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Róbinson tiene la piel negra y los hombros tan duros como el carácter, templado a golpes de remo, canoa y machete. Es el presidente del consejo local de Negría, un antiguo puerto del río San Juan, donde fondeaban los vapores que realizaban la ruta desde Buenaventura hasta Andagoya hace un siglo. Converso con Róbinson el 5 de marzo en Istmina, porque va a contarme lo que ocurrió en su pueblo.
Ya no hay vapores en Negría, por estos días tampoco hay gente: todos huyeron el 13 de febrero abandonando casas, enseres y animales, un día después de que irrumpiera en el pueblo un comando de ocho hombres con armas largas que se identificaron como miembros de las Agc o Clan del Golfo.
Róbinson se había topado con ellos pocas horas antes, cuando trabajaba en un cultivo arriba del caserío. Los paramilitares tomaron los botes de unos campesinos que andaban por sus fincas y en ellos llegaron hasta Negría, donde reunieron a toda la población presentándose como la nueva autoridad en la zona. La gente advirtió que ninguno era de la región, además, hablaban con acento costeño. No atropellaron ni amenazaron a nadie, sin embargo, prohibieron a todos salir del pueblo mientras estuvieran presentes.
El pánico cayó sobre los vecinos a la mañana siguiente, cuando descubrieron que los botes que habían usado las Agc continuaban amarrados en la orilla, pero ahora patrullaban unos hombres del Eln. “Se acostaron con unos y amanecieron al otro día con los otros”, cuenta Amparo Murillo, lideresa del Consejo Comunitario General del San Juan, también vecina de Negría.
Los guerrilleros confiscaron teléfonos para revisar chats y llamadas, buscaban a los que acusan de “colaboradores” de las Agc. Era lo mismo que habían hecho en varios pueblos a lo largo del río, con represalias brutales como los asesinatos del profesor indígena Luis Chamapuro, secuestrado y luego ejecutado el 3 de febrero, o el de Julio Cárdenas Victoria el 24 de febrero, presidente de un consejo comunitario local.
Después la guerrilla sugirió que lo mejor sería desalojar el caserío, ante la posibilidad de un enfrentamiento en la mitad de las viviendas, como el que tuvo lugar apenas un mes antes en Dipurdú del Guásimo, un poblado cercano donde murió la niña Valeria Murillo en medio del tiroteo. La decisión fue instantánea, recuerda Róbinson: “Antes de que ocurriera un combate preferimos salirnos”.
Esa misma tarde los habitantes de Negría navegaron por el San Juan dos horas aguas arriba rumbo a Istmina. Quien tenía parientes en la ciudad fue a hospedarse con ellos, pero la mayoría terminó en la sede del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), una construcción de dos plantas a medio terminar, en las afueras del barrio Santa Genoveva.
Les pregunto si se enteraron de las declaraciones del ministro del Interior, Daniel Palacios, quien negó la crisis humanitaria en el departamento, y solo atinaron a soltar una carcajada de burla: “Claro que lo vimos”, dice uno al que llaman Pardo.
A la sede de Acadesan llegaron más familias de San Agustín, Brisas y Barrancocito, tres pueblos por completo abandonados sobre el río Sipí, un afluente del San Juan que fue ocupado por los paramilitares en medio de feroces enfrentamientos con la guerrilla. La mayoría de choques ocurren dentro de los caseríos.
Muchos desplazados se han movido hacia poblados cercanos, otros remontaron hasta la cabecera municipal de Sipí y el resto llegaron a Istmina, una crisis anunciada por la Defensoría del Pueblo, que había advertido el riesgo “inminente” desde el 20 de agosto de 2021.
Tan solo en la sede de Acadesan pernoctaban 63 familias, con un total de 193 personas amontonadas en seis oficinas, dos baños, tres pasillos y el salón del comedor (en obra negra), al que le cae un chorro de agua en una esquina si llueve, algo que en Chocó suele pasar todos los días.
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“Nuestra sede se construyó con un salón para hacer eventos, tiene oficinas y el comedor, pero no tenemos dormitorios adecuados para atender a la población, no contamos con agua potable, nuestra sede no es un albergue”, explica Felipe Martínez, directivo del Consejo Comunitario. “Las personas que llegan no están en condiciones dignas, por eso exigimos a las autoridades que brinden esa atención”.
Las colchonetas y ollas se atrincheran con bultos de remesa, bolsas de papel higiénico, jabones, galones de aceite, pasta, arrobas de arroz y cajas de panela barata. Como emperadores de aquel desorden brincan los niños, detrás de ellos sus madres que los regañan y arrullan, los alimentan y peinan, los visten y desvisten, desde la mañana hasta la tarde, cada día igual durante tres semanas.
En la paila enorme voltean el arroz para que no se queme, antes de sentarse otra vez a esperar. Espera es la palabra que define las horas que corren desde el 13 de febrero.
Veo comida y útiles de aseo que trajeron la Unidad de Víctimas y la Alcaldía de Istmina, los comerciantes locales donaron carne y verduras, aunque las primeras jornadas solo les alcanzó para dos comidas diarias y hubo algunas de “arroz pelado”. Un funcionario local reconoció que la capacidad de las alcaldías para atender la crisis está desbordada.
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Allí pasé la noche del 5 de marzo, durmiendo a un paso de la colchoneta donde amanecieron abrazados Eimer y Arley, los dos niños de Amparo Murillo, quien ya se ha desplazado tres veces desde el 14 de agosto de 2021, cuando comenzaron los enfrentamientos de las Agc con el Eln en la región.
“El San Juan está invivible, la gente se quiere regresar para los caseríos sin acompañamiento, sin garantías”, se lamenta Amparo en la mitad del patio, agregando que en dos comités de justicia transicional, realizados en Istmina para atender el desplazamiento, se estableció que la situación de seguridad no era favorable para el retorno. Sin esa condición ninguna entidad puede hacer acompañamiento en terreno.
Dos personas que participaron de esos comités aseguraron que hubo roces con el delegado del Ejército sobre el tema, pues manifestaron que tienen unidades desplegadas en Dipurdú del Guásimo y San Miguel, pueblos cercanos, pero nadie se comprometió a garantizar la presencia militar en Negría, a pesar de que allí funciona una mesa de votación rural. Consultamos a través de su oficina de prensa a la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, que desarrolla las operaciones militares en Chocó, pero no hubo respuesta.
Aún no aclara el día, pero ya hay alguien hablando de la cantidad de pescado que debe subir durante la creciente y otra señora se pregunta por qué las gallinas mueren cuando se quedan solas. El tanque del patio amaneció a punto de rebosar por el aguacero de la madrugada, pronto se transformará en una prolongación del río que la guerra les está arrebatando a estas gentes, el río es la esencia de su vida, vía de transporte, fuente de trabajo y alimento. Las mujeres lavan los trastes, los hombres sacan baldes para bañarse a cielo abierto.
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Los niños vuelven a correr entre los charcos, sus madres tras ellos, pero hoy, domingo 6 de marzo, será diferente: antes de las 10 los desplazados van a embarcarse río abajo en cuatro pangas, sin garantías institucionales para el retorno, de nuevo rumbo a Negría, donde los animales murieron y los enseres descuidados cerca de la orilla fueron arrastrados por las crecientes.
“El problema es cuando hay dos grupos”, explica Orfelino Murillo, el padre de Amparo, al tanto que destroza con una estaca el espinazo de un cerdo para el desayuno. En la catedral de Istmina, a pocos metros del embarcadero y en simultáneo con los desplazados que se devuelven a su tierra, los tres obispos de Chocó, acompañados por monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, denunciaban en una rueda de prensa que la crisis humanitaria se agrava “minuto a minuto”.
Hace años que conozco a Amparo Murillo y es la primera vez que no la veo sonreír haciendo chistes con sus vecinos. Cuando las Agc llegaron a su pueblo, Amparo se encontraba en Buenaventura, por eso no tuvo oportunidad de sacar nada de la casa. “No sabía dónde estaban mis hijos, me iba a volver loca”, me dice; “la situación está muy dura, yo ni sé que hacer, pero le toca a uno seguir”.
