Comunidades de Hidroituango, otra vez de luto

Todos hablan sobre Hugo Albeiro George en presente. Sus compañeros del Movimiento Ríos Vivos lo esperaron ayer en el plantón que organizaron en Puerto Valdivia (Antioquia) en protesta por los riesgos asociados con la obstrucción del túnel de Hidroituango y, según ellos, “el silencio de Empresas Públicas de Medellín (EPM)”. Pero George nunca asistió a la cita. Hacia las 11:00 a.m., de camino al lugar de la movilización, un hombre lo asesinó a tiros. A él y a su sobrino de 23 años, Domar Egidio Zapata.

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Ambos compartían un refresco en una cafetería del municipio, a dos cuadras del Comando de la Policía. Un testigo, quien prefirió guardar su identidad, le dijo a El Espectador que el hombre que los atacó no estaba encapuchado, que no murmuró palabra y que, después de disparar, huyó en una motocicleta. La escena del crimen no fue acordonada y los dos cuerpos fueron levantados por las autoridades minutos más tarde.

Hugo Albeiro George tenía 47 años, todos vividos en esta región del bajo Cauca antioqueño. Sembraba árboles maderables, arriaba ganado y cultivaba fríjol, maíz y arroz orgánico para el autoconsumo. A veces barequeaba con su esposa Lucirian en el río y la acompañaba a pescar. Con ello alimentaban una extensa familia de 12 hijos. La mayoría de ellos aún menores de edad.

Todos los miembros de la familia George, contando tíos y primos, suman más de 50 personas. Han habitado desde hace décadas una extensa finca de la vereda Filadelfia, en el municipio de Ituango. Esas tierras, bautizadas Manzanares, fueron cruzadas por la vía que construyó EPM para el paso de maquinaria hacia la represa Hidroituango, el proyecto hidroeléctrico más grande del país.

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Esa carretera les trajo un sinfín de problemas. Por ella, dicen, perdieron siembras forestales, varias de sus reses murieron al caer por los barrancos de la vía y varios caminos de herradura que ellos mismos habían hecho desaparecieron.

La situación motivó a Hugo y a 28 familias que comparten su apellido a organizarse como la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos ASVAM El Aro. El nombre se debe a que esta comunidad ya había sido desplazada por el conflicto armado, resistiendo en carne propia las masacres perpetradas en la región, como la de El Aro, ocurrida hace 21 años a manos de paramilitares.

Los George se habían sumado al Movimiento Ríos Vivos, una organización en la que, hasta ahora, se reportan tres miembros asesinados. De acuerdo con una de sus integrantes, Isabel Cristina Zuleta, “el proyecto Hidroituango ha cambiado las dinámicas de la zona. No sólo es la muerte de Hugo como uno de los líderes reclamantes por las afectaciones de la hidroeléctrica, sino el aumento de la violencia en la región”.

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Esa percepción está sustentada por la denuncia de la Defensoría del Pueblo hecha hace un mes. “El norte de Antioquia se encuentra bajo una grave situación debido a los combates de grupos armados ilegales que han causado desplazamientos masivos y el incremento de homicidios en lo que va del año”, señaló el organismo.

Para Zuleta, el lío es que la Fuerza Pública se ha concentrado en proteger la seguridad de la obra, descuidando la de la ciudadanía. “Nos están abandonando a nuestra suerte”, sostuvo la líder, quien insiste en que el Gobierno debe implementar el Plan de Prevención y Protección colectivo propuesto por el mismo movimiento desde 2012, año en que empezaron a sentir las amenazas.

Por el lado de EPM, la empresa ha insistido en que su prioridad es proteger a las comunidades alrededor del proyecto. De ahí que la urgencia actual sea evacuar el agua represada en uno de sus túneles. Un proceso que, lamentan, puede tardar varios días.

Todos hablan sobre Hugo Albeiro George en presente. Sus compañeros del Movimiento Ríos Vivos lo esperaron ayer en el plantón que organizaron en Puerto Valdivia (Antioquia) en protesta por los riesgos asociados con la obstrucción del túnel de Hidroituango y, según ellos, “el silencio de Empresas Públicas de Medellín (EPM)”. Pero George nunca asistió a la cita. Hacia las 11:00 a.m., de camino al lugar de la movilización, un hombre lo asesinó a tiros. A él y a su sobrino de 23 años, Domar Egidio Zapata.

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Ambos compartían un refresco en una cafetería del municipio, a dos cuadras del Comando de la Policía. Un testigo, quien prefirió guardar su identidad, le dijo a El Espectador que el hombre que los atacó no estaba encapuchado, que no murmuró palabra y que, después de disparar, huyó en una motocicleta. La escena del crimen no fue acordonada y los dos cuerpos fueron levantados por las autoridades minutos más tarde.

Hugo Albeiro George tenía 47 años, todos vividos en esta región del bajo Cauca antioqueño. Sembraba árboles maderables, arriaba ganado y cultivaba fríjol, maíz y arroz orgánico para el autoconsumo. A veces barequeaba con su esposa Lucirian en el río y la acompañaba a pescar. Con ello alimentaban una extensa familia de 12 hijos. La mayoría de ellos aún menores de edad.

Todos los miembros de la familia George, contando tíos y primos, suman más de 50 personas. Han habitado desde hace décadas una extensa finca de la vereda Filadelfia, en el municipio de Ituango. Esas tierras, bautizadas Manzanares, fueron cruzadas por la vía que construyó EPM para el paso de maquinaria hacia la represa Hidroituango, el proyecto hidroeléctrico más grande del país.

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La situación motivó a Hugo y a 28 familias que comparten su apellido a organizarse como la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos ASVAM El Aro. El nombre se debe a que esta comunidad ya había sido desplazada por el conflicto armado, resistiendo en carne propia las masacres perpetradas en la región, como la de El Aro, ocurrida hace 21 años a manos de paramilitares.

Los George se habían sumado al Movimiento Ríos Vivos, una organización en la que, hasta ahora, se reportan tres miembros asesinados. De acuerdo con una de sus integrantes, Isabel Cristina Zuleta, “el proyecto Hidroituango ha cambiado las dinámicas de la zona. No sólo es la muerte de Hugo como uno de los líderes reclamantes por las afectaciones de la hidroeléctrica, sino el aumento de la violencia en la región”.

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Esa percepción está sustentada por la denuncia de la Defensoría del Pueblo hecha hace un mes. “El norte de Antioquia se encuentra bajo una grave situación debido a los combates de grupos armados ilegales que han causado desplazamientos masivos y el incremento de homicidios en lo que va del año”, señaló el organismo.

Para Zuleta, el lío es que la Fuerza Pública se ha concentrado en proteger la seguridad de la obra, descuidando la de la ciudadanía. “Nos están abandonando a nuestra suerte”, sostuvo la líder, quien insiste en que el Gobierno debe implementar el Plan de Prevención y Protección colectivo propuesto por el mismo movimiento desde 2012, año en que empezaron a sentir las amenazas.

Por el lado de EPM, la empresa ha insistido en que su prioridad es proteger a las comunidades alrededor del proyecto. De ahí que la urgencia actual sea evacuar el agua represada en uno de sus túneles. Un proceso que, lamentan, puede tardar varios días.