“De aquí a que me den protección ya habrá pasado el funeral”: exFarc amenazada

El pasado 4 de febrero, una firmante de Paz, integrante del Partido Comunes y de la Corporación Humanitaria Reencuentros, encargada de documentar la información sobre personas desaparecidas en el marco del conflicto, fue víctima de un ataque a su vivienda en Bogotá, lugar en el que resguardaba información clave para la búsqueda de desaparecidos por parte de las extintas Farc. Los asaltantes se llevaron apenas uno de los discos duros que había en el lugar y no se llevaron dinero ni otros elementos de valor que también estaban allí. La excombatiente todavía está determinando qué tipo de información podría estar en riesgo con el ataque. “Rompieron ventanas y chapas de la puerta. Entraron a mi casa y revolcaron todo, todo lo sacaron y lo dejaron tirado”, relata.

Ese no ha sido el único hecho violento del que ha sido víctima en las últimas semanas. El 13 de febrero pasado, justo un día después de que la excombatiente interpusiera la denuncia ante la Fiscalía por el robo, la intimidaron en el lugar de su residencia, el mismo sitio donde habían perpetrado el hurto diez días atrás. “Un día después de poner la denuncia llegaron dos hombres en una moto, sobre las 2 p.m., tiraron una piedra hacia mi ventana y salió una familiar. Los hombres solo empezaron a decir ‘no, ella no es’. Y luego se fueron”.

La firmante de paz, que pidió reserva de su identidiad por seguridad, es la encargada de almacenar la información a nivel nacional sobre la búsqueda de desaparecidos de la Corporación Reencuentros, organización creada por excombatientes de las Farc con ese fin. En sus palabras, su trabajo consiste en “recopilar y administrar la información sobre desaparecidos en medio del conflicto armado (por las Farc o por el Estado). Tenemos documentos que contienen sitios exactos de inhumación, solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas y alojamos información sobre casos que están siendo tramitados ante la JEP, además es información que proporcionamos a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Tememos que esa es la información que buscan”.

El abogado que acompaña su caso, Gabriel Esteban López, quien asesora a la Corporación Reencuentros, menciona que desde mayo de 2022 viene denunciando amenazas en su contra a través de correos, mensajes y visitas intimidantes. “Muchas de las amenazas provenían por parte de los disidentes de las Farc, que no están de acuerdo con el proceso que estamos haciendo acá. Pero desde este año se vinieron presentando ataques directos contra la recolección de documentos que ella guarda”, dice.

Lea: “Protección de excombatientes está secuestrada por el partido Comunes”: Sandino

Mucha de la información que documenta es la que presentan los comparecientes de las Farc ante la Jurisdicción Especial para la Paz en los casos 01 y 02 (toma de rehenes o secuestro y situación humanitaria en Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, Nariño). El abogado denuncia que otras tres mujeres de las regionales de Cauca, Antioquia y Eje Cafetero de la Corporación Reencuentros, que también manejan información sensible y en reserva, igualmente han sido amenazadas en el último año. “Pero ellas sí tienen esquema de la UNP bajo la modalidad extraordinaria, la única que está desprotegida es, justamente, ella”.

López menciona que en muchos casos han interpuesto acciones legales contra la Unidad Nacional de Protección por inconsistencias en la seguridad de esas excombatientes. “En algunos casos no les entregan los esquemas completos o les dan vehículos en malas condiciones, que ya han sido utilizados y que, de alguna manera, no tienen garantía de protección”.

Sobre el caso de la excombatiente, el abogado asegura que estas no son las primeras amenazas o intimidaciones que recibe desde que comenzó su proceso de reincorporación. En agosto de 2022 interpuso una solicitud ante la UNP para solicitar un esquema de protección individual. “Lo que supimos de la UNP es que alcanzaron a hacer el estudio de riesgo, pero a la analista que había quedado encargada se le terminó su contrato y dejó esos análisis hechos, pero sin tomar una decisión de fondo sobre el caso”.

De hecho, a raíz de los hechos violentos, su abogado interpuso una acción de tutela el pasado 10 de febrero contra el Ministerio de Defensa y la UNP pidiendo que se le ordenara a esas entidades entregar un esquema de protección por el riesgo de seguridad. Sin embargo, el 13 de febrero el Juzgado Octavo Penal del Circuito denegó la solicitud, argumentando que “independientemente del pronunciamiento susceptible de ser adoptado en el correspondiente fallo, en el estadio actual de esta acción y a partir de los antecedentes contenidos en el respectivo libelo no se verifica la inminencia cierta de un perjuicio irremediable”. Es decir, que no se pudo verificar el riesgo inminente para tramitar dicha orden ante esas entidades.

Lea: La pelea interna en las antiguas Farc por la reincorporación de los exguerrilleros

Este diario consultó a la UNP sobre este caso, quienes aseguraron que el caso tiene una orden de trabajo activa y que el caso estaría pasando por una subcomisión de la entidad en los primeros días de marzo.

Sobre la decisión del juzgado de negar su solicitud, dice que no sabe a dónde o a quién acudir para que su seguridad sea garantizada. “Como estas cosas son tan lentas uno no se siente respaldado. De aquí a 15 días que respondan ya habrá pasado hasta el funeral, uno no sabe cuál es la solución y somos varios compañeros que estamos en la misma situación”.

Jhon León, director de la Corporación Reencuentros, la organización en la que trabaja la mujer, le dijo a este diario que esperaban que la decisión que tomara la UNP fuera la de una medida de protección individual, ya que en muchos casos de firmantes del Acuerdo de Paz se toman medidas de protección colectiva. “Pero eso no garantiza la vida de los excombatientes, en muchos casos son solo paños de agua tibia”.

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Por ahora, la denuncia por amenazas y hurto calificado ya fue interpuesta ante la Fiscalía el 7 de febrero pasado. “Además del robo, que no fue mayor, sabemos que la información más sensible la tenemos resguardada de otras formas y no a través de mí, pero una de mis preocupaciones es que hicieron un registro bastante detallado de mis cosas y de todo lo que tenía en mi casa. Esperamos que solo se hayan llevado información personal”.

El pasado 4 de febrero, una firmante de Paz, integrante del Partido Comunes y de la Corporación Humanitaria Reencuentros, encargada de documentar la información sobre personas desaparecidas en el marco del conflicto, fue víctima de un ataque a su vivienda en Bogotá, lugar en el que resguardaba información clave para la búsqueda de desaparecidos por parte de las extintas Farc. Los asaltantes se llevaron apenas uno de los discos duros que había en el lugar y no se llevaron dinero ni otros elementos de valor que también estaban allí. La excombatiente todavía está determinando qué tipo de información podría estar en riesgo con el ataque. “Rompieron ventanas y chapas de la puerta. Entraron a mi casa y revolcaron todo, todo lo sacaron y lo dejaron tirado”, relata.

Ese no ha sido el único hecho violento del que ha sido víctima en las últimas semanas. El 13 de febrero pasado, justo un día después de que la excombatiente interpusiera la denuncia ante la Fiscalía por el robo, la intimidaron en el lugar de su residencia, el mismo sitio donde habían perpetrado el hurto diez días atrás. “Un día después de poner la denuncia llegaron dos hombres en una moto, sobre las 2 p.m., tiraron una piedra hacia mi ventana y salió una familiar. Los hombres solo empezaron a decir ‘no, ella no es’. Y luego se fueron”.

La firmante de paz, que pidió reserva de su identidiad por seguridad, es la encargada de almacenar la información a nivel nacional sobre la búsqueda de desaparecidos de la Corporación Reencuentros, organización creada por excombatientes de las Farc con ese fin. En sus palabras, su trabajo consiste en “recopilar y administrar la información sobre desaparecidos en medio del conflicto armado (por las Farc o por el Estado). Tenemos documentos que contienen sitios exactos de inhumación, solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas y alojamos información sobre casos que están siendo tramitados ante la JEP, además es información que proporcionamos a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Tememos que esa es la información que buscan”.

El abogado que acompaña su caso, Gabriel Esteban López, quien asesora a la Corporación Reencuentros, menciona que desde mayo de 2022 viene denunciando amenazas en su contra a través de correos, mensajes y visitas intimidantes. “Muchas de las amenazas provenían por parte de los disidentes de las Farc, que no están de acuerdo con el proceso que estamos haciendo acá. Pero desde este año se vinieron presentando ataques directos contra la recolección de documentos que ella guarda”, dice.

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Mucha de la información que documenta es la que presentan los comparecientes de las Farc ante la Jurisdicción Especial para la Paz en los casos 01 y 02 (toma de rehenes o secuestro y situación humanitaria en Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, Nariño). El abogado denuncia que otras tres mujeres de las regionales de Cauca, Antioquia y Eje Cafetero de la Corporación Reencuentros, que también manejan información sensible y en reserva, igualmente han sido amenazadas en el último año. “Pero ellas sí tienen esquema de la UNP bajo la modalidad extraordinaria, la única que está desprotegida es, justamente, ella”.

López menciona que en muchos casos han interpuesto acciones legales contra la Unidad Nacional de Protección por inconsistencias en la seguridad de esas excombatientes. “En algunos casos no les entregan los esquemas completos o les dan vehículos en malas condiciones, que ya han sido utilizados y que, de alguna manera, no tienen garantía de protección”.

Sobre el caso de la excombatiente, el abogado asegura que estas no son las primeras amenazas o intimidaciones que recibe desde que comenzó su proceso de reincorporación. En agosto de 2022 interpuso una solicitud ante la UNP para solicitar un esquema de protección individual. “Lo que supimos de la UNP es que alcanzaron a hacer el estudio de riesgo, pero a la analista que había quedado encargada se le terminó su contrato y dejó esos análisis hechos, pero sin tomar una decisión de fondo sobre el caso”.

De hecho, a raíz de los hechos violentos, su abogado interpuso una acción de tutela el pasado 10 de febrero contra el Ministerio de Defensa y la UNP pidiendo que se le ordenara a esas entidades entregar un esquema de protección por el riesgo de seguridad. Sin embargo, el 13 de febrero el Juzgado Octavo Penal del Circuito denegó la solicitud, argumentando que “independientemente del pronunciamiento susceptible de ser adoptado en el correspondiente fallo, en el estadio actual de esta acción y a partir de los antecedentes contenidos en el respectivo libelo no se verifica la inminencia cierta de un perjuicio irremediable”. Es decir, que no se pudo verificar el riesgo inminente para tramitar dicha orden ante esas entidades.

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Este diario consultó a la UNP sobre este caso, quienes aseguraron que el caso tiene una orden de trabajo activa y que el caso estaría pasando por una subcomisión de la entidad en los primeros días de marzo.

Sobre la decisión del juzgado de negar su solicitud, dice que no sabe a dónde o a quién acudir para que su seguridad sea garantizada. “Como estas cosas son tan lentas uno no se siente respaldado. De aquí a 15 días que respondan ya habrá pasado hasta el funeral, uno no sabe cuál es la solución y somos varios compañeros que estamos en la misma situación”.

Jhon León, director de la Corporación Reencuentros, la organización en la que trabaja la mujer, le dijo a este diario que esperaban que la decisión que tomara la UNP fuera la de una medida de protección individual, ya que en muchos casos de firmantes del Acuerdo de Paz se toman medidas de protección colectiva. “Pero eso no garantiza la vida de los excombatientes, en muchos casos son solo paños de agua tibia”.

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Por ahora, la denuncia por amenazas y hurto calificado ya fue interpuesta ante la Fiscalía el 7 de febrero pasado. “Además del robo, que no fue mayor, sabemos que la información más sensible la tenemos resguardada de otras formas y no a través de mí, pero una de mis preocupaciones es que hicieron un registro bastante detallado de mis cosas y de todo lo que tenía en mi casa. Esperamos que solo se hayan llevado información personal”.