Defensoría había advertido riesgos en zona donde fue asesinada Maritza Quiroz

La Defensoría del Pueblo había advertido que el peligro se cernía sobre los defensores de víctimas del conflicto armado, los líderes de desplazados y los reclamantes de tierras en Santa Marta. Maritza Quiroz era lideresa de víctimas, en especial de desplazados, y trabajaba en una parcela que el Incoder le había entregado a ella y ocho mujeres más en una vereda llamada San Isidro. En ese lugar fue abaleada, y murió, el pasado 5 de enero.

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El Ministerio Público evidenció, en una Alerta Temprana del 7 de mayo del 2018, el control armado que ejerce en Santa Marta un grupo denominado Los Pachencas. Se trata de una estructura armada que surgió tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, en el 2006. “Desde la desmovilización del Frente Tayrona, la herencia de este grupo armado posdesmovilización no ha podido ser desmantelada del todo ni tampoco se han desvertebrado sus alianzas con organizaciones criminales del interior y exterior del país”, reza el documento. La conexión es tal que incluso algunos familiares del excomandante del Frente Tayrona, Hernán Giraldo, han sido capturados por hacer parte de Los Pachencas.

Según la entidad en algunas zonas de Santa Marta el control de ese grupo armado es “absoluto”. Por ejemplo, en la Troncal del Caribe. La presencia de Los Pachencas supone para las comunidades el pago de extorsiones. Por ejemplo, a las empresas turísticas les cobran por cada turista que contrata planes con ellas y a los establecimientos de comida por cada plato vendido. A eso se suma que también han documentado la presencia otras organizaciones delincuenciales como Los Rojas, las Autodefensas Gaitanistas y el Eln.

Un apartado de la Alerta temprana visibiliza el control que Los Pachencas tienen sobre las transacciones con tierra. Por ejemplo, cada negocio de finca raíz tiene un gravamen del 10% que se le debe entregar al grupo armado. Los negocios que más les interesan son los que involucran a extranjeros. Los armados les piden a los dueños que eleven el valor de los inmuebles con el fin de quedarse con una parte del negocio. Según el documento, algunos propietarios han sido amenazados para que vendan sus tierras.

“Se está asistiendo a un proceso de extranjerización de la tierra”, advierte la Alerta Temprana. La Defensoría hizo énfasis sobre el corregimiento de Guachaca, “las estructuras criminales se han involucrado, evidenciándose en algunas de predios a extranjeros que han estado mediadas por presiones, intimidaciones y amenazas”.

Los riesgos sobre la restitución de tierras también quedaron consignados en el documento. La Defensoría señaló que se habían dado alertas por la imposición de extorciones por parte de los grupos armados, la presencia de redes de “microtráfico y narcomenudeo” y las amenazas contra líderes y personas que hacen parte de la Mesa Departamental de Participación de Víctimas del Magdalena, en la cual participaba Quiroz.

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A su vez, la entidad llamó la atención sobre las condiciones de seguridad de los funcionarios del Estado y los contratistas que deban adelantar labores relacionadas con ese proceso. “Se pone de presente que el inicio de la restitución de tierras configurará riesgos contra los funcionarios y contratistas de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, que por confusión en cuanto a sus funciones podrían hacerse extensivas a quienes trabajan con Parques Nacionales Naturales al igual que con aquellas personas que reclaman la restitución de tierras”.

A eso se suma la magnitud de ese proceso en la región. Según cifras de la Unidad de Restitución de Tierras entre 2011 y 2017 se presentaron 511 solicitudes. También que ha habido dificultades con la microfocalización de los predios, sobre todo, en el corregimiento de Guachaca debido a que el control territorial de los grupos armados en esa zona es todavía más marcado que en otros sectores.

Quiroz había sido beneficiaria de la entrega de un predio por parte del Incoder en la vereda San Isidro. Junto a ella, un grupo de ocho mujeres también recibió la tierra por ser desplazadas por la violencia. Una fuente que conoció el trabajo de la líder, pero prefiere que no se conozca su nombre por cuestiones de seguridad, aseguró que ella fue la única que se atrevió a sembrar en la parcela. “Varias de esas beneficiarias dicen que les da miedo subir por allá”, asegura. Según la misma fuente en el sector donde ocurrió el asesinato Los pachencas ejercen control territorial, pero todavía no se puede afirmar que sean los responsables.

La lideresa hacía parte de un programa llamado La Sierra vuelve a sembrar, de la Alcaldía de Santa Marta. Según la persona que accedió a hablar para este artículo, Quiroz empezó a sembrar porque tenía problemas económicos. Por eso, a pesar de los riesgos estaba adelantando labores del campo cuando los violentos acabaron con su vida.

Quiroz no había denunciado amenazas ni a las autoridades ni a su círculo cercano. Sin embargo, varias de las mujeres beneficiarias de la entrega de la parcela en la vereda San Isidro, sí lo habían hecho. Incluso, Chadán Rosado, Personero de Santa Marta, afirmó en entrevista con RCN Radio que se presentaron actos de “sabotaje” contra ese predio.

El suceso conmocionó a quienes la conocían por la calma con la que ella ejercía su liderazgo. “Ella aplacaba a sus compañeros cuando se exaltaban, les decía que fueran precavidos en las reuniones, que no dijeran nombres”, cuenta la persona con la que hablamos. La lideresa participaba de varios escenarios. Era suplente de la Mesa de Víctimas de Santa Marta, en diciembre asistió a un foro que tenía como objetivo avanzar en la construcción del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial de la Sierra Nevada y el Perijá. Un par de días antes de su asesinato estuvo en un encuentro de mujeres.

El 11 de enero se conoció la renuncia de los 22 miembros de la Mesa de Víctimas de Santa Marta. Se sienten inseguros porque los riesgos que había denunciado la Defensoría del Pueblo persisten, le piden a la Unidad Nacional de Protección brindar garantías de seguridad para poder ejercer el liderazgo.

El asesinato de Quiroz no sólo ha conmocionado a las personas cercanas, sino también a los pueblos indígenas y campesinos que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta. “La situación se ha recrudecido desde que se emitió la alerta temprana”, cuenta la misma persona. En esa ciudad temen que la muerte de Maritza sea un macabro aviso de que la violencia va a arreciar.

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La Defensoría del Pueblo había advertido que el peligro se cernía sobre los defensores de víctimas del conflicto armado, los líderes de desplazados y los reclamantes de tierras en Santa Marta. Maritza Quiroz era lideresa de víctimas, en especial de desplazados, y trabajaba en una parcela que el Incoder le había entregado a ella y ocho mujeres más en una vereda llamada San Isidro. En ese lugar fue abaleada, y murió, el pasado 5 de enero.

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El Ministerio Público evidenció, en una Alerta Temprana del 7 de mayo del 2018, el control armado que ejerce en Santa Marta un grupo denominado Los Pachencas. Se trata de una estructura armada que surgió tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, en el 2006. “Desde la desmovilización del Frente Tayrona, la herencia de este grupo armado posdesmovilización no ha podido ser desmantelada del todo ni tampoco se han desvertebrado sus alianzas con organizaciones criminales del interior y exterior del país”, reza el documento. La conexión es tal que incluso algunos familiares del excomandante del Frente Tayrona, Hernán Giraldo, han sido capturados por hacer parte de Los Pachencas.

Según la entidad en algunas zonas de Santa Marta el control de ese grupo armado es “absoluto”. Por ejemplo, en la Troncal del Caribe. La presencia de Los Pachencas supone para las comunidades el pago de extorsiones. Por ejemplo, a las empresas turísticas les cobran por cada turista que contrata planes con ellas y a los establecimientos de comida por cada plato vendido. A eso se suma que también han documentado la presencia otras organizaciones delincuenciales como Los Rojas, las Autodefensas Gaitanistas y el Eln.

Un apartado de la Alerta temprana visibiliza el control que Los Pachencas tienen sobre las transacciones con tierra. Por ejemplo, cada negocio de finca raíz tiene un gravamen del 10% que se le debe entregar al grupo armado. Los negocios que más les interesan son los que involucran a extranjeros. Los armados les piden a los dueños que eleven el valor de los inmuebles con el fin de quedarse con una parte del negocio. Según el documento, algunos propietarios han sido amenazados para que vendan sus tierras.

“Se está asistiendo a un proceso de extranjerización de la tierra”, advierte la Alerta Temprana. La Defensoría hizo énfasis sobre el corregimiento de Guachaca, “las estructuras criminales se han involucrado, evidenciándose en algunas de predios a extranjeros que han estado mediadas por presiones, intimidaciones y amenazas”.

Los riesgos sobre la restitución de tierras también quedaron consignados en el documento. La Defensoría señaló que se habían dado alertas por la imposición de extorciones por parte de los grupos armados, la presencia de redes de “microtráfico y narcomenudeo” y las amenazas contra líderes y personas que hacen parte de la Mesa Departamental de Participación de Víctimas del Magdalena, en la cual participaba Quiroz.

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A su vez, la entidad llamó la atención sobre las condiciones de seguridad de los funcionarios del Estado y los contratistas que deban adelantar labores relacionadas con ese proceso. “Se pone de presente que el inicio de la restitución de tierras configurará riesgos contra los funcionarios y contratistas de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, que por confusión en cuanto a sus funciones podrían hacerse extensivas a quienes trabajan con Parques Nacionales Naturales al igual que con aquellas personas que reclaman la restitución de tierras”.

A eso se suma la magnitud de ese proceso en la región. Según cifras de la Unidad de Restitución de Tierras entre 2011 y 2017 se presentaron 511 solicitudes. También que ha habido dificultades con la microfocalización de los predios, sobre todo, en el corregimiento de Guachaca debido a que el control territorial de los grupos armados en esa zona es todavía más marcado que en otros sectores.

Quiroz había sido beneficiaria de la entrega de un predio por parte del Incoder en la vereda San Isidro. Junto a ella, un grupo de ocho mujeres también recibió la tierra por ser desplazadas por la violencia. Una fuente que conoció el trabajo de la líder, pero prefiere que no se conozca su nombre por cuestiones de seguridad, aseguró que ella fue la única que se atrevió a sembrar en la parcela. “Varias de esas beneficiarias dicen que les da miedo subir por allá”, asegura. Según la misma fuente en el sector donde ocurrió el asesinato Los pachencas ejercen control territorial, pero todavía no se puede afirmar que sean los responsables.

La lideresa hacía parte de un programa llamado La Sierra vuelve a sembrar, de la Alcaldía de Santa Marta. Según la persona que accedió a hablar para este artículo, Quiroz empezó a sembrar porque tenía problemas económicos. Por eso, a pesar de los riesgos estaba adelantando labores del campo cuando los violentos acabaron con su vida.

Quiroz no había denunciado amenazas ni a las autoridades ni a su círculo cercano. Sin embargo, varias de las mujeres beneficiarias de la entrega de la parcela en la vereda San Isidro, sí lo habían hecho. Incluso, Chadán Rosado, Personero de Santa Marta, afirmó en entrevista con RCN Radio que se presentaron actos de “sabotaje” contra ese predio.

El suceso conmocionó a quienes la conocían por la calma con la que ella ejercía su liderazgo. “Ella aplacaba a sus compañeros cuando se exaltaban, les decía que fueran precavidos en las reuniones, que no dijeran nombres”, cuenta la persona con la que hablamos. La lideresa participaba de varios escenarios. Era suplente de la Mesa de Víctimas de Santa Marta, en diciembre asistió a un foro que tenía como objetivo avanzar en la construcción del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial de la Sierra Nevada y el Perijá. Un par de días antes de su asesinato estuvo en un encuentro de mujeres.

El 11 de enero se conoció la renuncia de los 22 miembros de la Mesa de Víctimas de Santa Marta. Se sienten inseguros porque los riesgos que había denunciado la Defensoría del Pueblo persisten, le piden a la Unidad Nacional de Protección brindar garantías de seguridad para poder ejercer el liderazgo.

El asesinato de Quiroz no sólo ha conmocionado a las personas cercanas, sino también a los pueblos indígenas y campesinos que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta. “La situación se ha recrudecido desde que se emitió la alerta temprana”, cuenta la misma persona. En esa ciudad temen que la muerte de Maritza sea un macabro aviso de que la violencia va a arreciar.

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