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“Acá nunca había tenido miedo porque siempre estaba con mis 27 policías”, dice Rosaura*, una lideresa de la ranchería Paradero, zona rural de Albania (La Guajira), cuando se le pregunta cómo se protege la comunidad de mujeres de esta zona que bordea el río Ranchería, a la altura del arroyo Bruno, uno de los pocos afluentes que sobreviven a las explotaciones mineras de la región. Antes, reitera, no temía denunciar las intimidaciones contra ella y su familia, pero ahora prefiere reservar su nombre porque ya no tiene a sus guardianes con ella: “Teníamos 27 perros que siempre nos alertaban quién entraba a la ranchería, que ladraban cuando olían el peligro o que simplemente nos protegían porque eran bravos, pero poco a poco los han ido envenenando. Ya sólo quedan cuatro”.
La ranchería de Paradero, a 13 kilómetros del casco urbano, es una de las más pequeñas del municipio de Albania. Allí viven 23 personas, en su mayoría mujeres del pueblo indígena wayúu, que se encargan de proteger el afluente del río Paradero y que viven de las artesanías. En este territorio históricamente ha habido presencia de la guerrilla del Eln y, en los últimos cinco años, según sus habitantes, se ha fortalecido la presencia de las Agc y del grupo paramilitar Conquistadores de La Guajira. Sin embargo, las mujeres advierten que no pueden asegurar que sean miembros de estos grupos: “Todos los episodios de hostigamientos que hemos tenido han sido por parte de hombres armados vestidos de civil”, explica.
El más reciente hecho ocurrió en la tarde del pasado 4 de septiembre, cuando un hombre armado ingresó al territorio ancestral sin identificarse con la excusa de estar esperando a una de las mujeres de la comunidad. “Pasaron las horas y nadie salía. Entre nosotras nos conocemos y sabíamos que no era posible que estuviera ahí por esa razón. Entonces luego él cambió la versión, dijo que era el sargento Moreno del Ejército y que estaba allí por una misión”.
Otra mujer, integrante del colectivo Fuerza Mujeres Wayúu y quien acompaña los procesos de esa población, explica que no es la primera vez que hombres armados entran a la ranchería de forma sospechosa “como si fueran a vigilar las actividades de las indígenas”. De hecho, en mayo, cuando un grupo de ellas se transportaba hacia el caso urbano en Albania, dos hombres motorizados decidieron “acompañarlas” en el camino. Y el 24 de ese mismo mes, precisamente, fueron asesinados dos familiares de la lideresa de Paradero en la vía que comunica los municipios de Maicao con Albania. “Pero nadie dice nada”, reclama.
Para las mujeres de Paradero, la situación de riesgo se ha agudizado, especialmente, desde mediados de octubre de 2020, cuando los perros guardianes de la ranchería aparecieron muertos. “Con el primer caso pensamos que era un hecho aislado, pero es que en menos de un año ya han matado 24 de nuestros perros, ya hay un patrón”, agrega la lideresa de Paradero. Aunque esos hechos no han sido denunciados ante las autoridades, según ella, porque “falta que la justicia implemente de verdad el enfoque diferencial. Cuando una persona indígena va a denunciar que le han envenenando sus perros, eso para ellos no significa ningún riesgo”.
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Desde el colectivo Fuerza Mujeres Wayúu explican que la tenencia de animales como los perros para la protección de las rancherías es una medida autóctona de la comunidad indígena. “Los perros son parte de nosotros, de nuestra cultura, muchas veces la seguridad de una comunidad se mide por la cantidad de animales que tengan, porque eso va de la mano con nuestra práctica ancestral y espiritual de protección. Para los y las wayúu el hecho de que le asesinen un animal es una falta gravísima, es un atentado contra la persona y contra su familia”, dice Rosaura.
A diferencia de la otras comunidades, en la cultura wayúu las mujeres son quienes cargan la responsabilidad de proteger a los hombres y cuidar el territorio. Cuando hay riesgos, por ejemplo, son las encargadas de quedarse para velar por la seguridad y resistir a la tensión, mientras la mayoría de los desplazamientos deben encabezarlos los varones. “La mayoría de las acciones en las comunidades étnicas son contra las mujeres, usualmente los grupos armados amenazan primero a sus hijos o lo hacen contra lo que representa la ancestralidad de la comunidad, como los animales o los lugares sagrados”, expresa una defensora de derechos humanos en Maicao.
Son ellas quienes estipulan las medidas de autoprotección para velar por la seguridad. En el caso de las mujeres de Paradero, por ejemplo, dicen que es a través de los sueños que logran entender las acciones que deben emprender. Sin embargo, el uso de plantas medicinales, como el Anamú, también contribuyen a armonizar el territorio y protegerlo desde la espiritualidad.
La lideresa de Fuerza Mujeres Wayúu cuenta que, aunque han denunciado ante la Fiscalía hostigamientos e intimidaciones en su contra, en ninguno de los casos se ha tenido en cuenta la condición étnica de las indígenas para el respaldo de seguridad. “En el caso de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por ejemplo, a nosotras no nos sirve tener un chaleco antibalas o un escolta para la protección, cuando lo que necesitamos son herramientas de nuestro gobierno propio que nos protejan”. Este diario se comunicó con la UNP para conocer si hay denuncias o medidas de seguridad en este territorio, pero hasta la publicación de esta nota, el proceso seguía en trámite.
Lo más grave es que las amenazas y hostigamientos son de vieja data. En el informe Afectaciones e impactos del conflicto armado en La Guajira entre el 2000-2015, que entregaron las mujeres indígenas wayúu a la Comisión de la Verdad, el 23 de diciembre de 2020, aseguran que la guerra en su territorio ancestral ha sido evidente, sobre todo, por las violencias simbólicas contra sus costumbres y conexión con la naturaleza. “Los grupos armados sí han sabido entender lo que significa para una comunidad sus símbolos y por eso las han atacado desde ahí, pero las autoridades no lo han dimensionado”, agrega la vocera de Fuerza Mujeres.
Allí documentan, por ejemplo, que la falta de acceso a sitios sagrados para los wayúu, como los afluentes, por las incursiones constantes de grupos armados “ha hecho que ahora tengamos sequía, hambre y desconexión espiritual por la desarmonización del territorio”. Eso también lo menciona Rosaura, quien advierte que, desde enero de este año, por las incursiones mineras de las multinacionales, apenas quedan dos arroyos vivos de los más de diez que tenía esa comunidad. “Sin agua nosotros tenemos desnutrición y eso hace que nos veamos obligados a desplazarnos, abandonar el territorio y buscar el agua en otras comunidades. En esas búsquedas también nos hemos sentido hostigadas”.
Por el trabajo que ha hecho la organización de alertar los riesgos en el territorio para las mujeres indígenas, el 29 de abril y el 7 de mayo del 2019, recibieron dos panfletos firmados por las “Águilas Negras” en las que las amenazaban de muerte. Aunque no se han presentado casos de amenazas individuales, “los hostigamientos a los pueblos étnicos son igual que su cosmovisión: colectivos y simbólicos”. Rosa María Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, señala que, aunque han acompañado a la comunidad desde hace más de cinco años y han documentado amenazas colectivas al territorio antes, esta es la primera vez que deciden hacer una denuncia pública por la gravedad de los hechos que vienen sucediendo y su sistematicidad.
Según la Red Nacional de Bancos de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep, entre 2018 y 2020, se presentaron dos casos de amenazas directas, a través de panfletos, contra miembros que residían en Paradero. La Defensoría del Pueblo, por su parte, reportó que, desde 2014 a 2020, se han presentado, en promedio por año, ocho atentados terroristas con artefactos explosivos en la zona donde está la línea férrea de la empresa Cerrejón, que permite el libre desplazamiento de las rancherías del arroyo Bruno a casco urbano. Según Rosaura, este año van más de 15 de esos casos que atemorizan la comunidad y mantienen la zozobra en la zona.
De hecho, Edinson Gil Pinto, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Albania, dice que no hay ninguna estrategia de seguridad en marcha en esta zona rural porque “en el despacho no tenemos ninguna denuncia relacionada con riesgos para la ranchería de Paradero”. Según el funcionario, tampoco tienen registro de grupos armados ilegales que operen en esa zona “porque no se han presentado enfrentamientos ahí, así que todos son comentarios”. También niega tener reportes de amenazas contra las mujeres: “Lo importante cuando pasan esas cosas es que acudan a la autoridad, pero estoy viendo es que nos están dejando de últimos”.
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La lucha por el agua
Históricamente la otra problemática del territorio ha sido entre las comunidades étnicas con las multinacionales mineras como El Cerrejón, que opera en zona fronteriza con Venezuela en las zonas de Albania, Cuestecita, Hatonuevo, Pozohondo, Barrancas, Tigrepozo y Patilla. En el caso de Paradero ha sido específicamente por el arroyo Bruno sobre el que recae la sentencia 698 del 2017 de la Corte Constitucional, que busca proteger de manera provisional el arroyo para determinar qué hacer con su cauce y mientras se negociaba con la comunidad étnica; empero, las mujeres consultadas por este medio afirman que la empresa no escucha sus peticiones sino que “como no tenemos un diploma o no somos expertas en algún tema, nuestra palabra no vale para ellos”.
Sobre este tema, Juan Carlos García Otero, gerente de Asuntos Sociales de Cerrejón, considera que la empresa “mantiene un relacionamiento permanente y cercano con los miembros de la comunidad de Paradero desde hace muchos años. Este ha incluido diferentes proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Paradero, al igual que con otras comunidades vecinas, con programas para promover el acceso al agua, a la educación, a la salud y, recientemente, la entrega de ayudas humanitarias durante la pandemia provocada por el COVID-19″.
Por su parte, las organizaciones Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), el Censat Agua Viva y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) alertaron el 9 de septiembre que, pese a la sentencia en firme, “advertimos la reanudación e intensificación de actividades mineras muy cerca al tajo La Puente por parte de la empresa Carbones del Cerrejón”.
La multinacional le responde a El Espectador que no ha hecho ningún tipo de avance de la operación minera hacia el cauce del arroyo Bruno, sino que “la compañía ha trabajado en la estabilización y restauración ambiental del nuevo cauce con excelentes resultados”. En este comunicado, la minera también rechaza categóricamente la violencia que han vivido las mujeres en esta ranchería y pidieron “a las autoridades competentes a realizar las investigaciones que permitan esclarecer los hechos sucedidos, así como implementar todas las medidas necesarias que garanticen y resguarden la seguridad de las personas de la comunidad”.
Por ahora, las mujeres de Paradero volverán a adoptar nuevos caninos para que las protejan de posibles incursiones armadas. “Nosotras teníamos más de un perro para cada una. Ahora tendremos que volver a adoptar otros ‘policías’, pero no tenemos garantías de nada para ellos”. Pide, también, que las autoridades respondan con medidas con enfoque diferencial porque “de nada nos sirve denunciar si ni siquiera respetan nuestras medidas de autoprotección y si nuestra naturaleza y animales, se siguen viendo en riesgo”, concluye Rosaura.
*Nombre cambiado por petición de la fuente
