Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El pasado 9 de abril, integrantes del Consejo Comunitario del Alto Guapi hallaron los cuerpos sin vida y con señales de tortura de María Cecilia Cuenu Cuenu y Juan Hilario Bangura Colorado, en la quebrada Palanquera, en zona rural de ese municipio. Ambos líderes hacían parte de la Junta Local del río Yantin y habían desaparecido el pasado 31 de marzo.
Con este caso, en lo corrido de este año han asesinado a ocho líderes sociales en el departamento del Cauca, según registros de Indepaz. Las organizaciones sociales del territorio atribuyen estos hechos al “recrudecimiento de la guerra” que no ha dado tregua desde 2019, cuando los grupos armados ilegales comenzaron a reorganizarse.
“Nos ha salido caro defender la vida y el territorio porque aquellos que hemos puesto la voz en alto hemos sido perseguidos. Eso mengua este accionar de manera contundente, porque los grupos al margen de la ley, de una u otra forma, a la persona que habla y piensa diferente la persiguen, la amenazan, la destierran o la asesinan”, afirmó a Colombia+20 un integrante de la Coordinación Étnica Nacional de Paz (Cenpaz).
La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) ha estudiado la histórica situación de conflicto en el Cauca, sobre todo desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, en 2016. En entrevista con este diario Juan Manuel Torres, coordinador de la Oficina Pacífico de Pares, afirmó que la fundación ha alertado sobre los nuevos focos de conflicto en el Cauca y la reconfiguración de los grupos armados ilegales.
“Cauca ha demostrado ser una zona donde se incuban los ciclos de la violencia. Desde hace tres años hemos advertido esta situación. Ahora podemos ver que incluso ahora pululan nuevos grupos armados, muchos más que los que había antes de la firma del Acuerdo de Paz”, explicó Torres.
Le recomendamos: Con propuesta de instalar mesa en Noruega, arranca diálogo con disidencias de Farc
Algunos de estos nuevos grupos armados corresponden a disidentes de la antigua guerrilla de las FARC que no se acogieron al Acuerdo de La Habana. Entre ellos está el Estado Central Mayor, liderado por Iván Mordisco y Gentil Duarte, que tiene 23 frentes en 16 departamentos y adelanta una negociación de paz cuya mesa, según se confirmó ayer, se instalará el próximo 16 de mayo.
En el Cauca también están los frentes Carlos Patiño y Rafael Aguilera; y las columnas móviles Jaime Martínez y Dagoberto Ramos.
Al departamento también llegaron las disidencias de las FARC cobijadas en la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, con el frente Diomer Cortés y la columna móvil Cristian Pérez. El ELN, las AGC (o Clan del Golfo) y las bandas criminales locales también hacen parte del escenario de conflicto que no cesa en el Cauca.
La ausencia estatal, el gran problema
El sueño de vivir en un territorio en paz se esfumó rápidamente de la cotidianidad de los caucanos, quienes señalaron que entre 2015 y 2018 tuvieron la oportunidad de vivir en paz. “Empezamos a sanar todas esas heridas que nos había dejado la guerra y a crear una verdadera unidad, pero la incapacidad del Estado para llegar institucionalmente a los territorios que habían dejado las FARC fue uno de los peores problemas que hubo”, expresó un líder del sur del Cauca.
La presencia estatal que se requería con la salida de las FARC de muchos territorios del país nunca llegó al Cauca y, una vez más, les permitió a otros actores armados ilegales instalarse como autoridades territoriales.
“Por ejemplo, a Argelia nunca llegó la Fiscalía, el Bienestar Familiar, el Ministerio de Educación, la Procuraduría, la Contraloría, ni las obras sociales de pavimentación de vías, la construcción de colegios o de puestos de salud. En cambio, se instaló la pedagogía del terror, que es la forma en que los grupos ilegales le instauran a la gente la zozobra para luego someternos”, explicó a este diario Guillermo Mosquera, líder campesino de la región.
Lea: La desolación que vive Argelia (Cauca) por la guerra entre disidencias de las FARC
Según muchos líderes sociales que piden omitir sus nombres, por temor a más amenazas y atentados contra sus vidas, en sus cuatro años de gobierno, Iván Duque sí volvió realidad la frase de “hacer trizas la paz”.
La llegada de Gustavo Petro al poder significó una esperanza para el Cauca, especialmente porque su vicepresidenta, Francia Márquez, es de esa región. Sin embargo, dicen que las falencias institucionales siguen estando marcadas.
La población también afirma que el cese al fuego bilateral anunciado por Petro, a finales del 2022, agudizó el control de las disidencias de las FARC en el Cauca. Hace un mes, este equipo periodístico alertó sobre un incremento en los ataques contra la fuerza pública, enfrentamientos entre disidencias y toques de queda en gran parte del territorio.
Para Pares, el cese al fuego no salió bien y, por el contrario, brindó una posibilidad para que se reactivara el combate entre grupos armados ilegales en muchas zonas del Cauca. “Después del cese al fuego pareciera que hubiera sido un momento que dio cierta libertad al frente Carlos Patiño, por ejemplo, para sostener combates por más de 40 días y generar desplazamientos masivos”, señaló el coordinador Torres.
Lea también: Tras cese al fuego con Ejército, en el Cauca se agudizó el control de disidencias
Las dinámicas de conflicto y las afectaciones a la población civil tienen sus particularidades en cada una de las siete regiones del Cauca (Norte, Centro, Sur, Pacífico, Oriente, Macizo y Bota Caucana), ya que corresponden a elementos geográficos e históricos del conflicto. Sin embargo, el llamado de sus habitantes coincide en una petición principal: la implementación integral del Acuerdo de Paz.
“Ya es hora de que se tomen medidas claras frente a las garantías de las comunidades, que son las que siguen padeciendo las atrocidades de los grupos armados ilegales. La paz total tiene que ser una paz verificable, donde la gente de la comunidad realmente participe pero con garantías”, enfatizó el líder Mosquera.
Las organizaciones sociales indican que la hoja de ruta ya existe: los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y la protección de líderes y firmantes de la paz que luchan por construir paz desde el territorio.
La guerra en cada una de las zonas del Cauca
El sur del Cauca agrupa los municipios de Argelia, Balboa, Patía, Sucre, Bolívar, Florencia y Mercaderes, que limitan con Nariño. En estos primeros cuatro meses del año, en Argelia se han registrado 470 desplazamientos individuales, el asesinato de ocho personas, tres masacres y amenazas constantes a quienes se atreven a cuestionar el poder de las disidencias. Esta situación llevó a la instalación de emergencia de un Puesto de Mando Unificado por la Vida, en febrero, para contener la violencia, pero lastimosamente no ha sido exitoso.
Los municipios de Piamonte, San Sebastián y Santa Rosa hacen parte de la región de la Bota Caucana, que limita con Caquetá y Putumayo. Según Torres, las confrontaciones territoriales que se viven en los departamentos vecinos afectan a las poblaciones del Cauca.
Los grupos armados son los Comandos de Frontera, creados tras la unión de las disidencias del Frente 48 de las FARC y La Constru, un grupo de crimen organizado de la zona; el frente Carolina Ramírez, integrado por ex-FARC que nunca se acogieron al proceso, y la Segunda Marquetalia.
Para el investigador de Pares, la región Pacífica (compuesta por los municipios de Guapi, Timbiquí y López de Micay) es una de las que menos se habla, por eso su población vive las afectaciones de la guerra en silencio. “Combates, confinamientos y arremetidas de grupos se viven allí, incluso muchas más acciones que se desconocen. Las conexiones con Nariño y Buenaventura (Valle del Cauca) influyen en dichas dinámicas”, enfatizó. El aumento de cultivos de uso ilícito es una de ellas. Según el Observatorio de Drogas de Colombia, en 2021 Timbiquí ocupó el segundo lugar en Cauca con más coca: 3.376 hectáreas.
Lea también: 33 líderes sociales fueron asesinados en el primer trimestre de 2023, según la HRW
La zona del Macizo (donde se encuentran los municipios de Almaguer, La Sierra, Rosas, La Vega y Sotará), según explicó Torres, ha tenido una presencia histórica del ELN, pero en los últimos años se ha registrado presencia de integrantes del Estado Mayor Central. Un líder de esta región le contó a Colombia +20 que al día pueden llegar más de tres grupos armados a zonas rurales y urbanas de sus municipios. “A todos toca hacerles caso, nos toca estar al mando de los que tengan el poder del lugar”, dijo.
El norte del Cauca es la región más grande, pues agrupa 13 municipios y limita con el sur del Valle del Cauca y Tolima. Tanto en el sur como en el norte se ha documentado la presencia del ELN y el Estado Mayor Central de las FARC. Por ejemplo, en las últimas semanas, medios de comunicación nacional han registrado banderas y explosivos con las siglas del ELN en esta región. En una carta enviada al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, aseguró que “ninguna unidad ha estado por esos lados (municipio de Rosas) y esos hechos están por fuera de lo que somos como revolucionarios”.
La región centro está compuesta por Popayán, Cajibío, Morales, Piendamó, Puracé, Silvia, Timbío y El Tambo. Esta región condensa el 39% de cultivos de coca del Cauca, la mayoría ubicados en El Tambo (8.737 hectáreas), según cifras del Observatorio de Drogas de Colombia.
Navegue el especial ‘La esquiva paz con el ELN’
En entrevista con Colombia +20, un líder de Cajibío reveló que hay un ambiente de preocupación por la presencia de la columna móvil Jaime Martínez y las bandas criminales que atracan, roban y asesinan a líderes sociales y a la población en general.
El oriente del Cauca limita con el Huila y el sur del Tolima, con sus municipios de Inzá, Páez y Totoró. Páez se conecta con Toribío, Corinto y Miranda, de la subregión del Norte del Cauca, que según la Defensoría del Pueblo componen la ruta de la marihuana o “triángulo de la marihuana”, que está bajo el control de la columna móvil Dagoberto Ramos.
La conexión con el océano Pacífico y departamentos fronterizos como Nariño y Putumayo, al igual que la presencia de cultivos de coca, marihuana y explotación minera hacen parte del atractivo para los grupos armados ilegales que buscan explotar y beneficiarse de las rentas que se producen en el Cauca.
Reclutamiento de jóvenes y menores en el Cauca
El pasado 2 de marzo, la Defensoría del Pueblo advirtió que la columna móvil Dagoberto Ramos convirtió a Toribío (Cauca) en centro de entrenamiento de niños, niñas y jóvenes reclutados. En este municipio del norte del Cauca, el 96 % de la población pertenece al pueblo indígena nasa, de los resguardo Tacueyó, Toribío y San Francisco, y según cifras de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), del 1.° de enero al 30 de noviembre del 2022, cerca de 175 menores fueron reclutados. Esta información está recopilada en la Alerta Temprana 005-2023 de la Defensoría del Pueblo.
Le puede interesar: Durante 2022 hubo 30 casos de reclutamiento de menores, según la Defensoría
Según el investigador de Pares, esta situación no es nada nueva, lo lamentable es que no se esté haciendo nada. “En redes sociales se ve a los padres o familiares buscando a jóvenes perdidos que luego encuentran muertos en zonas de combate. Los procesos se están dando como una U porque sí hubo un desescalamiento, se desplomaron las cifras pero volvieron a aumentar”, explicó Torres.
Los liderazgos del Cauca hacen un llamado para que su departamento deje de desangrarse, cese la violencia y el reclutamiento forzado de menores, porque están acabando con las generaciones de hombres y mujeres jóvenes que sueñan con un territorio en paz.