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A la lideresa comunal Deisy Sotelo Anacona la obligaron a salir de su casa en el corregimiento de El Plateado (Argelia) - uno de los puntos más críticos en el departamento del Cauca durante la guerra - el 23 de enero de 2022. Apenas seis días después, su cuerpo fue encontrado sin vida.
Su asesinato fue uno de los primeros registrados este año en el departamento, el más afectado por la violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales desde la firma del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc.
Desde que se signó el pacto, el 24 de noviembre de 2016 y con corte al 30 de junio de 2022, la Base de Datos de Violencia Sociopolítica de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) documentó a nivel nacional 1.250 asesinatos contra quienes defienden derechos y lideran causas sociales. Y casi uno de cada cuatro de esos homicidios (298 casos, el 23,8 %) fueron cometidos en el Cauca.
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En los últimos años la cantidad de hechos violentos ha disminuido, pero el departamento sigue en vilo por esta situación humanitaria. Solo durante el primer semestre de 2022 fueron asesinados 17 líderes caucanos (nueve indígenas, cuatro comunales, dos líderes políticos, uno comunitario y uno más del sector campesino).
“En este departamento los liderazgos le apostaron a la implementación del Acuerdo de Paz, que se esperaba que fuera mucho más rápida pero eso no se logró durante el Gobierno de Iván Duque, lo que puso a los líderes y lideresas en la mira de los grupos armados ilegales que -ante la incapacidad del Estado- cooptaron el territorio cuando salieron las Farc”, explica Andrea Garzón, coordinadora de investigación de la CCJ.
¿Cómo se han dado los asesinatos este año?
Según reportes de la Comisión Colombiana de Juristas y de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”, cuatro de las 17 personas defensoras de derechos asesinadas en el Cauca habían recibido amenazas previas a su homicidio. Una de ellas, el líder José Euclides González Marín, había solicitado medidas de protección, pero para el momento de los hechos la Unidad Nacional de Protección (UNP) no le había dado respuesta, de acuerdo a lo mencionado por la Asociación de Trabajadores de Zonas de Reserva Campesinas de Caloto (Astrazonacar), de la que González era vicepresidente.
Los picos de violencia dejan ver que los meses con más asesinatos están relacionados con períodos electorales. “Hay un aumento en enero, cuando se inscriben las candidaturas de las Circunscripciones Especiales de Paz (Citrep) y empieza el calendario electoral. En marzo, con las votaciones, también hay un alza, y luego, en junio, en la segunda vuelta presidencial, también el tema electoral dispara los asesinatos”, explica Garzón.
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El 82 % de los asesinatos de líderes cometidos este año se perpetró con armas de fuego. Y el contexto de los crímenes también tiene las alertas encendidas. “El lugar o circunstancia de los hechos también nos permite concluir y reafirmar que hay premeditación para cometer el hecho criminal. El 41 % fue asesinado en su casa o cercanías (7 personas), el 29 % en vía pública (5 personas), el 6 % en trabajo o cercanías (1 persona) y el último se dio en una estación de Policía (1 persona)”, se lee en un boletín regional de la CCJ.
El documento asegura que el municipio de Buenos Aires (al norte del departamento) fue el más afectado, con cuatro victimizaciones. Le siguieron Argelia y Popayán, con dos agresiones cada uno. Caldono, Caloto, El Tambo, Guapi, López de Micay, Mercaderes, Miranda, Patía y Santander de Quilichao registran una muerte cada uno.
Siete de cada 10 asesinatos de líderes y defensores cometidos este año se dieron en zonas rurales. Y la subregión del Norte del Cauca fue la más crítica: allí se concentró el 47 % de los 17 asesinatos cometidos en el primer semestre del año.
“Vemos una arremetida muy fuerte de grupos como el Eln, las disidencias de las Farc y las Agc, que han entrado en disputas territoriales en medio de las cuales atentan contra la vida de los líderes. Pero el patrón más claro es que en la mayoría de estas muertes se desconoce el autor”, asegura la investigadora de la CCJ.
En efecto, los datos del boletín regional muestran que se desconoce al presunto autor intelectual en 11 de los 17 homicidios documentados, lo que representa el 64,7 % de los casos.
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“En los seis casos donde se logró identificar a los presuntos autores de estos hechos se identificó que cuatro fueron presuntamente perpetrados por el Comando Coordinador de Occidente de las disidencias Farc. De ellos, se presume que tres fueron cometidos por la Columna Móvil Jaime Martínez y uno por el Frente Carlos Patiño”, se lee en el documento.
Aunque el 88 % de las víctimas de enero a junio de este año fueron hombres, se mantiene la preocupación por el asesinato de dos lideresas en este periodo.
“Al atentar contra ellas, se rompen lazos, se impacta la familia y se debilita la comunidad, se genera miedo, incertidumbre y zozobra, y se cierra o retrasa el desarrollo de diferentes procesos organizativos que reivindican causas sociales”, advierte la CCJ.
Y agrega que estos hechos de violencia contra lideresas sociales se dan en un escenario de violencia generalizada contra las mujeres. Según registros de la Ruta Pacífica de las Mujeres regional Cauca, en este departamento han sido asesinadas 36 de ellas durante el año 2022.
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La investigadora Andrea Garzón dice que se espera que las medidas urgentes que ha implementado el nuevo Gobierno tengan un impacto en la situación humanitaria del Cauca y en la disminución escalada de la violencia: “Esas decisiones pueden salvar vidas, pero hay que acelerar la puesta en marcha las medidas más estructurales que ha reclamado la población y que están establecidas en el Acuerdo de Paz”, concluye.
