“Las matan por existir”: así han sido afectadas las personas LGBT en el conflicto
Desde hace décadas, grupos armados ilegales y legales han perseguido, estigmatizado y utilizado a las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas. Hace poco circularon panfletos que amenazan con un “exterminio social”. Colombia Diversa ha trabajado por los derechos de esta población.
El sicario entró por la puerta de la casa de Dania Sharith Polo. Allí la sorprendió, desenfundó su arma y la descargó contra ese cuerpo por el que ella había dado tantas batallas.
Dania era una mujer trans conocida en todo el Caribe colombiano. Le decían La Pola y fue una de las principales lideresas LGBT de los Montes de María. Impulsó el reconocimiento colectivo de las víctimas de esta región y dio su testimonio ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad. Contó los vejámenes que la guerra dejó en su territorio y en las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas. La Pola murió el pasado 12 de mayo, después de estar 12 días en una unidad de cuidados intensivos.
Dos meses antes del asesinato de Dania, el Clan del Golfo —grupo ilegal que controla la región— divulgó un panfleto amenazando a la población LGBT y anunciándole un “exterminio social”, al cual estas personas se han visto sometidas desde hace décadas a manos de todos los grupos armados (legales e ilegales), sin que ningún proceso de paz haya logrado detenerlo.
Puede leer: La barbarie paramilitar que revive el Clan del Golfo en Montes de María
“La discriminación contra las personas LGBT existe desde mucho antes de que iniciara el conflicto armado en Colombia, y es un discurso ya establecido que todos los actores armados usan a su favor. Cometen violencias para castigar, aprovecharse o expulsarlas”, dice María Susana Peralta Ramón, coordinadora del área de Paz y Justicia Transicional de la ONG Colombia Diversa, que lleva casi 20 años luchando por los derechos de esta población con apoyo de la Embajada de Países Bajos.
Aunque desde hace más de cinco décadas se han denunciado estos hechos, rastrear con precisión las afectaciones a las personas LGBT en el conflicto sigue siendo un desafío, pues la información es escasa. ¿Qué hay detrás de los vacíos en la documentación oficial de estas violencias? ¿Cómo han perseguido y utilizado los actores armados a esta población? ¿Se ha avanzado después del Acuerdo de Paz con las FARC?
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La violencia viene de todas partes
Peralta asegura que todos los actores armados ilegales han violentado a lesbianas, gais, bisexuales, transgénero y demás personas de la comunidad LGBT: “Es falso que los paramilitares sí lo hicieron y las guerrillas no. Todos, incluidos el Ejército y la Policía, lo han hecho”. Se trata de una violencia originada en la profunda e histórica discriminación hacia estas personas, que ha llevado a que los actos violentos cometidos en su contra muchas veces no sean repudiados, sino legitimados por las comunidades, que califican a esta población como “indeseable”.
Aunque el accionar de los grupos armados contra las personas LGBT muchas veces derivó en asesinatos, castigos y desplazamientos, Colombia Diversa ha documentado cómo también se seleccionó e instrumentalizó a algunas personas con un patrón de violencia por prejuicio, para ponerlas a su servicio.
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“Dichas actividades eran, primero, servir de informantes o ser señaladas como informantes de organizaciones enemigas con base en el estereotipo de que los “maricas” son por naturaleza chismosos o bochincheros. Segundo, desarrollar actividades feminizadas de cuidado como la cocina, el lavado de ropa o la curación de enfermos en beneficio de los miembros de la organización a partir de la idea estereotipada de que esa es la utilidad de las mujeres trans en particular”, se lee en el informe “¿Quién nos va a contar?”, de la ONG.
Una tercera actividad era “captar y someter para articular redes de trata con fines de explotación sexual de mujeres cisgénero y otras personas LGBT, con base en el estereotipo de que las mujeres transgénero tienen mejores posibilidades de generar confianza con las víctimas y que, por su posición socialmente subordinada, podrán ser descartadas fácilmente cuando su labor ya no sea requerida o haya dificultades con el desarrollo de dichas actividades criminales”, dice el documento, que Colombia Diversa le entregó a la Comisión de la Verdad..
En su Informe final, la Comisión narra cómo desde la década de 1940 se hicieron visibles los casos de personas LGBT que debían mantenerse en la clandestinidad por la persecución. Luego, en el primer período del conflicto armado (1958-1977), esta población siguió siendo criminalizada y patologizada, y cuando se empezó a sumar a movimientos sociales “se agudizó la estigmatización y fueron rotulados como infiltrados de las guerrillas, lo que disparó las detenciones arbitrarias por parte de la Policía”.
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Pero la persecución ocurría incluso en los grupos subversivos. En uno de los documentos rectores de las extintas FARC, de 1966, se establece como delito para los guerrilleros “cualquier actividad que atente contra la moral revolucionaria, contra las costumbres sanas de la gente y que tienda a relajar el prestigio del movimiento ante el pueblo”, aludiendo a la diversidad sexual.
La Comisión de la Verdad encontró que en la década de 1990, con la consolidación de los grupos paramilitares, se incrementó las violencias contra personas LGBT, y se mantuvieron incluso después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006.
Uno de los testimonios recogidos por la entidad muestra la magnitud de lo que tuvo que vivir esta población.
“Cuando se bajaron tenían un brazalete que decía AUC. Comenzaron a golpear a mi papá, a decirle que era sapo de la guerrilla, que era un llevaitrae; y uno de los tipos esos me trató de maricón: ‘Mira, marica hijueputa, tú también. Te vamos a enseñar lo que es ser hombre’. Me golpearon y me llevaron para la parte de atrás del rancho y ahí comenzaron a abusar de mí”, contó un hombre.
De acuerdo con las más de 400 entrevistas a personas LGBT realizadas por la Comisión, las amenazas fueron la modalidad de violencia más frecuente en las víctimas, seguida por el desplazamiento forzado, el exilio, la violencia sexual, la tortura, el atentado, la extorsión y el homicidio.
Lea: Ser trans en la guerra: la historia de una ex-FARC que ocultó su identidad por 20 años
Lo que más preocupa es que aún se siguen registrando estos hechos. “Lo único que cambia es la forma en la que se aplican según los actores armados que los implementen. A las personas LGBT las matan por existir. Los grupos siguen valiéndose de los mismos prejuicios y cometiendo cuanta violencia consideren necesaria”, dice Susana Peralta, de Colombia Diversa.
¿Qué pasa con las cifras?
Pese a la enorme victimización de la población diversa, varios de los hechos que sufrió siguen invisibilizados. Al subregistro producto del miedo y la desconfianza a denunciar se suman unos sistemas de información institucional que no recogen información confiable sobre la identidad de género ni la orientación sexual, y un vacío que persiste en las investigaciones académicas y judiciales.
Según la Unidad para las Víctimas, al menos 5.662 de los más de nueve millones de personas afectadas por el conflicto armado en Colombia son personas LGBTI. La entidad tiene registradas 8.255 victimizaciones contra esta población (4.864 desplazamientos, 1.873 amenazas, 628 casos de violencia sexual y 369 homicidios, entre otras).
Pese a la existencia de estos registros, desde hace más de siete años el Centro Nacional de Memoria Histórica advirtió en su informe “Aniquilar la diferencia” que la metodología usada por la Unidad de Víctimas resulta problemática y corre el riesgo de excluir a los hombres gais, a los trans masculinos, a los hombres bisexuales, a las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales y las mujeres transgénero.
Además: La implementación del enfoque de género en el Acuerdo de Paz es mínima
Colombia Diversa comparte esa crítica y asegura que en varios escenarios las instituciones estatales se niegan a tener en cuenta las cifras de violencia contra población LGBT y las desestiman “por no ser suficientemente robustas o representativas”.
De otro lado, una de las principales preocupaciones es que persiste la impunidad. De acuerdo con la ONG, la Fiscalía General de la Nación reportó que, entre enero de 2020 y julio de 2022, en Colombia había 3.748 procesos penales en los cuales las víctimas eran de la comunidad LGBT.
Al revisar la etapa procesal queda en evidencia el lento avance de los casos. El 90 % de los procesos (3.373) apenas estaba en indagación. Solo 85 casos (el 2 %) estaban en juicio, 43 (1,1 %) en ejecución de penas y 37 (0,9 %) en investigación. En ese mismo período, la Fiscalía registró 445 procesos por homicidios de personas LGBT y 3.666 por amenazas. Hombres gais, mujeres trans y hombres trans fueron las principales víctimas.
Luces y sombras en la JEP
Tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC, en 2016, la expectativa de justicia y verdad entre víctimas LGBT creció, impulsada por la creación de la JEP y su apuesta por esclarecimientos con enfoque de género. Aunque se destacan avances, Colombia Diversa y muchas otras organizaciones sociales han hecho un llamado contundente para que se agilice la apertura del macrocaso 11, que fue anunciado por la Jurisdicción y abordaría hechos de violencia sexual y otros crímenes motivados por género, sexo, orientación o identidad de género.
En otras noticias: ExFARC de Vistahermosa saldrían tras amenazas: “El desplazamiento es inminente”
“La lentitud con el caso no es de ahora, no es porque lo anunciaron hace un año y aún no lo abren, sino que la JEP lleva seis años en funcionamiento y su período es de 10. Este caso, por tratar una violencia que los perpetradores no suelen reconocer, va a tomar un proceso más largo. Dejar de último un proceso más largo tiene efectos discriminatorios en mujeres y personas LGBT y no sabemos nada, solo promesas”, dice la investigadora Susana Peralta.
Sin embargo, reconoce que varias de las investigaciones y decisiones del tribunal transicional “tienen prácticas feministas, con enfoque de género y cuidados apropiados para cada persona participante”. Peralta destaca que en el macrocaso 03 (sobre falsos positivos) se dio un avance histórico, pues en el auto de determinación por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército en Casanare se imputó por primera vez el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género.
Siga leyendo: “Es hora de la justicia para nuestros cuerpos”, el pedido de mujeres en el 25M
Se trata de un pequeño paso para saldar una deuda histórica que el Estado y la sociedad colombiana tienen con las personas LGBT, quienes siguen enfrentándose a la persecución, el hostigamiento y la anulación por parte de los grupos armados. Una violencia que, como sostiene Colombia Diversa en uno de sus informes, demuestra que “en sus cuerpos, en sus identidades y en sus dinámicas sociales se juega un botín que cada actor armado desea reclamar para sí”.
El sicario entró por la puerta de la casa de Dania Sharith Polo. Allí la sorprendió, desenfundó su arma y la descargó contra ese cuerpo por el que ella había dado tantas batallas.
Dania era una mujer trans conocida en todo el Caribe colombiano. Le decían La Pola y fue una de las principales lideresas LGBT de los Montes de María. Impulsó el reconocimiento colectivo de las víctimas de esta región y dio su testimonio ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad. Contó los vejámenes que la guerra dejó en su territorio y en las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas. La Pola murió el pasado 12 de mayo, después de estar 12 días en una unidad de cuidados intensivos.
Dos meses antes del asesinato de Dania, el Clan del Golfo —grupo ilegal que controla la región— divulgó un panfleto amenazando a la población LGBT y anunciándole un “exterminio social”, al cual estas personas se han visto sometidas desde hace décadas a manos de todos los grupos armados (legales e ilegales), sin que ningún proceso de paz haya logrado detenerlo.
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“La discriminación contra las personas LGBT existe desde mucho antes de que iniciara el conflicto armado en Colombia, y es un discurso ya establecido que todos los actores armados usan a su favor. Cometen violencias para castigar, aprovecharse o expulsarlas”, dice María Susana Peralta Ramón, coordinadora del área de Paz y Justicia Transicional de la ONG Colombia Diversa, que lleva casi 20 años luchando por los derechos de esta población con apoyo de la Embajada de Países Bajos.
Aunque desde hace más de cinco décadas se han denunciado estos hechos, rastrear con precisión las afectaciones a las personas LGBT en el conflicto sigue siendo un desafío, pues la información es escasa. ¿Qué hay detrás de los vacíos en la documentación oficial de estas violencias? ¿Cómo han perseguido y utilizado los actores armados a esta población? ¿Se ha avanzado después del Acuerdo de Paz con las FARC?
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La violencia viene de todas partes
Peralta asegura que todos los actores armados ilegales han violentado a lesbianas, gais, bisexuales, transgénero y demás personas de la comunidad LGBT: “Es falso que los paramilitares sí lo hicieron y las guerrillas no. Todos, incluidos el Ejército y la Policía, lo han hecho”. Se trata de una violencia originada en la profunda e histórica discriminación hacia estas personas, que ha llevado a que los actos violentos cometidos en su contra muchas veces no sean repudiados, sino legitimados por las comunidades, que califican a esta población como “indeseable”.
Aunque el accionar de los grupos armados contra las personas LGBT muchas veces derivó en asesinatos, castigos y desplazamientos, Colombia Diversa ha documentado cómo también se seleccionó e instrumentalizó a algunas personas con un patrón de violencia por prejuicio, para ponerlas a su servicio.
Puede ser de su interés: La lucha LGBT por la justicia en medio del conflicto
“Dichas actividades eran, primero, servir de informantes o ser señaladas como informantes de organizaciones enemigas con base en el estereotipo de que los “maricas” son por naturaleza chismosos o bochincheros. Segundo, desarrollar actividades feminizadas de cuidado como la cocina, el lavado de ropa o la curación de enfermos en beneficio de los miembros de la organización a partir de la idea estereotipada de que esa es la utilidad de las mujeres trans en particular”, se lee en el informe “¿Quién nos va a contar?”, de la ONG.
Una tercera actividad era “captar y someter para articular redes de trata con fines de explotación sexual de mujeres cisgénero y otras personas LGBT, con base en el estereotipo de que las mujeres transgénero tienen mejores posibilidades de generar confianza con las víctimas y que, por su posición socialmente subordinada, podrán ser descartadas fácilmente cuando su labor ya no sea requerida o haya dificultades con el desarrollo de dichas actividades criminales”, dice el documento, que Colombia Diversa le entregó a la Comisión de la Verdad..
En su Informe final, la Comisión narra cómo desde la década de 1940 se hicieron visibles los casos de personas LGBT que debían mantenerse en la clandestinidad por la persecución. Luego, en el primer período del conflicto armado (1958-1977), esta población siguió siendo criminalizada y patologizada, y cuando se empezó a sumar a movimientos sociales “se agudizó la estigmatización y fueron rotulados como infiltrados de las guerrillas, lo que disparó las detenciones arbitrarias por parte de la Policía”.
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Pero la persecución ocurría incluso en los grupos subversivos. En uno de los documentos rectores de las extintas FARC, de 1966, se establece como delito para los guerrilleros “cualquier actividad que atente contra la moral revolucionaria, contra las costumbres sanas de la gente y que tienda a relajar el prestigio del movimiento ante el pueblo”, aludiendo a la diversidad sexual.
La Comisión de la Verdad encontró que en la década de 1990, con la consolidación de los grupos paramilitares, se incrementó las violencias contra personas LGBT, y se mantuvieron incluso después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006.
Uno de los testimonios recogidos por la entidad muestra la magnitud de lo que tuvo que vivir esta población.
“Cuando se bajaron tenían un brazalete que decía AUC. Comenzaron a golpear a mi papá, a decirle que era sapo de la guerrilla, que era un llevaitrae; y uno de los tipos esos me trató de maricón: ‘Mira, marica hijueputa, tú también. Te vamos a enseñar lo que es ser hombre’. Me golpearon y me llevaron para la parte de atrás del rancho y ahí comenzaron a abusar de mí”, contó un hombre.
De acuerdo con las más de 400 entrevistas a personas LGBT realizadas por la Comisión, las amenazas fueron la modalidad de violencia más frecuente en las víctimas, seguida por el desplazamiento forzado, el exilio, la violencia sexual, la tortura, el atentado, la extorsión y el homicidio.
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Lo que más preocupa es que aún se siguen registrando estos hechos. “Lo único que cambia es la forma en la que se aplican según los actores armados que los implementen. A las personas LGBT las matan por existir. Los grupos siguen valiéndose de los mismos prejuicios y cometiendo cuanta violencia consideren necesaria”, dice Susana Peralta, de Colombia Diversa.
¿Qué pasa con las cifras?
Pese a la enorme victimización de la población diversa, varios de los hechos que sufrió siguen invisibilizados. Al subregistro producto del miedo y la desconfianza a denunciar se suman unos sistemas de información institucional que no recogen información confiable sobre la identidad de género ni la orientación sexual, y un vacío que persiste en las investigaciones académicas y judiciales.
Según la Unidad para las Víctimas, al menos 5.662 de los más de nueve millones de personas afectadas por el conflicto armado en Colombia son personas LGBTI. La entidad tiene registradas 8.255 victimizaciones contra esta población (4.864 desplazamientos, 1.873 amenazas, 628 casos de violencia sexual y 369 homicidios, entre otras).
Pese a la existencia de estos registros, desde hace más de siete años el Centro Nacional de Memoria Histórica advirtió en su informe “Aniquilar la diferencia” que la metodología usada por la Unidad de Víctimas resulta problemática y corre el riesgo de excluir a los hombres gais, a los trans masculinos, a los hombres bisexuales, a las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales y las mujeres transgénero.
Además: La implementación del enfoque de género en el Acuerdo de Paz es mínima
Colombia Diversa comparte esa crítica y asegura que en varios escenarios las instituciones estatales se niegan a tener en cuenta las cifras de violencia contra población LGBT y las desestiman “por no ser suficientemente robustas o representativas”.
De otro lado, una de las principales preocupaciones es que persiste la impunidad. De acuerdo con la ONG, la Fiscalía General de la Nación reportó que, entre enero de 2020 y julio de 2022, en Colombia había 3.748 procesos penales en los cuales las víctimas eran de la comunidad LGBT.
Al revisar la etapa procesal queda en evidencia el lento avance de los casos. El 90 % de los procesos (3.373) apenas estaba en indagación. Solo 85 casos (el 2 %) estaban en juicio, 43 (1,1 %) en ejecución de penas y 37 (0,9 %) en investigación. En ese mismo período, la Fiscalía registró 445 procesos por homicidios de personas LGBT y 3.666 por amenazas. Hombres gais, mujeres trans y hombres trans fueron las principales víctimas.
Luces y sombras en la JEP
Tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC, en 2016, la expectativa de justicia y verdad entre víctimas LGBT creció, impulsada por la creación de la JEP y su apuesta por esclarecimientos con enfoque de género. Aunque se destacan avances, Colombia Diversa y muchas otras organizaciones sociales han hecho un llamado contundente para que se agilice la apertura del macrocaso 11, que fue anunciado por la Jurisdicción y abordaría hechos de violencia sexual y otros crímenes motivados por género, sexo, orientación o identidad de género.
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“La lentitud con el caso no es de ahora, no es porque lo anunciaron hace un año y aún no lo abren, sino que la JEP lleva seis años en funcionamiento y su período es de 10. Este caso, por tratar una violencia que los perpetradores no suelen reconocer, va a tomar un proceso más largo. Dejar de último un proceso más largo tiene efectos discriminatorios en mujeres y personas LGBT y no sabemos nada, solo promesas”, dice la investigadora Susana Peralta.
Sin embargo, reconoce que varias de las investigaciones y decisiones del tribunal transicional “tienen prácticas feministas, con enfoque de género y cuidados apropiados para cada persona participante”. Peralta destaca que en el macrocaso 03 (sobre falsos positivos) se dio un avance histórico, pues en el auto de determinación por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército en Casanare se imputó por primera vez el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género.
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Se trata de un pequeño paso para saldar una deuda histórica que el Estado y la sociedad colombiana tienen con las personas LGBT, quienes siguen enfrentándose a la persecución, el hostigamiento y la anulación por parte de los grupos armados. Una violencia que, como sostiene Colombia Diversa en uno de sus informes, demuestra que “en sus cuerpos, en sus identidades y en sus dinámicas sociales se juega un botín que cada actor armado desea reclamar para sí”.