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El asesinato de José Vianey Gaviria, fiscal de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio El Jardín, en el corregimiento de Unión Peneya, ubicado en La Montañita (Caquetá), perpetrado el pasado 25 de julio, fue una muestra más de que en ese departamento hay una seguidilla sistemática de violencia homicida y amenazas de muerte dirigidas a líderes comunales, campesinos, profesores rurales, firmantes de paz y actores políticos.
El mismo día del crimen de Gaviria, tres hombres fueron masacrados en la vía que conecta a La Montañita con Milán, y la única respuesta (que no ha cambiado hasta la fecha de publicación de este artículo) por parte de la Sexta División del Ejército, brazo de las fuerzas militares con jurisdicción en esa zona, es que las víctimas “no eran del departamento y seguramente están relacionados con temas de narcotráfico”.
En municipios como Florencia, Cartagena del Chairá, Solano o San Vicente del Caguán, lugar en el que fueron masacradas cinco personas el 27 de junio de 2021, han prevalecido a lo largo de estas últimas semanas sensaciones de terror, similares o más escalofriantes que las vividas durante la peor época del conflicto armado. Muchas voces locales le atribuyen esta ola de violencia a la guerra a muerte que tiene la disidencia de Gentil Duarte con la autodenominada Segunda Marquetalia. Otros tantos ponen como autores intelectuales de estos hechos a otros actores armados, incluyendo grupos delincuenciales organizados, que con el uso de la tercerización de crímenes pueden actuar a su gusto y dejando casi ningún rastro.
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Lo cierto es que hoy muchos liderazgos desde el Caquetá se tienen que hacer hasta con mecanismos de autocensura para no correr peligro de muerte. Al menos así ve la situación Rosemary Betancourt, presidenta de la Federación Comunal de Caquetá, quien sentencia que “el riesgo de ser líder en esta región siempre ha sido difícil, pero ahora está peor”.
A la vocera comunal le preocupa de sobremanera que las autoridades locales no intervienen en su seguridad y la de sus compañeros a sabiendas del riesgo constante en el que viven. “Estamos en un ciclo interminable. En Cartagena del Chairá se ven a diario paramilitares disfrazados entre los vecinos, como en los años de Castaño (se refiere a Carlos, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia). Las llamadas Águilas Negras mantienen sus panfletos dirigidos a un sinnúmero de campesinos y comunales de municipios en Caquetá y las disidencias están presentes y dispuestos a atentar contra rostros visibles en las poblaciones”, agrega.
Con este panorama turbio, lo que más les preocupa a Betancourt y a distintos líderes de Asojuntas Caquetá consultados por este diario, pero quienes pidieron reserva de identidad, es que la Unidad Nacional de Protección (UNP) no les ha generado certezas sobre un esquema de seguridad y pese a denunciar ante la Fiscalía amenazas de todos los tipos, no hallan respuesta.
“Los armados no nos quieren ver a los líderes con esquemas de seguridad en “sus áreas” porque nos volvemos objetivo militar. La UNP no da respuestas pese a sucesos como el atentado que recibió Ramiro Olaya, de una JAC en la vereda Aguazul, en El Paujil. Por fortuna eso no pasó a mayores, pero fue una muestra de que si nos dejan solos, podemos esperar lo peor”, advierte Rosemary Betancourt.
Una sensación similar la tiene Lorena*, exdiputada del departamento en periodos pasados, quien le cuenta a Colombia+20 que las formas de amenazar a los líderes desde Florencia hasta Solano varían entre llamadas desde la cárcel Las Heliconias, en la capital departamental, y avisos hechos a mano que dejan en las puertas de sus casas.
“Como a muchos otros aquí, no me han puesto cuidado con las medidas básicas de seguridad. Me he ganado líos con gente de la Gentil Duarte por defender a los campesinos que son estigmatizados por ellos y aún así recibo más de lo mismo: demoras de las instituciones competentes. A pesar de lo positivo que puede llegar a ser el Acuerdo de Paz, al día de hoy seguimos desconociendo en el Caquetá que las víctimas están en la ruralidad y los cuidados principales que debería tener el campo se ignoran por completo”, añade la exlideresa política.
Atentados que no son aleatorios
La Policía de Caquetá aún no encuentra a los autores intelectuales de una masacre en la que fueron asesinadas tres personas en zona rural de San José del Fragua, el pasado 26 de julio. De hecho, en su momento, el coronel Óscar Lamprea, comandante de esta fuerza policial, señaló en un comunicado público que este hecho fue un caso aislado y que manejaba la hipótesis de que se trataba de un ajuste de cuentas, lejos de una causa asociada a que las víctimas ejercieran algún liderazgo social.
A partir de este episodio, el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos en Caquetá alzó su voz más que nunca para alertarle al país de que en esa zona la violencia criminal está disparada y sin freno. Miembros de esta organización sugirieron que “lo que se ve hoy es producto de la llegada masiva de estructuras paramilitares desde 2017”, situación que, según ellos, se conjuga con confrontaciones entre ellos y grupos residuales de las antiguas Farc.
Sebastián*, líder campesino en el municipio de Solano, insiste en que las causas de la situación actual de violencia en el Caquetá tiene como orígenes los resultados electorales del plebiscito por la paz de 2016. En ese entonces, 11 de los 16 municipios caqueteños votaron “no” y según este campesino, “desde allí quedaron rencillas entre la misma gente que son difíciles de lidiar y que ante momentos de tensión como el que vivimos ahora, nada detiene a los armados. No es casualidad que una gran cantidad de atentados sea en contra de defensores del Acuerdo, especialmente aquellos que sustituyen cultivos de uso ilícito. Las disidencias y los paramilitares quieren funcionar como una especie de autoridad represiva que actúa sin medir consecuencias ante aquellos que no quieren más violencia”.
De hecho, la defensa de la vida y de la implementación del Acuerdo de Paz fue lo que líderes locales, como Rosemary Betancourt o Diego Chilatra, líder juvenil del Chairá, indican como causas del secuestro del caficultor Dagoberto Giraldo Henao, quien fue raptado el pasado 7 de julio cuando fungía como presidente de la JAC Berlín, en El Doncello. Hasta hoy se desconoce su paradero.
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Los líderes sociales no son los únicos defensores del Acuerdo que han sido amenazados en Caquetá. El pasado 9 de agosto, cinco docentes del programa Méritos del Posconflicto denunciaron amenazas contra su vida por medio de panfletos, las cuales, de acuerdo con el periodista Óscar Neira, se deben a que “disidencias de las Farc creen que su nombramiento fue por pura politiquería”. Por directriz del Acuerdo de Paz, estos maestros llegaron allí para impulsar y defender la educación rural en los territorios más afectados por la guerra.
La UNP ya está notificada de esta situación y, de acuerdo con Yoana Peña, secretaria de Educación de Caquetá, “preocupa la situación de los docentes y se evaluará si para proteger su integridad deben salir de Florencia y regresar a sus sitios de origen”.
Un tiro al aire: la sensación de ser firmante de paz en Caquetá
La vida de Hernán Estiven Vásquez Gutiérrez la apagaron los violentos el pasado martes 10 de agosto. El firmante de paz, quien estudiaba medicina en La Habana (Cuba), se encontraba de licencia en El Paujil, hasta donde llegaron hombres armados, aún sin identificar, para asesinarlo y dejar su cuerpo en la vereda La Concordia.
Vásquez, quien hizo su transición a la vida civil en la zona veredal Heiler Mosquera, en Puerto Asís (Putumayo), es el excombatiente número 281 que es asesinado desde la firma del Acuerdo de Paz y el 25 en Caquetá. Voceros del partido Comunes en el departamento insisten en que este panorama es desolador e insostenible, por más de que “autoridades nacionales quieran maquillar cifras y desviar atenciones”, haciendo alusión a que a comienzos de este mes la Consejería de Estabilización y Normalización confirmó que el Caquetá ha recibido a la fecha $51.391 millones de pesos en recursos del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Federico Montes, dirigente de Comunes en el Caquetá, afirma que es muy doloroso que a casi cinco años del Acuerdo de Paz sigan persistiendo las mismas violencias contra los firmantes sin que poco o nada se haga. “A la fecha más del 90% de los asesinatos contra firmantes no se han esclarecido y a cambio nos dan un discurso justificante que no ayuda a nada. Por conocimiento de causa puedo decir que un excombatiente en Caquetá que esté amenazado puede pasar de siete a 10 días al mes sin ninguna medida de protección que lo cobije”, explica Montes.
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Además, lamenta que ninguna campaña para detener la violencia contra firmantes de paz ha cesado el uso de armas contra su integridad: “Desde la peregrinación por la vida y la paz han sido asesinados 35 compañeros. Hemos discutido sobre todo esto en la CSIVI, hemos hablado con todos los sectores políticos y nada es suficiente”.
El caso de Hernán Vásquez es el quinto asesinato de un excombatiente de las extintas Farc en el Caquetá, en lo corrido de 2021. En abril fueron asesinados cuatro firmantes en Cartagena del Chairá y si bien su autoría intelectual se le atribuye en las hipótesis al frente Edison Cinco Mil, de la disidencia del Bloque Oriental, no hay certeza de su autoría.
Desde Comunes temen que esta ola de violencia genere que personas reincorporadas en el Caquetá pierdan ímpetu en sus apuestas por la paz y puedan retornar a las armas, por miedo a perder sus vidas en la legalidad. Los homicidas en esa zona del país están al acecho y los liderazgos comunitarios, campesinos y creyentes en la construcción de paz necesitan respaldo más que nunca.
*Cambio en el nombre de la fuente, a petición expresa del entrevistado
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