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La comunidad de paz de San José de Apartadó (Antioquia) no se ha podido quitar la guerra de encima. Desde su declaración como territorio neutral en el conflicto armado, el 23 de marzo de 1997, unos 500 campesinos de 17 veredas decidieron que en sus hogares no habría armas, no se bebería alcohol, no se sembrarían cultivos para uso ilícito y no se manipularía ni se entregaría información a ninguna de las partes beligerantes. Decidieron que la guerra no haría parte de sus vidas. Sin embargo, los violentos se niegan a dejarlos en paz.
El viernes 29 de diciembre, miembros de la comunidad denunciaron la incursión paramilitar en su territorio. Un hombre llegó al asentamiento central San Josecito con el pretexto de venderles cacao, pero su verdadera intención era cerciorarse de la presencia de Germán Graciano Posso, representante legal de la comunidad de paz. Minutos más tarde llegaron tres hombres más, a quienes identificaron como alias Felipe, alias Arcadio y alias Ricardo David y quienes serían altos mandos paramilitares de la zona.
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Los habitantes relatan que entraron con armas a la bodega en la que la comunidad comercializa el cacao y amenazaron de muerte a los presentes. Con lo que no contaron fue la reacción de algunos miembros, que en un forcejeo lograron desarmar a uno de los ilegales y posteriormente inmovilizar a dos de ellos, identificados como Ricardo Cardona Higuita y Humberto Londoño Úsuga. Al día siguiente fueron entregados al CTI de la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, queda la alerta en una comunidad que ha denunciado sistemáticamente la presencia paramilitar en la zona y que, al parecer, sólo obtuvo la atención del Estado cuando estuvieron a punto de matar a su representante legal.
Sólo en el mes de diciembre, en su página web, la comunidad de paz denunció por lo menos cuatro veces el merodeo de personas que pertenecerían a grupos paramilitares que operan en la región. Según cuentan los pobladores, el 15 de diciembre un hombre llegó en traje de civil a la finca Casa Roja y manifestó su deseo de pasar la noche, pero, ante la negativa de un miembro de la comunidad, “el paramilitar tuvo que retirarse”. Al día siguiente, de acuerdo con las denuncias, varios paramilitares con brazaletes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) llegaron sobre caballos y con armas largas. “En efecto, un paramilitar en traje civil había ingresado a la aldea de paz en horas de la mañana y había preguntado por la ubicación de tiendas, pero el mismo personaje fue visto armado y uniformado un poco más tarde, junto con los demás paramilitares que se movilizaban en bestias. Luego se supo que estaban convocando una reunión en Mulatos Cabecera y de hecho la realizaron”, señala la denuncia.
En la reunión habrían hablado de proyectos del Estado que se debían aprovechar, obsequiaron regalos a los niños de la vereda y se fueron dejando la promesa de volver con más regalos y organizar una fiesta. Posteriormente se conocería de un plan de las redes paramilitares que tendría el fin de “eliminar” a Germán Graciano Posso y que además estaría buscando informantes dentro de la comunidad y persuadiendo a jóvenes para vincularlos a las actividades delictivas, ofreciendo, de entrega, un arma y $700.000 como incentivo.
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Historias similares se repitieron durante octubre y noviembre. De hecho, a las 10 de la mañana del 26 de noviembre, la comunidad denunció un atentado a bala en contra de Juan de la Cruz Guzmán Sucerquia, quien ya había sido desplazado de manera forzada por paramilitares en 2015 y cuyo padre fue asesinado “en la vereda Playa Larga el 21 de septiembre de 2015 por negarse a venderles su finca”. Las denuncias por parte de la comunidad de paz de San José de Apartadó se registran, incluso, desde junio del año pasado, dejando claro que el paramilitarismo que impera en el Urabá antioqueño sigue siendo uno de los mayores flagelos para los habitantes.
La Defensoría del Pueblo rechazó el reciente atentado en contra de la comunidad y, particularmente, del líder Germán Graciano Posso, al tiempo que pidió una investigación rápida y garantías se seguridad urgente. La comunidad señaló que el vicepresidente, Óscar Naranjo, está al tanto de la situación, por lo que sólo espera que su seguridad sea una de las prioridades del Gobierno Nacional en el arranque de 2018.