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Pocas temporadas en paz ha tenido Arauca durante los últimos 50 años. El despliegue de las guerrillas en ese territorio y sus incesantes conflictos por el control de este, ha creado una espiral de violencia que, pese al Acuerdo de Paz de 2016 y los esfuerzos por consolidar la política de Paz Total, no se detiene.
Esa situación del departamento llevó a varios exalcaldes, representantes a la Cámara, diputados, trabajadores humanitarios y delegados de víctimas -todos de orillas políticas distintas- a escribir una carta con propuestas para detener “la confrontación armada y las amenazas”.
El documento titulado Arauca y su compromiso con la paz, el desarrollo y una democracia de calidad, tiene la firma de al menos nueve personas que trabajan o han trabajado en la política desde el partido Liberal, Comunes y el Centro Democrático, además del apoyo de otras 20 como la excandidata a la Vicepresidencia y excongresista Ángela María Robledo, el historiador Gonzalo Sánchez, y Marina Gallego, coordinadora nacional de la Ruta Pacífica de las Mujeres, entre otros.
La carta también da un espaldarazo a la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro a la que califican como una “gran oportunidad para vencer la desconfianza y la incomunicación”.
Además se refiere a los diálogos con el Eln, un grupo con una fuerte presencia en Arauca, y los acercamientos con las disidencias de las Farc. “El gobierno del presidente Petro, en sus diálogos con el Eln y con las estructuras disidentes del importante acuerdo con las las Farc, debe garantizar que finalice la violencia que hoy afecta de manera tan grave la vida y la convivencia en Arauca”.
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La petición se da unas semanas después de un violento enfrentamiento entre ambos grupos armados. Pese a que las disidencias sí aceptaron el cese al fuego anunciado el 31 de diciembre con Petro, el choque con la guerrilla -que pidió tratar el tema en la mesa de diálogos- terminó con 10 combatientes muertos y varias comunidades confinadas.
El inicio de 2022 también estuvo marcado por fuertes acciones armadas de los grupos armados en varios puntos de Arauca. Por ejemplo, municipio de Saravena fue blanco de un paro armado decretado por el Eln, que dejó 86 muertos y 1.200 desplazados solo en enero de ese año. Además, las disidencias estuvieron detrás de dos atentados: uno contra la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena (Ecaaas) -una iniciativa campesina- y días después el frente 28 de las disidencias, al mando de Antonio Medina perpetró otro ataque a unos metros del edificio Héctor Alirio Martínez, donde estaban durmiendo más de 50 integrantes de organizaciones sociales, principalmente de la Fundación Joel Sierra.
En la misiva, dada a conocer el miércoles 25 de enero, se enumeran siete propuestas de cara a las negociaciones que el Gobierno tiene con el Eln. Entre ellas sobresale la promoción de “Cabildos de paz en todos los municipios araucanos”, además de un “Cabildo Departamental de Paz, donde se pueda escuchar la diversidad de voces y procesos sociales de la sociedad araucana”.
También adelantar proyectos para la conexión terrestre del departamento, especialmente en las vías de La Soberanía y de Los Libertadores, que “han mantenido incomunicado a Arauca desde tiempo atrás”, se precisa en el documento.
Sobre la industria del petróleo, un sector clave dentro de la economía del departamento, se pide un debate serio para encontrar la forma de una “verdadera incorporación a la goegrafía” del territorio. Todas estas propuestas, piden los firmantes, deberían ser llevadas al Plan Nacional de Desarrollo que está en proceso de formulación.
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Según Leila Vivian Ardila, dirigente gremial de Arauquita postulante a la Gobernación de Arauca y una de las personas que firmó la carta, este busca exponer los problemas derivados del conflicto para llevarlos a la mesa de diálogos con el Eln.
“Esperamos que tenga eco y acción en la mesa de negociaciones entre el Estado colombiano, el Ejército de Liberación Nacional y los distintos actores armados en la región como el caso de las disidencias de las Farc, puesto que a la fecha como es proverbialmente conocido, las cifras de crisis humanitaria son desgarradoras”, explicó Ardila agregando que en los diálogos se necesita un componente regional.
Federico Gallardo, exgobernador de Arauca en cuya administración el Eln atentó varias veces contra oleoductos, también firmó la carta. En diálogo con Colombia+20 dijo: “Es una carta abierta al país, al gobierno nacional y a los actores armados no estatales. Queremos sensibilizar a la opinión publica y a los actores estatales y no estatales sobre la situación de nuestro departamento”.
Lea aquí la carta:
La ausencia estatal
La carta también pone sobre la mesa la falta de presencia estatal en el departamento. “En Arauca no rige la Constitución del 91, hay otros poderes armados que han impuesto un orden social, político y económico. Esto hay que resolverlo en el proceso de paz, hacer que sea realidad una institucionalidad que garantice el ejercicio de derechos y garantías para toda la ciudadanía”, dice el documento.
Prueba de ello es que apenas el pasado 23 de enero se eligió a Wilinton Rodríguez como gobernador encargado de Arauca, que en menos de dos años ha tenido tres gobernadores, dos de los cuales salieron en medio de polémicas. El primero fue José Facundo Castillo, capturado el 21 de octubre de 2021 por supuestos nexos con el Eln, y luego Indira Luz Barrios apartada del cargo el pasado 23 de diciembre por un supuesto abandono injustificado del cargo, debido a que habría salido del país sin los permisos necesarios.
El otro punto que marca a Arauca es el enclave fronterizo en el que se ha convertido por compartir los límites con el estado venezolano de Apure. El territorio es un corredor estratégico de droga, transporte de armas al mercado negro, mercurio rojo y coltán.
Además, la región del país ha sido un bastión histórico del Frente de Guerra Oriental del Eln, considerado como el más beligerante de esa guerrilla y también la más numerosa. Para analistas, ese grupo ha logrado una total inmersión en la sociedad, al punto de controlar actividades de la vida cotidiana, economías e incluso administraciones públicas.
Arauca es uno de los pocos departamentos en conflicto en donde no hubo afectaciones por grupos narcoparamilitares ni en 2021 ni en 2022, según la Cartografía de Violencias de Indepaz. Las Agc no han conseguido penetrar en el departamento y es sabido que en la región los cultivos de coca fueron erradicados hace más de una década por orden del Eln.
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“La presencia del Eln en Arauca se explica por el arraigo histórico que el grupo tiene: se refugió allí luego de casi ser destruido por el gobierno de Colombia en los años setenta, pero también por lo lucrativo del contrabando, la extorsión y el narcotráfico entre ese departamento y Venezuela”, dice un análisis de Insight Crime, un centro de pensamiento especializado en crimen organizado y seguridad ciudadana.
Según un informe de la Defensoría de diciembre de 2022, en ese año Arauca registró 352 muertes asociadas con el conflicto en lo que va del año; es decir, una por día. De estos, 12 corresponden a líderes sociales. Saravena fue el municipio donde más asesinatos se registraron con 119 homicidios, seguido de Tame con 82, Arauquita con 51, Arauca con 48, Fortul con 46, Puerto Rondón con cinco y Cravo Norte con uno.
En 2022, un total 24.109 personas fueron sido víctimas del conflicto en ese departamento, de las cuales 19.081 sufrieron desplazamiento forzado. En esta región, asimismo, durante 2022, la Defensoría reportó 81 casos de secuestros y desapariciones, 35 confinamientos de comunidades de Arauquita, Tame y Puerto Rondón, más cuatro desplazamientos masivos, todos ocurridos en Tame (Arauca).
