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Los niños, niñas y adolescentes no dejaron de ser blanco de dinámicas de guerra, como el reclutamiento forzado, ni siquiera después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc.
Según registros oficiales, desde 2017 la Defensoría del Pueblo ha emitido más de 204 alertas tempranas relacionadas con diferentes escenarios de vulnerabilidad, de las cuales 161 están estrictamente vinculadas con el riesgo de reclutamiento forzado de menores de edad.
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La oficina de Prevención de Violencias a los Derechos Humanos de esta entidad también documentó que a lo largo de 2020 las 46 alertas tempranas emitidas mostraron a los departamentos de Antioquia, Bolívar, Chocó, Cauca, Cesar, Norte de Santander, Córdoba, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, La Guajira, Magdalena, Nariño, Huila, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Atlántico, Meta y Vaupés, como las zonas en las que más se concentran estas manifestaciones que atentan contra los niños y niñas del país.
Como se ve en el mapa adjunto, estos son los mismos departamentos en los que operan las diferentes estructuras de grupos armados activos con mayor fuerza en las regiones.
Y si bien el cálculo de las estadísticas que miden su modo de operar o sus afectaciones en determinados lugares no cuenta con completitud, como la misma Defensoría lo reconoce, especialmente por el miedo de las víctimas a represalias, es evidente que existe un flagelo para nada silencioso y que se resiste a irse de la vida de esta población.
La Delegada para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor de la Defensoría del Pueblo indicó que desde el inicio de la pandemia por COVID-19 en Colombia, en marzo del año pasado, y a pesar de las restricciones en la movilidad, que entre otras consecuencias causó el cierre de instituciones educativas, se perpetraron 83 reclutamientos forzados a menores de edad, con Caquetá (21) y Cauca (19) encabezando esa lista.
A lo largo de estos meses, y como una continuidad del conflicto armado, la población rural ha sido la más afectada en estos casos, ya que el 80 % de las víctimas está concentrado en esas zonas.
A su vez, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes también significó que, de forma conexa, se acrecentaran situaciones de riesgo para los menores de edad como el desplazamiento forzado, las amenazas, las desapariciones forzadas, la violencia sexual y las lesiones personales, principalmente en territorios indígenas, afrodescendientes y campesinos, tal y como está explicado en el documento de la Defensoría Dinámicas del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Retos de la política pública de prevención.
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La Defensoría del Pueblo ha evidenciado que los grupos armados irregulares vinculan a niños, niñas y adolescentes para fortalecer el control y la expansión territorial. Y lo hacen usando varios medios que van desde la manipulación y vinculación para su utilización como campaneros, informantes, vigilantes, para traslados de armas y drogas, insumos para las economías ilícitas, consumo de estupefacientes, hasta el abuso y explotación sexual comercial.
También se ha establecido que llegan a sus víctimas con tácticas como la oferta de trabajos engañosos en fincas o proyectos de infraestructura, a través del enamoramiento, amenazando a un ser querido o con tácticas de persuasión en las que les prometen poder en las decisiones de los grupos.
Además de los grupos referenciados en la infografía de la página siguiente (que son los mayoritariamente identificados), no se puede olvidar al EPL que, si bien en las estadísticas no está como un actor preponderante, después de la firma del Acuerdo Final con las Farc ha estado reclutando niños, niñas y adolescentes.
La Defensoría califica de “preocupantes” los casos de reclutamiento en los que los menores acceden de una forma “voluntaria” a formar parte de las filas de grupos armados. Los jóvenes dentro de esta lógica viven en un ambiente en el que la violencia armada está naturalizada y a esto se suma que la pobreza, la falta de acceso a oportunidades educativas y económicas, y un bajo alcance estatal sean un factor relevante para que se tome la decisión de entrar en la guerra.
Si bien Colombia cuenta con una política pública dedicada a la prevención del reclutamiento forzado, tampoco se puede obviar que este delito está estrictamente ligado a los lugares con mayores extensiones de cultivos ilícitos, que facilitan el uso y utilización de los menores de edad para las estrategias de guerra.
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Por supuesto, acá se tiene en consideración que la instrumentalización, sometimiento, y cooptación de personas en la guerra está bajo la lógica de nuevas modalidades de violencia, potenciadas luego de la firma del Acuerdo de Paz, lo que con- lleva a que su tratamiento debe ser diferente a los años previos a las negociaciones entre Estado colombiano y Farc.
Lo que permanece igual es que el cese de confrontaciones entre los grupos armados responsables de estos delitos, por el control de las rentas ilegales, es crucial para el cese de estas hostilidades. Y para la Defensoría del Pueblo, a su vez, lo es el acompañamiento constante de la comunidad internacional, actor clave para frenar o eliminar este tipo de conductas por completo, que en el último año estuvo presente y sin contención en más de 188 municipios del país.
El panorama es turbio y las juventudes colombianas lo están padeciendo de primera mano. Sin embargo, un dato no menor que también está dentro del documento de la Defensoría del Pueblo, es que desde la firma del Acuerdo de Paz las dinámicas y el número de víctimas afectadas por el reclutamiento forzado han cambiado radicalmente.
Estos números vienen a la baja desde 2017, pero con el precedente de un 2018 con elevadas afectaciones de este tipo, comparándolas con otros años de posconflicto, pero dejando así atrás las memorias de los años más delicados en cuanto a reclutamiento forzado de menores se trata.
De hecho, la misma Defensoría señaló en su documento que prácticamente la primera década de este siglo fue el periodo de tiempo en el que esta conducta dentro del conflicto armado colombiano más se marcó.
“Entre los años 2000-2009 el reclutamiento forzado era predominante, hoy las nuevas formas de afectación a las comunidades y sus territorios han generado que se presenten menos hechos de reclutamiento forzado, mientras se ha incrementado considerablemente el uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, particularmente en aquellas regiones en las que las economías ilícitas son predominantes”, dice el texto.
En Colombia hay un sinfín de retos para mitigar estas situaciones que afectan a los más jóvenes y que están a la orden del día de los grupos armados ilegales en actividad. El análisis de este documento lleva a la conclusión que debería haber una respuesta satisfactoria ante estos escenarios de guerra si se articulan las estructuras del Estado para tener más alcance en las poblaciones vulnerables y si hay un respeto e implementación irrestricta del Acuerdo de Paz.
¿Quiénes son y cómo operan los grupos que utilizan a los niños y niñas en sus actividades ilegales?