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En noviembre de 2022 los vecinos del barrio Miraflores, en Cereté (Córdoba), se quejaron ante Antonio Rhenals, actual alcalde, por unas obras inconclusas de un pequeño parque que según ellos nunca fue inaugurado. Las denuncias afirmaban que la obra había sido entregada incompleta a finales de 2021, sin bancas ni lámparas, incluso aseguraron que no se respetaron los diseños originales planeados en el contrato.
Esto fue confirmado por un funcionario de esa Alcaldía que conversó con este diario, explicando que la administración actual tuvo que asumir la instalación de las bancas y las luminarias.
El parque de Miraflores fue adjudicado el 6 de marzo de 2018 -durante la alcaldía anterior, en cabeza de Élber Elías Chagüi- a un consorcio representado por Anuar David Montesino Díaz. Los dineros venían del Fondo Colombia en Paz, encargado de administrar los recursos encaminados a realizar las acciones necesarias para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.
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El proceso de contratación incluía dos parques más en los corregimientos Retiro de los Indios y Mateo Gómez, por un valor total de 4.761 millones de pesos. Los parques fueron entregados entre 2020 y 2021.
Aunque las obras estaban proyectadas para ejecutarse en ocho meses, iniciaron a comienzos de 2020, dos años después de adjudicado el contrato cuando ya había terminado la alcaldía de Chagüí. La plata, sin embargo, había sido desembolsada en su totalidad, según se desprende de un reporte de 2019 de la Contraloría General de la República que registró la supuesta ejecución del presupuesto por esas obras, algunas de las cuáles ni siquiera habían comenzado. El informe registra también dos adiciones al contrato que suman 331 millones de pesos más que fueron entregados al consorcio.
Este, que parecía otro caso típico de obras retrasadas, tomó un giro inesperado cuando un acreedor particular interpuso una demanda para recuperar 675 millones de pesos que había prestado al contratista Anuar David Montesino en abril de 2017, deuda que a la fecha y sumando los intereses vencidos supera 1.800 millones de pesos.
La demanda terminó con un fallo del Juzgado Tercero Civil de Montería a favor del acreedor. El juzgado decretó una medida de embargo contra Montesino y la que entonces era su empresa para contratar con el Estado: Servicio de Ingeniería Inversiones y Maquinarias SIIM S.A.S.
El demandante era Rubén Darío Ramos Contreras, un prestamista de Montería que solía facilitar créditos a algunos ingenieros de la región cuando necesitaban liquidez para avanzar las obras antes de los desembolsos. Ante la negativa de Anuar Montesino de pagar la deuda, el prestamista Ramos se dio a la tarea de investigar en qué otros contratos y consorcios tenía participación Montesino para solicitar al juzgado que embargara también esos recursos.
Su sorpresa fue mayúscula al comprobar que, a pesar de los embargos, Anuar David Montesino y SIIM S.A.S siguieron contratando entre 2018 y 2021 en más de una veintena de obras en municipios como Cereté, Sahagún, Moñitos, Puerto Escondido, Ciénaga de Oro, Chía, Bogotá o Montería, donde la empresa participó asociada con otras firmas contratistas bajo la modalidad de consorcios, y por lo tanto, siguió recibiendo recursos públicos. Las alcaldías y entidades presuntamente hicieron los desembolsos de manera irregular, pues obviaron que tanto Montesino como la empresa tenían una medida de embargo.
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Anuar David Montesino dejó de figurar en 2018 como representante legal de la empresa SIIM S.A.S, de la que fue el dueño oficialmente entre 2014 y ese año, según su propia versión ante investigadores de la Fiscalía. Su lugar fue ocupado por Andrés Felipe Cogollo Hernández, quien para la fecha era un estudiante de ingeniería.
Un documento de Policía Judicial en poder de este diario da cuenta de que aquello resultó ser una coartada para evadir los embargos y en realidad la empresa seguía siendo de Montesino. Esa afirmación la reconoció el propio Cogollo ante funcionarios de la Fiscalía que investigan las posibles irregularidades cometidas por Montesino y la empresa SIIM S.A.S.
Dos actas de prórroga del contrato para construir los parques en Cereté, emitidas en 2020, ratifican lo dicho por Cogollo, pues quien aparece figurando en las reuniones como representante del consorcio es Anuar David Montesino, lo que probaría que nunca se desvinculó ni de la empresa ni de las obras.
Pero Cogollo contó más cosas a las autoridades. Según su testimonio, uno de los contratos que la empresa suscribió en 2018 para construir un Centro de Integración Comunal en el barrio Las Acacias de Cereté le pertenecía en realidad a Luis Alejandro Castillo, un ingeniero cercano al condenado exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons. Cogollo aseguró que la firma SIIM S.A.S únicamente prestaba su nombre para la licitación y que él no recibió ningún desembolso por ese contrato.
Castillo dijo a este diario que conoce a Motesino porque es un colega constructor de Montería. Además, aclaró que el contrato de Las Acacias fue ejecutado en su totalidad, reconociendo que él era dueño del 90 % mientras que la empresa SIIM S.A.S tenía el 10%.
Después de Cogollo también figuraron al frente de SIIM S.A.S los hermanos Germán y Emmanuel Banqueth (amigos de juventud de Anuar David Montesino) y Paola Andrea Pineda Gamarra. Los hermanos Banqueth, a su vez, son dueños de otra empresa contratista denominada S&GB Group S.A.S, con la que Colombia+20 intentó comunicarse a través del teléfono que tienen registrado ante la Cámara de Comercio, sin obtener respuesta.
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Los tentáculos de SIIM S.A.S se extienden por licitaciones, consorcios y contratos públicos en Córdoba, Antioquia, Risaralda, Bogotá, Cundinamarca y Chocó. Incluyen aspectos tan variados como hacer bóvedas de cementerios, vías y parques, construcción de colegios y centros comunales o electrificación de edificios oficiales. En la documentación que Colombia+20 pudo obtener a través del SECOP y otras fuentes, habría más de 135 mil millones de pesos ejecutados por dichos consorcios, aunque no todos manejaron recursos para la paz.
En Risaralda tanto la empresa SIIM S.A.S como Anuar Montesino se vieron envueltos en una licitación presuntamente amañada para construir varias sedes de los bomberos en municipios del occidente por más de 6.000 millones, como lo informó en su momento el diario El Tiempo. Aquel proceso logró frenarse debido a las obvias irregularidades de los proponentes, que no cumplían con los requisitos ni la experiencia requerida, después de que el exconcejal y veedor Carlos Alfredo Crosthwaite denunciara los hechos ante la Procuraduría en abril de 2018.
En el Chocó, SIIM S.A.S volvió a ser noticia, esta vez en cabeza de Paola Andrea Pineda Gamarra, cuando en 2021 incumplió un contrato por más de 36.000 millones de pesos para dotar de páneles solares a varias comunidades rurales de seis municipios, esta vez en asocio con otras tres firmas contratistas, según informaron en su momento medios como La FM.
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¿Cómo Anuar David Montesino, un joven ingeniero de Cereté, terminó consolidando un emporio que en cinco años se hizo a la participación en contratos públicos por más de 135 mil millones de pesos en cinco departamentos del país?
La respuesta podría salir de las denuncias penales interpuestas desde 2018 por Rubén Darío Ramos ante varias oficinas de la Fiscalía de Montería, en las que se señala a una docena de alcaldes, funcionarios y tesoreros de las alcaldías de Moñitos, Puerto Escondido, Cereté, Ciénaga de Oro, Cereté y Montería, y congresistas de Córdoba, como presuntos enlaces políticos de la empresa SIIM S.A.S para quedarse con las adjudicaciones. Estas denuncias no han logrado mayores avances.
En una de las denuncias conocida por este diario aparecen mencionados los excongresistas Ruby Chagüi (hija del exalcalde de Cereté, Élber Elías Chagüi) y David Barguil como supuestos aliados al momento de tramitar y conseguir los contratos, también aparece el hoy senador Antonio José Correa Jiménez.
Colombia+20 contactó a Chagüi y Correa Jiménez, quienes negaron de forma rotunda cualquier vínculo con Montesino, a quien dijeron no conocer, ni tener alguna relación con la empresa SIIM S.A.S, ambos argumentaron que no ejercían como congresistas para las fechas en que fueron adjudicados algunos de los contratos.
“No conozco ni tengo nada que ver con esos señores, ni con eso”, aseguró Correa Jiménez. Algo similar declaró Ruby Chagüí: “no hice gestión alguna sobre esas obras. Es más, para ser más precisos, observo que esos contratos fueron adjudicados por licitación pública antes de yo ser elegida congresista, en enero y marzo de 2018″.
También consultamos a Élber Elías Chagüi, quien fuera alcalde de Cereté en 2018, cuando se adjudicó el contrato de los parques que se detalla al comienzo de este reportaje. Aquel sostuvo que la obra se ejecutó “dentro de los plazos y términos, y fue recibida a satisfacción por el supervisor del contrato”, agregando que los pagos realizados al contratista fueron “avalados por las partes: supervisión, interventoría jurídica y tesorería”. Chagüi hizo énfasis en que la Contraloría no registró hallazgos en esas obras en particular.
David Barguil no contestó nuestros mensajes, pero hay al menos un personaje en común con él dentro de esta trama: Víctor Hugo Hernández Soto, otro contratista que está involucrado en el proceso que la Corte Suprema de Justicia lleva contra Barguil, presuntamente, por haber direccionado indebidamente recursos del Departamento de Prosperidad Social entre 2017 y 2018.
El mismo Hernández Soto, mencionado en el expediente contra Barguil, fue socio de Montesino y de SIIM S.A.S en otro contrato suscrito el 31 de julio de 2017 con la secretaría de infraestructura de Córdoba por 2.139 millones de pesos para construir una cancha en el barrio Caracas de Cereté.
Colombia+20 solicitó ante la Fiscalía una entrevista formal con la fiscal que llevó las investigaciones por varias de estas denuncias, pero al cierre de la edición no había podido concretarse por motivos de agenda. Rubén Darío Ramos, el denunciante, asegura que por ventilar estos temas ha recibido amenazas de grupos armados ilegales que actúan en Córdoba y el Urabá y presuntamente tendrían incidencia en algunos de los contratos ejecutados por Anuar David Montesino.
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Era opositor del Acuerdo de Paz, pero se lucró de este
Anuar David Montesino fue un virulento opositor al Acuerdo de Paz de La Habana, suscrito entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC. Al menos así se desprende de sus redes sociales: algunas publicaciones de su Facebook en 2016 se referían al senador Iván Cepeda y al hoy canciller Álvaro Leyva como una “pila de mierda” que iban a “firmar la paz”. Sus ataques a Juan Manuel Santos y al hoy presidente Gustavo Petro por impulsar dicho proceso también quedaron registrados en esa red social.
Tanta animadversión pública hacia el proceso de La Habana no impidió que con su empresa firmara en 2018 el contrato mencionado al comienzo de este reportaje por más de 5.000 millones de pesos, recursos que venían precisamente de un fondo para implementar la paz.
Hubo otra publicación curiosa en su Facebook el 24 de agosto de 2017, después de la emisión de un especial de La Pulla de El Espectador sobre la corrupción en Córdoba. Montesino se refirió a los creadores del programa como unos rolos “malparidos” que se las daban de “dignos y honestos” pero eran unos “fariseos”. Su mensaje empezaba con una línea que a la luz de los hechos resulta llamativa: “aquí como que en Córdoba todos somos bandidos”.
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Montesino salió del departamento hace varios años y no ha regresado. Este diario pudo establecer que hasta el año pasado vivía en Sabaneta, Antioquia, junto a su esposa Diana Margarita Rodríguez Caro y sus dos hijos pequeños que asistían a una escuela de fútbol en esa localidad.
En Sabaneta el señor Montesino Díaz figuraba en 2022 como deudor moroso del Estado, pues no había pagado los impuestos de su vehículo particular.
Aunque llamamos y escribimos a Anuar David Montesino y a su esposa Diana Margarita Rodríguez Caro varias veces para incluir sus versiones en este reportaje, no fue posible establecer comunicación con ellos.
Su esposa hace gala en una cuenta de Instagram de una vida llena de excesos, con viajes al extranjero y lujos permanentes, mientras los contratos de la empresa SIIM S.A.S acumulan denuncias por incumplimientos y obras entregadas a medias. Por su parte, los acreedores de Montesino siguen reclamando que pague sus deudas y la justicia actúe contra él.
