre delitos relacionados con el proceso de dejación de armas. Adicionalmente en el caso de los crímenes de guerra no podrán ser amnistiables u obtener tratamientos penales especiales aquellos que cumplan dos categorías: graves y sistemáticos, es decir, los demás crímenes de guerra podrán ser objeto de amnistía y tratamientos penales especiales como podría suceder con la masacre de Bojayá, perpetrada por las Farc.

Si a todo esto se suma la desigualdad en la tenencia de la tierra, donde según el Censo Agropecuario el 40.1% del área censada está ocupada por el 0,4% de unidades productivas, mayores a las 500 hectáreas; la mortalidad por hambre en el país, donde sólo en La Guajira, entre enero y noviembre de 2016, murieron por hambre 66 niños indígenas wayúu; la desregulación y debilitamiento de la institucionalidad ambiental, pese a que en 2016 se registraron 115 conflictos ambientales; la precaria situación carcelaria del país, con un hacinamiento del 50,1%; la continuación de las batidas ilegales de jóvenes que no tienen libreta militar; la falta de mecanismos eficaces de prevención y protección de la discriminación en los colegios, que siguen sin reglamentarse; la poca articulación y preparación que tienen las instituciones para atender y acompañar a las mujeres víctimas de violencia; y la represión violenta y criminalización del ejercicio de la protesta social, el panorama presentado es crítico.

El Estado colombiano se enorgullece de cooperar con los mecanismos internacionales. De hecho, cuenta con la presencia de numerosas agencias de la ONU, y hasta una Misión Política de paz de la ONU. Pero el balance en cooperación con los mecanismos de derechos humanos es precario: "En seguimiento a recomendaciones Colombia ha retrocedido. En 2010 se eliminó el escenario tripartito de diálogo sobre la implementación de las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para Colombia (OACNUDH). En 2015 la Representante Especial del Secretario General sobre Violencia Sexual en contextos de conflictos armados visitó Colombia nuevamente pero no se han implementado sus recomendaciones. Frente a las recomendaciones del Examen Periódico Universal, el Estado se comprometió en 2013 con la sociedad civil y la OACNUDH a establecer un mecanismo de seguimiento conjunto, pero nunca cumplió. Casi todas las recomendaciones sobre ratificación de tratados o protocolos facultativos fueron rechazadas (seis en 2008 y 18 en 2013)”.

Por eso el llamado es enérgico y requiere de transformaciones estructurales de parte del Estado que ya no esperan más. Tomarse en serio la implementación del Acuerdo de paz y las recomendaciones que en pasadas ocasiones han resultado del Examen Periódico Universal es un muy buen y necesario comienzo que deberá asumir el próximo gobierno que llegue a la Presidencia. De lo contrario, una vez más la paz (esa que no se firma, sino que se vive) seguirá muy lejana para los colombianos. 

El desenlace es sombrío: ‘Pese a importantes esfuerzos emprendidos, como la firma del Acuerdo de paz con las Farc y el diálogo con el Eln, en Colombia continúan cometiéndose graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que permanecen en la impunidad. El Estado no coopera y esto dificulta el monitoreo de los países examinadores y limita la posibilidad del Examen Periódico Universal de contribuir a la construcción de paz en el país’.

El informe, de 51 páginas, refleja el panorama que encontraron 24 organizaciones que escribieron el documento con el aporte de 500 organizaciones sociales que trabajan por los derechos humanos del país. Todas ellas encargadas de hacerle seguimiento a las recomendaciones formuladas en 2008 y 2013 por el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas en su Examen Periódico Universal, el mecanismo con el que cada 5 años examina la situación de derechos humanos de los 193 países miembros.  

Este documento será entregado a las Naciones Unidas y será un insumo importante para el Examen Periódico Universal que se llevará a cabo en Ginebra en mayo.

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Sobre el acuerdo de paz

El documento es claro en advertir que la reglamentación del acuerdo de paz progresa lentamente y tiene serios problemas para evitar un escenario de impunidad. Uno de los ejemplos que da para entender esta afirmación reitera que el tratamiento penal establecido "dificulta la comparecencia de miembros de las Fuerzas Armadas ante la Jurisdicción Especial de Paz porque desconoce la normatividad internacional sobre responsabilidad de mando, al establecer cuatro condiciones que deben acumularse y que hacen muy difícil probar esta responsabilidad". 

Asimismo, el informe menciona que el Decreto 706 de 2017 ordenó la suspensión de las órdenes de captura de los miembros de las Fuerzas Armadas implicados en graves violaciones a los derechos humanos, así como modificó las medidas de aseguramiento privativas de la libertad de aquellos que estaban detenidos, “omitiendo cualquier medida cautelar para la protección de las víctimas y su comparecencia ante la JEP para el reconocimiento de verdad y responsabilidad”. 

A esto súmese que los terceros solo comparecerán voluntariamente, a menos que se demuestre su participación “activa y determinante” en crímenes internacionales. Y que, según el documento, existen restricciones para el acceso y uso de los archivos de inteligencia en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. “Se ha tenido información acerca de la destrucción, ocultamiento o falta de medidas para la preservación de estos archivos por parte de entidades militares y organismos de inteligencia, según el informe de 2017 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.

Otra de las preocupaciones es que, de acuerdo con este documento, se incumplió el mandato del Acuerdo de Paz de crear una Unidad de Búsqueda de Personas dadas como Desaparecidas autónoma y con un régimen legal propio y que se ha regulado de manera insuficiente la participación de las víctimas en los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

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Presencia paramilitar

Pese a la negativa estatal de reconocer el paramilitarismo como tal, para estas organizaciones esa realidad es inocultable. Aseguran que un número significativo de mandos medios y estructuras continuaron delinquiendo en el territorio. De hecho, señalan que para 2016 los paramilitares estaban organizados en 13 estructuras que actuaban en 344 municipios de 31 departamentos. Y mencionan a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que surgieron en el 2007, comandadas por Darío Antonio Úsuga, “Otoniel”, desmovilizado del bloque centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Pese a la existencia de mecanismos para el desmonte del paramilitarismo en el Acuerdo de paz con las Farc, “la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad no ha avanzado en la elaboración de políticas públicas, el Cuerpo élite de la Policía está implementando dos programas piloto en Buenaventura y Tumaco pero sus resultados son escasos y la Unidad Especial de la Fiscalía no ha empezado a operar.

También expresan que los financiadores y terceros beneficiados por el paramilitarismo siguen sin ser investigados, juzgados y sancionados y que en 15.669 compulsas de copias repartidas por todo el país quedaron pendientes las investigaciones a empresarios, militares y políticos que, según la versión de los desmovilizados, patrocinaron a los grupos armados.

Y el conflicto armado nunca se detuvo

Al tiempo que se dio la desmovilización de las Farc, grupos paramilitares, guerrillas del Eln y el Epl, grupos disidentes de las Farc y otros con diversas denominaciones,“se han expandido y reconfigurado territorialmente”. “El desplazamiento forzado persiste y presenta una tendencia al aumento. Colombia sigue siendo el país con más víctimas de desplazamiento forzado en el mundo, el 63% vive en situación pobreza y el 33 % en extrema pobreza”, sostiene el informe.

Esto sin hablar de que persiste el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado. Paramilitares, Eln, Epl y disidencias de las Farc continúan reclutando. Según el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, entre octubre del 2015 y agosto del 2016, el frente primero y otros grupos disidentes de las Farc, por ejemplo, reclutaron menores en el departamento del Vaupés. Entre 2011 y 2016, la Defensoría emitió aproximadamente 105 alertas de riesgo por reclutamiento de niños en 30 departamentos.

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Pero eso no es todo. En el primer semestre de 2017 se registraron 19 acciones cívico-militares que vincularon menores por parte de la Fuerza Pública. Estas acciones son denominadas formalmente “acciones de apoyo al desarrollo”. Las acciones reportadas durante el primer semestre del 2017, se llevaron a cabo especialmente en zonas donde salieron combatientes de las Farc. Esta información es el resultado del monitoreo del Observatorio de la Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia. La Coalico registró, por ejemplo, que el 14 de marzo de 2017 se llevó a cabo una acción cívico militar en la cancha de microfútbol del corregimiento de San Juan del municipio de Puerto Libertador, en Córdoba. "Durante la actividad, las familias y los niños, niñas y adolescentes recibieron regalos, atención médica, y actividades de recreación organizadas por el grupo especial de operaciones psicológicas GEOS de la Brigada Móvil No. 16 y de la Fuerza de Tarea Nudo de Paramillo. Esto, aunque en la zona hay presencia y acción de grupos armados ilegales que exponen en peligro a la comunidad".

La violencia sexual arrecia

Otra de las grandes preocupaciones es que continúan presentándose casos de violencia sexual. Entre enero 2013 y julio 2017 se registraron 3.989 delitos contra la libertad y la integridad sexual de las mujeres. Solo en 2016 se realizaron 120 exámenes médico-legales por delitos sexuales, cuyos presuntos agresores fueron grupos armados. “En el 85,83% de los casos las víctimas eran mujeres. El 43,7% de estos se atribuyeron a las Fuerzas Armadas y otros actores, 26,2% a guerrillas y 30,1% a grupos paramilitares”, detalla el documento.

Siguen las ejecuciones extrajudiciales

Según el documento de las organizaciones sociales, luego de la firma del acuerdo de paz, las ejecuciones extrajudiciales por parte de la Fuerza Pública habrían continuado. “En 2015 se documentaron 65 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas. De los casos registrados, 16 fueron bajo modalidad de “falsos positivos” (civiles asesinados y presentados como bajas en combate). El 66% de estas muertes fueron perpetradas por la Policía y el 33% por miembros del Ejército. De las víctimas, 58 eran hombres y siete mujeres, dos se reconocían parte de la comunidad LGBT”. La gran mayoría de estas muertes, según el informe, se presentaron por uso excesivo o indebido de la fuerza, intolerancia social contra sectores marginados o presuntos transgresores de la ley y casos de persecución política.

Los asesinatos continúan

Las agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos han aumentado. El documento explica que entre 2013-2017 se registraron al menos 276 asesinatos y 164 atentados. Y que, durante ese periodo, fueron asesinadas 29 personas LGBTI, 61 indígenas, 20 afrodescendientes y 41 mujeres. “La situación es tan preocupante que la Defensoría elaboró un informe de riesgo que reportó 156 homicidios, 33 atentados, entre el primero de enero de 2016 y el 5 de marzo de 2017.

En este escenario, hay riesgos desproporcionados sobre las mujeres, como ya ha reconocido la Corte Constitucional. Y una evidencia de esto son los incrementos de las agresiones contra defensoras y lideresas, así como contra mujeres trans. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo ha informado que entre 2016 y el primer semestre de 2017 ha acompañado a 129 lideresas y defensoras en situación de riesgo, de las cuales 21 fueron víctimas de violencia sexual.

De otro lado, de acuerdo con los informes anuales del programa Somos Defensores, en el periodo 2013-2016 se registraron 732 agresiones contra mujeres defensoras de Derechos Humanos, registrando un incremento de 219% para 2015 y de 82% para 2016; tomando como base el 2013. De esos, 38 correspondieron a asesinatos.

Los crímenes de odio y discriminación también siguen presentes. Para el período 2013-2016, las organizaciones LGTBI reportaron 26 asesinatos y 31 amenazas contra esta población, de acuerdo con Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación.

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Las debilidades de la UNP

Un panorama que no se compadece con las medidas de protección que brinda el Estado. “La Unidad Nacional de Protección (UNP) mantiene trámites burocráticos que obstaculizan la implementación de las medidas”, dice el documento y recuerda como ejemplo el asesinato de Bernardo Cuero, líder de la Asociación de Afrodescendientes Desplazados, AFRODES, e integrante de la Mesa Departamental de Víctimas, en Malambo (Atlántico) el 7 de junio de 2017. Cuero, pese a tener reiteradas amenazas, no ameritó protección estatal pues los estudios de la UNP calificaron su riesgo como “ordinario”, “en evidente desconocimiento del riesgo acumulado desde al menos el año 2000 cuando los paramilitares lo obligaron a abandonar el litoral Pacífico nariñense y a iniciar una ardua lucha por los derechos de las víctimas”.

Además, “el servicio de escoltas continúa bajo la modalidad de contratos temporales suscritos por la UNP con empresas de seguridad privada, constituidas o dirigidas en su mayoría por exintegrantes de las Fuerzas Armadas y del extinto DAS, respecto de quienes subsisten dudas sobre algún tipo de contribución con el paramilitarismo y la persecución a defensores”, explican. El informe detalla que se refieren al conglomerado SGM (7 empresas), encabezado por Jorge Moreno Ojeda, conocido como el ‘zar de la seguridad privada’, investigado y sancionado administrativamente por ganar licitaciones de forma corrupta. Adicionalmente, recordaron que Julián Marulanda, exsecretario general de la UNP fue procesado desde mediados de 2014 por hechos relacionados con la compra de armas y municiones y que tras la denuncia huyó a Estados Unidos, donde se encuentra asilado.

Impunidad

“La impunidad continúa siendo un problema estructural en Colombia, especialmente la relacionada con violaciones de derechos humanos, lo que evidencia que las recomendaciones del Examen Periódica Universal de 2013 no han sido implementadas”. Es es otra de las duras aseveraciones de este informe.

“Desde el 2005 existen 838 investigaciones por ejecuciones extrajudiciales cometidas por las Fuerzas Armadas, de las cuales solo el 3,22% se encuentran en ejecución de pena y el 8,35% en etapa de juicio”. La desaparición forzada es otro tema crítico. De los 4.578 procesos reporatdos, solo el 0.9% se encuentran en juicio y el 0,42% en ejecución de penas. Esto sin hablar de la “impunidad generalizada en las investigaciones de violencia sexual en el contexto del conflicto armado. De los 627.214 casos reconocidos por la Corte Constitucional en 2008 y 2015, a junio de 2017, solo el 2,18% de los casos del Auto 092 de 2008 y el 1,13% del Auto 009 de 2015 tuvieron sentencia.

La preocupación, en términos de la posible impunidad, se extiende a la Jurisdicción Especial para la Paz, por el tratamiento diferenciado para el juzgamiento y sanción que tienen agentes del Estado y particulares, “que dificulta su juzgamiento”. Según el concepto de la Comisión Colombiana de Juristas, este tratamiento “establece la posibilidad de conceder amnistía a delitos conexos con los delitos políticos, sin que exista una claridad sobre este asunto, y sobre delitos relacionados con el proceso de dejación de armas. Adicionalmente en el caso de los crímenes de guerra no podrán ser amnistiables u obtener tratamientos penales especiales aquellos que cumplan dos categorías: graves y sistemáticos, es decir, los demás crímenes de guerra podrán ser objeto de amnistía y tratamientos penales especiales como podría suceder con la masacre de Bojayá, perpetrada por las Farc.

Si a todo esto se suma la desigualdad en la tenencia de la tierra, donde según el Censo Agropecuario el 40.1% del área censada está ocupada por el 0,4% de unidades productivas, mayores a las 500 hectáreas; la mortalidad por hambre en el país, donde sólo en La Guajira, entre enero y noviembre de 2016, murieron por hambre 66 niños indígenas wayúu; la desregulación y debilitamiento de la institucionalidad ambiental, pese a que en 2016 se registraron 115 conflictos ambientales; la precaria situación carcelaria del país, con un hacinamiento del 50,1%; la continuación de las batidas ilegales de jóvenes que no tienen libreta militar; la falta de mecanismos eficaces de prevención y protección de la discriminación en los colegios, que siguen sin reglamentarse; la poca articulación y preparación que tienen las instituciones para atender y acompañar a las mujeres víctimas de violencia; y la represión violenta y criminalización del ejercicio de la protesta social, el panorama presentado es crítico.

El Estado colombiano se enorgullece de cooperar con los mecanismos internacionales. De hecho, cuenta con la presencia de numerosas agencias de la ONU, y hasta una Misión Política de paz de la ONU. Pero el balance en cooperación con los mecanismos de derechos humanos es precario: "En seguimiento a recomendaciones Colombia ha retrocedido. En 2010 se eliminó el escenario tripartito de diálogo sobre la implementación de las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para Colombia (OACNUDH). En 2015 la Representante Especial del Secretario General sobre Violencia Sexual en contextos de conflictos armados visitó Colombia nuevamente pero no se han implementado sus recomendaciones. Frente a las recomendaciones del Examen Periódico Universal, el Estado se comprometió en 2013 con la sociedad civil y la OACNUDH a establecer un mecanismo de seguimiento conjunto, pero nunca cumplió. Casi todas las recomendaciones sobre ratificación de tratados o protocolos facultativos fueron rechazadas (seis en 2008 y 18 en 2013)”.

Por eso el llamado es enérgico y requiere de transformaciones estructurales de parte del Estado que ya no esperan más. Tomarse en serio la implementación del Acuerdo de paz y las recomendaciones que en pasadas ocasiones han resultado del Examen Periódico Universal es un muy buen y necesario comienzo que deberá asumir el próximo gobierno que llegue a la Presidencia. De lo contrario, una vez más la paz (esa que no se firma, sino que se vive) seguirá muy lejana para los colombianos.