¿Qué son los Comandos de la Frontera?
Según las versiones oficiales, el operativo que el Ejército realizó el pasado 28 de marzo en la vereda Alto Remanso de Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que murieron 11 personas, estaba dirigido a la captura de varios dirigentes de los Comandos de la Frontera. ¿Quiénes son y qué papel juegan en la confrontación en esta zona fronteriza?
La Fuerza Pública los denomina GAOR, una sigla que traduce Grupo Armado Organizado Residual, grupos conformados por personas que no se acogieron al Acuerdo Final firmado entre el Estado y las Farc-Ep y que volvieron a las armas. Pero ellos se autodenominan como Comandos Bolivarianos de Frontera (CBF).
Hasta ahora se sabe poco de este grupo: que nació de las disputas que surgieron después de la disolución del Bloque Sur, la estructura más fuerte de la exguerrilla, después del Bloque Oriental, el más grande y poderoso de las extintas Farc y que ahora se disputa el poder en esta zona de la Amazonía con otra estructura disidente, el Frente Carolina Ramírez.
Por considerarlo de interés periodístico, Colombia+20 retoma los principales apartes de un texto publicado por el Centro de Pensamiento desde la Amazonia Colombiana A la orilla del río en el que se plasman entrevistas que sus investigadores realizaron a dos dirigentes de los Comandos de la Frontera. Lo revelado por estos dos comandantes arrojan luces para entender el conflicto en el que la población de esta zona fronteriza está atrapada.
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El inicio
Los líderes de los CBF relatan que Édgar Mesías Salgado Aragón, conocido en la guerra como ‘Rodrigo Cadete’, uno de los excomandantes que se rearmó en septiembre de 2017, empezó a reclutar exguerrilleros del Bloque Sur de las Farc que estuvieron en desacuerdo con lo pactado en La Habana. ‘Cadete’ estaba bajo el mando de ‘Gentil Duarte’ y tuvo a su cargo esa tarea hasta febrero de 2019, cuando murió en un operativo militar en el Caquetá. “Varios no aceptaron su ofrecimiento y por esto los amenazaron”, dicen los entrevistados.
“Quienes habían sido amenazados por ‘Cadete’, ya estaban armados para iniciar su propio proyecto armado. Uno de los fundadores de los Comandos de Frontera relató que: ‘no nos fuimos con Cadete porque no queríamos volver al régimen de las Farc’”, dice el texto de A la orilla del río.
Según el relato, los primeros integrantes de ese nuevo grupo eran exguerrilleros del bloque sur que se empezaron a reunir para discutir los estatutos en noviembre de 2017. En ese momento se declararon bolivarianos. “Tenían unos fusiles viejos encaletados y con ellos se armaron para penetrar en el área del río San Miguel, frontera con Ecuador, que había sido tomada por grupos armados y tenía presencia de traficantes de cocaína”, señala el texto. “Eran pocas armas, en total 17, entre escopetas y pistolas. Los primeros contra los que nos enfrentamos fueron una gente de Miguel Durán, El Médico o El Mónster”, contó uno de los comandantes de los ahora CBF.
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La guerra contra el Carolina Ramírez
Para ellos, las estructuras de ‘Gentil Duarte’ son grupos “contrarrevolucionarios que se presentan como guerrilleros”. Así justifican que, en el Putumayo, los Comandos le hayan declarado la guerra al frente Carolina Ramírez, que obedece órdenes de ‘Iván Mordisco’, coordinador de las disidencias de las Farc, y de ‘Danilo Alvizú’: “Ese régimen de los que dirigían a las Farc era injusto. Todo era para ellos y los combatientes tenían que someterse a sus voluntades muchas veces criminales, mientras los hijos de ellos sí estudiaban en Europa o vivían tranquilos y protegidos en Bogotá”.
A la orilla del río dice que, en esa redefinición de su presencia en la guerra, “los CBF han planteado, al menos en el papel, un proceder operativo distinto al que traían en las Farc”, mientras que las otras disidencias, las del Carolina Ramírez “han retomado al pie de la letra los manuales de la extinta guerrilla fariana”.
“Su planteamiento coincide - aún con discusiones internas- con el del la Segunda Marquetalia, grupo del cual declararon su adhesión oficialmente desde 2021 y en el que tienen un delegado en la mesa plena que hoy dirige los destinos de una de las guerrillas que resultaron luego del Acuerdo de paz, al lado de ‘Iván Márquez’, exjefe negociador en La Habana (Cuba)”, explica el documento.
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Los Comandos de la Frontera consideran que el avance del frente Carolina Ramírez sobre el Putumayo “obedece principalmente a que ese proyecto contrarrevolucionario está buscando las fronteras, por todo lo que eso significa para el dominio definitivo sobre los territorios del país, porque necesitan una retaguardia también, porque están muy golpeados”.
El texto señala la que podría denominarse una guerra mediática en la que aparecen videos y comunicados en los que los dos grupos se acusan mutuamente de ser paramilitares y de realizar homicidios selectivos contra excombatientes y líderes campesinos. Al ser interpelados por estos crímenes, los voceros de los Comandos de la Frontera dicen que en esta nueva guerra “cada uno se justifica y hay una víctima que es la verdad”. Atribuyen las masacres al frente Carolina Ramírez, cuyos integrantes, dicen, “se visten de negro y hasta de soldados de la infantería de marina para asesinar a los pobladores, como ha ocurrido en los últimos meses en el municipio de Puerto Leguízamo y en otras regiones del departamento”.
En otro aparte del documento, los investigadores que hicieron las entrevistas en el Putumayo explican que los CBF “han decidido aceptar a todo tipo de combatientes, sin importar su proveniencia y trayectoria con las armas. Esto les ha valido que se les considere como un grupo no guerrillero”. “Nosotros somos enemigos de los paramilitares, no somos enemigos del Estado. Como Farc a lo que hacíamos lo llamábamos buscar un cambio y ahora lo llamamos de manera realizable como salvaguardar la vida y proteger al territorio. Muchos dirán que, al no ser enemigos del Estado, entonces somos parte del Estado y eso no es así. Lo que pasa es que entendemos que esto debe ser por fases. Hoy nuestro enemigo número uno son las disidencias o el frente Carolina Ramírez”, dijo uno de los voceros.
El negocio del narcotráfico
Otro dato interesante y muy diciente es que los entrevistados aseguran que les pagan salario a sus combatientes. Esta decisión, según los voceros del grupo, ha les ha generado desacuerdos con los dirigentes de la Segunda Marquetalia, quienes consideran que no se debe pagar por ingresar a las filas, como fue tradición en la exguerrilla que firmó el Acuerdo. Los entrevistados justifican su decisión argumentando que “los recursos que genera el comercio de la base de coca deben ser distribuidos entre los combatientes y hasta en las comunidades”.
En su argumentación los ahora líderes de los Comandos vuelven sobre sus desacuerdos con la extinta guerrilla: “En las Farc encaletaban el dinero. A nosotros nos negaban hasta un pedazo de pan porque todo era racionado. Mientras los jefes manejaban los recursos y nadie sabía qué se hacía todo ese dinero. Acá decidimos que esos recursos vayan a los que están dando la pelea”. Y explican que el salario para los combatientes rasos está en dos millones de pesos, mientras que los comandantes de área pueden devengar unos cinco millones de pesos mensuales.
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“Con un poco más de 53 meses de operatividad armada en las fronteras terrestres y fluviales del Putumayo, los Comandos Bolivarianos de la Frontera, según sus cálculos, cuentan ahora con al menos mil combatientes para quienes han adquirido en el mercado clandestino de las armas centenares de fusiles, decenas de morteros, ametralladoras, pistolas, escopetas y abundante munición. Una nómina pagada con dinero producto del comercio con la pasta base de coca”, reza el informe publicado hace un par de días.
El texto de A la orilla del río explica, a manera de contexto, que tras la salida de las unidades de los frentes 48, 32 y 49 de las antiguas Farc, el control sobre las zonas productoras de base de coca se repartió entre algunos grupos narcotraficantes o ‘traquetos’ que llegaban al territorio fuertemente armados para imponer los precios del producto. Esto -explican- generó fluctuaciones en el valor y un enorme impacto en la economía regional.
Esto ocurrió mientras cientos de familias suscribían el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), previsto en el Acuerdo Final, con la esperanza de regresar a la agricultura y cambiar esa cultura de ilegalidad. Pero ante los incumplimientos del gobierno muchas de esas familias no dejaron por completo el cultivo de la coca. “Dirigentes campesinos el Putumayo expresaron sobre esta situación que al menos 15 mil familias no firmantes de los acuerdos de sustitución de cultivos de coca tuvieron a su cargo la dinamización de la economía regional mientras las más de 20 mil familias que sí firmaron arrancaron su coca y esperaron en vano que el gobierno les cumpliera. Esto generó una ruptura con la posibilidad de transitar a la economía legal, mientras las condiciones estructurales de la producción agrícola seguían siendo imposibles de lograr para las familias del Putumayo”.
Según el artículo, para el 2019, ya no operaba la oficina del PNIS en la región, a pesar de ser una de las regiones con mayor afectación por el conflicto armado y por las economías ilegales. Al paso del primer y segundo año, muchos de los que erradicaron ni siquiera habían recibido pago. “También había fracasado la ruta de implementación. Los firmantes deciden entonces sembrar coca en la clandestinidad. El gobierno comienza a culpar a los grupos armados por el incremento de los cultivos y desconocen los incumplimientos. Al campesino le da igual que el gobierno cumpla o no cumpla”, expresó una dirigente del Movimiento Campesino y Cocalero del Putumayo a los investigadores de A la orilla del río.
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Esta fue la situación perfecta para que los grupos armados se reacomodaran. Los comandos -explican sus dirigentes- se ven forzados a intervenir en ese caos. “El Estado no iba a hacer nada y esto se volvería una guerra entre narcos. Nosotros entramos a controlar eso”, expresó uno de los voceros.
Los investigadores explican que en las zonas en las que este grupo ejerce un dominio, se le paga al campesino entre dos mil y tres mil pesos por gramo, mientras que la venta de la pasta base a los narcotraficantes, por parte de los CBF, llega a los cuatro mil pesos aproximadamente. El plus de ese comercio es su fuente de financiación y con ello pueden sostener todo el aparato militar que poseen.
Más que una guerra entre Comandos y Farc
Una muestra de las paradojas que plantea la compleja situación de la zona es que, según el relato, la caseta donde se realizaba el bazar convocado por el caserío del Alto Remanso en Puerto Leguízamo, había sido construida como un proyecto de fortalecimiento de infraestructura de los proyectos PDET.
Puerto Leguízamo es el lugar que más cerca está al río Caquetá y al río Putumayo, los dos espacios de control del frente Carolina Ramírez de las Farc y los CBF. “Precisamente el paso de Puerto Leguízamo -La Tagua- ha sido un paso estratégico de mercancías, viajeros y pobladores, y ha motivado la apertura de una trocha y de fincas. Lo que se juega en esta región es clave: este es el único territorio del Putumayo que no ha sido repartido a las petroleras a pesar de que está rodeado por áreas disponibles para su explotación y en exploración”, dice el documento.
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Esa situación explicaría la complejidad del conflicto que se libra en esta región, donde por un lado se sitúan los dos grupos disidentes de las extintas Farc: los Comandos Bolivarianos de Frontera y el Carolina Ramírez y de otro lado, los inversionistas de capital nacional e internacional interesados en la explotación minera. Según este reporte, el departamento está dividido en aproximadamente en 12 bloques petroleros para explotación y alrededor de 30 en exploración.
Y en medio de esta tensión de intereses es la población civil la que más sufre por las consecuencias de la guerra. El reporte, citando datos de Indepaz, señala que en lo va del 2022 en el Putumayo han ocurrido once masacres, todas en los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo, en los que los Comandos de Frontera y el frente Carolina Ramírez libran una guerra sin tregua por los dominios territoriales entre los ríos Caquetá y Putumayo.
Los investigadores mencionaron de manera breve que el tema de la paz también estuvo presente en la conversación con los dos jefes de los CBF: “si el calzón nos da, como decía el Mono Jojoy, seguiremos. La paz tiene que ser completa, debe haber un nuevo acuerdo, pero en el que nos sentemos todos los actores”, consideró uno de sus voceros.
“En Putumayo se libra una guerra entre actores legales e ilegales que rebasa la explicación de la ‘ruta del narcotráfico’. Es una región transnacional colombo ecuatoriana que todavía el Estado colombiano y sus élites son incapaces de comprender y por supuesto de incluir dentro de un proyecto de nación más incluyente”, concluye el reporte.
La Fuerza Pública los denomina GAOR, una sigla que traduce Grupo Armado Organizado Residual, grupos conformados por personas que no se acogieron al Acuerdo Final firmado entre el Estado y las Farc-Ep y que volvieron a las armas. Pero ellos se autodenominan como Comandos Bolivarianos de Frontera (CBF).
Hasta ahora se sabe poco de este grupo: que nació de las disputas que surgieron después de la disolución del Bloque Sur, la estructura más fuerte de la exguerrilla, después del Bloque Oriental, el más grande y poderoso de las extintas Farc y que ahora se disputa el poder en esta zona de la Amazonía con otra estructura disidente, el Frente Carolina Ramírez.
Por considerarlo de interés periodístico, Colombia+20 retoma los principales apartes de un texto publicado por el Centro de Pensamiento desde la Amazonia Colombiana A la orilla del río en el que se plasman entrevistas que sus investigadores realizaron a dos dirigentes de los Comandos de la Frontera. Lo revelado por estos dos comandantes arrojan luces para entender el conflicto en el que la población de esta zona fronteriza está atrapada.
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El inicio
Los líderes de los CBF relatan que Édgar Mesías Salgado Aragón, conocido en la guerra como ‘Rodrigo Cadete’, uno de los excomandantes que se rearmó en septiembre de 2017, empezó a reclutar exguerrilleros del Bloque Sur de las Farc que estuvieron en desacuerdo con lo pactado en La Habana. ‘Cadete’ estaba bajo el mando de ‘Gentil Duarte’ y tuvo a su cargo esa tarea hasta febrero de 2019, cuando murió en un operativo militar en el Caquetá. “Varios no aceptaron su ofrecimiento y por esto los amenazaron”, dicen los entrevistados.
“Quienes habían sido amenazados por ‘Cadete’, ya estaban armados para iniciar su propio proyecto armado. Uno de los fundadores de los Comandos de Frontera relató que: ‘no nos fuimos con Cadete porque no queríamos volver al régimen de las Farc’”, dice el texto de A la orilla del río.
Según el relato, los primeros integrantes de ese nuevo grupo eran exguerrilleros del bloque sur que se empezaron a reunir para discutir los estatutos en noviembre de 2017. En ese momento se declararon bolivarianos. “Tenían unos fusiles viejos encaletados y con ellos se armaron para penetrar en el área del río San Miguel, frontera con Ecuador, que había sido tomada por grupos armados y tenía presencia de traficantes de cocaína”, señala el texto. “Eran pocas armas, en total 17, entre escopetas y pistolas. Los primeros contra los que nos enfrentamos fueron una gente de Miguel Durán, El Médico o El Mónster”, contó uno de los comandantes de los ahora CBF.
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La guerra contra el Carolina Ramírez
Para ellos, las estructuras de ‘Gentil Duarte’ son grupos “contrarrevolucionarios que se presentan como guerrilleros”. Así justifican que, en el Putumayo, los Comandos le hayan declarado la guerra al frente Carolina Ramírez, que obedece órdenes de ‘Iván Mordisco’, coordinador de las disidencias de las Farc, y de ‘Danilo Alvizú’: “Ese régimen de los que dirigían a las Farc era injusto. Todo era para ellos y los combatientes tenían que someterse a sus voluntades muchas veces criminales, mientras los hijos de ellos sí estudiaban en Europa o vivían tranquilos y protegidos en Bogotá”.
A la orilla del río dice que, en esa redefinición de su presencia en la guerra, “los CBF han planteado, al menos en el papel, un proceder operativo distinto al que traían en las Farc”, mientras que las otras disidencias, las del Carolina Ramírez “han retomado al pie de la letra los manuales de la extinta guerrilla fariana”.
“Su planteamiento coincide - aún con discusiones internas- con el del la Segunda Marquetalia, grupo del cual declararon su adhesión oficialmente desde 2021 y en el que tienen un delegado en la mesa plena que hoy dirige los destinos de una de las guerrillas que resultaron luego del Acuerdo de paz, al lado de ‘Iván Márquez’, exjefe negociador en La Habana (Cuba)”, explica el documento.
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Los Comandos de la Frontera consideran que el avance del frente Carolina Ramírez sobre el Putumayo “obedece principalmente a que ese proyecto contrarrevolucionario está buscando las fronteras, por todo lo que eso significa para el dominio definitivo sobre los territorios del país, porque necesitan una retaguardia también, porque están muy golpeados”.
El texto señala la que podría denominarse una guerra mediática en la que aparecen videos y comunicados en los que los dos grupos se acusan mutuamente de ser paramilitares y de realizar homicidios selectivos contra excombatientes y líderes campesinos. Al ser interpelados por estos crímenes, los voceros de los Comandos de la Frontera dicen que en esta nueva guerra “cada uno se justifica y hay una víctima que es la verdad”. Atribuyen las masacres al frente Carolina Ramírez, cuyos integrantes, dicen, “se visten de negro y hasta de soldados de la infantería de marina para asesinar a los pobladores, como ha ocurrido en los últimos meses en el municipio de Puerto Leguízamo y en otras regiones del departamento”.
En otro aparte del documento, los investigadores que hicieron las entrevistas en el Putumayo explican que los CBF “han decidido aceptar a todo tipo de combatientes, sin importar su proveniencia y trayectoria con las armas. Esto les ha valido que se les considere como un grupo no guerrillero”. “Nosotros somos enemigos de los paramilitares, no somos enemigos del Estado. Como Farc a lo que hacíamos lo llamábamos buscar un cambio y ahora lo llamamos de manera realizable como salvaguardar la vida y proteger al territorio. Muchos dirán que, al no ser enemigos del Estado, entonces somos parte del Estado y eso no es así. Lo que pasa es que entendemos que esto debe ser por fases. Hoy nuestro enemigo número uno son las disidencias o el frente Carolina Ramírez”, dijo uno de los voceros.
El negocio del narcotráfico
Otro dato interesante y muy diciente es que los entrevistados aseguran que les pagan salario a sus combatientes. Esta decisión, según los voceros del grupo, ha les ha generado desacuerdos con los dirigentes de la Segunda Marquetalia, quienes consideran que no se debe pagar por ingresar a las filas, como fue tradición en la exguerrilla que firmó el Acuerdo. Los entrevistados justifican su decisión argumentando que “los recursos que genera el comercio de la base de coca deben ser distribuidos entre los combatientes y hasta en las comunidades”.
En su argumentación los ahora líderes de los Comandos vuelven sobre sus desacuerdos con la extinta guerrilla: “En las Farc encaletaban el dinero. A nosotros nos negaban hasta un pedazo de pan porque todo era racionado. Mientras los jefes manejaban los recursos y nadie sabía qué se hacía todo ese dinero. Acá decidimos que esos recursos vayan a los que están dando la pelea”. Y explican que el salario para los combatientes rasos está en dos millones de pesos, mientras que los comandantes de área pueden devengar unos cinco millones de pesos mensuales.
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“Con un poco más de 53 meses de operatividad armada en las fronteras terrestres y fluviales del Putumayo, los Comandos Bolivarianos de la Frontera, según sus cálculos, cuentan ahora con al menos mil combatientes para quienes han adquirido en el mercado clandestino de las armas centenares de fusiles, decenas de morteros, ametralladoras, pistolas, escopetas y abundante munición. Una nómina pagada con dinero producto del comercio con la pasta base de coca”, reza el informe publicado hace un par de días.
El texto de A la orilla del río explica, a manera de contexto, que tras la salida de las unidades de los frentes 48, 32 y 49 de las antiguas Farc, el control sobre las zonas productoras de base de coca se repartió entre algunos grupos narcotraficantes o ‘traquetos’ que llegaban al territorio fuertemente armados para imponer los precios del producto. Esto -explican- generó fluctuaciones en el valor y un enorme impacto en la economía regional.
Esto ocurrió mientras cientos de familias suscribían el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), previsto en el Acuerdo Final, con la esperanza de regresar a la agricultura y cambiar esa cultura de ilegalidad. Pero ante los incumplimientos del gobierno muchas de esas familias no dejaron por completo el cultivo de la coca. “Dirigentes campesinos el Putumayo expresaron sobre esta situación que al menos 15 mil familias no firmantes de los acuerdos de sustitución de cultivos de coca tuvieron a su cargo la dinamización de la economía regional mientras las más de 20 mil familias que sí firmaron arrancaron su coca y esperaron en vano que el gobierno les cumpliera. Esto generó una ruptura con la posibilidad de transitar a la economía legal, mientras las condiciones estructurales de la producción agrícola seguían siendo imposibles de lograr para las familias del Putumayo”.
Según el artículo, para el 2019, ya no operaba la oficina del PNIS en la región, a pesar de ser una de las regiones con mayor afectación por el conflicto armado y por las economías ilegales. Al paso del primer y segundo año, muchos de los que erradicaron ni siquiera habían recibido pago. “También había fracasado la ruta de implementación. Los firmantes deciden entonces sembrar coca en la clandestinidad. El gobierno comienza a culpar a los grupos armados por el incremento de los cultivos y desconocen los incumplimientos. Al campesino le da igual que el gobierno cumpla o no cumpla”, expresó una dirigente del Movimiento Campesino y Cocalero del Putumayo a los investigadores de A la orilla del río.
Vea también: “Aún no sabemos toda la relación entre narcotráfico, conflicto y poder regional”
Esta fue la situación perfecta para que los grupos armados se reacomodaran. Los comandos -explican sus dirigentes- se ven forzados a intervenir en ese caos. “El Estado no iba a hacer nada y esto se volvería una guerra entre narcos. Nosotros entramos a controlar eso”, expresó uno de los voceros.
Los investigadores explican que en las zonas en las que este grupo ejerce un dominio, se le paga al campesino entre dos mil y tres mil pesos por gramo, mientras que la venta de la pasta base a los narcotraficantes, por parte de los CBF, llega a los cuatro mil pesos aproximadamente. El plus de ese comercio es su fuente de financiación y con ello pueden sostener todo el aparato militar que poseen.
Más que una guerra entre Comandos y Farc
Una muestra de las paradojas que plantea la compleja situación de la zona es que, según el relato, la caseta donde se realizaba el bazar convocado por el caserío del Alto Remanso en Puerto Leguízamo, había sido construida como un proyecto de fortalecimiento de infraestructura de los proyectos PDET.
Puerto Leguízamo es el lugar que más cerca está al río Caquetá y al río Putumayo, los dos espacios de control del frente Carolina Ramírez de las Farc y los CBF. “Precisamente el paso de Puerto Leguízamo -La Tagua- ha sido un paso estratégico de mercancías, viajeros y pobladores, y ha motivado la apertura de una trocha y de fincas. Lo que se juega en esta región es clave: este es el único territorio del Putumayo que no ha sido repartido a las petroleras a pesar de que está rodeado por áreas disponibles para su explotación y en exploración”, dice el documento.
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Esa situación explicaría la complejidad del conflicto que se libra en esta región, donde por un lado se sitúan los dos grupos disidentes de las extintas Farc: los Comandos Bolivarianos de Frontera y el Carolina Ramírez y de otro lado, los inversionistas de capital nacional e internacional interesados en la explotación minera. Según este reporte, el departamento está dividido en aproximadamente en 12 bloques petroleros para explotación y alrededor de 30 en exploración.
Y en medio de esta tensión de intereses es la población civil la que más sufre por las consecuencias de la guerra. El reporte, citando datos de Indepaz, señala que en lo va del 2022 en el Putumayo han ocurrido once masacres, todas en los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo, en los que los Comandos de Frontera y el frente Carolina Ramírez libran una guerra sin tregua por los dominios territoriales entre los ríos Caquetá y Putumayo.
Los investigadores mencionaron de manera breve que el tema de la paz también estuvo presente en la conversación con los dos jefes de los CBF: “si el calzón nos da, como decía el Mono Jojoy, seguiremos. La paz tiene que ser completa, debe haber un nuevo acuerdo, pero en el que nos sentemos todos los actores”, consideró uno de sus voceros.
“En Putumayo se libra una guerra entre actores legales e ilegales que rebasa la explicación de la ‘ruta del narcotráfico’. Es una región transnacional colombo ecuatoriana que todavía el Estado colombiano y sus élites son incapaces de comprender y por supuesto de incluir dentro de un proyecto de nación más incluyente”, concluye el reporte.